En apariencia es una joya turística de aguas cristalinas a orillas del Caribe y rodeada de montañas de picos nevados. Pero en las entrañas de un destino paradisíaco de Colombia la violencia paramilitar mantiene bajo el miedo a comerciantes y pueblos indígenas.

En la Sierra Nevada de Santa Marta, los turistas disfrutan sin percatarse de los escuadrones de camuflado que los vigilan de cerca, extorsionan a los negocios alrededor y siembran terror en las comunidades originarias, cuyo conocimiento ancestral es reconocido como patrimonio de la humanidad por la UNESCO.

«Tenemos miedo, zozobra por el porvenir», dice a la AFP el gobernador del pueblo kogui Atanasio Moscote, en lo alto de la reserva que los indígenas consideran «el corazón del mundo».

Detrás de la violencia están las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN), un grupo de origen paramilitar que se financia con el control de las rutas del narcotráfico en la montaña costera más alta del mundo al imponer su dominio sobre el territorio y la población.

«El entrar con armas genera un desequilibrio en la sierra», se queja Moscote vestido con su tradicional atuendo blanco tejido a mano.

Ante la violencia, el presidente izquierdista Gustavo Petro cerró por más de dos semanas, entre febrero y marzo, el emblemático Parque Tayrona, una de las dos reservas naturales de la sierra que recibe cada año a miles de visitantes.

El gobierno justificó la medida por las extorsiones, los bloqueos de carreteras y las amenazas contra los guardaparques, quienes se oponen a actividades ilegales como la tala.

La AFP acompañó a uno de estos funcionarios intimidado a lo largo de un recorrido por la reserva.

«Nuestra presencia en cada rincón, en cada zona, es de vital importancia para conservar, mantener y monitorear los recursos que tenemos», dice Yeiner Hernández, de 31 años.

Los guardaparques reciben advertencias por su labor de protección, que riñe con los intereses de grupos criminales.

Según investigadores, esos grupos ilegales reciben rentas del turismo y buscan controlar playas para exportar droga.

Peor que nunca

El Tayrona alberga el bosque seco mejor conservado del país, así como ricos ecosistemas marinos que atraen a buceadores.

Pegado se encuentra el Parque Nacional Natural Sierra Nevada, que alcanza los 5.700 metros sobre el nivel del mar. Ambas áreas protegidas recibieron en 2025 a más de 873.000 viajeros.

También son hogar de los arhuacos, koguis y otras comunidades indígenas.

Históricamente, grupos criminales, entre ellos la extinta guerrilla de las FARC, se han disputado el control de la zona a sangre y fuego, debido a su ubicación estratégica y a su extensión de 2.3 millones de hectáreas según la UNESCO.

Los indígenas afirman que actualmente la violencia ha alcanzado niveles peores contra sus comunidades debido al terror que ejercen los llamados «Conquistadores», herederos de un exjefe paramilitar extraditado a Estados Unidos tras firmar la paz con el gobierno en 2006.

«Estos grupos se han subido a la parte más alta». «Afectan a una comunidad en la que el 95% son totalmente propios (nativos), que no saben hablar español, que viven de sus cultivos y de su conocimiento», dice Luis Salcedo, gobernador arhuaco de larga cabellera, mientras mastica hoja de coca, su planta sagrada.

Y ahora se suma la guerra del Clan del Golfo. En los últimos meses el principal cartel del narcotráfico intenta tomar el poder de la sierra con combates cerca de los cabildos indígenas.

«¿Turismo a Ucrania?»

Petro incluyó a las ACSN dentro de su política de «paz total», una estrategia con la que intentó negociar el desarme de las principales organizaciones del país.

Sin embargo, las conversaciones no avanzaron y el conflicto se intensificó cuando falta poco para que Petro deje el poder en agosto.

Según la investigadora Norma Vera las ACSN son la autoridad de facto en la región pues ejercen «un control territorial a través de una gobernanza armada consolidada», un fenómeno usual en un país con más de seis décadas de conflicto armado.

Además, explotan ilegalmente minas de oro que contaminan el agua con mercurio y controlan hasta «el plato de comida que se vende» a los turistas mediante la extorsión, asegura.

Estos cobros disfrazados son un delito en aumento en Colombia. El Ministerio de Defensa asegura haber recibido más de 46.000 denuncias desde 2022.

Para el sector turístico, la violencia se traduce en una mala reputación, dice Ómar García, presidente del gremio hotelero en la ciudad de Santa Marta.

«Afecta el número de visitantes». «¿Quién va a hacer turismo a Ucrania?» «¿A Irán?», ejemplifica.