Política
Ratifican acuerdo entre Google y El Salvador
Brindar respaldo y herramientas para integrar una inclusión tecnológica en el país es una parte importante para los diputados de la Asamblea Legislativa. Por ello, con 65 votos, ratificaron el marco legal del acuerdo suscrito entre El Salvador y la famosa compañía técnica más grande del mundo: Google.
De acuerdo al proyecto, expuesto en la sesión plenaria número 122, la empresa estadounidense planea establecer operaciones en territorio salvadoreño para ayudar a la transformación digital, a modernizar los servicios gubernamentales y beneficiar a diversos sectores para reducir tiempos y costos.
Para ello, El Salvador será el primer país centroamericano en donde Google ubicará sus oficinas, por lo que habrá más compromiso operativo y lo convertirá en su hub tecnológico principal en la región.
“Con la llegada de Google se abren las puertas para que nuestro país use infraestructura tecnológica e inteligencia artificial en áreas como el tráfico, la seguridad y la mejora de los espacios públicos”, dijo el presidente del Órgano Legislativo, Ernesto Castro.
El diputado agregó que con la firma del convenio habrá mayor inversión, se abrirán fuentes de empleo y mejorará la calidad de vida de los salvadoreños. También será útil para la modernización en la tecnología, así como para hacer mejoras en el área de la salud (atención médica) y la educación.
Por su parte, el jefe de la fracción de Nuevas Ideas, Christian Guevara, expresó que ahora empieza un nuevo futuro para El Salvador y con gobiernos anteriores “parecía tan lejano que Google, que está en el ‘top five’ de las empresas en el mundo, hiciera una alianza con este país”.
“Esto no se logró con ARENA ni con el FMLN, las empresas que vinieron se llamaban Alba Petróleo, ENEPASA, Alba Alimentos, que estaban en el ‘top one’ de la corrupción”, comentó el parlamentario Guevara.
Horas antes de que los legisladores ratificaran el acuerdo, la ministra de Economía, María Luisa Hayem, entregó en la Asamblea el documento que enmarca el marco jurídico del mismo y explicó que, en los próximos siete años, este proyecto permitirá modernizar áreas claves y vitales para el desarrollo económico y social.
“Lo que se busca es establecer todas las disposiciones para que las instituciones del sector público puedan acceder a todas las tecnologías”, mencionó la funcionaria.
El proyecto de la firma estadounidense digitalizará los procesos y proyectos del Gobierno con herramientas brindadas por Google Distributed Cloud (GDC), una cartera de soluciones de Hardware y Software, que extiende la infraestructura y los servicios de Google Cloud.
El acuerdo multianual fue anunciado por el Presidente de la República, Nayib Bukele, el pasado 29 de agosto, luego de que viajara a San Francisco, Estados Unidos, para oficializar el proceso y sostener reuniones con el director ejecutivo de Google Cloud, Thomas Kurian, el CEO principal de Google y otros directores ejecutivos de la compañía.
Los hubs tecnológicos consisten en agrupar empresas cuya actividad se relaciona con la tecnología, de forma directa o indirecta. Estas concentraciones empresariales suelen ocupar una zona geográfica concreta, ya sea una ciudad o un distrito.
Un hub establece sinergias para su crecimiento, ofrece la oportunidad de coincidir, conocerse, trabajar juntos o construir redes y comunidades. El objetivo de estas estructuras o redes entre empresas tecnológicas es la cristalización de nuevas innovaciones derivadas de reunir, en un mismo lugar, a muchos empresarios con intereses de desarrollo comunes.
“El Salvador es la capital de la seguridad en América Latina y ahora va a ser la capital de la tecnología en la región”, aseguró el diputado Guevara
Judicial
Fiscal general afirma que la cadena perpetua es una medida adecuada
La comisión política continuó ayer con el estudio para la ratificación del acuerdo constitucional 6 aprobado por la Asamblea Legislativa el pasado 17 de marzo.
Durante la sesión de trabajo, los diputados recibieron al fiscal general de la república, Rodolfo Delgado, quien argumentó la necesidad de ratificar la enmienda.
El funcionario explicó que la modificación al artículo 27 de la Constitución de la República que conlleva la prisión perpetua a asesinos, violadores y terroristas, «es adecuada en un contexto donde se ha realizado un combate de frente hacia el mayor enemigo que tenía la sociedad salvadoreña, identificado como pandillas».
Agregó que actualmente el 90 % de los pandilleros procesados se encuentra dentro del sistema penitenciario, que ahora tiene condiciones adecuadas para atender a los reclusos.
Delgado destacó que la iniciativa de reforma está dirigida a personas que «decidieron vivir al margen de la ley», que «son un foco de peligro persistente para la estabilidad de todo el sistema de leyes», puesto que al día de hoy no dan garantías de que en el futuro cumplirán la ley.
«Hoy por hoy, no sabemos si el día de mañana, estas personas salen de prisión, van a volver a delinquir o van a volver a enquistarse en las comunidades de donde fueron extraídos con un gran esfuerzo, donde estaban acostumbrados a delinquir», aseveró Delgado.
En ese sentido, consideró que lo más conveniente es «mantener neutralizados a todos los que forman parte de esas organizaciones a través de la custodia que debe ser adecuada al peligro que ellos representan».
Delgado aclaró que esto no es una «venganza», sino «medidas justificadas en la prevención de futuros delitos que cometan estas personas en dado caso salgan».
El presidente de la comisión, Ernesto Castro, reiteró que continuarán apoyando las medidas que garanticen la seguridad de los salvadoreños.
De forma paralela, la iniciativa de ratificación para la cadena perpetua está siendo abordada por otros actores, como el analista Marvin Aguilar.
En la entrevista Encuentro manifestó que «es más caro tener preso a alguien que educarlo, con esto no se quiere decir que liberen a los pandilleros, pero este gobierno eso está decidiendo, que reprimir a la gente es mejor que educar a las personas. El costo económico de mantener la cadena perpetua por cada preso al año en el país es entre $1,200 a $1,400».
Política
CCR se prepara de cara a elecciones 2027
En el marco del proceso electoral 2027, la Corte de Cuentas de la República (CCR) se prepara para implementar la contraloría respectiva.
Walter Sosa, presidente de la CCR, afirmó que se reforzarán los mecanismos para la emisión de constancias a los aspirantes de candidaturas a la presidencia y vicepresidencia de la república, diputados y concejos municipales.
«En términos prácticos, esto implica que la CCR verifica que los aspirantes a candidatos no tengan sentencias condenatorias pendientes de pago. Es decir, revisamos en las siete Cámaras de Primera Instancia y en la Cámara de Segunda Instancia que los aspirantes a candidatos no tengan al momento de la solicitud sentencia ejecutoriada pendiente de pago», explicó.
Lo anterior se ejecuta de conformidad con los artículos 152, 160 y 166 del Código Electoral, los que establecen que los aspirantes deben presentar una constancia extendida por el presidente de la CCR, en cumplimiento de un requisito indispensable para su inscripción.
«Para garantizar el cumplimiento de esta disposición legal, la Corte de Cuentas mantiene de forma permanente el servicio de emisión de constancias y, durante los períodos electorales, refuerza su capacidad operativa para agilizar este proceso emitiendo un instructivo que socializaremos en el momento propicio de acuerdo con el calendario electoral, contribuyendo así a la transparencia y legalidad del evento electoral», puntualizó el presidente del ente contralor.
Política
Asamblea aprueba cadena perpetua para homicidas, violadores y terroristas
La Asamblea Legislativa aprobó hoy con 59 votos refomar el inciso 2.° del artículo 27 de la Constitución de la República, a fin de que se permita imponer la pena perpetua en los casos de homicidio, violación y terrorismo.
Dicha modificación constitucional fue solicitada por el Órgano Ejecutivo, a través del ministro de Seguridad Pública y Justicia, Gustavo Villatoro, previo a la sesión legislativa 102, acompañada de solicitudes para realizar reformas del Código Penal, Ley Penal Juvenil, Ley contra actos de terrorismo, y otras normativas secundarias, para homologarlas a la disposición superior.
«Nuestro gabinete de seguridad está presentando ante la Asamblea Legislativa una reforma constitucional para avalar la cadena perpetua [hasta ahora prohibida por la Constitución] para asesinos, violadores y terroristas. Veremos quiénes apoyan esta reforma y quiénes se atreverán a defender que la Constitución continúe prohibiendo que asesinos y violadores permanezcan en prisión», informó el presidente Nayib Bukele en su cuenta en X.
Villatoro explicó que se trata de una reforma «necesaria» para la «transformación» del país y para garantizar la seguridad; y señaló que en los casi cuatro años de implementación del régimen de excepción ha habido todo tipo de ataques de «organizaciones que defienden a los criminales» por el «uso legítimo de herramientas de un Estado de Derecho».
«Independientemente de los millones que han gastado en estas campañas, no han logrado doblegar el espíritu y el anhelo de paz y seguridad que tenemos más de seis millones de salvadoreños», afirmó.
Según Villatoro, esas «organizaciones globalistas» ya «se quitaron la máscara» y «representan la maldad, pobreza e inseguridad a la que han sometido a nuestro pueblo», y con ello perdieron algún valor en sus argumentos.
«Si a las organizaciones de criminales violentos [pandillas], a las que ustedes representan, no les hemos cedido ni un milímetro de territorio, tampoco a ustedes les vamos a ceder ni un milímetro de soberanía», advirtió el funcionario.
De hecho, Sonja Wolf, investigadora vinculada a organizaciones que dicen defender derechos humanos, publicó en X: «Qué grave. A El Salvador se le señala por crímenes de lesa humanidad, cometidos bajo el régimen de excepción. En respuesta, al oficialismo se le ocurre proponer una reforma constitucional para imponer castigos aún más severos».
La iniciativa del Ejecutivo fue recibida y promovida ante el pleno por el presidente de la Asamblea Legislativa, Ernesto Castro, con el respaldo de los diputados de Nuevas Ideas, PCN y PDC. Eran necesarias 10 firmas para seguir con el proceso de reforma constitucional, la cual fue aprobada con dispensa de trámite.
El jefe de la fracción de Nuevas Ideas, Christian Guevara, consideró que «es un honor entrar en la historia y estar del lado y para siempre de los buenos salvadoreños».




