Judicial
Piden penas hasta de 30 años en caso Saqueo Público
En la recta final de la causa penal conocida como Saqueo Público, la Fiscalía General de la República expuso a los jueces del Tribunal Primero de Sentencia de San Salvador, que el esquema ilícito creado por Mauricio Funes le permitió sustraer en efectivo $292,218,871.38 del Banco Hipotecario, de un total de $351,035,400.49 apropiados.
El grupo de fiscales lo plantearon como una trama de conspiración en la que concurrieron los exfuncionarios y exempleados de Casa Presidencial enjuiciados por peculado, lavado de dinero, evasión de impuestos y simulación de delitos.
El dinero fue desviado desde la Cuenta Corriente Subsidiaria Institucional del Tesoro Público de la Presidencia de la República para gastos reservados clasificado en el específico «54315» convertidos en un proveedor ficticio denominado «Gastos Operativos de la Presidencia de la República».
Amoldaron el mecanismo ilícito a las formas legales para darle una apariencia de legalidad a sus actuaciones, dijo una de las fiscales al momento de exponer sus alegatos finales. Agregó que como parte de esa apariencia legal también se compraron voluntades, por ejemplo, los miembros de la junta directiva y del entonces oficial de cumplimiento del Banco Hipotecario.
En las indagaciones dijeron que Funes y aliados no dejaron registros oficiales, en la Gerencia Financiera de la Presidencia no hay un soporte documental que respalde pagos, todo se manejó en una total opacidad, el fin era no dejar rastro.
En la apropiación de los fondos se utilizaron mecanismos legales como incrementos presupuestarios, «hubo un abuso del trámite legal de la disponibilidad presupuestaria» mencionó la fiscal, dejó claro que a los 10 imputados no los están acusando que se hayan apropiado del dinero, sino que con sus acciones ayudaron a que Mauricio Funes sustrajera los fondos.
Con ese dinero, Funes hizo pagos de boletos aéreos, pagos de cirugías, hoteles y vuelos privados de viajes turísticos para funcionarios como Vanda Pignato, familiares, personas cercanas a él, entre otros.
Entrega de efectivo como sobresueldos y sobornos a diferentes funcionarios públicos, de secretarías, ministerios y otros, varios de los cuales, con el exministro de Hacienda, Carlos Cáceres y la exministra de Salud, Violeta Menjívar enfrentan procesos por peculado y lavado de dinero.
Con el dinero sustraídos de las cuentas de fondos públicos, hubo entrega de efectivo para uso discrecional de algunas secretarías de la Presidencia. Pago de gastos hospitalarios a familiares y personas cercanas a Funes y Vanda Pignato. Cancelación de créditos y tarjetas de crédito personales del expresidente y la primera dama.
Adquisición de vehículos y remodelaciones de inmuebles personales del expresidente y la primera dama a través de testaferros, como el exministro de Obras Públicas, Hugo Barrientos, quien es prófugo.
Compra de artículos de uso personal como joyas de alto valor como relojes Rolex y Cartier para el presidente y la primera dama y secretarios de gobierno.
Gracias a la Fiscalía General de la República (FGR), José Héctor Larín Díaz (rebelde) fue condenado a 10 años de cárcel por tenencia, portación o conducción ilegal o irresponsable de armas de fuego.
Larín Díaz fue capturado el 11 de febrero de 2025, en el barrio Concepción, del distrito de El Tránsito, en San Miguel.
Al momento de la detención, el sujeto portaba un revolver y al realizarle una prueba toxicológica se le detectaron 66 grados de alcohol en la sangre.
Inicialmente el Juzgado de Paz de El Tránsito, San Miguel, absolvió al procesado y tras una apelación realizada por la FGR otro juez del mismo juzgado condenó a Larín Díaz a 10 años de cárcel.
Cuatro personas identificadas como José Eliseo Mejía, Juan Rodolfo Mejía Hernández, Inmer Alexis Méndez Consuegra, y Oswaldo Eliseo Ávalos Hernández fueron encontrados responsables de haberle robado a una persona una fuerte cantidad de dinero en efectivo el pasado cinco de agosto del año 2024.
El fiscal del caso dijo que los cuatro sujetos interceptaron a la víctima cuando caminaba sobre la calle principal en cantón Pacun, del municipio de Santa Ana Centro.
Según la investigación los sujetos le dijeron que no lo quieren ver en la zona y le dieron 24 horas para irse o le quitarían la vida, luego lo lesionaron en diferentes partes de su cuerpo y le quitaron una fuerte cantidad y un celular.
Los sujetos huyen al escuchar que por la zona se acercaba un vehículo.
El Tribunal Primero de Sentencia de Santa Ana impuso la condena por el delito de robo agravado. Dichos sujetos no pertenecen a alguna mara o pandilla.
Judicial
Ordenan captura de red de jóvenes acusados de extorsionar a empresarios de la en La Libertad
En un esfuerzo conjunto entre la Fiscalía General de la República y la Policía Nacional Civil, se capturó a un grupo de jóvenes que, durante el año 2025, extorsionaron a un empresario del departamento de La Libertad.
La estructura estaba conformada por un menor de edad y Ana Gladis Lemus, Javier Alexander Zepeda Morales, Nayeli Yasenia Mejía Flores y Nelson David Inocente Leonor, quienes fueron capturados durante el operativo.
De acuerdo a las investigaciones, el menor de edad contactaba a la víctima vía telefónica para amenazar y exigir el pago de efectivo; las otras cuatro personas eran las encargadas de retirar el dinero exigido el quince de cada mes y dar seguridad en ese momento.
Posteriormente, el dinero recibido lo depositaban a cuentas bancarias y lo enviaban por remesas a través de farmacias y supermercados.
Los imputados fueron perfilados bajo entregadas controladas con cobertura policial.
A los imputados se les procesará por los delitos de agrupaciones ilícitas y extorsión agravada.
El operativo se desarrolló en los distritos de Jayaque y Colón en el departamento de La Libertad y de igual manera en San Antonio del Monte, jurisdicción de Sonsonate y se incautó abundante evidencia que fortalecerá el caso y la acusación contra los imputados.
