Judicial
Piden penas hasta de 30 años en caso Saqueo Público
En la recta final de la causa penal conocida como Saqueo Público, la Fiscalía General de la República expuso a los jueces del Tribunal Primero de Sentencia de San Salvador, que el esquema ilícito creado por Mauricio Funes le permitió sustraer en efectivo $292,218,871.38 del Banco Hipotecario, de un total de $351,035,400.49 apropiados.
El grupo de fiscales lo plantearon como una trama de conspiración en la que concurrieron los exfuncionarios y exempleados de Casa Presidencial enjuiciados por peculado, lavado de dinero, evasión de impuestos y simulación de delitos.
El dinero fue desviado desde la Cuenta Corriente Subsidiaria Institucional del Tesoro Público de la Presidencia de la República para gastos reservados clasificado en el específico «54315» convertidos en un proveedor ficticio denominado «Gastos Operativos de la Presidencia de la República».
Amoldaron el mecanismo ilícito a las formas legales para darle una apariencia de legalidad a sus actuaciones, dijo una de las fiscales al momento de exponer sus alegatos finales. Agregó que como parte de esa apariencia legal también se compraron voluntades, por ejemplo, los miembros de la junta directiva y del entonces oficial de cumplimiento del Banco Hipotecario.
En las indagaciones dijeron que Funes y aliados no dejaron registros oficiales, en la Gerencia Financiera de la Presidencia no hay un soporte documental que respalde pagos, todo se manejó en una total opacidad, el fin era no dejar rastro.
En la apropiación de los fondos se utilizaron mecanismos legales como incrementos presupuestarios, «hubo un abuso del trámite legal de la disponibilidad presupuestaria» mencionó la fiscal, dejó claro que a los 10 imputados no los están acusando que se hayan apropiado del dinero, sino que con sus acciones ayudaron a que Mauricio Funes sustrajera los fondos.
Con ese dinero, Funes hizo pagos de boletos aéreos, pagos de cirugías, hoteles y vuelos privados de viajes turísticos para funcionarios como Vanda Pignato, familiares, personas cercanas a él, entre otros.
Entrega de efectivo como sobresueldos y sobornos a diferentes funcionarios públicos, de secretarías, ministerios y otros, varios de los cuales, con el exministro de Hacienda, Carlos Cáceres y la exministra de Salud, Violeta Menjívar enfrentan procesos por peculado y lavado de dinero.
Con el dinero sustraídos de las cuentas de fondos públicos, hubo entrega de efectivo para uso discrecional de algunas secretarías de la Presidencia. Pago de gastos hospitalarios a familiares y personas cercanas a Funes y Vanda Pignato. Cancelación de créditos y tarjetas de crédito personales del expresidente y la primera dama.
Adquisición de vehículos y remodelaciones de inmuebles personales del expresidente y la primera dama a través de testaferros, como el exministro de Obras Públicas, Hugo Barrientos, quien es prófugo.
Compra de artículos de uso personal como joyas de alto valor como relojes Rolex y Cartier para el presidente y la primera dama y secretarios de gobierno.
Judicial
PNC captura a tres personas con marihuana en residencial Terranova de San Miguel; una de ellas había sido reportada como desaparecida
La Policía Nacional Civil capturó a dos hombres y una mujer durante un procedimiento en una vivienda de la residencial Terranova, en San Miguel, donde se localizó marihuana y objetos presuntamente vinculados a su distribución. Los detenidos son Lindsay Michelle Aguilar Fuentes, de 19 años; José Luis Méndez Argueta, de 21, y Dixma Alexander Amador Torres, de 23. Aguilar Fuentes había sido reportada como desaparecida en redes sociales antes de ser localizada en el operativo.
Durante el registro, las autoridades incautaron marihuana (sin especificar cantidad), una balanza electrónica, una picadora para droga, seis teléfonos celulares, una motocicleta, una pipa y dinero en efectivo. Los tres quedaron bajo custodia y serán remitidos por el delito de posesión y tenencia de droga.
Screenshot
Screenshot
La PNC no ha detallado las circunstancias exactas que llevaron al operativo ni el rol específico atribuido a cada uno de los capturados. Las investigaciones continúan para determinar responsabilidades individuales.
El caso se suma a los operativos que la institución realiza de forma permanente contra el tráfico y posesión de sustancias ilícitas en el oriente del país.
Las autoridades instan a la población a denunciar cualquier actividad sospechosa a través de los canales oficiales.
Capturamos a dos hombres y una mujer durante un procedimiento realizado en una vivienda de la residencial Terranova, en San Miguel, donde nuestros equipos localizaron marihuana y otros objetos relacionados con su distribución.
Entre los detenidos se encuentra Lindsay Michelle… pic.twitter.com/3TxG3ijoPX
— PNC El Salvador (@PNCSV) August 22, 2026
Judicial
Condenan a cinco años de cárcel a un hombre que amenazó de muerte a su propia madre en Santa Ana
El Juzgado Tercero de Paz de Santa Ana condenó a cinco años de prisión a José Andrés Ábrego Coto, de 31 años, por los delitos de amenazas en perjuicio de su madre y resistencia. Los hechos ocurrieron el 7 de marzo de 2026 en una vivienda de la colonia Gerardo Barrios, distrito de Santa Ana.
Ábrego Coto llegó al domicilio de su madre y la amenazó con quitarle la vida. Ante el temor de que cumpliera la amenaza, la víctima pidió auxilio a la Policía Nacional Civil. Cuando los agentes llegaron al lugar lo encontraron en el exterior de la vivienda y le ordenaron someterse a una requisa personal, pero el imputado se negó y debió ser neutralizado.
Durante el proceso, la madre del condenado manifestó que su hijo ya había sido procesado anteriormente por causarle lesiones y que cumplió una condena por ese delito. El caso se tramitó por la vía de juicio sumario.
La sentencia confirma la detención del imputado y cierra el proceso por estos hechos específicos. Las autoridades no han informado sobre medidas adicionales de protección para la víctima.
Este tipo de casos de violencia intrafamiliar reiterada pone de relieve la importancia de la denuncia oportuna y la actuación policial inmediata.
Judicial
Fiscalía destruye 1,362 kilos de cocaína valorados en más de $34 millones decomisados a ecuatorianos
La Fiscalía General de la República (FGR) supervisó este miércoles la destrucción de 1,362 kilos de cocaína valorados en más de 34 millones de dólares en el mercado ilícito. La quema se realizó en Shangallo, distrito de Ilopango, San Salvador, luego de completar los procedimientos legales correspondientes sobre el cargamento decomisado.
La droga fue incautada el 17 de julio por miembros de la Fuerza Naval a 947 millas náuticas al suroeste de la bocana El Cordoncillo, en aguas del Pacífico. En el operativo fueron detenidos dos hombres de nacionalidad ecuatoriana, quienes ya enfrentan proceso judicial por el delito de tráfico ilícito de drogas.
#Antinarcóticos | Este día, la @FGR_SV, en coordinación con la @PNCSV, realiza prueba de campo, registro y clasificación de más de 1,300 kilos de cocaína incautada a dos ecuatorianos el pasado 17 de julio.
Esta droga, valorada en aproximadamente $34 millones, será destruida en… pic.twitter.com/raZ9cvDVCA
— Fiscalía General de la República El Salvador (@FGR_SV) August 18, 2026
Con esta acción, las autoridades confirman el avance de las diligencias penales y refuerzan las operaciones antinarcóticos en el país, donde los decomisos de grandes cargamentos de cocaína en alta mar continúan siendo una prioridad en la lucha contra el narcotráfico.
