Judicial
Piden penas hasta de 30 años en caso Saqueo Público
En la recta final de la causa penal conocida como Saqueo Público, la Fiscalía General de la República expuso a los jueces del Tribunal Primero de Sentencia de San Salvador, que el esquema ilícito creado por Mauricio Funes le permitió sustraer en efectivo $292,218,871.38 del Banco Hipotecario, de un total de $351,035,400.49 apropiados.
El grupo de fiscales lo plantearon como una trama de conspiración en la que concurrieron los exfuncionarios y exempleados de Casa Presidencial enjuiciados por peculado, lavado de dinero, evasión de impuestos y simulación de delitos.
El dinero fue desviado desde la Cuenta Corriente Subsidiaria Institucional del Tesoro Público de la Presidencia de la República para gastos reservados clasificado en el específico «54315» convertidos en un proveedor ficticio denominado «Gastos Operativos de la Presidencia de la República».
Amoldaron el mecanismo ilícito a las formas legales para darle una apariencia de legalidad a sus actuaciones, dijo una de las fiscales al momento de exponer sus alegatos finales. Agregó que como parte de esa apariencia legal también se compraron voluntades, por ejemplo, los miembros de la junta directiva y del entonces oficial de cumplimiento del Banco Hipotecario.
En las indagaciones dijeron que Funes y aliados no dejaron registros oficiales, en la Gerencia Financiera de la Presidencia no hay un soporte documental que respalde pagos, todo se manejó en una total opacidad, el fin era no dejar rastro.
En la apropiación de los fondos se utilizaron mecanismos legales como incrementos presupuestarios, «hubo un abuso del trámite legal de la disponibilidad presupuestaria» mencionó la fiscal, dejó claro que a los 10 imputados no los están acusando que se hayan apropiado del dinero, sino que con sus acciones ayudaron a que Mauricio Funes sustrajera los fondos.
Con ese dinero, Funes hizo pagos de boletos aéreos, pagos de cirugías, hoteles y vuelos privados de viajes turísticos para funcionarios como Vanda Pignato, familiares, personas cercanas a él, entre otros.
Entrega de efectivo como sobresueldos y sobornos a diferentes funcionarios públicos, de secretarías, ministerios y otros, varios de los cuales, con el exministro de Hacienda, Carlos Cáceres y la exministra de Salud, Violeta Menjívar enfrentan procesos por peculado y lavado de dinero.
Con el dinero sustraídos de las cuentas de fondos públicos, hubo entrega de efectivo para uso discrecional de algunas secretarías de la Presidencia. Pago de gastos hospitalarios a familiares y personas cercanas a Funes y Vanda Pignato. Cancelación de créditos y tarjetas de crédito personales del expresidente y la primera dama.
Adquisición de vehículos y remodelaciones de inmuebles personales del expresidente y la primera dama a través de testaferros, como el exministro de Obras Públicas, Hugo Barrientos, quien es prófugo.
Compra de artículos de uso personal como joyas de alto valor como relojes Rolex y Cartier para el presidente y la primera dama y secretarios de gobierno.
Carlos Arturo Herrera Castro fue condenado a prisión perpetua por los delitos de homicidio agravado y robo en perjuicio de Alexis López Córdova, informó la Fiscalía General de la República (FGR).
De acuerdo con la información proporcionada, el día del crimen Herrera Castro atacó a López Córdova con piedras hasta causarle la muerte, con el objetivo de robarle su dinero.
El hecho ocurrió en mayo de 2026, en el cantón Teosinte, en Arcatao, Chalatenango Sur.
La sentencia fue emitida por el Juzgado Tercero de lo Criminal de San Salvador y constituye, según la FGR, la primera condena de prisión perpetua en la historia del país.
La Fiscalía señaló que esta condena fue posible tras la reforma al artículo 27 de la Constitución y a las leyes penales secundarias, vigentes desde abril de 2026.
🔴 LA @FGR_SV LOGRA LA PRIMERA CONDENA DE PRISIÓN PERPETUA EN LA HISTORIA DEL PAÍS
Carlos Arturo Herrera Castro fue sentenciado a cadena perpetua por homicidio agravado y robo contra Alexis López Córdova.
El día del crimen, el imputado atacó a la víctima con piedras hasta… pic.twitter.com/uz9sGOm67n
— Diario Digital Cronio (@croniosv) September 12, 2026
Un total de 65 pandilleros de la MS fueron condenados a penas que, en conjunto, alcanzan hasta 880 años de prisión, luego de ser encontrados culpables de múltiples delitos cometidos entre 2012 y 2018 en los distritos de Chapeltique, Ciudad Barrios, El Tránsito y San Miguel.
Entre los hechos atribuidos a esta estructura criminal se encuentra el homicidio de una de sus víctimas, quien fue privada de libertad en la colonia Prados de la Ciudad, en San Miguel. Posteriormente, los pandilleros la aislaron, golpearon y apuñalaron hasta causarle la muerte.
Además, los imputados fueron declarados responsables de 22 homicidios, ocho casos de privación de libertad, 13 casos de extorsión agravada, agrupaciones ilícitas y otros delitos.
La Fiscalía General de la República (FGR) continúa obteniendo condenas contra integrantes de esta estructura criminal por los diferentes delitos cometidos en perjuicio de la población.
⚖️ HASTA A 880 AÑOS DE PRISIÓN A 65 MAREROS
Una de las víctimas de estos criminales fue privada de libertad en la colonia Prados de la Ciudad, San Miguel. Luego de aislarla, la golpearon y apuñalaron hasta matarla.
Además, los imputados son responsables de 22 homicidios, 8… pic.twitter.com/aaqK9xDLFq
— Diario Digital Cronio (@croniosv) September 10, 2026
Un total de 43 pandilleros de la MS-13 enfrentan una Audiencia Única Abierta por el delito de agrupaciones ilícitas en San Miguel.
Entre los imputados se encuentran homeboys, tres chequeos, seis paros y 17 colaboradores, de acuerdo con la información proporcionada.
Las autoridades señalan que los acusados mantenían el control de sectores en Chapeltique, San Miguel, Moncagua y Lolotique, donde habrían cometido al menos 456 homicidios agravados, 101 extorsiones agravadas y 109 privaciones de libertad, además de otros delitos por los cuales también enfrentarán juicio.
Entre las víctimas de los homicidios figura un operador del sistema 911, quien fue asesinado en un punto de taxis ubicado en la colonia San José, en San Miguel.
Todos los imputados fueron capturados mediante las herramientas implementadas durante el Régimen de Excepción.
La Fiscalía General de la República (FGR) ha solicitado al Tribunal Segundo Contra el Crimen Organizado de San Miguel la pena máxima para cada uno de los acusados, de acuerdo con el rango que ocupaban dentro de la estructura criminal.
