Internacionales
Más de 300 de ciudadanos de Corea del Sur fueron detenidos en una amplia redada migratoria en Estados Unidos
Más de 300 surcoreanos se encontraban entre las 475 personas arrestadas en una redada migratoria en una fábrica de baterías de Hyundai y LG Energy Solution en el sureste de Estados Unidos, informó el sábado el gobierno de Corea del Sur.
Según las autoridades estadounidenses, el allanamiento de la planta ubicada en Ellabell, en el estado de Georgia, fue la mayor redada en un solo sitio en el marco de la cruzada antiinmigratoria del presidente Donald Trump.
Desde Seúl, el ministro de Asuntos Exteriores Cho Hyun dijo en una reunión de emergencia que de los 475 detenidos «se cree que más de 300 son nuestros ciudadanos».
«Estamos profundamente preocupados y sentimos una gran responsabilidad por este asunto», declaró, y expresó su disposición a viajar a Washington para reunirse con las autoridades si fuera necesario.
Trump, consultado por periodistas el viernes, respaldó la labor del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). «Diría que eran extranjeros ilegales y que el ICE solo estaba haciendo su trabajo», dijo.
En rueda de prensa el viernes, Steven Schrank, agente especial del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) en Atlanta, señaló que la operación realizada el jueves fue consecuencia de una «investigación penal sobre denuncias de prácticas laborales ilegales y graves delitos federales».
Los 475 detenidos estaban «presentes ilegalmente en Estados Unidos» y «trabajando de forma ilegal» y fueron puestos a disposición del ICE para su posible expulsión, afirmó.
Antes de las declaraciones de Cho, el gobierno de Corea del Sur había instado a Washington a respetar los derechos de sus ciudadanos.
«Las actividades económicas de nuestros inversionistas y los derechos e intereses legítimos de nuestros nacionales no deben verse injustamente vulnerados en el curso de la aplicación de la ley en Estados Unidos», sostuvo el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores surcoreano, Lee Jae-woong.
LG Energy Solution indicó el sábado que del total de detenidos, unos 47 (46 surcoreanos y un indonesio) eran empleados directos de la empresa, en tanto alrededor de 250 eran empleados de subcontratistas.
Hyundai dijo el viernes no tener conocimiento de que alguno de los detenidos estuviera «empleado directamente» por la empresa.
Según el gobierno de Trump, algunos de los arrestados habían cruzado ilegalmente la frontera de Estados Unidos, otros habían llegado con visas que les prohibían trabajar o habían excedido la duración de sus visas de trabajo.
«Esta operación subraya nuestro compromiso de proteger empleos para los georgianos y los estadounidenses, asegurar una competencia justa para las empresas que cumplen con la ley, salvaguardar la integridad de nuestra economía y proteger a los trabajadores de la explotación», subrayó Schrank.
Corea del Sur, la cuarta mayor economía de Asia, es un fabricante clave de automóviles y productor de productos electrónicos, con múltiples plantas en Estados Unidos.
En julio, Seúl se comprometió a invertir 350.000 millones de dólares en territorio estadounidense tras las amenazas arancelarias de Trump, quien busca revivir el sector manufacturero en Estados Unidos.
El mandatario republicano inició un segundo mandato en enero con la promesa de implementar el programa de expulsión de inmigrantes más grande en la historia de su país.-
Desde entonces, su gobierno ha aplicado con la mayor firmeza medidas contra los aproximadamente 11 millones de personas en situación migratoria irregular presentes en Estados Unidos.
El plazo de 72 horas considerado decisivo para encontrar sobrevivientes tras el mortífero terremoto que sacudió Colombia llega a su fin este jueves, mientras cerca de 500 personas continúan desaparecidas y podrían encontrarse bajo edificios derrumbados.
El sismo, de magnitud 7,4, ocurrió el lunes y es considerado el más potente registrado en este siglo en Colombia. Hasta el momento, deja 265 muertos y unos 3.500 heridos.
En Cali, Pereira y otras ciudades del oeste del país, los equipos de rescate trabajan sin cesar. A las 07:34 locales (12:34 GMT) se cumplen las primeras 72 horas desde el terremoto, momento a partir del cual disminuyen considerablemente las probabilidades de encontrar sobrevivientes.
Valeria Cardona, una estudiante de 26 años, busca a dos de sus primos en Cali. «Tenemos sospechas de su localización, pero no hay pruebas de vida», explicó. «La esperanza es lo último que se pierde, pero estamos angustiados de una noticia que no queremos», añadió.
A Cali llegó un grupo de los Topos, los reconocidos rescatistas mexicanos que se encontraban en la vecina Venezuela, donde un doble sismo causó más de 6.000 fallecidos el 24 de junio.
«Todos venimos de Venezuela, de La Guaira. Ahora estos 41 días que estuvimos trabajando ahí nos hicieron más fuertes, porque superamos el hambre, el dolor, la desvelada», dijo Héctor Méndez, de 80 años y presidente de Topos Aztecas.
«No se sientan víctimas. Esto no es un horario de oficina ni de taller. Esta es la vida real, donde sale la mejor parte del espíritu. Son cosas de la naturaleza que pasan», agregó.
Atención a damnificados
El terremoto tuvo su epicentro cerca de San José del Palmar, en el Chocó, una de las regiones más pobres de Colombia.
Quibdó, la capital del departamento, fue la zona más afectada, con un saldo de 14 fallecidos. Sin embargo, la fase de búsqueda y rescate ya concluyó allí, informó la gobernadora Nubia Córdoba, quien anunció que ahora se concentrarán «en la fase de respuesta enfocada en la atención a los damnificados».
«Ya no buscamos a nadie bajo los escombros por la misericordia de Dios. Esta familia a la que buscábamos se encuentra con nosotros y ya está recibiendo la atención requerida», declaró la gobernadora.
El presidente Abelardo de la Espriella, quien asumió tres días antes del sismo, decretó la «emergencia económica», una medida que le permite crear impuestos y modificar el presupuesto sin pasar por el Congreso, pese a su consigna de no crear más tributos.
También anunció la creación de un fondo con ayudas internacionales para atender a las víctimas del sismo.
«Esta crisis (…) nos agarra en un momento difícil, en medio de una crisis fiscal», declaró De la Espriella.
Según cifras oficiales, más de 11.000 viviendas han quedado destruidas y miles de familias se encuentran sin hogar.
Tres estados de Estados Unidos tienen previsto ejecutar a presos este jueves, en un contexto de incremento del uso de la pena capital durante la presidencia de Donald Trump.
La pena de muerte ha sido abolida en 23 de los 50 estados del país, mientras que otros tres —California, Oregón y Pensilvania— mantienen moratorias vigentes.
Según la organización Death Penalty Information Center, la última vez que se programaron tres ejecuciones para el mismo día fue en 2010.
Trump ha buscado ampliar el uso de la pena de muerte «para los crímenes más viles», mientras que el Departamento de Justicia propuso en abril ampliar los métodos de ejecución para incluir pelotones de fusilamiento, gas y electrocución.
En Tennessee está prevista la ejecución de Anthony Darrell Dugard Hines, de 66 años, sentenciado por asesinar a una mujer en 1985, según medios locales.
En Oklahoma será ejecutado Carlos Cuesta-Rodríguez, de 70 años, condenado por un asesinato cometido en 2003.
Por su parte, Alabama tiene previsto ejecutar a Jeremy Williams, de 42 años, sentenciado por violar y matar a una niña de cinco años.
Durante 2025 se realizaron 47 ejecuciones en Estados Unidos, la cifra más alta desde 2009, cuando fueron ejecutadas 52 personas.
Florida registró el mayor número de ejecuciones en 2025, con 19, seguida por Alabama, Carolina del Sur y Texas, con cinco cada uno.
De las ejecuciones realizadas el año pasado, 39 fueron mediante inyección letal. Otras tres se llevaron a cabo por pelotón de fusilamiento y cinco mediante hipoxia de nitrógeno, un método que consiste en bombear gas nitrógeno a una máscara facial y provoca la asfixia del preso.
La Organización de las Naciones Unidas (ONU) denunció el uso del gas nitrógeno como un método cruel e inhumano de castigo capital.
Internacionales
Epidemia de ébola se extiende a una sexta provincia de República Democrática del Congo
La epidemia de ébola que afecta a la República Democrática del Congo (RDC) se extendió a una sexta provincia en el norte del país, informó este jueves Jean Kaseya, director de la agencia de salud de la Unión Africana (Africa CDC).
La RDC declaró el 15 de mayo, con varias semanas de retraso, su decimoséptima epidemia de ébola, considerada ya como la más importante de su historia y en vías de convertirse también en la más mortífera.
Hasta ahora, cinco provincias congoleñas habían reportado casos: Ituri, fronteriza con Uganda y Sudán del Sur; Kivu del Norte; Kivu del Sur; Alto Uelé y Tshopo. A esta lista se suma Bajo Uelé, ubicada en el norte del país y fronteriza con la República Centroafricana.
Kaseya informó que una persona falleció a causa del ébola en Bajo Uelé después de haber viajado desde Alto Uelé, en el noreste del país. El funcionario realizó estas declaraciones durante un intercambio en línea con periodistas este jueves.
Según las autoridades, la actual epidemia ha causado más de 2.128 muertes entre 4.566 casos confirmados, apenas tres meses después de su declaración.
El brote más mortífero registrado anteriormente en el país provocó cerca de 2.300 muertes entre los 3.500 enfermos contabilizados entre 2018 y 2020.
Originada en la provincia de Ituri, en el noreste de la RDC, la actual epidemia afecta a varias provincias del noreste y este del país, algunas densamente pobladas, donde la presencia del Estado es frágil y las infraestructuras sanitarias se encuentran muy desprovistas.
La Organización Mundial de la Salud (OMS) indicó el miércoles que espera revertir la tendencia al alza de la epidemia en un plazo de tres meses.
El ébola se transmite mediante el contacto con fluidos corporales y provoca fiebre hemorrágica. En los últimos 50 años, la enfermedad ha causado la muerte de más de 15.000 personas en África.
