La comisión de tecnología, turismo e inversión de la Asamblea Legislativa comenzó ayer el análisis del proyecto de ley que envió el Ejecutivo para regular los procedimientos para establecer, ejecutar y terminar las alianzas público-privadas entre el Estado, a través de sus entidades habilitadas, y un privado, para la provisión de infraestructura y servicios públicos.

Dicho marco legal estaría integrado por 11 capítulos, con 88 artículos. Además, según lo expuesto en la comisión, no sustituirá la obligación del Estado para brindar a los ciudadanos los servicios de salud, educación y agua.

«Queremos aclarar algunos puntos que ya establece la Constitución de la República, en algunos artículos asigna al Estado responsabilidades directas sobre servicios específicos como salud, educación, agua, etcétera. La Constitución es la que prima dentro de cualquier ley secundaria», afirmó Dania González, presidenta de la comisión.

La diputada de Nuevas Ideas reiteró que «la participación privada no sustituye por ningún motivo esta obligación», es decir, la del Estado para brindar salud y educación a la población.

Añadió que la Asamblea Legislativa autorizará o no la suscripción de proyectos relacionados con el asocio, que el Gobierno decida acordar.

Asimismo, el diputado William Soriano destacó la importancia de contar con una ley acorde con los tiempos actuales. «Es una herramienta que tienen a disposición los gobiernos para el desarrollo de infraestructura pública, donde el privado [inversionista] asume la construcción y operación, y permite al Estado no cargar con todo el costo financiero para enfocar recursos en áreas de urgencia», dijo.

Soriano mencionó que con la aprobación de la nueva ley se derogará la Ley de Asocios Público-Privados, que data de 2013, porque «no garantizaba que estos modelos fueran exitosos».

A pesar de la aclaración que brindó González, la diputada de VAMOS, Claudia Ortiz, propuso modificar el artículo 2 de la nueva normativa. «De manera que en la ley estén excluidos los servicios de salud pública, incluso los prestados por el ISSS», al igual que la educación pública, incluyendo la Universidad de El Salvador.

De igual forma, presentó nuevamente una propuesta de reforma constitucional «para evitar la privatización del agua».