Internacionales
Ejército mexicano reconoce haber tenido bajas por bombas lanzadas desde drones por los carteles
El ejército mexicano reconoció el viernes por primera vez que algunos de sus soldados han muerto debido a explosivos lanzados desde drones por el crimen organizado.
El secretario de Defensa, general Luis Cresencio Sandoval, no dio cifras exactas sobre el número de bajas sufridas en los ataques que, según dijo, se produjeron sobre todo en el occidente del país.
«En Michoacán es donde hemos tenido algunas agresiones de esta naturaleza y donde nuestro personal ha sufrido lesiones, inclusive han fallecido algunos de nuestros elementos», dijo Sandoval.
El ejército había reconocido anteriormente que algunos soldados habían resultado heridos por artefactos explosivos en ese estado con gran actividades de los cárteles.
El jefe del Ejército no aclaró cuándo se produjeron los ataques pero sugirió que tuvieron como objetivo a patrullas militares. Agregó que la Secretaría de la Defensa estaba adquiriendo sistemas antidrones para combatir tal amenaza.
“Lo que se busca con esos (equipos) antidrones es tener esa capacidad, que no la teníamos, para el personal que anda realizando reconocimientos, patrullajes en diferentes áreas», agregó.
Sandoval añadió que el ejército sigue encontrando muchas más bombas en las carreteras que las lanzadas por drones.
El Cartel Jalisco Nueva General lleva años luchando contra bandas locales por el control de Michoacán y la situación se ha militarizado tanto que los grupos enfrentados utilizan explosivos improvisados, bombas en carreteras, rifles de francotirador y hacen trincheras, fortines e incluso blindan artesanalmente vehículos.
En algunos casos usan, además, drones comerciales grandes con mecanismos especiales para lanzar pequeñas bombas aéreas de aspecto bastante profesional. El año pasado, las autoridades descubrieron un taller mecánico utilizado para fabricar carcasas metálicas de bombas para este tipo de ataques.
En el único informe detallado sobre ataques con bombas, dado a conocer en agosto de 2023, la Secretaría de la Defensa dijo que un total de 42 soldados, policías y sospechosos habían resultado heridos por artefactos explosivos improvisados en los primeros siete meses y medio de ese año frente a 16 en todo 2022.
En 2023, un oficial de la Guardia Nacional y cuatro policías estatales murieron en dos atentados distintos con coche bomba.
Las autoridades detectaron al menos 260 explosivos lanzados por drones ese año, algo que no se había dado en México antes de 2020. Pero esa cifra podría estar por debajo de la real porque los residentes de algunas partes de Michoacán afirmaron recientemente que hay ataques con bombas desde drones casi diariamente.
También el viernes, la Armada de México reconoció que dos tripulantes de un helicóptero de la Marina habían muerto a principios de este año cuando su helicóptero cayó en el océano Pacífico mientras perseguían barcos de contrabando de cocaína.
Las autoridades informaron de que la Marina estadounidense había aceptado ayudar a recuperar el helicóptero hundido y los restos de los tripulantes.
Al menos 10 personas murieron durante un incendio registrado la madrugada de este miércoles en una vivienda ubicada en el sector Pisagua, en el distrito de La Victoria, en la ciudad peruana de Lima, informaron autoridades locales.
El comandante general de la Policía Nacional del Perú (PNP), Oscar Arriola, señaló a la agencia estatal de noticias Andina que el siniestro ocurrió alrededor de las 03:00 horas local y dejó, hasta el momento, 10 personas fallecidas, entre ellas cinco menores de edad y cinco adultos.
«Expresar las condolencias a los familiares de la familia Vilchez, cuyos integrantes han fallecido. Son 10 personas, nueve de ellas de apellido Vilchez», detalló el funcionario.
Por su parte, el Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN) informó que el incendio fue «extinguido» por efectivos del Cuerpo de Bomberos Voluntarios, quienes movilizaron nueve unidades operativas para atender la emergencia.
La zona permanece acordonada, mientras peritos especializados de la Policía Nacional y representantes del Ministerio Público realizan las diligencias correspondientes para identificar a las personas fallecidas.
La apertura del juicio en Nueva York contra el depuesto presidente venezolano Nicolás Maduro por tráfico de drogas fue fijada para el 1 de junio de 2027, durante una audiencia preparatoria celebrada este miércoles.
Maduro, de 63 años, fue capturado por Estados Unidos en Caracas y permanece encarcelado desde el 3 de enero en una prisión de Brooklyn. El exjefe de Estado enfrenta cuatro cargos relacionados con narcotráfico y tráfico de armas.
Su esposa, Cilia Flores, de 69 años, también es procesada en este caso y enfrenta tres cargos. Ambos han negado los hechos que se les atribuyen.
En una carta enviada el martes al juez encargado del caso, Alvin Hellerstein, el fiscal Jay Clayton informó que ambas partes habían solicitado que el juicio iniciara en junio de 2027.
El proceso judicial contra la pareja continúa luego de que el gobierno del presidente estadounidense Donald Trump autorizara que Venezuela pueda cubrir los honorarios de los abogados defensores, una medida que inicialmente había sido impedida debido a las sanciones impuestas contra el país.
Los Maduro habían solicitado que sus casos fueran desestimados, argumentando que bloquear el financiamiento vulneraba el derecho constitucional estadounidense a contar con un abogado de libre elección.
Durante su primera comparecencia en Nueva York, poco después de su detención, Maduro se presentó como «un prisionero de guerra».
El expresidente enfrenta cargos por conspiración de «narcoterrorismo», conspiración para la importación de cocaína, posesión de ametralladoras y artefactos destructivos, así como conspiración para poseer ametralladoras y artefactos destructivos.
Además del proceso penal contra quien gobernó Venezuela entre 2013 y 2026, familiares de cinco jóvenes asesinados en ese país presentaron a comienzos de julio una acción civil contra Maduro, acusándolo de haber ordenado sus ejecuciones dentro de un esquema de violencia de Estado.
Tras la salida de Maduro, su exvicepresidenta Delcy Rodríguez asumió como mandataria interina y gobierna bajo la presión de Washington, que afirma estar al mando del país petrolero.
Dos peligrosos integrantes del Barrio 18, identificados por las autoridades como operadores de la estructura criminal «Los Caradura», murieron durante un ataque armado registrado en el ingreso a San Miguel Dueñas, en el departamento de Sacatepéquez.
De acuerdo con las autoridades, un tercer ocupante del vehículo resultó gravemente herido y fue trasladado a un centro asistencial. Hasta el momento, se desconoce su estado de salud.
Según la información oficial, las víctimas se desplazaban en un pick-up Ford color rojo cuando fueron interceptadas por hombres armados, quienes abrieron fuego en repetidas ocasiones.
Como parte de las investigaciones, las autoridades localizaron múltiples casquillos en la escena, mientras que el vehículo presentaba numerosos impactos de bala.
Agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) y fiscales del Ministerio Público (MP) procesaron la escena del crimen y mantienen las diligencias para establecer el móvil del ataque e identificar a los responsables.
