Internacionales
Daniel Ortega desterró a quince sacerdotes y entre ellos al obispo Rolando Álvarez
El gobierno de Daniel Ortega desterró a más sacerdotes y religiosos como parte de la campaña contra de la iglesia católica. En esta oportunidad mandó al exilio a quince religiosos, entre ellos al obispo Rolando Álvarez. Todos presos políticos de la dictadura sandinista que purgaban penas o estaban acusados de “traición a la patria”.
La Prensa nicaragüense destaca que los dos obispos y trece curas, partieron este sábado en un vuelo hacia Caracas y de allí en otro hacia Roma, con destino al Vaticano.
Entre los excarcelados también está el obispo Isidoro Mora y otros trece sacerdotes detenidos en diciembre, según el sacerdote Uriel Vallejos, la activista humanitaria Haydée Castillo y medios de prensa, todos en el exilio.
“Los Ortega-Murillo, quiere dejar sin sacerdotes a Nicaragua. Otro avión lleno de pastores del pueblo al exilio”, denunció Vallejos
Monseñor Álvarez, obispo de la diócesis de Matagalpa y administrador apostólico de la diócesis de Estelí, ambas en el norte de Nicaragua, llevaba 500 días preso del régimen. Fue condenado por la dictadura de Daniel Ortega en febrero de 2023 a 26 años y 4 meses de prisión por delitos considerados traición a la patria.
El religioso tuvo un papel destacado en la mediación que ejerció la Conferencia Episcopal de Nicaragua durante el fallido proceso de diálogo tras las masivas protestas ocurridas en abril de 2018. Posteriormente, en agosto de 2022, fue arrestado por la Policía Nacional, que lo envió a su casa, acusado de “conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional y propagación de noticias falsas”.
El 9 de febrero de 2023 fue enviado al Sistema Penitenciario Nacional, la prisión de máxima seguridad de Nicaragua conocida como “La Modelo”, tras negarse a subir a un avión que lo iba a llevar, junto con otros 222 excarcelados políticos nicaragüenses, a Estados Unidos. La negativa del obispo provocó la indignación de Ortega, que lo calificó de “soberbio”, “desquiciado” y “energúmeno”.
Un día después fue sentenciado a más de 26 años de prisión, despojado de su nacionalidad, y suspendidos sus derechos ciudadanos de por vida.
Las relaciones del régimen de Ortega y la Iglesia católica viven momentos de gran tensión, marcadas por la expulsión y encarcelamiento de sacerdotes, la prohibición de actividades religiosas, y la suspensión de sus relaciones diplomáticas.
Ortega ha calificado como una “mafia” a la Iglesia. En tanto, el papa Francisco tachó en diálogo con Infobae como una “dictadura grosera” la del sandinista.
“Con mucho respeto, no me queda otra que pensar en un desequilibrio de la persona que dirige (Ortega). Ahí tenemos un obispo preso, un hombre muy serio, muy capaz. Quiso dar su testimonio y no aceptó el exilio”, aseveró Francisco al portal Infobae en una entrevista del 10 de marzo pasado.
La excarcelación de los religiosos ocurre 14 días después de que el papa Francisco, tras el rezo del primer Ángelus del año, expresara su “preocupación” por la detención de sacerdotes católicos en Nicaragua, y pidiera que “se busque siempre el camino del diálogo” para superar los problemas.
También casi tres semanas después de que Estados Unidos exigiera a Ortega, que liberara “inmediatamente” a Álvarez, y nueve días después que la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos (Oacnudh) para América Central demandara al régimen del Ortega informar sobre el paradero del obispo Isidoro Mora, quien que se encontraba detenido desde el pasado 20 de diciembre en medio de una ola de arrestos de religiosos católicos.
El 18 de octubre la dictadura nicaragüense excarceló a 12 sacerdotes y los envió al Vaticano tras un acuerdo con la Santa Sede, aunque entre estos no estaba el obispo Álvarez, que se resistía a abandonar el país. Antes, el 9 de febrero de 2023, las autoridades excarcelaron a otros 8 sacerdotes y los enviaron a Estados Unidos, como parte de 222 excarcelados políticos nicaragüenses.
Internacionales
Lula prohíbe las apuestas deportivas y los casinos en línea a nueve días de las elecciones en Brasil
El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, firmó el viernes en São Paulo una medida provisional que prohíbe explotar, ofertar, intermediar y publicitar las apuestas deportivas y los casinos en línea en todo el país. La decisión llega a nueve días de la primera vuelta presidencial y legislativa, prevista para el 4 de octubre, en una carrera que las encuestas muestran empatada con el senador Flávio Bolsonaro.
Desde la publicación de la norma ya no se permiten nuevos depósitos. Los usuarios tienen hasta las 23:59 del 5 de octubre para retirar su saldo; a partir del 6 de octubre, sitios y aplicaciones deberán salir del aire. El Congreso tiene 120 días para convalidar la medida. El Gobierno también enviará un proyecto de ley para tipificar delitos ligados a las apuestas de cuota fija.
Lula calificó el fenómeno de las “bets” como un “cáncer” y lo vinculó al endeudamiento de las familias. En 2025, cerca de 25 millones de brasileños apostaron el equivalente a más de 37.000 millones de euros. Clubes de fútbol, entre ellos Flamengo, rechazan el veto porque amenaza sus patrocinios. Flávio Bolsonaro la tildó de “populista” y “con motivaciones políticas”, aunque dijo que también vetaría los casinos virtuales si gana.
Ecuador desarticuló un brazo local del cartel mexicano Jalisco Nueva Generación (CJNG) con la participación de tropas estadounidenses, informó el jueves el ministro del Interior, John Reimberg.
Quito y Washington mantienen una ofensiva contra el narcotráfico que ha generado cuestionamientos y que incluye el hundimiento de embarcaciones de bandera ecuatoriana que, según las autoridades, presuntamente abastecen de combustible a lanchas vinculadas al narcotráfico en altamar.
«La operación en la madrugada del jueves se llevó a cabo en conjunto con las tropas norteamericanas y la [agencia antidrogas] DEA», informó Reimberg a través de X.
El funcionario detalló que cerca de 30 ecuatorianos fueron detenidos por su «relación directa con el CJNG».
Según el ministro, la organización se dedicaba al tráfico internacional de cocaína producida en Colombia, utilizando los puertos de Guayaquil y Machala, en el suroeste de Ecuador.
En los operativos participaron 320 policías ecuatorianos y 50 uniformados del Comando Sur de Estados Unidos. Las acciones se desarrollaron en varias ciudades, incluida una zona exclusiva de Samborondón, cercana a Guayaquil.
Por otra parte, durante un enfrentamiento con militares ecuatorianos y estadounidenses ocurrido el miércoles, fue abatido alias Charlie, integrante de la banda ecuatoriana Los Choneros.
De acuerdo con las autoridades, alias Charlie era uno de los criminales más buscados de esa organización y mantenía nexos con el Frente Oliver Sinisterra, una disidencia de las extintas FARC en Colombia, y con el CJNG.
Honduras adoptó el martes nuevas medidas que endurecen las condiciones carcelarias, en una estrategia contra las pandillas y el narcotráfico que incluye disposiciones similares a algunas implementadas por el Gobierno del presidente salvadoreño, Nayib Bukele.
En Honduras operan pandillas como el Barrio 18 y la Mara Salvatrucha, consideradas organizaciones rivales y relacionadas con el narcotráfico y la tasa de homicidios del país, que alcanza 24 por cada 100,000 habitantes, cuatro veces por encima del promedio global, según el texto fuente.
Las nuevas restricciones penitenciarias fueron aprobadas por el Congreso a solicitud del Gobierno del presidente Nasry Asfura. Estas medidas se suman a la declaratoria realizada el viernes anterior, mediante la cual varios grupos criminales, incluidas las pandillas, fueron considerados organizaciones terroristas.
Las disposiciones contemplan el aislamiento de los presos considerados de alta peligrosidad y la eliminación de medidas sustitutivas de la cárcel para presuntos integrantes de esas organizaciones criminales.
El paquete de reformas modificó el Código Procesal Penal y estableció que los supuestos integrantes de estos grupos sean enviados a cárceles de máxima seguridad tras su captura.
