Internacionales
Daniel Noboa prometió indultar a policías y militares tras la masacre en Guayaquil
Ecuador vivió una de sus jornadas más violentas este 6 de marzo, cuando una masacre en Socio Vivienda 2, en el noroeste de Guayaquil, dejó 22 personas asesinadas en varios ataques armados. Se trata del hecho más sangriento registrado en la ciudad en los últimos años, lo que ha provocado una respuesta contundente de las fuerzas del orden y un respaldo total del gobierno del presidente Daniel Noboa.
Según reportó Primicias, el ataque se produjo aproximadamente a las 15:00 en tres sectores de Nueva Prosperina, siendo Socio Vivienda 2 el epicentro de la masacre. Testigos relataron que al menos 20 hombres fuertemente armados ingresaron desde una zona montañosa y abrieron fuego indiscriminadamente contra sus víctimas, muchas de las cuales intentaron huir sin éxito. La Policía informó que entre los fallecidos hay personas con antecedentes por robo, tráfico de drogas y posesión de armas, y que el ataque respondería a una disputa entre las facciones Igualitos y Fénix de la organización narcoterrorista Los Tiguerones.
Tras estos hechos, las fuerzas de seguridad han desplegado una serie de operativos en Nueva Prosperina con el objetivo de capturar a los responsables y desarticular las estructuras criminales que operan en la zona. En la madrugada del 7 de marzo, la Policía Nacional ejecutó más de 200 allanamientos en Socio Vivienda y La Barraca, logrando la detención de 14 personas, entre ellas dos adolescentes. Según el comandante general de la Policía, Víctor Hugo Zárate, al menos cinco de los detenidos registran antecedentes por tráfico de sustancias, tenencia de armas, robo, homicidio y asociación ilícita.
En los operativos se incautaron siete armas de fuego, ocho alimentadoras, más de 2.000 cartuchos de munición, droga y dos motocicletas. La Policía informó que los aprehendidos estarían vinculados con la facción de Los Tiguerones responsable de almacenar y distribuir armas utilizadas para actividades ilícitas.
El despliegue policial se ha realizado en coordinación con las Fuerzas Armadas, que también han intensificado su presencia en la zona. En un comunicado oficial, el Comando Conjunto de las FF.AA. hizo un llamado a sus efectivos a mantenerse firmes en la lucha contra el crimen organizado y a no permitir que “el miedo se siga sembrando en nuestras calles”. En el documento, las fuerzas militares recalcaron su compromiso de ser la “primera y última línea de defensa contra la oscuridad” y aseguraron que no retrocederán en la defensa del territorio.
El presidente Noboa también reaccionó a la crisis de seguridad y anunció una medida para respaldar a los uniformados que participan en estos operativos. A través de su cuenta de X (antes Twitter), Noboa aseguró que todos los policías y militares que hayan actuado o que sean desplegados en Nueva Prosperina “cuentan desde ya con indulto presidencial”. Con este mensaje, el mandatario busca dar un espaldarazo a las fuerzas del orden y garantizar que puedan actuar sin temor a represalias legales.
“Necesitamos que actúen con determinación y sin temor a represalias. Defiendan al país, yo los defiendo a ustedes”, escribió Noboa en su publicación, que ha generado diversas reacciones en redes sociales y en la opinión pública.
El operativo en Nueva Prosperina se desarrolla en el marco del estado de excepción que rige en Guayas y otras seis provincias del país, una medida implementada por el gobierno de Noboa desde hace dos meses y renovada a inicios de marzo. El objetivo del estado de excepción es permitir la movilización de las Fuerzas Armadas para apoyar a la Policía en la lucha contra la delincuencia y el narcotráfico, así como aplicar medidas restrictivas como el toque de queda en ciertos horarios.
La Policía ha reforzado su presencia en los barrios más conflictivos de Guayaquil y ha instalado al menos cinco puntos de control en Nueva Prosperina, según declaraciones del comandante de la Zona 8, Pablo Dávila, recogidas por Primicias.
Este hecho ha puesto nuevamente en evidencia la grave crisis de seguridad que enfrenta Ecuador, donde el crimen organizado ha incrementado su influencia y violencia en los últimos años. Guayaquil, al ser un punto estratégico para el tráfico de drogas hacia Estados Unidos y Europa, se ha convertido en el epicentro de estas disputas entre bandas criminales, lo que ha llevado al país a implementar medidas cada vez más drásticas en materia de seguridad.
La masacre de Socio Vivienda y la reacción del gobierno han generado un amplio debate sobre la efectividad de la estrategia de Noboa contra el crimen organizado. Mientras las autoridades aseguran que la militarización es necesaria para recuperar el control de los territorios dominados por bandas delictivas, organismos de Derechos Humanos, como Human Rights Watch, han expresado preocupaciones sobre posibles excesos en el uso de la fuerza y la falta de medidas integrales para atacar el problema desde su raíz.
Una batalla campal se vivió la noche del domingo en el barrio Los Fuertes y la zona de Monte Placentero, en la turística isla de Roatán, departamento de Islas de la Bahía, Honduras. Esto luego de que personas que protagonizaban desórdenes públicos se resistieran a los llamados de atención de las autoridades y comenzaran a agredir a los agentes del orden.
Según medios locales, la Policía fue alertada sobre disturbios en el sector; asimismo, se registró un incendio en la zona. De esta manera, los agentes se movilizaron al lugar para restablecer el orden, pero fueron recibidos por alborotadores, algunos presuntamente bajo los efectos del alcohol, que comenzaron a resistirse a la autoridad y a enfrentarse con los uniformados.
En videos que circularon en redes sociales se observa a varios hombres agrediendo a los policías con objetos contundentes. Los agentes eran superados en número por los involucrados en los disturbios.
Un oficial que brindó declaraciones en el lugar de los hechos, sin identificarse, aseguró que dos policías resultaron heridos: uno sufrió golpes en la cabeza con una botella de vidrio y otro presentó múltiples lesiones.
Por otra parte, el comisionado Lisandro Muñoz expuso en un programa de televisión local que las 30 personas detenidas por el altercado enfrentarán a la justicia por alteración del orden público, entre otros delitos.
El exparlamentario y líder indígena Brooklyn Rivera, considerado un preso político del gobierno en Nicaragua, fue sepultado de forma exprés en Managua la noche del domingo, informó la prensa oficialista.
El líder murió por complicaciones de salud luego de casi tres años de detención.
Rivera, de 73 años y cuya liberación exigía Estados Unidos, fue detenido por la policía el 29 de septiembre de 2023 en su casa del poblado caribeño de Bilwi. Amnistía Internacional lo consideraba un «preso de conciencia» de los copresidentes izquierdistas Daniel Ortega y Rosario Murillo, en el poder desde 2007.
Tras un velatorio de pocas horas en el que participaron diputados oficialistas, miembros de una iglesia cristiana y amigos «acompañaron el sepelio» de Rivera «elevando oraciones y muestras de cariño en su despedida», informó el canal 4 de la televisión estatal en la red social X.
El canal publicó fotos del ataúd del líder indígena, que fue sepultado en el cementerio privado Sierra de Paz, al sureste de Managua.
Según un comunicado del ministerio de Salud, Rivera sufría un «deterioro físico y neurológico» como «consecuencia de una bacteria generada por el virus de la COVID-19».
Desde el exilio la hija del dirigente, Tininiska Rivera, había solicitado al gobierno que le permitiera regresar para despedirlo conforme a las «tradiciones» del pueblo miskitu.
También desmintió en un comunicado la versión oficial de que Rivera estuvo acompañado de parientes en sus últimos momentos de vida.
El exdiputado estaba hospitalizado por múltiples enfermedades, según el gobierno, que el pasado miércoles difundió fotos de Rivera conectado a un respirador artificial y demacrado, y la víspera reconoció que su condición era «crítica».
El secretario general de la OEA, Albert Ramdin, dijo en X estar «profundamente preocupado» por la muerte de Rivera «bajo custodia del Estado», por lo que demandó una «investigación inmediata, independiente y transparente» y la liberación de «todos los presos políticos».
De la ONU a prisión
Rivera era un reconocido líder miskito y del partido indígena Yatama (Hijos de la madre tierra unidos), que defiende los derechos de las comunidades originarias de Nicaragua.
Las autoridades nunca hicieron públicos los cargos en su contra.
Pero según reportes de prensa, en noviembre de 2024 el gobierno admitió ante la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU que se había levantado su inmunidad parlamentaria para investigarlo por delitos como traición a la patria.
Meses antes de ser encarcelado, en abril de 2023, Rivera participó en un foro de la ONU en Nueva York, donde denunció las problemáticas de las comunidades indígenas y afrodescendientes de Nicaragua.
Al regresar se le impidió el ingreso al país, pero luego entró clandestinamente.
En un video grabado entonces, afirmó que volvía consciente del «riesgo» y que lo hacía por «amor» a su «tierra» y a su «pueblo».
Posteriormente fue apresado y se le impedía tener contacto con la familia.
Un centenar de desaparecidos
Al exigir una prueba de vida el pasado 1 de mayo, un grupo de expertos de la ONU aseguró que el líder indígena formaba parte de un grupo de 112 personas «desparecidas forzadamente».
«Las condiciones de detención en Nicaragua son, según informes, inhumanas y quienes han sido desaparecidos forzadamente podrían haber sido sometidos a tortura y otros tratos crueles», afirmaron los juristas.
La Asociación Juvenil Indígena de la Moskitia (Ajim) sostuvo que «ningún pueblo debería despedir a sus líderes en las condiciones en que hoy despedimos a Brooklyn».
Estados Unidos exigió el pasado viernes su liberación «incondicional» y tildó de «abominable» la «represión, violencia e inhumanidad» de la «dictadura» de Ortega y Murillo.
Rivera integró la Alianza Revolucionaria Democrática (Arde) liderada por el fallecido Edén Pastora, alias Comandante Cero, que se alzó contra el gobierno del Frente Sandinista en la guerra civil de los «contras» en la década de 1980.
También fue líder de la milicia indígena Misurasata. Tras la guerra civil fue profesor universitario y diputado.
Ortega, de 80 años, y Murillo, de 74, mantienen un fuerte control sobre opositores tras las protestas de 2018 que dejaron unos 300 muertos, centenares de detenidos y forzaron a cientos de miles al exilio.
El gobierno denunció esas manifestaciones como un intento de golpe de Estado patrocinado por Washington.
Según la oposición, Ortega enfrenta problemas de salud por lo que Murillo hace una purga interna para garantizar la sucesión.
Noruega ha vivido la primavera más cálida desde que comenzaron los registros en 1901, con temperaturas medias 2,1 grados Celsius por encima de la norma estacional, anunció el martes el instituto meteorológico.
Aunque el país escandinavo se libra de la ola de calor que afectó a Europa en mayo, las temperaturas por encima de la media en marzo y abril contribuyeron al récord, indicó un comunicado del instituto meteorológico.
«El sol es demasiado estable como para explicar el rápido cambio climático actual. Tiene que deberse a nuestras emisiones de combustibles fósiles», subrayó el climatólogo Jostein Mamen.
La última primavera más cálida se registró en 2024, cuando las temperaturas fueron 1,8 °C superiores a lo normal, y 2025 fue la segunda más cálida.
El calentamiento fue particularmente notable en el norte de Noruega.
En Svalbard, un archipiélago situado a medio camino entre la Noruega continental y el Polo Norte, las temperaturas en abril llegaron a situarse entre 5 y 6 grados por encima de lo normal, según el instituto.
El Ártico se calienta mucho más rápido que otras regiones debido a un proceso conocido como amplificación ártica.
Según la ONU, se espera que las temperaturas medias globales se mantengan «en niveles récord o cercanos a ellos» durante los próximos cinco años.
El aumento de las temperaturas a escala mundial conlleva un mayor riesgo de estrés térmico y fenómenos meteorológicos extremos, como inundaciones o sequías severas.
