Judicial
Continúa audiencia probatoria contra Eugenio Chicas
Este martes 5 de noviembre, dio inicio la Audiencia Probatoria contra Eugenio Chicas y su esposa, acusados de enriquecimiento ilícito por un monto de $282,494.21, esta continúa este miércoles.
La audiencia se desarrolla ante la Cámara Segundo de lo Civil de San Salvador, en donde la Fiscalía General de La República pretende presentar contundente evidencia documental y financiera contra los imputados.
Chicas es demandado por 15 irregularidades encontradas en sus declaraciones patrimoniales relacionadas a depósitos bancarios, pago de tarjetas de crédito y adquisición de bienes, por una cantidad de $252,306.13.
Su esposa, Blanca Stefany Ayala Martínez, es señalada por dos inconsistencias de $11,282.00. Mientras que a su hijo, Carlos Ernesto Chicas González, se le reclaman $1,080.44.
También, es demandada su exesposa, Ana Lucía Ramírez Ayala, por ocho inconsistencias en depósitos en efectivo, cheques y adquisición de vehículo por un monto de $17,825.64.
Eugenio Chicas es demandado por hechos que cometió en los diferentes cargos que ejerció como funcionario público:
Exmagistrado presidente del Tribunal Supremo Electoral, entre el 2009 y el 2014.
Exdirector propietario de junta directiva del Registro Nacional de las Personas Naturales.
Exsecretario de Comunicaciones de la Presidencia de la República.
Exdiputado Propietario del Parlamento Centroamericano, en distintos períodos entre el 2011 y 2021.
La Fiscalía afirmó contar «con contundente evidencia» documental y financiera que demuestran que el exfuncionario cometió el delito de enriquecimiento ilícito.
Judicial
Condenan a 10 años por estafa agravada en San Miguel: cobró $3,000 por dos Toyotas de EE. UU. y desapareció
El Tribunal Primero de Sentencia de San Miguel condenó a diez años de prisión a José Ricardo Bado Rodríguez por estafa agravada contra dos hombres a los que prometió traer vehículos desde Estados Unidos. El fallo, informado por la Fiscalía y el centro judicial, se dictó en rebeldía: el procesado no compareció y hay orden de captura vigente para que cumpla la pena.
El modus operandi fue telefónico. Bado Rodríguez se presentó como importador, pidió $1,500 de anticipo a cada víctima —$3,000 en total— y se comprometió a exportar dos Toyota, años 2006 y 2012, con entrega aproximada en agosto de 2019. El dinero se lo entregaron el 2 y el 3 de mayo de ese año. Después cortó el contacto. Las víctimas denunciaron el 28 de agosto de 2019, cuando no hubo ni carros ni respuesta.
Entre la denuncia y la condena pasaron siete años. Eso no anula el delito: el tribunal valoró las pruebas en vista pública y calificó los hechos como estafa agravada, no como un simple incumplimiento comercial. En El Salvador este esquema —anticipo por un “carro de afuera” que nunca llega— se repite. La diferencia, en este caso, es que el expediente llegó a sentencia firme y a una pena de una década.
Mientras Bado Rodríguez no sea detenido, la condena queda en papel. La orden de captura sigue activa. Quien pague adelantos por importaciones debería exigir contrato, datos fiscales y rastro del trámite aduanal; sin eso, el riesgo no es solo perder $1,500: es entrar en un proceso que, como este, puede tardar años.
La Fiscalía General de la República (FGR) logró una condena de 13 años de prisión contra José David Villanueva, quien fue encontrado culpable de los delitos de robo y daños.
De acuerdo con la información proporcionada, Villanueva solicitó un viaje a través de una plataforma digital. Durante el trayecto, amenazó a la víctima con un arma blanca para despojarla de sus pertenencias y posteriormente robó el vehículo en el que se transportaban.
Tras el atraco, la víctima interpuso la denuncia de inmediato, lo que permitió a las autoridades localizar el vehículo. Este había sido chocado y posteriormente abandonado.
Villanueva fue identificado y posteriormente capturado.
La condena de 13 años de cárcel fue impuesta por el Tribunal Primero de Sentencia de Santa Tecla.
Judicial
PNC captura en Sesori a mujer de 26 años de la MS13 por extorsión agravada gracias al sistema ONI
