Judicial
Continúa audiencia probatoria contra Eugenio Chicas
Este martes 5 de noviembre, dio inicio la Audiencia Probatoria contra Eugenio Chicas y su esposa, acusados de enriquecimiento ilícito por un monto de $282,494.21, esta continúa este miércoles.
La audiencia se desarrolla ante la Cámara Segundo de lo Civil de San Salvador, en donde la Fiscalía General de La República pretende presentar contundente evidencia documental y financiera contra los imputados.
Chicas es demandado por 15 irregularidades encontradas en sus declaraciones patrimoniales relacionadas a depósitos bancarios, pago de tarjetas de crédito y adquisición de bienes, por una cantidad de $252,306.13.
Su esposa, Blanca Stefany Ayala Martínez, es señalada por dos inconsistencias de $11,282.00. Mientras que a su hijo, Carlos Ernesto Chicas González, se le reclaman $1,080.44.
También, es demandada su exesposa, Ana Lucía Ramírez Ayala, por ocho inconsistencias en depósitos en efectivo, cheques y adquisición de vehículo por un monto de $17,825.64.
Eugenio Chicas es demandado por hechos que cometió en los diferentes cargos que ejerció como funcionario público:
Exmagistrado presidente del Tribunal Supremo Electoral, entre el 2009 y el 2014.
Exdirector propietario de junta directiva del Registro Nacional de las Personas Naturales.
Exsecretario de Comunicaciones de la Presidencia de la República.
Exdiputado Propietario del Parlamento Centroamericano, en distintos períodos entre el 2011 y 2021.
La Fiscalía afirmó contar «con contundente evidencia» documental y financiera que demuestran que el exfuncionario cometió el delito de enriquecimiento ilícito.
La Fiscalía General de la República (FGR) informó que Miguel Ángel Mejía Orellana fue condenado a 30 años de cárcel por el delito de violación.
De acuerdo con el ministerio público, Mejía Orellana se aprovechó del vínculo cercano que tenía con la familia de la menor, de nueve años, para abusarla sexualmente en momentos que se encontraba sola.
«Mejía la amenazó para que no dijera nada. La mamá de la víctima se enteró de lo sucedido e inmediatamente interpuso la denuncia», detalló la FGR en su cuenta oficial de X.
Según información oficial, los hechos ocurrieron en julio 2024 en Nueva Concepción, Chalatenango.
El Tribunal Primero de Sentencia de Santa Tecla, en La Libertad, condenó a 12 años de prisión a un profesor de matemáticas por agredir sexualmente a una de sus alumnas.
«Los hechos sucedieron el 23 de mayo de 2024. El imputado, identificado con las siglas M. J. R. R., fungía como profesor de matemáticas cuando agredió a la víctima, según se demostró en el desfile probatorio durante la vista pública», indicó la fiscal del caso.
La fuente detalló que el docente se aprovechó, en los momentos que se encontraba a solas con la estudiante de primaria.
«El imputado aprovechaba para tocarle el cuerpo, y a pesar del miedo que le tenía al profesor, la menor le confesó a la madre lo que ocurría», señaló la fiscal.
Por esos hechos, el Tribunal condenó al imputado a 12 años de prisión por el delito de agresión sexual en menor e incapaz, en su modalidad continuada.
A tres años de cárcel fue condenada una mujer que estafó a otra con la venta de 100 gallinas de postura que nunca entregó, informó Centros Judiciales El Salvador (CJES), la tarde del viernes.
Se trata de Jennifer del Carmen Rivera fue condenada a la pena de tres años de prisión al ser declarada responsable penal y civilmente del delito de estafa por el Tribunal Segundo de Sentencia de Santa Tecla.
CJES detalló que, el 26 de octubre de 2023, en el distrito de Jicalapa, en La Libertad Costa, la víctima contactó a la imputada a través de Marketplace de la plataforma de Facebook, para gestionar la entrega de las gallinas, y la ahora condenada le exigió un depósito a su cuenta bancaria por $256. La víctima realizó el depósito y, tras varios días de espera, nunca recibió el producto.
“Basándose en engaños, le hizo creer que era dueña de una granja y le prometió la venta de 100 gallinas de postura que nunca entregó”, añadió Centros.
Finalmente, el Tribunal valoró todas las pruebas y concluyó que había suficiente evidencia del delito y por ello la condenó a tres años tras las rejas.
