Judicial
Continúa audiencia probatoria contra Eugenio Chicas
Este martes 5 de noviembre, dio inicio la Audiencia Probatoria contra Eugenio Chicas y su esposa, acusados de enriquecimiento ilícito por un monto de $282,494.21, esta continúa este miércoles.
La audiencia se desarrolla ante la Cámara Segundo de lo Civil de San Salvador, en donde la Fiscalía General de La República pretende presentar contundente evidencia documental y financiera contra los imputados.
Chicas es demandado por 15 irregularidades encontradas en sus declaraciones patrimoniales relacionadas a depósitos bancarios, pago de tarjetas de crédito y adquisición de bienes, por una cantidad de $252,306.13.
Su esposa, Blanca Stefany Ayala Martínez, es señalada por dos inconsistencias de $11,282.00. Mientras que a su hijo, Carlos Ernesto Chicas González, se le reclaman $1,080.44.
También, es demandada su exesposa, Ana Lucía Ramírez Ayala, por ocho inconsistencias en depósitos en efectivo, cheques y adquisición de vehículo por un monto de $17,825.64.
Eugenio Chicas es demandado por hechos que cometió en los diferentes cargos que ejerció como funcionario público:
Exmagistrado presidente del Tribunal Supremo Electoral, entre el 2009 y el 2014.
Exdirector propietario de junta directiva del Registro Nacional de las Personas Naturales.
Exsecretario de Comunicaciones de la Presidencia de la República.
Exdiputado Propietario del Parlamento Centroamericano, en distintos períodos entre el 2011 y 2021.
La Fiscalía afirmó contar «con contundente evidencia» documental y financiera que demuestran que el exfuncionario cometió el delito de enriquecimiento ilícito.
Un total de 43 pandilleros de la MS-13 enfrentan una Audiencia Única Abierta por el delito de agrupaciones ilícitas en San Miguel.
Entre los imputados se encuentran homeboys, tres chequeos, seis paros y 17 colaboradores, de acuerdo con la información proporcionada.
Las autoridades señalan que los acusados mantenían el control de sectores en Chapeltique, San Miguel, Moncagua y Lolotique, donde habrían cometido al menos 456 homicidios agravados, 101 extorsiones agravadas y 109 privaciones de libertad, además de otros delitos por los cuales también enfrentarán juicio.
Entre las víctimas de los homicidios figura un operador del sistema 911, quien fue asesinado en un punto de taxis ubicado en la colonia San José, en San Miguel.
Todos los imputados fueron capturados mediante las herramientas implementadas durante el Régimen de Excepción.
La Fiscalía General de la República (FGR) ha solicitado al Tribunal Segundo Contra el Crimen Organizado de San Miguel la pena máxima para cada uno de los acusados, de acuerdo con el rango que ocupaban dentro de la estructura criminal.
La Fiscalía General de la República (FGR), en coordinación con la Policía Nacional Civil (PNC), ejecutó un allanamiento para capturar a Orlando Israel Amaya Fuentes, quien es investigado por adquirir material de abuso sexual infantil.
De acuerdo con las investigaciones, la FGR recibió un aviso de la INTERPOL que alertaba sobre la participación de Amaya Fuentes en un grupo de distribución de este tipo de material que opera desde Buenos Aires, Argentina. Según la información, el investigado se comunicaba con dicho grupo mediante plataformas digitales para obtener el contenido.
El operativo se desarrolló en Mejicanos, San Salvador Centro.
El detenido será procesado por el delito de adquisición o posesión de material pornográfico de niñas, niños, adolescentes o personas con discapacidad a través de las tecnologías de la información.
Emely Gabriela Paz Sermeño fue condenada a 45 años de prisión por el homicidio agravado de su recién nacido, ocurrido en agosto de 2025 en Sonsonate.
De acuerdo con los hechos expuestos, la imputada se encontraba al interior de un hospital de la zona cuando se dirigió al baño del establecimiento, donde inició su labor de parto. Posteriormente, dio a luz y abandonó al bebé en un basurero.
Las evidencias presentadas durante el proceso determinaron que el recién nacido nació con vida y que la causa de muerte fue asfixia perinatal.
La condena fue impuesta por el Tribunal Segundo de Sentencia de Sonsonate.
