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Gobierno implementará Programa 262 para la ejecución de 500 proyectos junto a todas las alcaldías del país
Las políticas de desarrollo local, que impulsará el Presidente Bukele con los alcaldes electos, ayudarán a superar el asistencialismo que impera en los municipios.
La nueva tónica de trabajo articulado entre el Gobierno del Presidente Nayib Bukele y los alcaldes electos en todo el país, que toman posesión el próximo 1 de mayo, ayudará a superar el asistencialismo que hay en los municipios, debido a que los alcaldes salientes se han dedicado en los últimos años a implementar políticas locales que no desarrollan a las comunidades, limitándose a entregar ayuda temporal, laminas o gastar en fiestas patronales, entre otras.
Por ello, el Gobierno de El Salvador prepara el “Programa 262”, con el que se han identificado 500 proyectos y obras de trascendencia.
Este se convertirá en un nuevo mapa de desarrollo para todos los municipios, sin importar su signo o color partidario, aunque hay que destacar que los 152 alcaldes electos de Nuevas Ideas son los que más interés y receptividad han mostrado ante esta trascendental iniciativa.
Este portafolio de proyectos dejará atrás el asistencialismo y contribuirá a reducir los índices de pobreza y a generar más desarrollo productivo, según explicó el comisionado presidencial de Proyectos Estratégicos, Cristian Flores.
Para iniciar se contará con un respaldo financiero del Banco Mundial por $200 millones, además de implementar otras políticas para que las alcaldías no se limiten a solo entregar ayuda a sus ciudadanos, lo que los sumerge en un ciclo de pobreza y desigualdad en los municipios.
Un tema importante es la nueva Dirección de Obras Municipales, que se convertirá en una instancia articuladora del desarrollo económico y social de los municipios, sobre todo para asegurar el buen uso del Fondo para el Desarrollo Económico y Social (FODES) y otros programas de apoyo que da el gobierno a través del Ministerio de Desarrollo Local.
El Gobierno del Presidente Bukele espera que, a partir del 1 de mayo, se trabaje de forma coordinada con todos los alcaldes, aunque hay que subrayar que con los ediles de Nuevas Ideas se puede dar una mayor cohesión y articulación porque ellos gobernarán sobre el 82 % de la población, incluyendo 13 de las 14 cabeceras departamentales del país y 12 de los 14 municipios que conforman el Área Metropolitana de San Salvador.
El Tribunal Segundo Contra el Crimen Organizado D de San Miguel condenó a 720 años de prisión a Juan José Castillo Arévalo, alias El Samurái, tras hallarlo culpable de 18 casos de homicidio agravado, entre consumados y tentados, además de los delitos de fraude procesal, amenazas agravadas y agrupaciones ilícitas.
Junto a él, también fueron condenados los exagentes José Onán Castillo Arévalo, a 410 años de cárcel; José Fermín Melgar Luna, a 290 años; y Félix Antonio Rodas Jurado, a 65 años de prisión.
De acuerdo con los hechos probados, los crímenes fueron cometidos entre 2015 y 2017 en distintos distritos de los departamentos de Usulután y San Miguel. Los ahora condenados aprovechaban su condición de agentes policiales y su capacidad operativa en la zona para ejecutar las acciones criminales, vinculándose además a estructuras de agrupaciones ilícitas durante 2017.
Durante la vista pública, la representación fiscal demostró que los imputados utilizaron recursos institucionales para cometer los homicidios y alterar escenas del delito, configurando el fraude procesal, lo que afectó gravemente la seguridad pública y la integridad de las instituciones.
En la misma resolución, el tribunal absolvió a Amílcar Antonio Mejía Rivera de los delitos de fraude procesal y agrupaciones ilícitas. Para el resto de los condenados, la sede judicial ratificó las órdenes de captura vigentes, a fin de que sean localizados y puestos a disposición de las autoridades para el cumplimiento de sus respectivas penas.
El Tribunal Tercero de Sentencia de San Salvador emitió una condena de 12 años de prisión en contra de Andrés de Jesús Rodríguez, por extorsión agravada, en perjuicio de un comerciante del distrito de Cuscatancingo en San Salvador.
Según el expediente judicial, la víctima es un propietario de un negocio de productos varios, quien fue visitado por Rodríguez para exigirle dinero en concepto de renta.
En primera instancia, el comerciante denunció que, desde mediados de 2021, una mujer llegó a su negocio y se identificó como integrante de la pandilla MS13 y le exigió $75 mensuales a cambio de respetarle la vida.
Por temor a represalias, la víctima estuvo pagando la extorsión de forma mensual hasta que en diciembre de 2023 le exigieron $75 adicionales en concepto de aguinaldo. Fue así que el 27 de diciembre decidió interponer la denuncia ante la policía.
Como consecuencia, Rodríguez llegó con amenazas en contra de la víctima, advirtiendo que si no entregaba el dinero enfrentaría las consecuencias. Sin embargo, ante la denuncia, el sujeto fue capturado y procesado por el delito de extorsión.
Una estructura criminal de la pandilla MS13 enfrenta juicio en el Tribunal Segundo de Sentencia de San Salvador por el delito de extorsión agravada en perjuicio de un empresario.
De acuerdo a la investigación fiscal, son tres pandilleros quienes comenzaron a cometer el delito desde el año 2014. Exigían sumas de dinero a cambio de no atentar contra la vida de la víctima.
En el año 2019, el empresario decidió interponer la denuncia y se inició el proceso de investigación con participación de la Fiscalía General de la República (FGR) y de la Policía Nacional Civil. De esta manera, mediante el mecanismo de entregas controladas de dinero, lograron identificar a los criminales que cobraban la extorsión.
«Los extorsionistas no recibían directamente el dinero, sino que obligaban a que la víctima lo dejara escondido en algún lugar. No era personal el recibimiento del dinero, sin embargo, con estrategias logramos las capturas. Ahora van a responder ante la justicia por estos hechos cometidos», explicó el fiscal que lleva el caso.
Los pandilleros involucrados en estos hechos fueron capturados a mediados de 2019. Para fundamentar la investigación, la Fiscalía cuenta con cinco testigos de cargo que rendirán sus declaraciones durante la vista pública
