Internacionales
Capturan en Colombia a ‘El Costeño’, quinto sospechoso del atentado contra Miguel Uribe
Las autoridades colombianas han logrado un avance significativo en la investigación del atentado contra el senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay al capturar a Elder José Arteaga Hernández, conocido como ‘el Costeño’.
Este arresto representa la detención del quinto sospechoso relacionado con el grave ataque ocurrido hace un mes en Bogotá, que mantiene al político de 39 años en estado crítico.
La detención de Arteaga Hernández se produjo en tiempo récord, menos de 24 horas después de que la Interpol emitiera una notificación roja de busca y captura internacional. El operativo conjunto entre la Policía Nacional y la Fiscalía se ejecutó en la localidad bogotana de Engativá, el mismo lugar donde Uribe Turbay fue gravemente herido el pasado 7 de junio durante un mitin político.
Según el director de la Policía colombiana, el general Carlos Fernando Triana, ‘el Costeño’ habría sido el encargado de inducir y utilizar al menor de edad de 15 años que ejecutó los disparos contra el senador. Los cargos que pesan sobre Arteaga incluyen homicidio agravado en grado de tentativa, fabricación, tráfico y porte de armas de fuego, además del uso de menores de edad para la comisión de delitos. Por su captura se había ofrecido una recompensa de 300 millones de pesos colombianos, equivalente a aproximadamente 75.000 dólares.
El atentado ocurrió a plena luz del día cuando Uribe Turbay, senador del partido Centro Democrático, se dirigía a un grupo de seguidores en un parque de Modelia como parte de sus actividades preelectorales para las presidenciales de 2026. El político recibió dos disparos en la cabeza y uno en la pierna izquierda, permaneciendo desde entonces en estado grave en la Fundación Santa Fe de Bogotá, donde ha sido sometido a múltiples cirugías, incluyendo una intervención de emergencia por edema cerebral el 16 de junio.
Uno de los aspectos más preocupantes del caso ha sido la reducción inexplicable del esquema de seguridad de Uribe Turbay el mismo día del atentado. El presidente Gustavo Petro reveló que la protección del senador fue disminuida extrañamente de siete a tres personas justo antes del ataque, un hecho que ha generado graves cuestionamientos sobre la responsabilidad institucional.
La familia del político ha presentado una denuncia penal contra la Unidad Nacional de Protección (UNP), dependiente del Ministerio del Interior, alegando negligencia en las peticiones de refuerzo de seguridad. El abogado de la familia, Víctor Mosquera, reveló que durante 2025 se realizaron más de 23 solicitudes de refuerzo de protección, siendo la última presentada el 5 de junio. Las respuestas de la UNP, según Mosquera, se basaban en un ‘copy-paste’ que descartaba sistemáticamente los refuerzos solicitados.
El atentado contra Miguel Uribe Turbay ha despertado los fantasmas del pasado en Colombia, reavivando el temor a regresar a los oscuros años del siglo pasado cuando varios candidatos presidenciales fueron asesinados. Muchos analistas consideran este ataque como un retroceso de tres décadas en materia de violencia política, recordando los asesinatos de Luis Carlos Galán Sarmiento, Bernardo Jaramillo Ossa y Carlos Pizarro durante la campaña electoral de 1990, época en la que Colombia enfrentaba la violencia del narcotráfico y grupos guerrilleros como las FARC.
La gravedad de la situación ha llevado a nueve partidos políticos colombianos, principalmente de derecha, a anunciar su intención de acudir a instancias internacionales para garantizar la equidad en el proceso electoral. En un comunicado conjunto, estas fuerzas políticas expresaron su preocupación por la falta de garantías y los presuntos sesgos del gobierno contra la oposición, solicitando condiciones de equidad que consideran les están siendo negadas a nivel nacional.
La investigación continúa desarrollándose con el menor de 15 años que ejecutó los disparos bajo custodia policial, cuyo testimonio resulta clave para esclarecer completamente la red criminal detrás del atentado. Con cinco arrestos realizados hasta la fecha, las autoridades siguen trabajando para desmantelar completamente la organización criminal responsable de este grave ataque contra la democracia colombiana.
Internacionales
Lula prohíbe las apuestas deportivas y los casinos en línea a nueve días de las elecciones en Brasil
El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, firmó el viernes en São Paulo una medida provisional que prohíbe explotar, ofertar, intermediar y publicitar las apuestas deportivas y los casinos en línea en todo el país. La decisión llega a nueve días de la primera vuelta presidencial y legislativa, prevista para el 4 de octubre, en una carrera que las encuestas muestran empatada con el senador Flávio Bolsonaro.
Desde la publicación de la norma ya no se permiten nuevos depósitos. Los usuarios tienen hasta las 23:59 del 5 de octubre para retirar su saldo; a partir del 6 de octubre, sitios y aplicaciones deberán salir del aire. El Congreso tiene 120 días para convalidar la medida. El Gobierno también enviará un proyecto de ley para tipificar delitos ligados a las apuestas de cuota fija.
Lula calificó el fenómeno de las “bets” como un “cáncer” y lo vinculó al endeudamiento de las familias. En 2025, cerca de 25 millones de brasileños apostaron el equivalente a más de 37.000 millones de euros. Clubes de fútbol, entre ellos Flamengo, rechazan el veto porque amenaza sus patrocinios. Flávio Bolsonaro la tildó de “populista” y “con motivaciones políticas”, aunque dijo que también vetaría los casinos virtuales si gana.
Ecuador desarticuló un brazo local del cartel mexicano Jalisco Nueva Generación (CJNG) con la participación de tropas estadounidenses, informó el jueves el ministro del Interior, John Reimberg.
Quito y Washington mantienen una ofensiva contra el narcotráfico que ha generado cuestionamientos y que incluye el hundimiento de embarcaciones de bandera ecuatoriana que, según las autoridades, presuntamente abastecen de combustible a lanchas vinculadas al narcotráfico en altamar.
«La operación en la madrugada del jueves se llevó a cabo en conjunto con las tropas norteamericanas y la [agencia antidrogas] DEA», informó Reimberg a través de X.
El funcionario detalló que cerca de 30 ecuatorianos fueron detenidos por su «relación directa con el CJNG».
Según el ministro, la organización se dedicaba al tráfico internacional de cocaína producida en Colombia, utilizando los puertos de Guayaquil y Machala, en el suroeste de Ecuador.
En los operativos participaron 320 policías ecuatorianos y 50 uniformados del Comando Sur de Estados Unidos. Las acciones se desarrollaron en varias ciudades, incluida una zona exclusiva de Samborondón, cercana a Guayaquil.
Por otra parte, durante un enfrentamiento con militares ecuatorianos y estadounidenses ocurrido el miércoles, fue abatido alias Charlie, integrante de la banda ecuatoriana Los Choneros.
De acuerdo con las autoridades, alias Charlie era uno de los criminales más buscados de esa organización y mantenía nexos con el Frente Oliver Sinisterra, una disidencia de las extintas FARC en Colombia, y con el CJNG.
Honduras adoptó el martes nuevas medidas que endurecen las condiciones carcelarias, en una estrategia contra las pandillas y el narcotráfico que incluye disposiciones similares a algunas implementadas por el Gobierno del presidente salvadoreño, Nayib Bukele.
En Honduras operan pandillas como el Barrio 18 y la Mara Salvatrucha, consideradas organizaciones rivales y relacionadas con el narcotráfico y la tasa de homicidios del país, que alcanza 24 por cada 100,000 habitantes, cuatro veces por encima del promedio global, según el texto fuente.
Las nuevas restricciones penitenciarias fueron aprobadas por el Congreso a solicitud del Gobierno del presidente Nasry Asfura. Estas medidas se suman a la declaratoria realizada el viernes anterior, mediante la cual varios grupos criminales, incluidas las pandillas, fueron considerados organizaciones terroristas.
Las disposiciones contemplan el aislamiento de los presos considerados de alta peligrosidad y la eliminación de medidas sustitutivas de la cárcel para presuntos integrantes de esas organizaciones criminales.
El paquete de reformas modificó el Código Procesal Penal y estableció que los supuestos integrantes de estos grupos sean enviados a cárceles de máxima seguridad tras su captura.
