Internacionales
Capturan en Colombia a ‘El Costeño’, quinto sospechoso del atentado contra Miguel Uribe
Las autoridades colombianas han logrado un avance significativo en la investigación del atentado contra el senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay al capturar a Elder José Arteaga Hernández, conocido como ‘el Costeño’.
Este arresto representa la detención del quinto sospechoso relacionado con el grave ataque ocurrido hace un mes en Bogotá, que mantiene al político de 39 años en estado crítico.
La detención de Arteaga Hernández se produjo en tiempo récord, menos de 24 horas después de que la Interpol emitiera una notificación roja de busca y captura internacional. El operativo conjunto entre la Policía Nacional y la Fiscalía se ejecutó en la localidad bogotana de Engativá, el mismo lugar donde Uribe Turbay fue gravemente herido el pasado 7 de junio durante un mitin político.
Según el director de la Policía colombiana, el general Carlos Fernando Triana, ‘el Costeño’ habría sido el encargado de inducir y utilizar al menor de edad de 15 años que ejecutó los disparos contra el senador. Los cargos que pesan sobre Arteaga incluyen homicidio agravado en grado de tentativa, fabricación, tráfico y porte de armas de fuego, además del uso de menores de edad para la comisión de delitos. Por su captura se había ofrecido una recompensa de 300 millones de pesos colombianos, equivalente a aproximadamente 75.000 dólares.
El atentado ocurrió a plena luz del día cuando Uribe Turbay, senador del partido Centro Democrático, se dirigía a un grupo de seguidores en un parque de Modelia como parte de sus actividades preelectorales para las presidenciales de 2026. El político recibió dos disparos en la cabeza y uno en la pierna izquierda, permaneciendo desde entonces en estado grave en la Fundación Santa Fe de Bogotá, donde ha sido sometido a múltiples cirugías, incluyendo una intervención de emergencia por edema cerebral el 16 de junio.
Uno de los aspectos más preocupantes del caso ha sido la reducción inexplicable del esquema de seguridad de Uribe Turbay el mismo día del atentado. El presidente Gustavo Petro reveló que la protección del senador fue disminuida extrañamente de siete a tres personas justo antes del ataque, un hecho que ha generado graves cuestionamientos sobre la responsabilidad institucional.
La familia del político ha presentado una denuncia penal contra la Unidad Nacional de Protección (UNP), dependiente del Ministerio del Interior, alegando negligencia en las peticiones de refuerzo de seguridad. El abogado de la familia, Víctor Mosquera, reveló que durante 2025 se realizaron más de 23 solicitudes de refuerzo de protección, siendo la última presentada el 5 de junio. Las respuestas de la UNP, según Mosquera, se basaban en un ‘copy-paste’ que descartaba sistemáticamente los refuerzos solicitados.
El atentado contra Miguel Uribe Turbay ha despertado los fantasmas del pasado en Colombia, reavivando el temor a regresar a los oscuros años del siglo pasado cuando varios candidatos presidenciales fueron asesinados. Muchos analistas consideran este ataque como un retroceso de tres décadas en materia de violencia política, recordando los asesinatos de Luis Carlos Galán Sarmiento, Bernardo Jaramillo Ossa y Carlos Pizarro durante la campaña electoral de 1990, época en la que Colombia enfrentaba la violencia del narcotráfico y grupos guerrilleros como las FARC.
La gravedad de la situación ha llevado a nueve partidos políticos colombianos, principalmente de derecha, a anunciar su intención de acudir a instancias internacionales para garantizar la equidad en el proceso electoral. En un comunicado conjunto, estas fuerzas políticas expresaron su preocupación por la falta de garantías y los presuntos sesgos del gobierno contra la oposición, solicitando condiciones de equidad que consideran les están siendo negadas a nivel nacional.
La investigación continúa desarrollándose con el menor de 15 años que ejecutó los disparos bajo custodia policial, cuyo testimonio resulta clave para esclarecer completamente la red criminal detrás del atentado. Con cinco arrestos realizados hasta la fecha, las autoridades siguen trabajando para desmantelar completamente la organización criminal responsable de este grave ataque contra la democracia colombiana.
La depresión tropical Cristina continúa generando lluvias, vientos intensos y fuerte oleaje en varios países de Centroamérica, provocando inundaciones, derrumbes, afectaciones en viviendas, daños en infraestructura vial y diversas emergencias atendidas por organismos de protección civil.
En Guatemala, las lluvias asociadas al sistema provocaron inundaciones en viviendas de las comunidades María Linda, en Iztapa, Escuintla, y El Manantial, en San José, Escuintla. Personal de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres evaluó los daños y las necesidades de las familias afectadas. De acuerdo con datos oficiales, la temporada lluviosa de 2026 ha generado más de 280 emergencias en el país, entre ellas inundaciones, caída de árboles, fuertes vientos, deslizamientos, derrumbes, socavamientos y hundimientos.
Las autoridades guatemaltecas mantienen habilitados albergues temporales en Alta Verapaz y Santa Rosa para atender a las personas afectadas por las condiciones climáticas.
En Nicaragua, las precipitaciones continúan afectando principalmente a los departamentos de León y Chinandega. Comunidades costeras como Poneloya y Las Peñitas reportan inundaciones que han impactado viviendas, restaurantes, pequeños negocios y emprendimientos turísticos. Asimismo, las autoridades mantienen vigilancia sobre infraestructura vulnerable, incluido el puente La Máquina, en la comunidad La Gallina, donde se reportaron deslizamientos de tierra.
En el departamento de Chinandega, sectores turísticos como Paso Caballos y Jiquilillo registran calles anegadas, restricciones al tránsito vehicular y afectaciones económicas para comerciantes y emprendedores locales. Aunque Cristina se degradó a depresión tropical, organismos meteorológicos de la región advierten que sus remanentes continúan favoreciendo el ingreso de humedad desde el océano Pacífico, manteniendo condiciones propicias para lluvias intensas, inundaciones y deslizamientos.
Por su parte, en Honduras, la Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales reportó un derrumbe en la carretera que conduce al sur de Lempira, específicamente en la comunidad El Carrizal, municipio de Erandique, a la altura del sector conocido como La Clínica. Las autoridades recomendaron a los conductores transitar con extrema precaución debido a las condiciones del terreno.
Además, organismos de emergencia rescataron a una familia cuyo vehículo fue arrastrado por la corriente del río Juticalpa, en el departamento de Olancho. El incidente ocurrió cuando varias personas intentaron cruzar el afluente pese al aumento de su caudal provocado por las lluvias.
Las autoridades hondureñas mantienen alerta amarilla para la línea costera del golfo de Fonseca y para el municipio de Alianza, en Valle, debido al riesgo de oleaje elevado y al posible incremento del nivel del río Goascorán. También permanecen vigentes alertas verdes en varios departamentos ante la persistencia de las precipitaciones.
Las instituciones de protección civil de Honduras, Guatemala y Nicaragua reiteraron el llamado a la población para evitar cruzar ríos crecidos, mantenerse informada a través de los canales oficiales y atender las recomendaciones emitidas mientras continúen las condiciones adversas.
Un tribunal de la ciudad de Soissons, en el norte de Francia, condenó a Christophe Ellul, de 51 años, a cuatro años de prisión con suspensión de pena y ordenó el sacrificio de Curtis, un perro de raza american pitbull terrier.
La decisión judicial fue emitida pese a las peticiones de activistas defensores de los animales que solicitaron el indulto del can. Una de las iniciativas reunió más de 80,000 firmas y proponía que el animal fuera trasladado a un refugio.
El caso se remonta a noviembre de 2019, cuando Ellul encontró el cuerpo sin vida de su pareja, Elisa Pilarski, en un bosque situado en las afueras de la ciudad. Según la investigación, la mujer, de 29 años y embarazada de seis meses, presentaba alrededor de 50 mordeduras en su cuerpo mientras paseaba al perro.
De acuerdo con las autoridades, antes de fallecer, Pilarski llamó a Ellul para pedir ayuda mientras él se encontraba trabajando en un aeropuerto ubicado a unos 50 kilómetros de distancia.
Durante la investigación, Ellul sostuvo que su mascota no era agresiva y que los responsables del ataque podrían haber sido perros de caza presentes en la zona. Sin embargo, las pruebas de ADN determinaron que las mordeduras correspondían a Curtis.
El perro, que actualmente tiene ocho años y medio, ha permanecido en una perrera durante más de seis años desde que ocurrió el incidente. Las autoridades también señalaron que en Francia está prohibida la importación de pitbulls, considerados una raza peligrosa, y que el animal había sido llevado al país desde los Países Bajos.
La Policía Nacional Civil (PNC) de Guatemala informó que un sistema de videovigilancia instalado en la Zona 18 de la capital era controlado por pandilleros recluidos en centros penitenciarios.
Ante esto, el director de la PNC guatemalteca, David Boteo, confirmó y especificó que las cámaras ubicadas en la vía pública y en algunas viviendas de la Zona 18 de la Ciudad de Guatemala eran monitoreadas por integrantes de la Mara Salvatrucha y del Barrio 18 desde prisión.
Según detalló el jefe policial, hasta el momento han sido desinstaladas e incautadas 168 cámaras de circuito cerrado durante distintos operativos. De acuerdo con las autoridades, los pandilleros utilizaban estos dispositivos para detectar la presencia de personas desconocidas o agentes policiales en diferentes sectores de la Zona 18, lo que les permitía anticiparse a posibles capturas. Además, indicó que los delincuentes contaban con puertas de fabricación gruesa para dificultar los procedimientos policiales y facilitar el desecho de droga en desagües.
Boteo explicó que el monitoreo de las cámaras se realizaba mediante aplicaciones instaladas en teléfonos inteligentes. Señaló que durante requisas en centros penitenciarios se han encontrado celulares con aplicaciones destinadas a controlar los sistemas de videovigilancia. Asimismo, indicó que no se descarta que las cámaras hayan sido adquiridas en establecimientos especializados en tecnología.
De acuerdo con las investigaciones, estas acciones tenían como objetivo mantener el control sobre determinadas colonias y barrios de la Zona 18. El director de la PNC añadió que las autoridades evalúan desarrollar operativos similares en otras zonas donde se han reportado casos de extorsión y narcomenudeo vinculados a pandillas.
La Policía de Guatemala informa periódicamente sobre este tipo de procedimientos a través de sus redes sociales como parte del Plan Centinela.
