Internacionales
Capturan en Colombia a ‘El Costeño’, quinto sospechoso del atentado contra Miguel Uribe
Las autoridades colombianas han logrado un avance significativo en la investigación del atentado contra el senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay al capturar a Elder José Arteaga Hernández, conocido como ‘el Costeño’.
Este arresto representa la detención del quinto sospechoso relacionado con el grave ataque ocurrido hace un mes en Bogotá, que mantiene al político de 39 años en estado crítico.
La detención de Arteaga Hernández se produjo en tiempo récord, menos de 24 horas después de que la Interpol emitiera una notificación roja de busca y captura internacional. El operativo conjunto entre la Policía Nacional y la Fiscalía se ejecutó en la localidad bogotana de Engativá, el mismo lugar donde Uribe Turbay fue gravemente herido el pasado 7 de junio durante un mitin político.
Según el director de la Policía colombiana, el general Carlos Fernando Triana, ‘el Costeño’ habría sido el encargado de inducir y utilizar al menor de edad de 15 años que ejecutó los disparos contra el senador. Los cargos que pesan sobre Arteaga incluyen homicidio agravado en grado de tentativa, fabricación, tráfico y porte de armas de fuego, además del uso de menores de edad para la comisión de delitos. Por su captura se había ofrecido una recompensa de 300 millones de pesos colombianos, equivalente a aproximadamente 75.000 dólares.
El atentado ocurrió a plena luz del día cuando Uribe Turbay, senador del partido Centro Democrático, se dirigía a un grupo de seguidores en un parque de Modelia como parte de sus actividades preelectorales para las presidenciales de 2026. El político recibió dos disparos en la cabeza y uno en la pierna izquierda, permaneciendo desde entonces en estado grave en la Fundación Santa Fe de Bogotá, donde ha sido sometido a múltiples cirugías, incluyendo una intervención de emergencia por edema cerebral el 16 de junio.
Uno de los aspectos más preocupantes del caso ha sido la reducción inexplicable del esquema de seguridad de Uribe Turbay el mismo día del atentado. El presidente Gustavo Petro reveló que la protección del senador fue disminuida extrañamente de siete a tres personas justo antes del ataque, un hecho que ha generado graves cuestionamientos sobre la responsabilidad institucional.
La familia del político ha presentado una denuncia penal contra la Unidad Nacional de Protección (UNP), dependiente del Ministerio del Interior, alegando negligencia en las peticiones de refuerzo de seguridad. El abogado de la familia, Víctor Mosquera, reveló que durante 2025 se realizaron más de 23 solicitudes de refuerzo de protección, siendo la última presentada el 5 de junio. Las respuestas de la UNP, según Mosquera, se basaban en un ‘copy-paste’ que descartaba sistemáticamente los refuerzos solicitados.
El atentado contra Miguel Uribe Turbay ha despertado los fantasmas del pasado en Colombia, reavivando el temor a regresar a los oscuros años del siglo pasado cuando varios candidatos presidenciales fueron asesinados. Muchos analistas consideran este ataque como un retroceso de tres décadas en materia de violencia política, recordando los asesinatos de Luis Carlos Galán Sarmiento, Bernardo Jaramillo Ossa y Carlos Pizarro durante la campaña electoral de 1990, época en la que Colombia enfrentaba la violencia del narcotráfico y grupos guerrilleros como las FARC.
La gravedad de la situación ha llevado a nueve partidos políticos colombianos, principalmente de derecha, a anunciar su intención de acudir a instancias internacionales para garantizar la equidad en el proceso electoral. En un comunicado conjunto, estas fuerzas políticas expresaron su preocupación por la falta de garantías y los presuntos sesgos del gobierno contra la oposición, solicitando condiciones de equidad que consideran les están siendo negadas a nivel nacional.
La investigación continúa desarrollándose con el menor de 15 años que ejecutó los disparos bajo custodia policial, cuyo testimonio resulta clave para esclarecer completamente la red criminal detrás del atentado. Con cinco arrestos realizados hasta la fecha, las autoridades siguen trabajando para desmantelar completamente la organización criminal responsable de este grave ataque contra la democracia colombiana.
Al menos 10 personas murieron durante un incendio registrado la madrugada de este miércoles en una vivienda ubicada en el sector Pisagua, en el distrito de La Victoria, en la ciudad peruana de Lima, informaron autoridades locales.
El comandante general de la Policía Nacional del Perú (PNP), Oscar Arriola, señaló a la agencia estatal de noticias Andina que el siniestro ocurrió alrededor de las 03:00 horas local y dejó, hasta el momento, 10 personas fallecidas, entre ellas cinco menores de edad y cinco adultos.
«Expresar las condolencias a los familiares de la familia Vilchez, cuyos integrantes han fallecido. Son 10 personas, nueve de ellas de apellido Vilchez», detalló el funcionario.
Por su parte, el Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN) informó que el incendio fue «extinguido» por efectivos del Cuerpo de Bomberos Voluntarios, quienes movilizaron nueve unidades operativas para atender la emergencia.
La zona permanece acordonada, mientras peritos especializados de la Policía Nacional y representantes del Ministerio Público realizan las diligencias correspondientes para identificar a las personas fallecidas.
La apertura del juicio en Nueva York contra el depuesto presidente venezolano Nicolás Maduro por tráfico de drogas fue fijada para el 1 de junio de 2027, durante una audiencia preparatoria celebrada este miércoles.
Maduro, de 63 años, fue capturado por Estados Unidos en Caracas y permanece encarcelado desde el 3 de enero en una prisión de Brooklyn. El exjefe de Estado enfrenta cuatro cargos relacionados con narcotráfico y tráfico de armas.
Su esposa, Cilia Flores, de 69 años, también es procesada en este caso y enfrenta tres cargos. Ambos han negado los hechos que se les atribuyen.
En una carta enviada el martes al juez encargado del caso, Alvin Hellerstein, el fiscal Jay Clayton informó que ambas partes habían solicitado que el juicio iniciara en junio de 2027.
El proceso judicial contra la pareja continúa luego de que el gobierno del presidente estadounidense Donald Trump autorizara que Venezuela pueda cubrir los honorarios de los abogados defensores, una medida que inicialmente había sido impedida debido a las sanciones impuestas contra el país.
Los Maduro habían solicitado que sus casos fueran desestimados, argumentando que bloquear el financiamiento vulneraba el derecho constitucional estadounidense a contar con un abogado de libre elección.
Durante su primera comparecencia en Nueva York, poco después de su detención, Maduro se presentó como «un prisionero de guerra».
El expresidente enfrenta cargos por conspiración de «narcoterrorismo», conspiración para la importación de cocaína, posesión de ametralladoras y artefactos destructivos, así como conspiración para poseer ametralladoras y artefactos destructivos.
Además del proceso penal contra quien gobernó Venezuela entre 2013 y 2026, familiares de cinco jóvenes asesinados en ese país presentaron a comienzos de julio una acción civil contra Maduro, acusándolo de haber ordenado sus ejecuciones dentro de un esquema de violencia de Estado.
Tras la salida de Maduro, su exvicepresidenta Delcy Rodríguez asumió como mandataria interina y gobierna bajo la presión de Washington, que afirma estar al mando del país petrolero.
Dos peligrosos integrantes del Barrio 18, identificados por las autoridades como operadores de la estructura criminal «Los Caradura», murieron durante un ataque armado registrado en el ingreso a San Miguel Dueñas, en el departamento de Sacatepéquez.
De acuerdo con las autoridades, un tercer ocupante del vehículo resultó gravemente herido y fue trasladado a un centro asistencial. Hasta el momento, se desconoce su estado de salud.
Según la información oficial, las víctimas se desplazaban en un pick-up Ford color rojo cuando fueron interceptadas por hombres armados, quienes abrieron fuego en repetidas ocasiones.
Como parte de las investigaciones, las autoridades localizaron múltiples casquillos en la escena, mientras que el vehículo presentaba numerosos impactos de bala.
Agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) y fiscales del Ministerio Público (MP) procesaron la escena del crimen y mantienen las diligencias para establecer el móvil del ataque e identificar a los responsables.
