Política
Sentencia del TSE obliga a partidos políticos a que revelen informe de sus financistas en las pasadas elecciones
El Tribunal Supremo Electoral (TSE) citó, para la próxima semana, a los representantes de los partidos del FMLN, GANA, CD y PSD para que revelen información sobre sus financistas para las elecciones del pasado 4 de marzo, así como los que colaboraron en 2017.
Es así que los partidos políticos en mención tendrá que apegarse a la resolución planteada por el TSE, el FMLN tendrá que presentar sus argumentos del porqué no habría presentado la documentación necesaria el 4 de junio, tras presentar parcialmente su informe.
Por su parte, los partidos GANA, CD y el PSD lo harán un día después, es decir el 5 de junio de este 2018,
Los representantes de Acción Ciudadana solicitaron la documentación de los financistas y les fue negada, luego de que interpusieran una solicitud de acceso a esa información.
Según los demandantes, el FMLN entregó parcialmente la información, mientras que los demás institutos políticos no entregaron nada en referencia a la información solicitada por Acción Ciudadana, pero la última resolución del TSE los obliga hacerlo en las fechas estipuladas.
Eduardo Escobar, representante de Acción Ciudadana se declaró satisfecho por la resolución del máximo organismo electoral en el país.
“Con esto se les está pidiendo a los partidos políticos que entreguen la información que se les solicitó. El FMLN entregó parcialmente la información el pasado 3 de mayo, mientras que los otros tres partidos no entregaron absolutamente nada de información, no contestaron la solicitud de información”, dijo Escobar.
El mismo representante de Acción Ciudadana dejo que el partido de gobierno se negó a informar del “detalle de su campaña y quiénes fueron sus donantes”.
Los diez partidos políticos se les solicitó la información con el mismo requerimiento dijo Escobar, pero fuero solo estos lo que no cumplieron con solicitado.
Acción Ciudadana presentó ante el TSE el recurso de información hace 15 días en el que solicitaba la información del periodo 2017 y parte del 2018 en base a las campañas que dichos partidos políticos realizaron para las elecciones de alcaldes y diputados.
“Se les pidió parte de esa información y de la de 2017, todo lo que tenía que ver en los dos primeros meses de 2018”, aseguró Eduardo Escobar quien lamentó a su vez que “los partidos políticos sigan con esa actitud de negar información y esperamos que este comportamiento vaya modificándose”, dijo el representante de Acción Ciudadana.
El pasado 10 de enero, la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) le solicitó al TSE que informara si los partidos políticos habían extendido el informe que detalla quiénes eran los financistas públicos y privados para sus campañas.
La Ley de Partidos Políticos prohíbe a los institutos políticos recibir ayuda de partidos, gobiernos extranjeros, gremios y sindicatos.
El FMLN presentó un informe de cuentas al Tribunal Supremo Electoral (TSE) que refleja que durante 2016 recibieron $2.8 millones, de los cuales cerca de un millón fueron donativos.
Durante la jornada de elecciones internas del Alianza Republicana Nacionalista (ARENA), en redes sociales circuló un video en el que se observa una de las sedes habilitadas sin afluencia de personas para la elección del nuevo COENA, lo que ha generado señalamientos y cuestionamientos sobre la participación en el proceso.
Sin embargo, el presidente del Consejo Ejecutivo Nacional (COENA), Carlos García Saade, confirmó que el partido competirá en todas las elecciones del próximo año, incluida la presidencial, como parte de su estrategia política de cara a los comicios.
García Saade detalló que la selección de candidatos estará a cargo de la Comisión Electoral Nacional (CEN) y que las elecciones internas se desarrollarán en julio, en conjunto con la definición de aspirantes a diputaciones y concejos municipales.
El dirigente también afirmó que el objetivo del partido es incrementar su caudal de votos y ampliar su representación a nivel nacional. “Vamos a crecer, vamos a ganar más diputados, más alcaldías y más concejales en oposición”, expresó, al tiempo que señaló la necesidad de generar un mayor equilibrio de poder en el país.
La comisión política continuó ayer con el estudio para la ratificación del acuerdo constitucional 6 aprobado por la Asamblea Legislativa el pasado 17 de marzo.
Durante la sesión de trabajo, los diputados recibieron al fiscal general de la república, Rodolfo Delgado, quien argumentó la necesidad de ratificar la enmienda.
El funcionario explicó que la modificación al artículo 27 de la Constitución de la República que conlleva la prisión perpetua a asesinos, violadores y terroristas, «es adecuada en un contexto donde se ha realizado un combate de frente hacia el mayor enemigo que tenía la sociedad salvadoreña, identificado como pandillas».
Agregó que actualmente el 90 % de los pandilleros procesados se encuentra dentro del sistema penitenciario, que ahora tiene condiciones adecuadas para atender a los reclusos.
Delgado destacó que la iniciativa de reforma está dirigida a personas que «decidieron vivir al margen de la ley», que «son un foco de peligro persistente para la estabilidad de todo el sistema de leyes», puesto que al día de hoy no dan garantías de que en el futuro cumplirán la ley.
«Hoy por hoy, no sabemos si el día de mañana, estas personas salen de prisión, van a volver a delinquir o van a volver a enquistarse en las comunidades de donde fueron extraídos con un gran esfuerzo, donde estaban acostumbrados a delinquir», aseveró Delgado.
En ese sentido, consideró que lo más conveniente es «mantener neutralizados a todos los que forman parte de esas organizaciones a través de la custodia que debe ser adecuada al peligro que ellos representan».
Delgado aclaró que esto no es una «venganza», sino «medidas justificadas en la prevención de futuros delitos que cometan estas personas en dado caso salgan».
El presidente de la comisión, Ernesto Castro, reiteró que continuarán apoyando las medidas que garanticen la seguridad de los salvadoreños.
De forma paralela, la iniciativa de ratificación para la cadena perpetua está siendo abordada por otros actores, como el analista Marvin Aguilar.
En la entrevista Encuentro manifestó que «es más caro tener preso a alguien que educarlo, con esto no se quiere decir que liberen a los pandilleros, pero este gobierno eso está decidiendo, que reprimir a la gente es mejor que educar a las personas. El costo económico de mantener la cadena perpetua por cada preso al año en el país es entre $1,200 a $1,400».
En el marco del proceso electoral 2027, la Corte de Cuentas de la República (CCR) se prepara para implementar la contraloría respectiva.
Walter Sosa, presidente de la CCR, afirmó que se reforzarán los mecanismos para la emisión de constancias a los aspirantes de candidaturas a la presidencia y vicepresidencia de la república, diputados y concejos municipales.
«En términos prácticos, esto implica que la CCR verifica que los aspirantes a candidatos no tengan sentencias condenatorias pendientes de pago. Es decir, revisamos en las siete Cámaras de Primera Instancia y en la Cámara de Segunda Instancia que los aspirantes a candidatos no tengan al momento de la solicitud sentencia ejecutoriada pendiente de pago», explicó.
Lo anterior se ejecuta de conformidad con los artículos 152, 160 y 166 del Código Electoral, los que establecen que los aspirantes deben presentar una constancia extendida por el presidente de la CCR, en cumplimiento de un requisito indispensable para su inscripción.
«Para garantizar el cumplimiento de esta disposición legal, la Corte de Cuentas mantiene de forma permanente el servicio de emisión de constancias y, durante los períodos electorales, refuerza su capacidad operativa para agilizar este proceso emitiendo un instructivo que socializaremos en el momento propicio de acuerdo con el calendario electoral, contribuyendo así a la transparencia y legalidad del evento electoral», puntualizó el presidente del ente contralor.
