Política
Diputados de la nueva Asamblea analizan hacer reformas penales solicitadas por el Ministerio de Justicia
Los diputados de la comisión de Legislación y Reformas Constitucionales siguen en el análisis de realizar reformas al Código Penal solicitadas por el presidente de la República, Nayib Bukele, a través del ministro de Justicia, respecto al vencimiento de la detención provisional.
En la discusión de las posibles reformas, los legisladores señalaron que su prioridad son las víctimas y analizaron que es de preocupación para estas personas que los detenidos salgan libres al no ser procesados por el vencimiento de la detención, por lo que es necesario dar medidas alternativas de tipo administrativo, como el uso de dispositivos electrónicos.
El diputado Mauricio Ortiz, de la Bancada Cyan, opinó que es de importancia buscar alternativas tomando en cuenta la Ley Reguladora de Vigilancia Electrónica, donde el dispositivo tiene como función que el detenido comparezca ante la justicia.
La diputada de la Bancada Cyan y presidenta de la comisión, Marcela Pineda, sostuvo que tiene conocimiento de que hay fiscales que tienen a su cargo varios casos, por lo que esperan se dé una distribución de la carga de los expedientes entre los agentes del Ministerio Público para que los acusados no salgan antes de la audiencia inicial.
“Parte de la obligación que nosotros tenemos como diputados en la Asamblea Legislativa es que tenemos la obligación de brindar las herramientas necesarias para cada una de las instituciones. Lo que busca el presidente (Nayib Bukele) a través de esta reforma es que la personas tengan acceso a la justicia, pero acceso integral”, opinó la legisladora Cyan.
Añadió que han existido dilaciones indebidas e injustificadas, que han vulnerado derechos, razón por la que es necesario que el sistema tenga un fiscal independiente, porque si hay sobrecarga se necesita una explicación sobre qué hicieron los fiscales anteriores para enmendar la sobrecarga de expedientes.
Los legisladores han invitado para la próxima sesión de la comisión, al ministro de Justicia y Seguridad Gustavo Villatoro, para que exprese su opinión sobre el tema de las reformas al Código Penal solicitadas por el presidente Nayib Bukele.
Diversos estudios de opinión realizados en períodos preelectorales y poselectorales evidencian un respaldo mayoritario de la población salvadoreña a la reelección presidencial, ahora permitida de forma indefinida tras las reformas constitucionales avaladas por la Asamblea Legislativa en julio pasado.
El Centro de Estudios Ciudadanos (CEC) de la Universidad Francisco Gavidia (UFG) reportó en octubre de 2022 que el 77.2 % apoyaba la reelección del presidente Nayib Bukele para los comicios de 2024. Un año después, en junio de 2023, la cifra se mantuvo en niveles similares, con un 76.5 % de respaldo.
Por su parte, el Instituto Universitario de Opinión Pública (Iudop) de la UCA señaló en noviembre de 2023 que casi el 70 % de los encuestados estaba de acuerdo con que Bukele optara por un segundo mandato (2024-2029). La más reciente encuesta de junio de 2025 reafirmó esta tendencia, al mostrar que el 70.6 % de la ciudadanía respalda su eventual postulación a un tercer período presidencial, frente a un 25.4 % que expresó desacuerdo.
Entre los principales motivos de apoyo, los salvadoreños mencionaron los avances en seguridad pública, la continuidad de proyectos sociales y la negativa a retornar a los gobiernos de ARENA y FMLN.
Para el analista político Nelson Flores, la aceptación responde a que la población “necesita obras sociales que solventen sus necesidades, y eso es lo que el presidente les entrega”. En la misma línea, el sociólogo Mauricio Rodríguez afirmó que los ciudadanos respaldan la reelección indefinida porque “están satisfechos con el trabajo del presidente y buscan dar continuidad a los programas y proyectos de nación”.
El sistema de salud pública salvadoreño experimentará una transformación con la aprobación de la Ley de Creación de la Red Nacional de Hospitales, avalada por 57 votos en la Asamblea Legislativa. La normativa busca mejorar la calidad, cobertura y eficiencia de los servicios médicos en el país mediante una estructura moderna y con autonomía administrativa.
La red operará de forma independiente al Ministerio de Salud, aunque en coordinación con esta institución. Incluirá atención integral en prevención, diagnóstico, tratamiento, rehabilitación y cuidados paliativos.
El presidente del Congreso, Ernesto Castro, afirmó que la construcción del nuevo Hospital Rosales marcará el inicio de esta reforma y descartó que se trate de una privatización del sistema. Según explicó, la ley permitirá agilizar la compra de medicamentos, contratación de médicos y equipamiento hospitalario.
El marco legal contempla además la creación de un Sistema de Becas para la Formación y Especialización Médica, que obligará a estudiantes y especialistas formados en la red a prestar un servicio de cinco años en el sistema a partir de 2026. Los profesionales recibirán salarios entre $3,800 y $4,500, dependiendo de sus especialidades.
La Red Nacional será dirigida por una junta directiva encabezada por un presidente ejecutivo, designado por el Presidente de la República. También participarán el ministro de Salud y representantes de instituciones como la Dirección de Obras Municipales y la Dirección Nacional de Compras Públicas.
Entre sus principales funciones estarán administrar fondos, adquirir insumos médicos, supervisar hospitales, promover la formación especializada y regular la práctica profesional. Los médicos de la red estarán sujetos a sanciones en caso de negligencia, impericia o mala praxis.
Con esta reforma, el Gobierno busca consolidar un nuevo modelo hospitalario que, según sus promotores, garantizará mayor eficiencia y atención digna a la población salvadoreña.
Nacionales
Fiscal General presenta opinión técnica sobre reformas a la Ley contra el Crimen Organizado
El Fiscal General, Rodolfo Delgado, participó este día en la Comisión de Seguridad de la Asamblea Legislativa para brindar su opinión técnica sobre las reformas a la Ley contra el Crimen Organizado, propuestas por el Ministerio de Justicia y Seguridad Pública.
Delgado destacó que estas modificaciones representan la mayor reforma en materia procesal penal desde 1998, y permitirán iniciar juicios contra personas detenidas en el marco del Régimen de Excepción. “Estas reformas son importantes porque priorizan el combate a las organizaciones criminales con estructuras jerárquicas y permiten la persecución de grupos transnacionales que operan de manera sistemática en el país”, señaló.
Asimismo, el Fiscal General resaltó la inclusión de un rol definido para el juez de menores dentro del proceso penal, asegurando que se respeten los derechos de adolescentes detenidos vinculados a pandillas. “El juez de menores garantiza los derechos previstos en tratados y convenciones internacionales, mientras que el juez de crimen organizado dirige el proceso y analiza la evidencia”, explicó Delgado.
El Fiscal General consideró que las reformas fortalecerán la labor de los fiscales y mantendrán el equilibrio de las garantías procesales para los detenidos, además de facilitar el manejo de los más de 600 procesos judiciales relacionados con las 88,750 personas capturadas hasta la fecha.
