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Expresidente de CSJ, Óscar Pineda Navas, denunciado en FGR por Prevaricato y Actos Arbitrarios por engavetar las solicitudes de Habeas Corpus por más de 4 años, será interrogado en Asamblea

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Alexia Rivas, la diputada presidenta de la Comisión Especial que investiga la entrega de fondos públicos a las organizaciones no gubernamentales (ONG), adelantó que el próximo viernes 16 de julio someterán al escrutinio público al expresidente de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y exgerente de Operaciones Legislativas.

“Continuando con las investigaciones de la Comisión ONG’s, este próximo viernes hemos citado como personas de interés a: Ex Dip Lorena Peña, Ex Dip Carmen Elena de Escalón, Armando Pineda Navas Ex Gerente de Operaciones. Jorge Estrada Ex Jefe de Técnicos”, anunció la diputada Alexia Rivas en su perfil oficial de Twitter.

Tras las confesiones del hoy magistrado del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Noel Orellana, para los diputados miembros de la citada Comisión Especial es evidente que Óscar Armando Pineda Navas pudo frenar lo que él dejó entrever que son irregularidades, pero no lo hizo y se plegó a las órdenes de los presidentes y presidentas de la Asamblea Legislativa.

Por otro lado, Óscar Armado Pineda Navas ha sido denunciado en la Fiscalía General de la República (FGR) por el delito de prevaricato, es decir, por emitir resoluciones viciadas y no apegadas a derecho, haciendo lo que los denunciantes describieron como “justicia selectiva”.

Entre los delitos que se atribuyen al expresidente de la CSJ, Óscar Armando Pineda Navas, están: la omisión de la aplicación de la resolución emitida por el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria (GTDA), de la Organización de la Naciones Unidas (ONU), que concluyó que el empresario Enrique Rais fue objeto de una detención arbitraria y a quien además se le vulneraron todos sus derechos civiles y políticos.

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El GDTA de ONU resolvió durante su 89° período de sesiones, comprendido entre el 23 y 27 de noviembre de 2020, que “la privación de libertad del Sr. José Aquiles Enrique Rais López es arbitraria, por cuanto contraviene los artículos 3, 7, 8, 9, 10 y 11 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y los artículos 9, 14 y 26 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos inscribiéndose en las categorías I y III”, reza la resolución.

Pineda Navas como presidente de la Corte Suprema de Justicia no solo omitió dar cumplimiento a lo resuelto por el GDTA y garantizar la plena libertad de Enrique Rais y concederle el derecho efectivo a obtener una indemnización y otras reparaciones, conforme al derecho internacional, sino que tampoco emprendió ninguna investigación contra los jueces y otros funcionarios, entre ellos el exfiscal Douglas Meléndez y Raul Melara, también destituido por la Asamblea Legislativa, quienes fabricaron pruebas y mantuvieron una persecución ilegal contra el empresario.

“El Grupo de Trabajo instó a que se lleve a cabo una investigación exhaustiva e independiente de las circunstancias en torno a la privación arbitraria de libertad de señor José Aquiles Enrique Rais López y adopte las medidas pertinentes contra los responsables de la violación de sus derechos”, explicó uno de los abogados de Enrique Rais.

Adicionalmente, los abogados del señor Enrique Rais denunciaron que el hoy extitular del Órgano Judicial falló a su juramento al mantener “engavetados” por cuatro años los recursos de habeas corpus que ellos interpusieron haciendo uso del derecho que les confiere la Constitución, lo que calificaron de una clara “retardación de la justicia”.

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El delito de actos arbitrarios en el que habría incurrido el exmagistrado Pineda Navas está tipificado en el artículo 230 del Código Penal, que reza: “El funcionario o empleado público o el encargado de un servicio público que en el desempeño de su función realizare cualquier acto ilegal o arbitrario, vejación o atropello contra las personas o daño en los bienes, o usare de apremios ilegítimos o innecesarios para el desempeño de la función o servicio o permitiere que un tercero lo cometiere, será sancionado con prisión de dos a cuatro años e inhabilitación especial para desempeño del cargo por el mismo tiempo”.

Mientras que el delito de incumplimiento de deberes se ampara en el artículo 321 del mismo código, en el que se detalla que “el funcionario o empleado público, agente de autoridad o el encargado de un servicio público que ilegalmente omitiere, rehusare hacer o retardare algún acto propio de su función será sancionado con prisión de cuatro a seis años e inhabilitación especial para el desempeño del cargo por igual período”.

Siendo presidente de la Corte Suprema de Justicia, Pineda Navas, era el principal encargado de velar y garantizar una “pronta y cumplida justicia”; sin embargo, el exmagistrado asumió de manera individual funciones y potestades colegiadas que corresponden a Corte Plena y no al presidente del Órgano Judicial reclamaron los abogados del empresario.

La denuncia contra Armando Pineda Navas reitera que el exmagistrado habría vulnerado el “Principio de Vinculación Positiva”, en la que se reafirma que los “funcionarios de Gobierno son delegados del pueblo y no tienen más facultades que las que expresamente les da la ley”, subrayó en su momento uno de los abogados del señor Enrique Rais.

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De manera que el próximo viernes, Óscar Armando Pineda Navas tendrá que responder a los miembros de la Comisión Especial por qué no hizo nada, cuando los dictámenes emitidos en la Comisión de Hacienda eran modificados por el titular de turno del Órgano Legislativo y se alteraban los montos de las asignaciones a las ONG y después dichos dictámenes eran aprobados en el pleno por los demás diputados que desconocían el contenidos lo que estaban aprobando.

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Garantizan seguridad en eventos religiosos de Semana Santa

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El director de Protección Civil, Luis Amaya, aseguró este jueves por la mañana que todas las instituciones que conforman el Sistema Nacional de Protección Civil se desplegarán en cada una de las misas y procesiones que se desarrollen en estos días en El Salvador, en el marco de la Semana Santa.

Amaya enfatizó que con este despliegue buscan garantizar la seguridad de los feligreses que asistan a cada evento religioso, manteniendo también la atención en cada espacio turístico del país para que el período vacacional ocurra sin situaciones que lamentar.

«Estamos reforzando ya el despliegue del equipo táctico operativo en cada uno de los eventos religiosos que se están realizando a lo largo y ancho de todo el país. Es importante recalcarle a la población que el Gobierno del presidente Nayib Bukele está comprometido con la seguridad de las personas vista desde todo sentido, y ahora mismo estamos procurando que también en los eventos religiosos tengamos presencia», comentó.

Por su parte, Eduardo Godoy, gobernador  departamental de San Salvador, destacó que se pondrán a disposición más de 100,000 servidores públicos para contribuir con las labores de Protección Civil en la capital durante los festejos de Semana Santa.

«Nos sumamos a los esfuerzos de la ejecución del Plan Verano 2024, manteniendo una presencia con más de 100,000 servidores públicos de las diferentes institución del Sistema Nacional de Protección Civil, con el propósito de garantizar que veraneantes nacionales y extranjeros que se disponen a buscar sitios de gran concurrencia. El objetivo número uno es garantizar el bienestar de la población», dijo.

Finalmente, Amaya hizo un recuento de las emergencias atendidas en el marco del Plan Verano 2024 hasta este momento, señalando que se han realizado 35 rescates acuáticos, de los cuales 15 fueron simples y 20 profundos. Además, se registran 212 accidentes de tránsito, en los que han sido atendidos 135 personas lesionadas.
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VMT reporta más de 90 detenidos por conducción peligrosa

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En lo que va del periodo vacacional, el Viceministerio de Transporte (VMT) registra la detención de más de 90 conductores peligrosos, quienes fueron intervenidos en diferentes controles antidopaje.

La institución detalló que la noche del miércoles fueron sacados de circulación 11 motoristas que manejaban con porcentajes superiores a los permitidos de alcohol en aire aspirado.

«Ayer sacamos de circulación a 11 conductores peligrosos en todo el país, esto como resultado de las acciones implementadas en esta temporada vacacional para garantizar la seguridad vial de la población y prevenir siniestros viales», indicó el VMT.

Estas 11 personas se suman a las 81, que las autoridades reportaban hasta horas de la tarde del 27 de marzo como consolidado de conductores peligrosos que se contabilizaban desde el pasado viernes 22 de marzo.

Asimismo, el VMT enfatizó que, junto con el personal del Fondo Solidario para la Salud (Fosalud) y la Policía Nacional Civil (PNC), continúan trabajando para garantizar que se cumpla la normativa vial y prevenir accidentes de tránsito en carreteras.

«Junto a Fosalud y PNC trabajamos incansablemente durante este periodo vacacional para que puedas desplazarte de manera totalmente segura», aseveró la institución.

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Capturan a sujeto tras asesinar a una anciana e intentar robarle más de $60 mil y bienes

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El ministro de Justicia y Seguridad, Gustavo Villatoro, informó sobre la captura de René Antonio Pimentel Aristondo, quien es acusado por el delito de homicidio agravado.

De acuerdo con la autoridad, el detenido habría asesinado a una anciana de 79 años, «aprovechó la confianza que tenía con la víctima y le quitó la vida estrangulándola y, posteriormente, la tiró a una pila para simular que fue una muerte accidental», relató Villatoro.

De igual forma, el titular de Justicia y Seguridad explicó que la fallecida tenía una cuenta bancaria de más de $60 mil y bienes. «Tras la captura, se le incautaron a este criminal libretas y tarjetas de banco de la víctima».

«Lo hemos dicho antes, ningún homicida tiene cabida en nuestra sociedad, vamos a perseguirlos y someterlos ante la justicia. El Estado y la vida de los salvadoreños se respeta», aseguró Villatoro.

Dicha detención fue realizada al trabajo de inteligencia e investigación de la Policía Nacional Civil (PNC). «Sepan que vamos a utilizar todos los recursos del Estado para que ningún hecho de sangre quede en la impunidad y todo aquel que atente contra la vida de nuestra población va a terminar el resto de sus días en la cárcel, sin ver la luz del sol», enfatizó.

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