Política
Asamblea Legislativa acuerda suspender por 15 más plazos procesales administrativos y judiciales
La Asamblea Legislativa suspendió durante 15 días más, los términos y plazos procesales en los procedimientos administrativos y procesos judiciales, cualquiera que sea la materia y la instancia en la que se encuentren; asimismo se suspende el plazo y celebración de audiencias de la jurisdicción penal común, jurisdicciones especializadas en materia penal, aplicándose a las audiencias que se celebran en sedes administrativas, dentro de lo resuelto por la Sala de lo Constitucional.
Los diputados determinaron que quedan excluidos de esta disposición los plazos previstos por la Constitución de la República para la detención administrativa, el término de inquirir y consecuentemente, las audiencias derivadas de este último; así como lo relativo a las medidas de protección en materia de violencia intrafamiliar y los procesos a los que se refiere la Ley de Procedimientos Constitucionales promovidos en el marco de esta situación sanitaria.
El decreto establece que «es necesario emitir una nueva disposición que permita proteger a los servidores públicos y población en general, frente a la actual situación sanitaria que atraviesa el país, y que no se afecten derechos o garantías fundamentales, suspendiendo los referidos plazos; la medida podrá ser prorrogada de mantenerse las condiciones sanitarias que lo justifiquen».
Entre los considerandos se expone que mediante Decreto Legislativo n° 644, del 14 de mayo pasado, se decretó la Disposición Transitoria para la Ampliación de Plazos Judiciales y Administrativos en el marco de la Ley de Regulación para el Aislamiento, Cuarentena, Observación y Vigilancia por Covid-19, la cual la extendió hasta el 24 de mayo la suspensión de plazos judiciales y administrativos, mediante Decreto Legislativo n° 599 con fecha 20 de marzo del 2020.
En ese sentido, la disposición tiene a la base la situación epidemiológica actual derivada de la pandemia por covid-19 que afecta al territorio nacional y que a la fecha reporta un aumento progresivo de los casos confirmados de contagio y de personas fallecidas, según los datos publicados por el Órgano Ejecutivo.
Los plazos y términos siguen corriendo en los procedimientos administrativos y procesos judiciales, no obstante que actos o diligencias podrían no realizarse y llegar al vencimiento de los plazos, como el caso de la detención provisional, cuyo límite, según el artículo 8 del Código Procesal Penal, es de veinticuatro meses; o la preclusión de derechos por no haberse ejercido en los plazos determinados en otras materias.
Este domingo, el partido Nuevas Ideas desarrolla la jornada de inscripción de precandidaturas para la Presidencia de la República, diputaciones y alcaldías, como parte de su proceso de elecciones internas de cara a los comicios de 2027.
Desde tempranas horas, simpatizantes y aspirantes se han concentrado en las afueras de la sede donde se lleva a cabo la actividad, en un ambiente de expectativa y organización mientras avanza la recepción de la documentación correspondiente.
Con esta jornada, el instituto político da inicio a una de las etapas clave de su proceso interno para definir a los candidatos que buscarán representar al partido en las elecciones de 2027.
El presidente Nayib Bukele compartió una gráfica acompañada del mensaje: “Es un concepto muy simple, en realidad”, en referencia a la relación entre el incremento de la población penitenciaria y la reducción de los homicidios en El Salvador durante los últimos años.
Según los datos presentados, la tasa de encarcelamiento pasó de alrededor de 600 reclusos por cada 100,000 habitantes en 2019 a más de 1,600 en 2024. En el mismo período, la tasa de homicidios descendió de aproximadamente 38 por cada 100,000 habitantes hasta alcanzar niveles históricamente bajos, cercanos a 2.4 homicidios por cada 100,000 habitantes.
La gráfica muestra que ambas tendencias tomaron direcciones opuestas a partir de 2019. Mientras aumentó el número de personas privadas de libertad, los homicidios registraron una disminución sostenida a lo largo de los años.
De acuerdo con el Gobierno, estos resultados reflejan el impacto de la estrategia de seguridad implementada durante los últimos años en el país.
Los 11 directores propietarios de los partidos políticos representados en la Junta de Vigilancia Electoral (JVE) expresaron su reconocimiento y respaldo al trabajo que ejecuta el Tribunal Supremo Electoral (TSE) en el proceso preparatorio de los comicios generales programados para el 28 de febrero de 2027.
Como muestra de apoyo y con el propósito de fortalecer la relación de cooperación, respeto institucional y diálogo constructivo, los integrantes de la JVE enviaron una nota a la presidenta del TSE, Roxana Soriano, en la que destacaron la labor de coordinación desarrollada por la funcionaria.
En el documento, firmado por todos los directores, señalaron que la magistrada presidenta ha actuado con apego a los principios de imparcialidad, objetividad y transparencia, manteniendo una relación institucional abierta y equitativa con todos los sectores.
Asimismo, los integrantes de la junta afirmaron que las autoridades del organismo colegiado han mostrado apertura y respaldo para que la institución de vigilancia pueda desarrollar las labores de fiscalización establecidas por la ley.
Alexis Zepeda, director propietario del PCN en la JVE, explicó que las coordinaciones con la presidenta del TSE tienen como objetivo común garantizar el adecuado desarrollo de las elecciones presidenciales, legislativas y municipales.
Según Zepeda, la presidenta Roxana Soriano y el director ejecutivo Héctor Larios han brindado facilidades para que los partidos políticos representados en la JVE puedan realizar procesos de transparencia, verificación y fiscalización sin generar dudas entre los institutos políticos.
Por su parte, Selim Alabi, director de la JVE por ARENA, manifestó que se desarrolla un trabajo coordinado y articulado con la presidencia del TSE y el resto de magistrados para la fiscalización de procesos activos, entre ellos la verificación de emisión del Documento Único de Identidad (DUI) y de los centros de votación.
Alabi aseguró que, a diferencia de experiencias anteriores, con el actual tribunal se han establecido coordinaciones para desarrollar dichas fiscalizaciones y se está gestionando apoyo presupuestario ante el Ministerio de Hacienda para cumplir con los proyectos previstos.
En tanto, Irvin Sorto, director propietario del FMLN, destacó la accesibilidad de las actuales autoridades del TSE y las coordinaciones impulsadas con otras instituciones, entre ellas el Registro Nacional de las Personas Naturales (RNPN), para ejecutar las acciones necesarias que garanticen el debido proceso electoral.
Sorto señaló que la presidencia del TSE ha permitido la participación de la JVE en labores de fiscalización dentro y fuera del país, además de resaltar la apertura mostrada por el RNPN durante las reuniones sostenidas con esa entidad.
De igual manera, Franklin Alegría, representante del PDC en la JVE, afirmó que el TSE, el RNPN y el Ministerio de Relaciones Exteriores han brindado apertura a la Junta de Vigilancia Electoral para facilitar el trabajo de fiscalización de cara a las próximas elecciones.
