Política
100 días de la administración Bukele: Prueba superada
El siete de septiembre encuentra al presidente Nayib Bukele en la cúspide de su carrera política y con grandes posibilidades de llegar aún más alto.
Con un 90 por ciento de aprobación en la encuesta de La Prensa Gráfica, el mandatario dispone de un capital político sin precedentes que facilita su trabajo y que difícilmente encuentra oposición en la Asamblea Legislativa.
Los buenos resultados destacan principalmente en la seguridad, pues incluso rivales políticos reconocen la baja de homicidios como un triunfo, a la vez que señalan que es un reto mantener esas condiciones en el largo plazo.
El plan “Control Territorial” tiene la gran innovación de aplicar efectivamente las medidas que siempre se han señalado como necesarias, pero que nunca, en los últimos 30 años, encontraron la voluntad política que necesitaban como una base sólida.
El plan atiende las percepciones de la población a la vez que devuelve la presencia del Estado a los lugares que estaban tomados por los grupos criminales, ambas aristas se vuelven importantes porque, como lo demostraron los más de 10 años de “Mano Dura”, la represión no es suficiente.
Nadie ignora que se mantienen sobre la mesa, retos enormes en este campo, como los casos de desapariciones y la extorsión, pero se debe entender que estos delitos suceden bajo el amparo de una amplia estructura criminal de corte verticalista.
Un factor importante que posibilita estos delitos es el miedo, por miedo se tolera y por miedo no se denuncia, por eso la presencia omnisciente, permanente y fuerte del Estado es el remedio contra esos delitos, porque implica también el empoderamiento de la población ante un monstruo que incluso deteriora su economía y su situación familiar.
La marca de los 100 días es la meta en una carrera por el corazón de los salvadoreños, donde se gana con cambios radicales con respecto al pasado y señales claras de a donde se dirige el país en el futuro.
CICIES
El otro gran desafío es la corrupción, otra forma de delincuencia que se ha normalizado en El Salvador y que es una herencia de las dictaduras militares y los gobiernos de fachada que cimentaron las bases para la guerra civil.
Todos los salvadoreños, adultos, conscientes, maduros y sobrios entienden que la comisión que lanzó el presidente Bukele tiene serias limitaciones, grandes retos y muchos críticos que mientras refunfuñan dejan entrever sus preocupaciones.
Pero es importante recordar que el simple lanzamiento de la CICIES en una fuerte apuesta en términos de capital político, apuesta que solo se puede ganar con un impulso decidido desde todas las entidades del ejecutivo, de modo tal que los otros dos órganos de Estado no tengan más remedio que igualar ese esfuerzo.
Es frecuente escuchar críticas a la forma en que el presidente usa las redes sociales, pues no se puede dejar de lado la formalidad; sin embargo, esa forma de comunicación está generando una nueva cultura política en la que los ciudadanos se mantienen más pendientes de las que cosas que hace o que no hace su presidente.
En la gestión de la seguridad, en el trabajo de la CICIES y en todo el trabajo del gobierno es necesaria siempre la atención ciudadana, su expresiones a favor o en contra y su pensamiento crítico para recordar al gobernante que su deber, su razón de ser y su fin último es el bienestar y progreso de los gobernados.
El otro gran desafío es la corrupción, otra forma de delincuencia que se ha normalizado en El Salvador y que es una herencia de las dictaduras militares y los gobiernos de fachada que cimentaron la bases para la guerra civil.
Todos los salvadoreños, adultos, conscientes, maduros y sobrios entienden que la comisión que lanzó el presidente Bukele tiene serias limitaciones, grandes retos y muchos críticos que mientras refunfuñan dejan entrever sus preocupaciones.
Pero es importante recordar que el simple lanzamiento de la CICIES en una fuerte apuesta en términos de capital político, apuesta que solo se puede ganar con un impulso decidido desde todas las entidades del ejecutivo, de modo tal que los otros dos órganos de Estado no tengan más remedio que igualar ese esfuerzo.
Es frecuente escuchar críticas a la forma en que el presidente usa las redes sociales, pues no se puede dejar de lado la formalidad; sin embargo, esa forma de comunicación está generando una nueva cultura política en la que los ciudadanos se mantienen más pendientes de las que cosas que hace o que no hace su presidente.
En la gestión de la seguridad, en el trabajo de la CICIES y en todo el trabajo del gobierno es necesaria siempre la atención ciudadana, su expresiones a favor o en contra y su pensamiento crítico para recordar al gobernante que su deber, su razón de ser y su fin último es el bienestar y progreso de los gobernados.
La comisión política continuó ayer con el estudio para la ratificación del acuerdo constitucional 6 aprobado por la Asamblea Legislativa el pasado 17 de marzo.
Durante la sesión de trabajo, los diputados recibieron al fiscal general de la república, Rodolfo Delgado, quien argumentó la necesidad de ratificar la enmienda.
El funcionario explicó que la modificación al artículo 27 de la Constitución de la República que conlleva la prisión perpetua a asesinos, violadores y terroristas, «es adecuada en un contexto donde se ha realizado un combate de frente hacia el mayor enemigo que tenía la sociedad salvadoreña, identificado como pandillas».
Agregó que actualmente el 90 % de los pandilleros procesados se encuentra dentro del sistema penitenciario, que ahora tiene condiciones adecuadas para atender a los reclusos.
Delgado destacó que la iniciativa de reforma está dirigida a personas que «decidieron vivir al margen de la ley», que «son un foco de peligro persistente para la estabilidad de todo el sistema de leyes», puesto que al día de hoy no dan garantías de que en el futuro cumplirán la ley.
«Hoy por hoy, no sabemos si el día de mañana, estas personas salen de prisión, van a volver a delinquir o van a volver a enquistarse en las comunidades de donde fueron extraídos con un gran esfuerzo, donde estaban acostumbrados a delinquir», aseveró Delgado.
En ese sentido, consideró que lo más conveniente es «mantener neutralizados a todos los que forman parte de esas organizaciones a través de la custodia que debe ser adecuada al peligro que ellos representan».
Delgado aclaró que esto no es una «venganza», sino «medidas justificadas en la prevención de futuros delitos que cometan estas personas en dado caso salgan».
El presidente de la comisión, Ernesto Castro, reiteró que continuarán apoyando las medidas que garanticen la seguridad de los salvadoreños.
De forma paralela, la iniciativa de ratificación para la cadena perpetua está siendo abordada por otros actores, como el analista Marvin Aguilar.
En la entrevista Encuentro manifestó que «es más caro tener preso a alguien que educarlo, con esto no se quiere decir que liberen a los pandilleros, pero este gobierno eso está decidiendo, que reprimir a la gente es mejor que educar a las personas. El costo económico de mantener la cadena perpetua por cada preso al año en el país es entre $1,200 a $1,400».
En el marco del proceso electoral 2027, la Corte de Cuentas de la República (CCR) se prepara para implementar la contraloría respectiva.
Walter Sosa, presidente de la CCR, afirmó que se reforzarán los mecanismos para la emisión de constancias a los aspirantes de candidaturas a la presidencia y vicepresidencia de la república, diputados y concejos municipales.
«En términos prácticos, esto implica que la CCR verifica que los aspirantes a candidatos no tengan sentencias condenatorias pendientes de pago. Es decir, revisamos en las siete Cámaras de Primera Instancia y en la Cámara de Segunda Instancia que los aspirantes a candidatos no tengan al momento de la solicitud sentencia ejecutoriada pendiente de pago», explicó.
Lo anterior se ejecuta de conformidad con los artículos 152, 160 y 166 del Código Electoral, los que establecen que los aspirantes deben presentar una constancia extendida por el presidente de la CCR, en cumplimiento de un requisito indispensable para su inscripción.
«Para garantizar el cumplimiento de esta disposición legal, la Corte de Cuentas mantiene de forma permanente el servicio de emisión de constancias y, durante los períodos electorales, refuerza su capacidad operativa para agilizar este proceso emitiendo un instructivo que socializaremos en el momento propicio de acuerdo con el calendario electoral, contribuyendo así a la transparencia y legalidad del evento electoral», puntualizó el presidente del ente contralor.
La Asamblea Legislativa aprobó hoy con 59 votos refomar el inciso 2.° del artículo 27 de la Constitución de la República, a fin de que se permita imponer la pena perpetua en los casos de homicidio, violación y terrorismo.
Dicha modificación constitucional fue solicitada por el Órgano Ejecutivo, a través del ministro de Seguridad Pública y Justicia, Gustavo Villatoro, previo a la sesión legislativa 102, acompañada de solicitudes para realizar reformas del Código Penal, Ley Penal Juvenil, Ley contra actos de terrorismo, y otras normativas secundarias, para homologarlas a la disposición superior.
«Nuestro gabinete de seguridad está presentando ante la Asamblea Legislativa una reforma constitucional para avalar la cadena perpetua [hasta ahora prohibida por la Constitución] para asesinos, violadores y terroristas. Veremos quiénes apoyan esta reforma y quiénes se atreverán a defender que la Constitución continúe prohibiendo que asesinos y violadores permanezcan en prisión», informó el presidente Nayib Bukele en su cuenta en X.
Villatoro explicó que se trata de una reforma «necesaria» para la «transformación» del país y para garantizar la seguridad; y señaló que en los casi cuatro años de implementación del régimen de excepción ha habido todo tipo de ataques de «organizaciones que defienden a los criminales» por el «uso legítimo de herramientas de un Estado de Derecho».
«Independientemente de los millones que han gastado en estas campañas, no han logrado doblegar el espíritu y el anhelo de paz y seguridad que tenemos más de seis millones de salvadoreños», afirmó.
Según Villatoro, esas «organizaciones globalistas» ya «se quitaron la máscara» y «representan la maldad, pobreza e inseguridad a la que han sometido a nuestro pueblo», y con ello perdieron algún valor en sus argumentos.
«Si a las organizaciones de criminales violentos [pandillas], a las que ustedes representan, no les hemos cedido ni un milímetro de territorio, tampoco a ustedes les vamos a ceder ni un milímetro de soberanía», advirtió el funcionario.
De hecho, Sonja Wolf, investigadora vinculada a organizaciones que dicen defender derechos humanos, publicó en X: «Qué grave. A El Salvador se le señala por crímenes de lesa humanidad, cometidos bajo el régimen de excepción. En respuesta, al oficialismo se le ocurre proponer una reforma constitucional para imponer castigos aún más severos».
La iniciativa del Ejecutivo fue recibida y promovida ante el pleno por el presidente de la Asamblea Legislativa, Ernesto Castro, con el respaldo de los diputados de Nuevas Ideas, PCN y PDC. Eran necesarias 10 firmas para seguir con el proceso de reforma constitucional, la cual fue aprobada con dispensa de trámite.
El jefe de la fracción de Nuevas Ideas, Christian Guevara, consideró que «es un honor entrar en la historia y estar del lado y para siempre de los buenos salvadoreños».
