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VIDEO | Detienen a mujer que mantuvo en sufrimiento a su perrito durante varios días en Chalatenango
A través de una denuncia realizada en las redes sociales se conoció el caso de «Canelo» un peludito que deambulaba en estado crítico sobre la vía pública.
De inmediato un equipo del Instituto de Bienestar Animal (IBA) se movilizó hasta el cantón caja de agua en el departamento de Chalatenango para investigar el caso.
Gracias a las indagaciones realizadas por miembros del instituto, se logró dar con el paradero del peludito y su dueña, quien menciono que hace 15 días el Canino fue atropellado.
De acuerdo con el IBA, en el lugar se encontró a Canelo encadenado con un alambre dentro de la vivienda; también se detectó que el canino no había recibido asistencia veterinaria, solamente una pastilla para el dolor.
Al realizar la evaluación físico-clínica del peludito de dos años, este se mostró con agresividad por dolor, presentando inmovilidad del tren posterior, sensibilidad leve en ambos miembros pélvicos, lesiones por rozadura en cada dorsal de la región del pie y otra en cara medial de MP izquierdo a la altura de la rodilla. Sospecha de fractura de cadera o compresión medular.
Con base al art. 261-A del Código Penal, toda persona que provoque o genere maltrato, causando lesiones, dolor o sufrimiento innecesario a un animal de compañía, se enfrentará a la ley.
Trabajaremos sin descanso por defender sus derechos y proteger sus vidas. https://t.co/lNVnSK6NwK
— Instituto de Bienestar Animal (@ibaelsalvador) November 4, 2024
Ante la gravedad de los hechos el equipo del IBA determino que existían los elementos suficientes para tipificar el hecho como maltrato animal con base en el artículo 261-A del código penal. Por lo tanto la dueña, identificad como María Elena Ardón, podría pasar entre 2 a 4 años de prisión por poner en riego la vida de su mascota y prolongar el sufrimiento de Canelo al negarle asistencia veterinaria.
Hasta la fecha son más de 70 capturas que se han ejecutado a nivel nacional en las personas que maltratan de una manera u otra la vida animal en nuestro país, sometiéndolos a sufrimientos innecesarios
Un vehículo decomisado por Inteligencia Policial con droga y armas de fuego, pasó al Estado, según una resolución que emitió el Juzgado Especializado en Extinción de Dominio con sede en San Salvador.
El automotor, propiedad de Marcelo Rolando Rivas Bonilla, fue incautado en la Avenida Cuba, del barrio San Jacinto, San Salvador, a German Stanley Martínez Aguilar, Héctor Geovanny Mayora Rosales y Jocelyn Rosario Arévalo Martínez.
Les decomisaron dos armas de fuego tipo micro UZI, calibre 9 milímetros, 453 porciones pequeñas y una porción grande de marihuana.
En la audiencia de sentencia, quedó establecido que el propietario del vehículo fue negligente al no cumplir con la debida diligencia que exige la ley y respaldarse con un contrato de arrendamiento, ya que cuatro días antes del hecho lo prestó a German Stanley Martínez Aguilar.
El extorsionista de la pandilla 18, Víctor Alejandro Valle Zelaya, fue condenado a 15 años de prisión por el Tribunal Tercero de Sentencia de San Salvador.
En la vista pública quedó establecido que entre enero del 2021 a marzo del 2022, junto a un grupo de pandilleros llegó al negocio de una víctima con régimen de protección en Apopa, para exigirle $125 mensuales a cambio de dejarlo trabajar y no asesinarlo junto a su familia.
Valle Zelaya, como miembro activo de la pandilla 18, las fuerzas de seguridad lo detuvieron en octubre de 2025 en el marco del régimen de excepción.
El caso comenzó a ser investigado luego que el comerciante interpusiera la denuncia ante las autoridades. Mencionó que fue coaccionado por el imputado y los demás terroristas para pagar la cuota de dinero mensual
En el fallo judicial se mencionó que la principal prueba y que resultó clave para emitir la sentencia condenatoria, fue el testimonio de la persona afectada. La víctima lo identificó plenamente ante el tribunal, dijo que fue uno de los chantajistas que llegaba a retirar el dinero y que lo mantenía amenazado a muerte, la colaboración del denunciante sirvió para emitir el veredicto condenatorio por extorsión agravada.
Penas de 25 a 45 años de cárcel fueron impuestas a 60 terroristas de la Mara Salvatrucha que delinquían en tres distritos del departamento de Cuscatlán.
En la audiencia única abierta, el Tribunal Tercero contra el Crimen Organizado de San Salvador, los encontró responsables por el delito de agrupaciones ilícitas.
La Fiscalía General de la República, acreditó que son integrantes de la clica Walter Locos Salvatruchos y determinó los rangos de cada uno de los pandilleros.
A Luis Alonso Díaz Fernández, alias Lunático, el juez lo sentenció a 45 años de prisión, el ministerio público probó que tenía el rango de encargado de base del programa Cuscatlán, una estructura superior de donde dependía la célula territorial Walter.
Esta agrupación tenía un perímetro de cobertura que comenzaba desde la entrada a Cojutepeque, próximo a Instituto Nacional Walter Thilo Deininger y se extendía hacia los distritos de Monte San Juan y Santa Cruz Michapa.
Al momento de emitir el fallo, el tribunal también condenó a 24 imputados a 30 años de prisión. Se detalló que 16 tenían el rango de homeboy, cinco el de chequeo y tres el de observación.
Otros 35 pandilleros con el rango de colaboradores activos recibieron 25 años de cárcel y deberán permanecer en diversos centros penales donde han permanecido desde que fueron detenidos por agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) y miembros de la Fuerza Armada.
Los representantes del ministerio público presentaron en la audiencia prueba que vinculó a los procesados a la Mara Salvatrucha y la participación en una serie de actividades delincuenciales que estuvieron ejecutando en la zona norponiente de Cojutepeque.
Esta estructura extorsionó y asesinó durante varios años, pero con la entrada en vigencia del régimen de excepción, las fuerzas de seguridad arrestaron a cada uno de sus miembros a través de las incursiones realizadas entre el 2022 y 2025.
Cuando los detuvieron fueron acusados en varios expedientes, pero tras la reforma a la Ley contra el Crimen Organizado, la Fiscalía General de la República los agrupó en un solo expediente para asignarles una causa y enjuiciarlos como estructura, solicitando al tribunal que les aplicara las penas máximas por el delito de agrupaciones ilícitas, por su pertenencia a la Mara Salvatrucha
