Judicial
URGENTE: Tener sexo entre hombres y quedarse con la extorsión son las causas que cientos de pandilleros temen por su vida en El Salvador
El director de Centros Penales informó que hay 97 reos en Izalco y 70 en Quezaltepeque que han pedido ser aislados porque temen ser asesinados por miembros de la estructura criminal a la que pertenecen.
En el sistema penitenciario hay 137 reos pertencientes a la pandilla 18 que han sido aislados porque temen por su vida, en su mayoría han sido castigados por la estructura criminal a la que pertenecen por romper algunas de las reglas, mayoritariamente por haberse quedado con dinero de extorsión.
Ese fue el informe que rindió esta mañana el director de Centros Penales, Marco Tulio Lima, quien señaló que otros de los motivos son por haberse quedado con droga, haber sostenido relaciones sentimentales con alguna mujer que haya sido pareja de otro de los reos o, como se conoció en el centro penal de Quezaltepeque, porque encontraron a dos reos miembros de pandillas sosteniendo relaciones sexuales.
El funcionario explicó que violentar estas reglas son duramente castigadas dentro de los penales. En la mayoría de casos ocurre con los recién llegados a los penales y al encontrarse frente a los cabecillas ya se encuentran recluidos «les pasan el descontón» de lo que hayan hecho mientras estuvieron fuera.
«Tenemos cerca de 97 personas que hemos venido separando de los Izalcos para tenerlos en un sector especial y que no sean objeto de una agresión. Además, tenemos cerca de 70 personas bajo esa misma condición en Quezaltepeque. En total, son 137 personas que nosotros le damos la calidad de víctimas que por una u otra razón son rechazados dentro de la estructura y pueden ser asesinados», expuso el director.
Explicó la mayoría de estos reos aprovechan cuando los custodios para hacerles las revisiones y les piden ser aislados porque temen por su vida. Así, la Dirección de Centros Penales ha decidido aislaros y ponerlos en resguardo para evitar que sean agredidos o incluso asesinados.
Lima ejemplificó que un caso similar ocurrió en el penal de Gotera, en Morazán, donde hay cerca de 1,800 reos a quienes les llaman «retirados», donde en su mayoría se definen como expandilleros. En este caso, el proceso inició de manera similar algunos reos fueron pidieron ser aislados pues abandonaban la pandilla por haber sido rechazados.
Autodepuración del Barrio 18 Sureños
Las autoridades detallaron que obtuvieron informes de inteligencia a final de diciembre tanto de las tres fases de Izalco, como del penal de Quezaltepeque, en el que identificaron que hay un incremento de actividades conspirativas dentro de la pandilla del Barrio 18 Sureños, con la idea de tener una autodepuración en ambos penales.
«Es una estructura que está en un cambio continuo, de irse agrediendo internamente y están en plan de depuración. Desde diciembre del año pasado donde hemos recogido numerosos escritos donde han descrito acciones para autodepurarse», señaló Lima.
Esta información ya ha sido compartida con las autoridades pertinentes para realizar acciones para bajar este incremento de violencia interna dentro de los penales por esa «autodepuración».
De hecho, el ministro de Seguridad, Mauricio Ramírez Landaverde, detalló que el homicidio de cinco reos dentro del penal de Izalco el pasado 12 de abril está enmarcada en esta acción que busca la pandilla de «autodepuración».
Por esa razón, las autoridades informaron de algunos movimientos que se han hecho en los centros penales, además de esos aislamientos que han venido dando de manera continua.
Los movimientos
El director de Centros Penales informó que con la reubicación que se ha hecho de varios internos se pretende clasificarlos para bajar el riesgo o la peligrosidad en estos penales.
Por el momento, se han trasladado 20 cabecillas o ranfleros hacia el penal de máxima seguridad de Zacatecoluca, mejor conocido como «Zacatraz», entre ellos se encuentran 10 que fueron llevados este día a este penal y que fueron los instigadores directos del homicidio de cinco personas en el penal de Izalco.
De igual manera, se han movido 14 cabecillas de Quezaltepeque hacia e fase 3 de Izalco, que tiene el mismo régimen de máxima seguridad. Estos estuvieron involucrados en el homicidio de cuatro reos en ese penal el pasado 5 de marzo.
También, el pasado 16 de abril se hizo el traslado de 22 reos que se encontraban en fase 1 de Izalco, a la fase 3, que ya entran también al régimen de máxima seguridad.
Lima informó que la mayoría de estos sujetos que están siendo procesados, en su mayoría ya condenados, son de diferentes lugares como La Campanera, San Martín, Soyapango, Apopa, Nahuizalco, Izalco, Armenia, La Unión, Chalchuapa, Atiquizaya, por lo que pertenecen a esas clicas o tribus que operan en esos municipios.
Con todos estos cambios se pretenden bajar las amenazas y agresiones que se han dado en ambos penales del país.
Otras medidas
Además de los movimientos, Centros Penales ha decidido implementar una serie de medidas para evitar que se continúen dando estas amenazas que ponen en riesgo la integridad de los reos en ambos reclusorios.
En este sentido, la primera de ellas es que se ejecutan requisas sorpresivas. Se estiman que se realizan cerca de 85 requisas al mes en cada uno de los centros penales. Incluso se ha reforzado la operatividad pues se verifica celda por celda.
«Se verifica que las personas mantienen su condición física estable y que no tienen señales de ser agredidos», dijo Lima. También se ha pasado de hacer de dos a cuatro conteos diarios, en los que se revisa si las personas tienen señales de violencia. Es en estos momentos que muchos aprovechan para decirles a los custodios que desean ser aislados porque temen por su vida.
Además, se han incrementado el número de rondas para que estas sean constantes y se puedan identificar cualquier reunión o que se esté dando alguna situación en alguna celda.
Se ha reforzado el personal que trabaja en el análisis de las cámaras de videovigilancia para detectar a tiempo cualquier agresión. Lima explicó que se ha buscado mantener la coordinación con la Policía Nacional Civil (PNC) y reforzar las medidas de inteligencia interna.
Nota tomada de El Salvador Times
Las pruebas presentadas por la Fiscalía General de la República (FGR) fueron contundentes para condenar a 50 años de prisión a Roberto Martínez Guzmán, por el delito de homicidio agravado derivado del maltato infantil contra su hijo de cinco meses.
El 20 de noviembre de 2024, el imputado quedó a cargo del cuido de su hijo, mientras su compañera de vida y su hijo mayor salieron de la casa de habitación a visitar a un familiar cercano.
Minutos después de haberse ido, el sujeto llamó por teléfono a su compañera de vida para reportarle que el niño presentaba complicaciones de salud y era necesario llevarlo a pasar consulta a la Unidad de Salud de Rosario de Mora, jurisdicción donde ellos residían.
El niño fue atendido en esa clínica, pero a causa de su cuadro clínico fue referido de emergencia al Hospital Nacional Saldaña, lugar donde murió el mismo 20 de noviembre.
De acuerdo con el reporte fiscal, la causa de la muerte fue un trauma cráneo-encefálico de tipo contuso, compatible con maltrato infantil, lesiones que fueron ocasionadas por su padre.
Por estos hechos, el sujeto fue capturado, procesado y condenado con base a la prueba documental, pericial y testimonial.
Los 50 años de prisión fueron establecidos en Tribunal Tercero de Sentencia de San Salvador, en presencia del imputado.
Con el fiel compromiso de velar por los intereses de la población honrada, el Fiscal General de la República, Rodolfo Delgado, anunció en conferencia de prensa que se iniciará con la devolución de dinero al primer grupo de afectados por el esquema de captación ilegal de fondos que implementó CREDICASH, a través de Gerson Adriel Orellana Ayala.
Según el funcionario, en este primer grupo hay 212 personas que fueron engañadas y depositaron entre un dólar hasta cinco mil dólares. Las víctimas ya presentaron la respectiva denuncia y todos los documentos relacionados al origen lícito de los fondos. El monto a devolver sobrepasa el millón de dólares y se prevé que este proceso se realice durante diez días hábiles.
Hasta el momento, la Fiscalía ha recibido 8 mil 654 denuncias y desde el centro de levantamiento de datos se seguirá trabajando para dar una respuesta seria y transparente a los afectados, siempre y cuando demuestre la legalidad de los fondos depositados.
#CRONIO Este día, el @FiscalGeneralSV ha dado un aviso importante para las víctimas del caso CREDICASH, en el cual, aseguró que los afectados serán contactados directamente por la institución para explicar el proceso de recuperación y devolución de sus fondos.
“Cuando iniciamos… pic.twitter.com/tqc127zjwg
— Diario Digital Cronio (@croniosv) June 15, 2026
#CRONIO Finalmente, el @FiscalGeneralSV reiteró el compromiso de la institución con cada una de las víctimas.
“Seguiremos investigando, procesando a los responsables y trabajando para que la justicia también se traduzca en resultados concretos para los afectados. Las víctimas… pic.twitter.com/c1VnQCQ6uP
— Diario Digital Cronio (@croniosv) June 15, 2026
De acuerdo al Fiscal General, al iniciar el proceso, se recibían entre 20 y 30 denuncias diarias, pero al saber que el proceso era ordenado y confiable, las víctimas se fueron acercando a la institución y se llegaron a atender entre 300 y 400 personas al día, con tendencia a la alta. «Es una forma positiva en que la Fiscalía ha hecho llegar el mensaje a las personas afectadas, este es claro y transparente», precisó el funcionario.
Finalmente, el Fiscal General dirigió un mensaje a las víctimas e indicó: «Tengan por seguro que los afectados serán llamados de manera ordenada por los canales oficiales de nuestra institución; lo haremos de una manera personalizada porque las víctimas son lo más importante, a quienes nos debemos y tenemos que atender».
Del proceso y esquema de defraudación
Por orden de la Fiscalía se capturó a Gerson Adriel Orellana Ayala, en marzo de este año, por los delitos de defraudación a la economía pública, bajo la modalidad de captación ilegal de fondos, así como lavado de dinero y activos en perjuicio del orden socioeconómico.
En la investigación se estableció que la estructura captaba a las víctimas a través de redes sociales y mediante recomendaciones de otras personas, ofreciendo supuestas ganancias.
«El sistema funcionaba utilizando el dinero aportado por nuevos inversionistas para cumplir obligaciones con quienes habían confiado su patrimonio previamente. Esta dinámica permitió que miles de personas fueran engañadas», mencionó el fiscal.
Asimismo precisó en que CREDICASH no cumplió con ninguna de las regulaciones establecidas para este tipo de empresa. «Si no hubiéramos intervenido a tiempo, se hubiera dado un colapso y todas las víctimas hubieran perdido su dinero», recordó el fiscal Delgado.
El total de lo inmovilizado en las cuentas del imputado fue de $11,023,972.49 y el dinero encontrado en efectivo fue de $27,550,750.20 dólares.
El Tribunal contra el Crimen Organizado recibió la acusación presentada por la Fiscalía General de la República contra 563 pandilleros del Barrio 18, a quienes se les vincula con 14,488 delitos cometidos entre 2012 y 2022.
Los imputados son señalados por delitos como rebelión, pertenencia a estructura criminal, homicidio agravado, extorsión agravada, tráfico ilícito y actos de terrorismo. De acuerdo con la Fiscalía, 275 de los acusados pertenecen a la fracción sureña y 288 a la fracción revolucionaria.
Según el fiscal adjunto contra el Crimen Organizado, Max Muñoz, a los cabecillas se les atribuyen los delitos de pertenecer a una estructura criminal y rebelión, por presuntamente intentar imponer un Estado criminal, además de estar vinculados a otros 269 casos.
La Fiscalía detalló que entre los hechos que se les imputan figura la masacre de 11 trabajadores en San Juan Opico y otra masacre ocurrida en el centro penal de Quezaltepeque.
Asimismo, se les atribuyen ocho casos de terrorismo cometidos en 2015, entre ellos atentados contra la delegación policial de Quezaltepeque y contra el Centro Judicial Isidro Menéndez, hecho en el que murió un agente de seguridad.
Entre los casos señalados también se encuentran atentados con explosivos contra el Ministerio de Seguridad y Justicia y contra una sede de la Fiscalía General de la República en Santa Tecla.
De acuerdo con las investigaciones del Ministerio Público, entre los imputados figuran presuntos miembros históricos de esa estructura criminal, entre ellos César Daniel Renderos Díaz, alias “Muerto de las Palmas”, y Carlos Alberto Rivas Barahona, alias “Chino Tres Colas”, identificados como fundadores de las facciones revolucionaria y sureña, respectivamente.
