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“Una Segunda Oportunidad” brinda estudios universitarios a privados de libertad
Se espera iniciar con el ciclo I-2022 de la carrera de administración de empresas al interior de cárcel de mujeres.
La Dirección General de Centros Penales (DGCP) y la Embajada de Qatar verificaron la implementación del programa “Una Segunda Oportunidad” en beneficio de los privados de libertad del Centro Preventivo y de Cumplimiento de Penas de “La Esperanza”, en el departamento de San Salvador.
El director general de Centros Penales, Osiris Luna Meza, dijo que diplomáticos cataríes constataron cómo se desarrolla el proceso de rehabilitación dentro del centro penitenciario, lo que es muy importante pues se muestra cómo existen las segundas oportunidades.
“La Embajada de Qatar nos ha apoyado, al Gobierno, para poder desarrollar todo este tema de la universidad, que es semipresencial donde van docentes también en algunas clases y hay en línea”, comentó Luna Meza. “Ellos han colaborado con el 100 % de la inversión”, puntualizó.
Además, para 2022 se espera iniciar con el ciclo I-2022 de la carrera de administración de empresas al interior del Centro Preventivo y de Cumplimiento de Penas para Mujeres de Ilopango, San Salvador. Este centro penal cuenta con más de 280 bachilleres, las cuales también albergan la esperanza de continuar con sus estudios universitarios.
Agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) capturaron a Diego Josué Gómez Galicia, de 21 años de edad, identificado por las autoridades como homeboy de la MS-13, durante un procedimiento realizado en Chalchuapa, Santa Ana Oeste.
De acuerdo con el reporte policial, Gómez Galicia, de nacionalidad guatemalteca, utilizaba las redes sociales para presumir su pertenencia a la organización terrorista e incitar a jóvenes a integrarse a sus filas.
La PNC informó además que el detenido buscaba reactivar la estructura criminal en Atiquizaya, Ahuachapán Norte, lugar donde residía.
Las autoridades indicaron que Gómez Galicia será remitido por el delito de pertenencia a organización terrorista conocida como pandilla, según detalló la institución en su cuenta de X.
La Policía Nacional Civil (PNC) capturó a un pandillero de la MS-13 en la frontera El Amatillo, ubicada en La Unión Norte, cuando intentaba salir del país.
De acuerdo con la institución, durante la intervención los agentes identificaron tatuajes en el cuerpo del detenido alusivos a la estructura criminal. Asimismo, al inspeccionar el teléfono celular que portaba, encontraron varias imágenes que lo vinculaban con la pandilla, entre ellas fotografías en las que presuntamente aparecía realizando señas alusivas a la organización y presumiendo su pertenencia a la misma.
El capturado fue identificado por las autoridades como Santos Humberto Pineda, de 25 años de edad, señalado como homeboy de la MS-13.
La PNC informó que al detenido le fue incautado el teléfono celular y será remitido por el delito de pertenencia a organización terrorista conocida como pandilla.
El Tribunal Segundo contra el Crimen Organizado de San Salvador condenó a 43 integrantes de la clica Dalmacia Criminal Locos Salvatruchos a penas de hasta 85 años de prisión por diversos delitos.
De acuerdo con la información del proceso, todos los condenados fueron capturados el 27 de marzo de 2022, cuando inició el régimen de excepción, luego de años de delinquir en Ciudad Dolores y Sensuntepeque, en el departamento de Cabañas.
El principal cabecilla de la estructura, identificado como Edwin Ricardo Guzmán Segovia, alias «Scrappy», quien ostentaba el rango de corredor, fue sentenciado a un total de 85 años de prisión. La condena comprende 15 años por tenencia ilegal de arma de fuego, 10 años por posesión y tenencia de droga y 60 años por el delito de agrupaciones ilícitas.
Asimismo, el juez impuso condenas de 75 años de prisión a los corredores de clica Carlos Pineda y José Amaya, quienes recibieron 60 años por agrupaciones ilícitas y 15 años por tenencia ilegal de armas.
El tribunal también condenó a otros nueve homeboys, quienes desempeñaban funciones de cabecillas de la célula territorial, a 35 años de prisión. Además, dos chequeos recibieron penas de 40 años, mientras que nueve paros y 20 colaboradores fueron sentenciados a 25 años de cárcel.
Según el proceso judicial, este grupo forma parte de una estructura criminal más amplia que ha comenzado a ser procesada por delitos de crimen organizado mediante una audiencia única abierta, la cual permanecerá activa durante los próximos dos años.
La Ley contra el Crimen Organizado faculta a la Fiscalía General de la República para solicitar al juez de los expedientes únicos el procesamiento de integrantes de estructuras criminales cuando existan suficientes pruebas para instalar la audiencia única.
En el caso de estos 43 imputados, la Fiscalía delimitó las pruebas presentadas para su enjuiciamiento, permitiendo al tribunal aplicar las herramientas legales contempladas en el régimen de excepción, entre ellas la posibilidad de condenar por el delito de agrupaciones ilícitas derivado de su pertenencia a una estructura pandilleril.
