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UMA inicia construcción y remodelación del Edificio del Centro Universitario en Santa Ana
Este día se llevó a cabo la Colocación de la Primera Piedra de la Obras de Construcción y Remodelación del Edificio del Centro Universitario de Santa Ana, de la Universidad Modular Abierta, proyecto con el cual se beneficiará a la población estudiantil de dicha ciudad.
En dicho evento se hicieron presentes la Licda. María Olimpia Fuentes Cornejo, Socia Fundadora Sede UMA San Miguel; el Lic. David Díaz, Director General Administrativo de UMA; Dra. Judith Virginia Mendoza de Díaz, Rectora de la Universidad Modular Abierta; Maestra Claribel del Carmen Calderón, Directora de la sede Santa Ana.
La Dra. Judith Virginia Mendoza de Díaz, Rectora de la Universidad Modular Abierta, brindó palabras de agradecimiento a las diferentes instituciones y personas que hicieron posible dicho proyecto, entre ellos la Alcaldía Municipal y el Ministerio de Educación, además se dirigió al público en general: «La UMA se ha caracterizado durante 40 años por mantener la excelencia académica, priorizando el bienestar educativo de sus estudiantes, a través de constantes procesos de innovación y actualización tecnológica de vanguardia«.
Rectora de la Universidad Modular Abierta
Por su parte, Claribel del Carmen Calderón Directora – Fundadora del Centro Universitario de Santa Ana, UMA, expresó: «Sabemos que la pandemia de COVID-19, que nos ha golpeado fuertemente como nación, impidió la realización de muchas actividades que teníamos programadas realizar, pero la UMA siempre se encuentra trabajando en pro del beneficio de toda nuestra comunidad estudiantil, formando siempre profesionales de éxito».
Directora – Fundadora del Centro Universitario de Santa Ana, UMA
Las autoridades de dicha institución, esperan que este proyecto esté listo en los próximos 6 meses y así poder brindar instalaciones mejoradas, amplias y cómodas para los estudiantes, tomando en cuenta que pronto se deberán de retomar las clases en modalidad semi-presencial, hasta el momento que se regulen las actividades académicas.
Es por eso que este proyecto de construcción y remodelación en el Centro Universitario de Santa Ana, representa un importante inicio de las muchas actividades que como UMA se están realizando.
Un vehículo decomisado por Inteligencia Policial con droga y armas de fuego, pasó al Estado, según una resolución que emitió el Juzgado Especializado en Extinción de Dominio con sede en San Salvador.
El automotor, propiedad de Marcelo Rolando Rivas Bonilla, fue incautado en la Avenida Cuba, del barrio San Jacinto, San Salvador, a German Stanley Martínez Aguilar, Héctor Geovanny Mayora Rosales y Jocelyn Rosario Arévalo Martínez.
Les decomisaron dos armas de fuego tipo micro UZI, calibre 9 milímetros, 453 porciones pequeñas y una porción grande de marihuana.
En la audiencia de sentencia, quedó establecido que el propietario del vehículo fue negligente al no cumplir con la debida diligencia que exige la ley y respaldarse con un contrato de arrendamiento, ya que cuatro días antes del hecho lo prestó a German Stanley Martínez Aguilar.
El extorsionista de la pandilla 18, Víctor Alejandro Valle Zelaya, fue condenado a 15 años de prisión por el Tribunal Tercero de Sentencia de San Salvador.
En la vista pública quedó establecido que entre enero del 2021 a marzo del 2022, junto a un grupo de pandilleros llegó al negocio de una víctima con régimen de protección en Apopa, para exigirle $125 mensuales a cambio de dejarlo trabajar y no asesinarlo junto a su familia.
Valle Zelaya, como miembro activo de la pandilla 18, las fuerzas de seguridad lo detuvieron en octubre de 2025 en el marco del régimen de excepción.
El caso comenzó a ser investigado luego que el comerciante interpusiera la denuncia ante las autoridades. Mencionó que fue coaccionado por el imputado y los demás terroristas para pagar la cuota de dinero mensual
En el fallo judicial se mencionó que la principal prueba y que resultó clave para emitir la sentencia condenatoria, fue el testimonio de la persona afectada. La víctima lo identificó plenamente ante el tribunal, dijo que fue uno de los chantajistas que llegaba a retirar el dinero y que lo mantenía amenazado a muerte, la colaboración del denunciante sirvió para emitir el veredicto condenatorio por extorsión agravada.
Penas de 25 a 45 años de cárcel fueron impuestas a 60 terroristas de la Mara Salvatrucha que delinquían en tres distritos del departamento de Cuscatlán.
En la audiencia única abierta, el Tribunal Tercero contra el Crimen Organizado de San Salvador, los encontró responsables por el delito de agrupaciones ilícitas.
La Fiscalía General de la República, acreditó que son integrantes de la clica Walter Locos Salvatruchos y determinó los rangos de cada uno de los pandilleros.
A Luis Alonso Díaz Fernández, alias Lunático, el juez lo sentenció a 45 años de prisión, el ministerio público probó que tenía el rango de encargado de base del programa Cuscatlán, una estructura superior de donde dependía la célula territorial Walter.
Esta agrupación tenía un perímetro de cobertura que comenzaba desde la entrada a Cojutepeque, próximo a Instituto Nacional Walter Thilo Deininger y se extendía hacia los distritos de Monte San Juan y Santa Cruz Michapa.
Al momento de emitir el fallo, el tribunal también condenó a 24 imputados a 30 años de prisión. Se detalló que 16 tenían el rango de homeboy, cinco el de chequeo y tres el de observación.
Otros 35 pandilleros con el rango de colaboradores activos recibieron 25 años de cárcel y deberán permanecer en diversos centros penales donde han permanecido desde que fueron detenidos por agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) y miembros de la Fuerza Armada.
Los representantes del ministerio público presentaron en la audiencia prueba que vinculó a los procesados a la Mara Salvatrucha y la participación en una serie de actividades delincuenciales que estuvieron ejecutando en la zona norponiente de Cojutepeque.
Esta estructura extorsionó y asesinó durante varios años, pero con la entrada en vigencia del régimen de excepción, las fuerzas de seguridad arrestaron a cada uno de sus miembros a través de las incursiones realizadas entre el 2022 y 2025.
Cuando los detuvieron fueron acusados en varios expedientes, pero tras la reforma a la Ley contra el Crimen Organizado, la Fiscalía General de la República los agrupó en un solo expediente para asignarles una causa y enjuiciarlos como estructura, solicitando al tribunal que les aplicara las penas máximas por el delito de agrupaciones ilícitas, por su pertenencia a la Mara Salvatrucha
