Judicial
ÚLTIMA HORA: Tribunal de Sentencia reprograma juicio contra Nayib Bukele
El Tribunal 1º de Sentencia de Santa Tecla reprogramó para el próximo 7 de marzo a las 8:30 a.m., la audiencia de vista pública en el caso donde el exalcalde de San Salvador, Nayib Armando Bukele Ortez, es demandado por el delito de calumnia en perjuicio del ex secretario de comunicaciones de la Presidencia, Eugenio Chicas Martínez. Dicho ilícito se encuentra tipificado y sancionado en el Artículo 177 del Código Penal.
El juicio a realizarse este lunes 18 de febrero fue aplazado y reprogramado para nueva fecha debido a la presentación de un escrito por parte de los abogados defensores de Bukele Ortez, en el cual solicitaban, entre otras cosas, la suspensión del proceso que se sigue en su contra y se envíe al archivo, ya que tras ser electo como Presidente de El Salvador, ya no puede ser juzgado. El escrito se hizo del conocimiento a la parte acusadora, quien mostró su inconformidad y solicitó que se declarara sin lugar.
Tras el análisis, el Juez de Sentencia resolvió no dar la razón a los defensores, por carecer de base legal, así como tambien señaló que los argumentos de los abogados no son motivo suficiente para no continuar con el proceso u ordenar su archivo.
En su resolución el Juez señaló que en el Artículo 131 apartado 14 de la Constitución de El Salvador, a la Asamblea Legislativa le corresponde:”recibir la protesta constitucional y dar posesión de su cargo a los ciudadanos que, conforme a la ley, deban ejercer la Presidencia y Vicepresidencia de la República; es decir el Sr Nayib Armando Bukele Ortez, al haber resultado electo a través del voto como Presidente de El Salvador y ser acreditado por el Tribunal Supremo Electoral (TSE) como tal, mantiene su calidad de ciudadano común hasta que el 1ro de Junio del presente año sea juramentado y envestido, en su calidad de ciudadano, por la Asamblea Legislativa, como Presidente de El Salvador y le sea entregada la posesión del cargo. Es decir, Bukele Ortez no tiene impedimento jurídico para no asistir a la realización la Vista pública.
Así también el juez de derecho otorgó tres días hábiles a Nayib Armando Bukele Ortez para que justifique su no comparecencia, así como también a los abogados defensores quienes presentaron el escrito ante la Secretaria del Tribunal, sin embargo se retiraron de este recinto Judicial sin esperar ser llamados a sala de audiencia.
Según la acusación, el hecho por el que ha sido acusado Bukele Ortez ocurrió el 16 de octubre del año 2017, cuando éste se encontraba como invitado en un programa televisivo y durante el desarrollo del mismo expresó que Chicas Martínez habría participado en la comisión del delito de violación en perjuicio de una menor de edad.
La acusación particular, en el orden penal y civil, fue interpuesta en octubre del año 2017 por la apoderada de Chicas Martínez, Carmen Martínez Avilés; y fue admitida en marzo del 2018, luego de que el Tribunal de Sentencia de Santa Tecla le hiciera diferentes prevenciones. Posterior a esto, el Tribunal ordenó diversos auxilios judiciales requeridos por la parte acusadora para completar su acusación.
En la exposición de los alegatos finales, la Fiscalía General de la República solicitó a la Cámara Segunda de lo Penal de San Salvador que condene a seis años de cárcel al diputado desaforado de Nuevas Ideas, Erick García Salguero, por el delito de falsedad ideológica.
Antes de finalizar el juicio los magistrados le dieron el derecho de última palabra al imputado quien pidió consideración en el caso que sea encontrado responsable.
García no quiere seguir en prisión y expresó a la Cámara que si es condenado le sustituyan la pena por una medida alterna, que está dispuesto a someterse a cualquier decisión que le permita estar fuera de la cárcel.
Según la acusación de la Fiscalía, García Salguero cometió el delito cuando en un documento hizo constar que prestó $90,000, pero en las investigaciones se concluyó que esa transacción nunca fue realizada.
Para demostrar el ilícito, el ministerio público presentó como parte de la prueba una pericia consistente en una experticia grafotécnica que confirma que las firmas en los documentos son de García Salguero.
La Cámara Segunda de lo Civil de San Salvador ha iniciado hoy la audiencia probatoria [última del juicio civil] por enriquecimiento ilícito detectado en la Sección de Probidad de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) al exdiputado del FMLN, Jorge Schafik Hándal Vega y su grupo familiar.
El exlegislador fue demandado por fiscales de la Unidad Anticorrupción de haberse enriquecido de forma ilícita junto a su esposa, Lilian Amanda de Hándal y sus dos hijas: Linda Verónica de Yannelli y Georgina Beatriz Hándal de Rosales.
#CombateALaCorrupción I Este día, el exdiputado Jorge Shafick Handal Vega y su grupo familiar enfrentan juicio ante la Cámara Segunda de lo Civil de la Primera Sección del Centro, por enriquecerse ilícitamente con $182,374.61.
En la jornada de hoy, la @FGR_SV presentará testigos… pic.twitter.com/ySIQRWYyT0
— Fiscalía General de la República El Salvador (@FGR_SV) April 24, 2024
En la audiencia preparatoria los magistrados admitieron prueba documental y pericial la cual ha comenzado a ser discutida y al final de la audiencia deberán pronunciarse con una sentencia condenatoria o desestimatoria.
A los cuatro demandados les reprochan un incremento patrimonial que no pudieron justificar por un monto de $182,374.61.
En la Sección de Probidad fueron notificados para que presentaran documentos que permitieran justificar la procedencia lícita de esos fondos, pero al no desestimar las irregularidades en sus declaraciones juradas, Corte Plena ordenó enjuiciarlos civilmente.
A Hándal Vega le cuestionan cuatro irregularidades que le reflejan un incremento patrimonial no justificado de $40,525.62; su esposa Lilian Amanda, es demandada por seis irregularidades por monto de $109,589.62; su hija Linda Verónica Hándal de Yannelli, dos irregularidades que suman $31,000.00 y Georgina Beatriz Hándal Rosales, una irregularidad por $1,259.37.
Según la Unidad Anticorrupción de la FGR el exdiputado y sus familiares no justificaron el incremento patrimonial que obtuvieron del 1 de mayo de 2009 al 30 de abril de 2012, período en el cual el exfuncionario fungió como diputado por el departamento de Usulután.
«Este día está programado que desfile la prueba testimonial y la declaració de propia parte de los demandados», informó una de las fiscales.
Se espera que el exdiputado del FMLN acuda a rendir declaración el jueves por la mañana.
La Fiscalía General de la República (FGR) sigue haciendo justicia para los salvadoreños que por años fueron víctimas de las pandillas y tras una vista pública logró que 26 miembros de pandillas fueran condenados a penas de hasta 180 años de prisión.
En la audiencia en contra de los imputados, la FGR demostró que son parte de un grupo terrorista y que fueron responsables de quitarle la vida a 11 personas, además de extorsionar, haber incendiado un microbús y lesionar con arma de fuego al motorista.
Según el fiscal del caso, estos sujetos se dedicaban a atemorizar a los habitantes del distrito de Chalchuapa y sus alrededores, a quienes les exigían el pago de la mal denominada “renta”.
Entre los condenados está Marlon Alexander López Arana, alias sayco, quien fue perfilado como corredor de clica, y sentenciado a 180 años de prisión por el delito de homicidio agravado, actos terroristas, homicidio agravado imperfecto y agrupaciones ilícitas. El imputado también está condenado a pagar $1,200.00 dólares en concepto de responsabilidad civil.
Para Eduardo Enrique Campos Castaneda, alias pesadilla, se logró una condena de 95 años prisión, por los mismo delitos.
Otro de los terroristas con altas penas fue Luis Alfredo Mendoza Carranza, alias slipy, corredor de clica, quien fue condenado a 89 años de prisión y al pago de $800.00 de responsabilidad civil.
Ulises Antonio Moreno Ramos, alias zorro o flama, pasará los próximos 75 años en la celda de una cárcel prisión; Óscar Enrique Salas Cortez, corredor de programa recibió una pena de 65 años de cárcel y deberá pagar $400.00 dólares de responsabilidad civil.
Mientras que para el resto de terroristas se logró una condena impuso penas de 10, 14,25,30 y 35 años de cárcel.
Las sentencias fueron impuestas por el Tribunal Tercero contra El Crimen Organizado de Santa Ana.
