Judicial
ÚLTIMA HORA: Ratifican que exfiscal Douglas Meléndez y su primo Wil Walter Ruiz utilizaron pruebas falsas en varios casos, torturaron personas y amenazaron a funcionarios
Los abogados Tania Pastor y Roberto Claros, representantes del exgerente financiero de casa presidencial Francisco Rodríguez Arteaga, denunciaron penalmente en Fiscalía al exfiscal general Douglas Meléndez Ruiz, a su primo Wil Walter Ruiz, al exfiscal ajunto Aquiles Parada y a los fiscales Jorge Cortez y Mario Hueso, por actos arbitrarios, coacción, violación al derecho de defensa, incumplimiento de deberes, falsedad ideológica y falsedad documental agravada.
De acuerdo con la publicación de Diario El Mundo, en la denuncia se ratifica que varios funcionarios fueron amenazados por el exfiscal general Meléndez utilizando ilegalmente el Centro de Escuchas Telefónicas, tales son los casos de la Procuradora General de la República y de la Procuradora de Derechos Humanos. De igual forma, que algunas personas y fiscales fueron sometidos a torturas para que se prestaran a la fabricación de casos, como el denominado “Corruptela”.
En el caso de la procuradora general, la nota periodística detalla que “cuando Rodríguez Arteaga pidió abogado en la Procuraduría General de la República se lo negaron ya que supuestamente Douglas Meléndez tenía amenazada a la procuradora, que su teléfono estaba intervenido y que habían escuchado que su esposo andaba haciendo “transes” con su cargo en la Corte Suprema de Justicia”.
“A la procuradora general en la investigación que se hizo de escuchas telefónicas aparece expuesto el caso de ella, que desde que entró, Meléndez la había amenazado porque el esposo andaba haciendo tratos en nombre de ella”, dijo Tania Pastor.
Amenazas a la Procuradora de Derechos Humanos para no auditar centro de escuchas
Los abogados develan también el mal uso de las escuchas telefónicas por parte del exfiscal general y su equipo cercano, el cual utilizaron para intervenir teléfonos de personas por intereses políticos o económicos.
La procuraduría de Derechos Humanos tiene por mandato realizar auditorías a dicho centro de escuchas; sin embargo, en las denuncias en Fiscalía queda claro que la procuradora Raquel Caballero de Guevara no actuó conforme al mandato constitucional, supuestamente por estar amenazada por Douglas Meléndez Ruiz. Ella misma denunció públicamente que tenía amenazas.
Nota tomada de El Blog
Cuatro personas identificadas como José Eliseo Mejía, Juan Rodolfo Mejía Hernández, Inmer Alexis Méndez Consuegra, y Oswaldo Eliseo Ávalos Hernández fueron encontrados responsables de haberle robado a una persona una fuerte cantidad de dinero en efectivo el pasado cinco de agosto del año 2024.
El fiscal del caso dijo que los cuatro sujetos interceptaron a la víctima cuando caminaba sobre la calle principal en cantón Pacun, del municipio de Santa Ana Centro.
Según la investigación los sujetos le dijeron que no lo quieren ver en la zona y le dieron 24 horas para irse o le quitarían la vida, luego lo lesionaron en diferentes partes de su cuerpo y le quitaron una fuerte cantidad y un celular.
Los sujetos huyen al escuchar que por la zona se acercaba un vehículo.
El Tribunal Primero de Sentencia de Santa Ana impuso la condena por el delito de robo agravado. Dichos sujetos no pertenecen a alguna mara o pandilla.
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Ordenan captura de red de jóvenes acusados de extorsionar a empresarios de la en La Libertad
En un esfuerzo conjunto entre la Fiscalía General de la República y la Policía Nacional Civil, se capturó a un grupo de jóvenes que, durante el año 2025, extorsionaron a un empresario del departamento de La Libertad.
La estructura estaba conformada por un menor de edad y Ana Gladis Lemus, Javier Alexander Zepeda Morales, Nayeli Yasenia Mejía Flores y Nelson David Inocente Leonor, quienes fueron capturados durante el operativo.
De acuerdo a las investigaciones, el menor de edad contactaba a la víctima vía telefónica para amenazar y exigir el pago de efectivo; las otras cuatro personas eran las encargadas de retirar el dinero exigido el quince de cada mes y dar seguridad en ese momento.
Posteriormente, el dinero recibido lo depositaban a cuentas bancarias y lo enviaban por remesas a través de farmacias y supermercados.
Los imputados fueron perfilados bajo entregadas controladas con cobertura policial.
A los imputados se les procesará por los delitos de agrupaciones ilícitas y extorsión agravada.
El operativo se desarrolló en los distritos de Jayaque y Colón en el departamento de La Libertad y de igual manera en San Antonio del Monte, jurisdicción de Sonsonate y se incautó abundante evidencia que fortalecerá el caso y la acusación contra los imputados.
Entre el 1 de enero y el 27 de marzo de 2026, un total de 27 criminales fueron condenados por feminicidio y tentativa de feminicidio, según informes de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y la Fiscalía General de la República (FGR).
De acuerdo con las autoridades, los Juzgados Especializados de Sentencia para una Vida Libre de Violencia y Discriminación para las Mujeres impusieron penas de hasta 30 años por feminicidio y 50 años por feminicidio agravado, conforme a lo establecido en la Ley Especial Integral para una Vida Libre de Violencia para las Mujeres (LEIV).
En uno de los casos, el Tribunal Quinto contra el Crimen Organizado de San Salvador condenó a 11 pandilleros de la 18 por el asesinato de tres mujeres. Los jueces aplicaron los artículos 45 y 46 de la LEIV, que establecen penas de entre 20 y 35 años, y de 30 a 50 años, respectivamente.
Las investigaciones fueron desarrolladas por diversas unidades fiscales con enfoque de género, garantizando la persecución penal de los delitos. Los procesos iniciaron en juzgados de paz y avanzaron hacia tribunales especializados, bajo reserva conforme lo establece la ley.
Durante los juicios, la Fiscalía presentó peritajes, pruebas documentales, testimonios, así como informes técnicos de geolocalización, registros de llamadas y evidencia dactilar que vinculan a los imputados con los hechos. Los jueces valoraron estos elementos para emitir las condenas.
Las autoridades señalaron que en varios casos se comprobó la existencia de violencia psicológica, verbal y física, así como contextos de vulnerabilidad en las víctimas. En crímenes vinculados a estructuras criminales, se determinó que los responsables ejercieron distintos tipos de violencia contra las mujeres.
Uno de los fallos más severos fue contra 11 pandilleros de la 18, quienes recibieron condenas de 50 años por cada feminicidio, acumulando penas superiores a los 400 años por múltiples delitos. Según la Fiscalía, los hechos corresponden a un triple feminicidio ocurrido en 2010 en Ilopango.
Entre los condenados se encuentran Alejandro Ernesto Rodríguez, sentenciado a 408 años de prisión; Juan Antonio Marroquín Portillo, a 205 años; Celestino Vásquez Benítez, a 195 años; y Douglas Alirio Alfaro Amaya, a 105 años. Asimismo, fue condenado Erick Saúl Villalobos, cabecilla nacional de la pandilla 18, a 144 años de cárcel.
En otros casos, un ciudadano nicaragüense fue condenado a 50 años de prisión por asesinar a su compañera de vida en San Miguel, mientras que en San Salvador, un hombre recibió 37 años de cárcel por intentar asesinar a su pareja, a quien le causó graves lesiones con arma blanca.
Además, en Ahuachapán, un hombre fue condenado a 50 años por el feminicidio agravado de su expareja, y en Santa Ana, otro imputado recibió 50 años por intentar asesinar a su excompañera de vida y a su hija de dos años.
