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ÚLTIMA HORA: Ratifican que exfiscal Douglas Meléndez y su primo Wil Walter Ruiz utilizaron pruebas falsas en varios casos, torturaron personas y amenazaron a funcionarios

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Los abogados Tania Pastor y Roberto Claros, representantes del exgerente financiero de casa presidencial Francisco Rodríguez Arteaga, denunciaron penalmente en Fiscalía al exfiscal general Douglas Meléndez Ruiz, a su primo Wil Walter Ruiz, al exfiscal ajunto Aquiles Parada y a los fiscales Jorge Cortez y Mario Hueso, por  actos arbitrarios, coacción, violación al derecho de defensa, incumplimiento de deberes, falsedad ideológica y falsedad documental agravada.

De acuerdo con la publicación de Diario El Mundo, en la denuncia se ratifica que varios funcionarios fueron amenazados por el exfiscal general Meléndez utilizando ilegalmente el Centro de Escuchas Telefónicas, tales son los casos de la Procuradora General de la República y de la Procuradora de Derechos Humanos. De igual forma, que algunas personas y fiscales fueron sometidos a torturas para que se prestaran a la fabricación de casos, como el denominado “Corruptela”.

En el caso de la procuradora general, la nota periodística detalla que “cuando Rodríguez Arteaga pidió abogado en la Procuraduría General de la República se lo negaron ya que supuestamente Douglas Meléndez tenía amenazada a la procuradora, que su teléfono estaba intervenido y que habían escuchado que su esposo andaba haciendo “transes” con su cargo en la Corte Suprema de Justicia”.

“A la procuradora general en la investigación que se hizo de escuchas telefónicas aparece expuesto el caso de ella, que desde que entró, Meléndez la había amenazado porque el esposo andaba haciendo tratos en nombre de ella”, dijo Tania Pastor.

Amenazas a la Procuradora de Derechos Humanos para no auditar centro de escuchas

Los abogados develan también el mal uso de las escuchas telefónicas por parte del exfiscal general y su equipo cercano, el cual utilizaron para intervenir teléfonos de personas por intereses políticos o económicos.

La procuraduría de Derechos Humanos tiene por mandato realizar auditorías a dicho centro de escuchas; sin embargo, en las denuncias en Fiscalía queda claro que la procuradora Raquel Caballero de Guevara no actuó conforme al mandato constitucional, supuestamente por estar amenazada por Douglas Meléndez Ruiz. Ella misma denunció públicamente que tenía amenazas.

Nota tomada de El Blog

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314 años de cárcel para estructura que asesinó a profesora y policía

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Penas de hasta 314 años de prisión fueron impuestas a integrantes de una estructura criminal por 26 casos de robo y asesinar a cuatro usuarios de agencias bancarias, entre ellos a un agente de la Policía Nacional Civil (PNC) y una profesora.

De los 38 condenados por el juez tres del Tribunal Quinto Contra el Crimen Organizado de San Salvador, la mayor cantidad de años fue impuesta a Marvin Geovany García Sosa, cabecilla de la organización, quien recibió 314 años de cárcel por los delitos de homicidio agravado, robo agravado y agrupaciones ilícitas.

A Luis Alonso Mejía Hernández, quien se encargaba de transportar a los miembros de la estructura hacia los lugares donde se cometerían los hechos, fue sentenciado a 192 años, por robo agravado y agrupaciones ilícitas.

Mientras que a Moisés Antonio Rivera y Aurelio Wilfredo Vásquez, el juez los condenó a 177 y 166 años de prisión, respectivamente, los otros 34 recibieron diversas penas por los mismos delitos.

La red de asaltantes y homicidas fue desarticulada la madrugada del 25 de octubre de 2022, tras una investigación de varios meses que fiscales y policías realizaron a la compleja banda que tenía una logística en todo el país para ejecutar los atracos entre enero de 2019 a mayo de 2021.

Los imputados tenían estrategias criminales hasta para descifrar los montos de dinero que los usuarios de los bancos retiraban de los cajeros automáticos (ATM).

Lograban determinar cuando una persona retiraba considerables sumas de dinero, se apostaban cerca de los ATM y según el sonido que se generaba al momento de procesarse el retiro los integrantes de la banda perfilaban a ese usuario y tras darle vigilancia y seguimiento, lo interceptaban y despojaban de los fondos, si la víctima se oponía, era asesinada.

A un agente de la PNC, lo asesinaron el 19 de mayo de 2019, en San Juan Nonualco, departamento de La Paz. Había retirado $1,500 de una agencia bancaria de ese distrito, producto de préstamo bancario.

También el 22 de mayo de 2021, asesinaron a una profesora que había salido de una agencia bancaria en Cojutepeque, departamento de Cuscatlán, la siguieron para robarle $2,600 y como se opuso al asalto, le dieron un disparo en la cabeza.

Testimonios de víctimas fueron parte de la prueba que la Fiscalía General de la República presentó para probar los robos y casos de homicidio, mientras que en las agrupaciones ilícitas se acreditó que los miembros tenían asignada una función específica para consumar los hechos.

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22 años de prisión para sujeto que asesinó a director de un centro escolar en Jucuarán, Usulután.

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José Misael Oliva Girón es el responsable de asesinar a un director de un centro escolar del distrito de Jucuarán, Usulután.

Por este crimen, la Fiscalía General de la República (FGR) logró que sea condenado a 22 años de prisión.

Según las investigaciones, Oliva golpeó y asfixió a la víctima para robarle su celular. Luego el crimen, el sujeto confesó el asesinato al intentar vender el dispositivo.

La condena ha sido impuesta por el Tribunal de Sentencia de Usulután.

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Sujeto acusado de violación es condenado a 14 años de cárcel

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Edwin Antonio Menjívar Urquilla fue condenado a 14 años de prisión por violación en menor o incapaz, en la modalidad de delito continuado.

Los hechos ocurrieron en el año 2019, en la colonia Santa Teresa, distrito de San Martín, municipio de San Salvador Este, departamento de San Salvador.

Las investigaciones establecieron que la madre de la víctima la mandó a recoger un dinero a la casa de Menjívar. Esta situación fue aprovechada por el imputado para agredirla sexualmente de diferentes maneras.

La víctima salió llorando y este le dio el dinero y una bolsa de dulces para que callara, pero la víctima le contó todo a su madre y ella interpuso la denuncia.

El Tribunal Primero de Sentencia de San Salvador validó toda la prueba presentada por los fiscales e impuso la pena antes mencionada. Las autoridades suman esfuerzos para ubicar al imputado y que cumpla su condena.

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