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ÚLTIMA HORA: Ratifican que exfiscal Douglas Meléndez y su primo Wil Walter Ruiz utilizaron pruebas falsas en varios casos, torturaron personas y amenazaron a funcionarios
Los abogados Tania Pastor y Roberto Claros, representantes del exgerente financiero de casa presidencial Francisco Rodríguez Arteaga, denunciaron penalmente en Fiscalía al exfiscal general Douglas Meléndez Ruiz, a su primo Wil Walter Ruiz, al exfiscal ajunto Aquiles Parada y a los fiscales Jorge Cortez y Mario Hueso, por actos arbitrarios, coacción, violación al derecho de defensa, incumplimiento de deberes, falsedad ideológica y falsedad documental agravada.
De acuerdo con la publicación de Diario El Mundo, en la denuncia se ratifica que varios funcionarios fueron amenazados por el exfiscal general Meléndez utilizando ilegalmente el Centro de Escuchas Telefónicas, tales son los casos de la Procuradora General de la República y de la Procuradora de Derechos Humanos. De igual forma, que algunas personas y fiscales fueron sometidos a torturas para que se prestaran a la fabricación de casos, como el denominado “Corruptela”.
En el caso de la procuradora general, la nota periodística detalla que “cuando Rodríguez Arteaga pidió abogado en la Procuraduría General de la República se lo negaron ya que supuestamente Douglas Meléndez tenía amenazada a la procuradora, que su teléfono estaba intervenido y que habían escuchado que su esposo andaba haciendo “transes” con su cargo en la Corte Suprema de Justicia”.
“A la procuradora general en la investigación que se hizo de escuchas telefónicas aparece expuesto el caso de ella, que desde que entró, Meléndez la había amenazado porque el esposo andaba haciendo tratos en nombre de ella”, dijo Tania Pastor.
Amenazas a la Procuradora de Derechos Humanos para no auditar centro de escuchas
Los abogados develan también el mal uso de las escuchas telefónicas por parte del exfiscal general y su equipo cercano, el cual utilizaron para intervenir teléfonos de personas por intereses políticos o económicos.
La procuraduría de Derechos Humanos tiene por mandato realizar auditorías a dicho centro de escuchas; sin embargo, en las denuncias en Fiscalía queda claro que la procuradora Raquel Caballero de Guevara no actuó conforme al mandato constitucional, supuestamente por estar amenazada por Douglas Meléndez Ruiz. Ella misma denunció públicamente que tenía amenazas.
Nota tomada de El Blog
La Comisión de Seguridad Nacional y Justicia de la Asamblea Legislativa emitió el 20 de octubre tres dictámenes favorables para reformar los códigos Penal y Procesal Penal, además de la Ley de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial. Las propuestas buscan combatir la conducción peligrosa y reforzar la responsabilidad de quienes operan o entregan vehículos de transporte colectivo y de carga.
El paquete contempla conducir con alcohol en la sangre o el aliento, bajo efectos de drogas, disputar la vía o participar en carreras sin autorización. También incorpora manejar autobuses o vehículos de carga sin la licencia correspondiente y responsabilizar a los propietarios que entreguen estas unidades a personas que no estén habilitadas para conducirlas.
Durante la discusión se señalaron penas de dos a cinco años por conducción peligrosa y de cinco a diez años cuando se trate de transporte público de pasajeros o de carga. Si estos hechos provocan homicidio culposo o lesiones culposas muy graves, las sanciones pueden alcanzar hasta 15 años para los conductores de esas unidades. Estos rangos ya aparecen en la reforma penal de diciembre de 2024, por lo que no deben presentarse como aumentos completamente nuevos.
Otro componente busca restringir la conciliación y otras formas de terminar el proceso en determinados casos vinculados con conducción peligrosa, además de fortalecer los controles sobre las condiciones mecánicas de los vehículos. El informe oficial consultado confirma el aval de la comisión; esa etapa debe distinguirse de la aprobación del pleno y de la posterior entrada en vigor de las reformas.
Cuando la conducción peligrosa termina en una tragedia, las penas del homicidio culposo o de las lesiones culposas se incrementan hasta un máximo de 15 años si el responsable conduce un vehículo de transporte colectivo o de carga.
“Hay algo importante en esta reforma y es que estos casos ya no se podrán cerrar con un arreglo, no va a proceder la conciliación, no va a proceder la mediación ni tampoco alegar, eventualmente ante el juez, la reparación del daño como forma o causal para terminar el proceso”, @FiscalGeneralSV.
— Fiscalía General de la República El Salvador (@FGR_SV) October 20, 2026
El Juzgado Cuarto de Paz de San Salvador ordenó detención provisional contra Patricia Lissette L. de I., de 53 años, acusada de estafa agravada en perjuicio de ocho personas. Según el requerimiento fiscal, el supuesto fraude asciende a $57,283.50, entregados como inversión en un negocio de distribución de comida preparada.
Los hechos investigados ocurrieron entre 2022 y 2026. De acuerdo con la acusación, la mujer ofrecía ganancias a quienes aportaran dinero al supuesto emprendimiento, una propuesta con la que habría convencido a las víctimas de entregar distintas cantidades.
La investigación señala que la imputada no pagaba los rendimientos prometidos y posteriormente interrumpía la comunicación con los afectados. La promesa de obtener ganancias y la posterior falta de contacto forman parte del mecanismo de engaño descrito en el expediente fiscal.
Durante la audiencia inicial, el juez consideró que existían indicios suficientes sobre el delito y la probable participación de la acusada, por lo que ordenó que el proceso continuara a la etapa de instrucción. La mujer permanecerá detenida provisionalmente mientras avanza el caso; esta resolución no constituye una condena.
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Cadena perpetua para cinco integrantes de La Mirada Loca Sureños 13 en San Miguel; otros cuatro reciben 45 años
El Tribunal Primero contra el Crimen Organizado de San Miguel impuso cadena perpetua a cinco integrantes de la estructura criminal conocida como La Mirada Loca Sureños 13. Los condenados son Josué Odir Granados Zapata, identificado como cabecilla y palabrero encargado de zona, junto a los homeboys Edwin Omar Nájera Ventura, Carlos Humberto Velásquez Blanco, Eliú Ismael Pineda Portillo y Celso Alvarado Gálvez.
En el mismo proceso, el tribunal sentenció a 45 años de prisión a Carlos Alberto Hernández Vásquez, José Joel Castillo Guevara, Yesenia Guadalupe Segovia Guevara y Nicolás Arístides Montoya Ríos por el delito de agrupaciones ilícitas. La Fiscalía General de la República acreditó que los nueve imputados formaban parte de esta estructura que operaba principalmente en el distrito de San Miguel, en la zona oriental del país, y que mantenía atemorizada a la población.
La resolución se basó en las evidencias presentadas por la Fiscalía, que validó la pertenencia de los acusados a la organización. Algunos de los condenados a 45 años mantienen otros procesos judiciales pendientes.
La estructura La Mirada Loca Sureños 13 es una de las clicas de la Mara Salvatrucha que ha sido objeto de múltiples procesos judiciales en el departamento de San Miguel.
