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ÚLTIMA HORA: Denuncian a la Alcaldía de San Salvador en juzgado Contencioso Administrativo
Demandan en juzgado Contensioso Administrativo a la Alcaldía municipal de San Salvador, por contratación irregular de empresa para la disposición final de la basura.
La Empresa KALI, S.E.M. DE C.V., por medio de su Apoderado Judicial, lic. Carlos Miranda, ha informado este día que procedió a presentar Aviso de Demanda Contencioso Administrativo ante el Juzgado Segundo de lo Contencioso, por irregularidades en la adjudicación de la Compañía GESTIÓN INTEGRAL DE DESECHOS, S.A. DE C.V., por la suma de $1,179,250.oo, por un plazo de TRES MESES, para la Disposición final de la basura que se recolecta y transporta desde el municipio de San Salvador. La Sociedad Anónima adjudicada, presentó como sitio de disposición final, el Relleno Sanitario del Puerto de La Libertad, operado por PULSEM, donde actualmente deposita los desechos la Municipalidad de San Salvador.
El proceso de contratación inició, según la documentación que acompaña el Aviso de Demanda, el día 21 de febrero de 2019, al aprobarse los términos de referencia de la Contratación Directa No. 04/2019 para el servicio de disposición de desechos en un Relleno Sanitario debidamente autorizado por el Ministerio de Medio Ambiente, en el que finalmente la empresa KALI, S.E.M. fue declarada no elegible y otorgado el cien por ciento de la contratación a la Sociedad Anónima. Ante ese resultado, manifiesta el lic. Carlos Miranda, que personeros de KALI, S.E.M., solicitaron derecho de vista del expediente, a fin de corroborar los términos de la contratación, detectando la grave irregularidad que entre los documentos legales de la oferta de la sociedad adjudicada, se encontraban dos declaraciones juradas, que no poseían firma del representante legal, sino únicamente del notario que daba fe del acto, es decir que jamás constó la manifestación expresa del representante legal de la Sociedad anónima y en lugar de ser descalificada, se le dio la totalidad de la contratación, por esa alta suma de dinero, que la municipalidad pagará a pesar que aún tiene un contrato vigente por ese servicio con MIDES, por el cual está en marcha también un Arbitraje.
Por eso, lo que reclama KALI, S.E.M. es que la Sociedad Anónima, nunca pudo ser adjudicada, ya que al no cumplir los requisitos legales debía ser declarada no elegible y dejado por desierta la contratación; otro de los puntos y el más importante según el apoderado legal, es que la Municipalidad de San Salvador solicitó el servicio de disposición por el periodo de tres meses y para tratar 53 mil toneladas en ese tiempo, lo cual significa el tratamiento de un promedio de Seiscientas ochenta toneladas diarias; sin embargo, el Relleno Sanitario del Puerto de La Libertad, propiedad de PULSEM, al que depositará la Sociedad adjudicada, no cuenta con la autorización para disponer esa cantidad de basura, sin embargo a la fecha está recibiendo casi 1 mil 200 toneladas diarias en promedio, sin que el Ministerio de Medio Ambiente haya aplicado ninguna medida para evitarlo y sin que la municipalidad de San Salvador, tome en cuenta que llevar los desechos a ese Relleno Sanitario implica un fuerte impacto ambiental a la zona costera, ya que no está en capacidad de dar adecuado tratamiento a la basura.
La sociedad que administra el Relleno Sanitario del Puerto de La Libertad, es PULSEM, sin embargo la Sociedad de Economía Mixta no participó en el proceso de contratación, sino que lo hizo la Sociedad GESTION INTEGRAL DE DESECHOS, que es la socia privada del mismo; el sitio ha recibido una serie de denuncias por contaminación ambiental, ya que desde el año 2011 ha estado tratando más basura, por sobre las 12 toneladas diarias que se le autorizó. Tan es así, que mediante informe técnico del Equipo Multidisciplinario Ambiental de la Corte Suprema de Justicia, se confirmó a fecha 16 de mayo de 2018, que dicho Relleno estaba operando muy por encima de su capacidad, cuando solamente contaba con permiso de construcción, no así de funcionamiento; sin embargo el Ministerio de Medio ambiente no realizó ninguna medida para evitar que se continuara esa práctica.
Por el contrario, ante las denuncias realizadas acerca que el Relleno Sanitario estaba actuando fuera de la ley; el día 10 de diciembre de 2018, en un procedimiento del que se solicitarán las auditorias pertinentes ante la Fiscalía, Corte de Cuentas y Juzgado Ambiental, entre otras para que se verifique si se cumplieron todos los procesos para autorizarle el tratamiento de hasta 500 toneladas promedio diario, muy por abajo de lo que está recibiendo entre los municipios de San Salvador, Santa Tecla y otros municipios que significarían la recepción de más de 1200 toneladas diarias, representando un grave riesgo para la población vecina y los ecosistemas costeros.
Nota tomada de El Blog
Judicial
¡ESCÁNDALO DE CORRUPCIÓN! Revelan dádivas por $1.5 millones, viajes en jets privados y vehículos de lujo en el caso Corruptela
El caso Corruptela vuelve a poner bajo la lupa uno de los mayores escándalos de corrupción dentro de la Fiscalía General de la República (FGR). El Juzgado Cuarto de Instrucción de San Salvador reanudó la audiencia preliminar contra una presunta estructura integrada por 30 personas, entre exfuncionarios, exempleados de la institución y empresarios, señalados de participar en una serie de irregularidades que habrían permitido el desvío de fondos públicos, la manipulación de investigaciones y la entrega de beneficios económicos a cambio de favores.
Uno de los datos más relevantes expuestos en el proceso es la entrega de dádivas valoradas en aproximadamente $1.5 millones, que, según las investigaciones, incluían dinero en efectivo, vehículos de lujo y viajes en aviones privados. Estos beneficios habrían sido utilizados para obtener decisiones favorables dentro del Ministerio Público, entre ellas el archivo irregular de expedientes, la apertura de investigaciones falsas, la manipulación de acusaciones y la ejecución de detenciones ilegales.
Las investigaciones también establecieron un presunto desvío de $735,866.14 procedentes de cuentas especiales y del patrimonio de la Fiscalía. De acuerdo con la acusación, estos recursos habrían sido utilizados para financiar consultorías ficticias, contrataciones ilegales, remodelaciones de viviendas particulares, mantenimiento de vehículos privados, pago de servicios de telefonía personal y viáticos que no correspondían a las funciones institucionales.
La investigación comprende 22 hechos de presunta corrupción relacionados con 30 personas, entre quienes figura el exfiscal general de la República, Luis Antonio Martínez González, señalado como uno de los principales involucrados en el caso. También aparece el exfiscal general adjunto Edgar Isaías Márquez, quien no se presentó a la audiencia preliminar y fue declarado rebelde por la jueza encargada del proceso.
Entre los demás procesados se encuentran Julio Adalberto Arriaza González, José Francisco Paredes Valladares, Mauricio Antonio Yanes Morales y José Dolores Zelaya Mendoza, quienes ocuparon diferentes cargos dentro de la Fiscalía. La investigación también incluye al fallecido expresidente de la República, Carlos Mauricio Funes, así como a empresarios y particulares presuntamente vinculados con las operaciones investigadas.
En el expediente también figuran los empresarios José Aquiles Enrique Rais, Hugo Ernesto Blanco Rais, Aldo Vinicio Parducci, Moisés Torres Polanco y Jorge Moisés Nájera Aguilar. Según la investigación, la presunta red habría utilizado recursos, cargos y facultades de la Fiscalía para favorecer intereses particulares, mediante decisiones que comprometían el funcionamiento de la institución encargada de investigar los delitos en El Salvador.
La audiencia preliminar se desarrolla a puerta cerrada debido a una reserva parcial decretada para proteger la identidad de testigos criteriados. No obstante, durante el desarrollo de las diligencias se han conocido algunas decisiones judiciales relacionadas con los imputados y las solicitudes presentadas por las partes.
Entre estas decisiones destaca que cinco imputados considerados de menor participación recibieron autorización para someterse a un procedimiento abreviado, mediante el cual admitirían los hechos delictivos que se les atribuyen a cambio de penas reducidas, conforme a las condiciones establecidas por la legislación. Sin embargo, a Blanca Rosa Rais, hermana del empresario Enrique Rais, le fue denegada la posibilidad de acogerse a ese procedimiento.
Otro punto importante de la audiencia es la petición de la Fiscalía para modificar la calificación de la participación del exfiscal Luis Martínez y de Julio Arriaza. El Ministerio Público busca que ambos dejen de ser considerados instigadores y sean procesados como autores directos de los delitos que se les atribuyen. Martínez enfrenta acusaciones por siete delitos, mientras que Arriaza está vinculado a tres ilícitos.
Los delitos investigados dentro del caso Corruptela incluyen cohecho propio, cohecho activo, peculado, negociaciones ilícitas, falsedad ideológica, falsedad documental agravada, omisión de la investigación y lavado de dinero y de activos. La diversidad de acusaciones refleja la dimensión de un proceso que abarca tanto el presunto uso indebido de recursos institucionales como posibles actuaciones ilegales dentro de investigaciones penales.
El caso continúa en una etapa judicial decisiva, en la que deberá determinarse si existen suficientes elementos para enviar a juicio a los acusados. Las cifras millonarias, los beneficios de lujo y las presuntas irregularidades cometidas desde el interior de la Fiscalía constituyen el eje de una investigación que busca establecer las responsabilidades individuales de los involucrados, respetando el debido proceso y la presunción de inocencia mientras no exista una sentencia firme.
Como parte de la Semana de la Reducción de Riesgos de Desastres, la Dirección General de Protección Civil desarrolla este miércoles 14 de octubre el Simulacro Nacional de Preparación y Respuesta ante Terremoto 2026, con la participación de instituciones públicas y privadas de todo el país.
El ejercicio contempla el escenario de un terremoto de ocho grados con impacto a escala nacional, que ha provocado daños en edificios y viviendas, interrupciones de servicios básicos, conatos de incendios y personas lesionadas.
La actividad tiene como objetivo evaluar la efectividad de los planes de emergencia y evacuación, el desempeño de las brigadas institucionales y comunitarias, así como la coordinación y comunicación entre las instituciones que integran el Sistema Nacional de Protección Civil.
Además, busca fomentar la cultura de prevención, garantizar la inclusión de personas con discapacidad y en condición de vulnerabilidad, identificar oportunidades de mejora en la respuesta ante emergencias y recopilar datos técnicos y estadísticos que permitan fortalecer la preparación y la mejora continua en los ámbitos local, municipal y nacional.
Las autoridades también destacaron que el simulacro busca conmemorar a las víctimas del terremoto de 1986, que dejó al menos 1,500 personas fallecidas.
«No será solo un día para conmemorar a las víctimas del terremoto de 1986, sino también para realizar actividades de prevención», explicó Luis Amaya, director general de Protección Civil, durante una entrevista el lunes.
El funcionario señaló, además, que este martes comienza la Semana de la Reducción de Riesgos de Desastres, bajo el lema «La resiliencia empieza en casa y en las comunidades».
Como parte de las actividades, también se desarrolla una feria en el parque Simón Bolívar, ubicado en el Centro Histórico de San Salvador. En el lugar se instalarán exposiciones y se brindará información sobre el trabajo que realizan las diferentes instituciones en materia de prevención.
Por su parte, la Secretaría de Prensa indicó en su cuenta de X que «el gobierno del presidente Nayib Bukele impulsa la preparación del Sistema Nacional de Protección Civil ante posibles emergencias ocasionadas por sismos y desastres naturales, con el objetivo de resguardar la vida de los salvadoreños a escala nacional».
Un nuevo accidente de tránsito se reportó este día en la carretera que conduce de Sonsonate hacia San Salvador, donde un vehículo volcó en el sector de Copapayo.
Por razones que aún se desconocen, el conductor perdió el control del vehículo, lo que provocó que terminara volcado.
Según reportes ciudadanos, el percance dejó a una mujer lesionada y ocasionó fuertes daños materiales.
Personal policial acudió a la escena para inspeccionar lo ocurrido, mientras las causas del accidente continúan bajo investigación.
