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UCA afirma que FGR quiere policía para proteger a exfiscales y no un grupo de investigación
La Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA) en su editorial de este lunes confirma que la Fiscalía General de la República (FGR) necesita de reformas, pero no las que quiere el fiscal General de la República, Raúl Melara.
La UCA resalta el nombramiento de Melara que fue un nombramiento político y que la institución tiene unas grandes deficiencias en la investigación y sobre las pocas condenas que consiguen en los tribunales, por lo que impera la impunidad por el centralismo autoritario, como también la mala relación que la FGR tiene con la Policía Nacional Civil (PNC) en casos de suma importancia.
De igual forma la tendencia a aceptar sin crítica la información policial sobre delitos sin mayor repercusión social son algunas de las múltiples deficiencias de la institución. Sin embargo, la propuesta de reforma presentada por el fiscal general no solo es incompleta, sino que entraña peligros para el respeto a los derechos humanos.
Según la UCA, la jerarquía en la institución da muy poco margen a la autonomía de los procedimientos internos: el Tribunal Fiscal y la Inspectoría tienen una exagerada dependencia del fiscal general, y más aún los responsables de áreas especializadas. En la propuesta de reforma, simplemente se refirman estos errores.
En esa misma línea se dice que si bien la mejora de la investigación fiscal es indispensable, la idea de crear el Cuerpo Técnico de Investigación Criminal no apunta a otra cosa que a una policía alternativa. En vez de ser un cuerpo de investigadores especializados, la propuesta los caracteriza como simples policías, adaptados y obedientes al mandato de los fiscales e incluso con posibilidad de acciones encubiertas.
Pese a que una de las debilidades más marcada de la Fiscalía está en la investigación compleja, no solucionará nada crear un grupo dotado de armas de guerra y que, además, se encargará de proteger a los ex fiscales generales. Por esto último, este grupo parece más una Guardia de Corps que un grupo de investigación.
En el editorial la UCA también señala la pretensión del fiscal general de subir a tres años el plazo de imposición de medidas, pero quien va a indemnizar a los que resulten inocentes y hayan estado tres años presos ¿Será que el fiscal general va a indemnizar a los que resulten inocentes? Por lo que la pronta justicia como mandato constitucional no parece interesarle en absoluto a la FGR.
Por lo cual la UCA hace un llamado a la Asamblea Legislativa que sea sensible a los derechos constitucionales sobre la “disparatadas” reformas fiscales que se están proponiendo.
Una rastra se vio involucrada en un accidente de tránsito la mañana de este viernes sobre la calle El Ángel, en la carretera antigua a Nejapa, en el departamento de San Salvador.
De acuerdo con información preliminar, el conductor habría perdido el control del vehículo pesado tras quedarse dormido al volante, lo que provocó que la unidad se saliera de la vía y terminara precipitándose a una quebrada ubicada a un costado de la carretera.
Las circunstancias del percance continúan bajo verificación, mientras las autoridades correspondientes realizan las diligencias necesarias en la zona.
Varias personas resultaron lesionadas tras un accidente de tránsito registrado este viernes sobre la carretera Panamericana, a la altura del kilómetro 20, donde varios vehículos se vieron involucrados en una colisión.
De acuerdo con información preliminar, el percance habría ocurrido cuando uno de los conductores no respetó el derecho de paso al incorporarse desde un retorno, lo que provocó el impacto y una reacción en cadena entre los automotores que circulaban por la zona.
Las autoridades y cuerpos de socorro atendieron la emergencia, mientras se desarrollaban las labores correspondientes en el sector afectado.
Las autoridades de seguridad informaron que han capturado a los implicados en los 28 homicidios registrados entre el 1 de enero y el 3 de junio de este año. Según datos del Gabinete de Seguridad, los detenidos ya enfrentan procesos judiciales por los delitos de homicidio y feminicidio.
De acuerdo con las autoridades, las labores de inteligencia y las investigaciones desarrolladas por la Policía Nacional Civil (PNC) permitieron esclarecer cada uno de los casos y ubicar a los responsables.
Entre los detenidos figura Fernando Javier Rivera Moreno, de 28 años, señalado como responsable de un homicidio ocurrido el 9 de mayo en Tamanique, La Libertad Costa. Según la investigación, el hecho se habría originado por una disputa relacionada con dinero procedente de la venta de droga. La víctima falleció a causa de lesiones provocadas con arma blanca, mientras que el imputado es procesado por homicidio.
Otro de los casos reportados corresponde a Sigfredo Antonio Mena Vásquez, de 35 años, capturado el 8 de mayo por un homicidio cometido un día antes en Coatepeque, Santa Ana. Según las investigaciones, el crimen ocurrió tras una discusión derivada de conflictos previos entre el imputado y la víctima.
Asimismo, las autoridades informaron sobre la captura de Maynor Humberto García Flores, acusado de homicidio agravado en perjuicio de una mujer. El hecho ocurrió el 30 de abril en Candelaria de la Frontera, Santa Ana Oeste.
Entre los casos destacados también se encuentra la detención de Diego Antonio Santos Villanueva, quien fue arrestado cuando presuntamente intentaba huir hacia Guatemala tras el asesinato de Isabela Hernández, de 28 años, en Santa Ana.
Las autoridades también reportaron la captura de José Ricardo Romero Chávez y Cecilia Elizabeth Palacios por su presunta participación en el homicidio de una mujer de 35 años. La víctima desapareció el 23 de febrero luego de realizar trámites personales en Usulután. Posteriormente, durante las investigaciones, la Policía localizó pertenencias de la mujer en un predio del caserío San Mauricio, en Tecapán. Según el reporte oficial, Cecilia Elizabeth Palacios confesó la participación de ambos en el crimen.
El ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro, ha reiterado en diversas ocasiones que las autoridades mantienen una política de persecución penal contra quienes cometan delitos contra la vida, con el objetivo de evitar la impunidad en estos casos.
