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Tribunal suspende juicio contra Daniel Alemán acusado de extorsión agravada por falta de equipo tecnológico
El Tribunal 5° de Sentencia suspendió, el día de ayer, la audiencia de vista pública que instalaría en contra de Daniel Avilés Alemán, el joven que fue acusado por la Fiscalía General de la República (FGR) del delito de extorsión agravada en perjuicio de una víctima denominada “Barrabás”, debido a la falta de equipo tecnológico.
La audiencia será reprogramada para una nueva fecha, sin embargo, aún no se ha estipulado la nueva fecha.
El caso del imputado, capturado el 10 de enero de 2017, pasó a la etapa de sentencia, luego de que el 30 de octubre de 2017 la jueza suplente del Juzgado Especializado de Instrucción “B” de San Salvador así lo decidiera.
La FGR asegura que Alemán forma parte de una estructura criminal, exactamente de la pandilla 18 Sureños que opera en la colonia Cima de San Bartolo 2, en Ilopango.
El pasado 19 de enero de este año, El Salvador Times publicó una serie de fotografías en donde aparece Avilés Alemán cobrando una supuesta extorsión que fueron filtradas. Las imágenes capturadas por agentes de la Policía Nacional Civil (PNC), específicamente por el grupo de Fuerza de Tarea de Protección al Transporte, son de un operativo de entrega de dinero controlada hecho en un centro comercial.
En las fotografías se observa al joven recibiendo un dinero supuestamente producto de la extorsión en la que podría estar involucrado.
Debido a que no se trata de un delito que implica algún crimen organizado y de realización compleja, el Juzgado Especializado de Sentencia “A” se excusó de conocer el caso de Daniel Alemán, quien está siendo acusado de extorsión agravada.
En un primer momento, el caso fue enviado al Tribunal Cuarto de Sentencia de San Salvador, pero también se excusó de conocer el proceso, porque ellos conocieron el caso de las personas que se vinculan con Alemán.
El caso del joven se ha visto envuelto en varios procesos judiciales desde su captura. A parte de su acusación, también fueron procesados los agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) Reynaldo Ángel Madrid Pacheco y Marvin Alexander Alvaisa -los captores de Alemán- por ser acusados por la Fiscalía de fraude procesal.
En ese caso, el Tribunal Primero de Sentencia de San Salvador los absolvió de sus cargos por varias inconsistencias encontradas por la jueza a cargo en las declaraciones hechas por los testigos claves, entre ellos el mismo relato de Alemán.
Un vehículo decomisado por Inteligencia Policial con droga y armas de fuego, pasó al Estado, según una resolución que emitió el Juzgado Especializado en Extinción de Dominio con sede en San Salvador.
El automotor, propiedad de Marcelo Rolando Rivas Bonilla, fue incautado en la Avenida Cuba, del barrio San Jacinto, San Salvador, a German Stanley Martínez Aguilar, Héctor Geovanny Mayora Rosales y Jocelyn Rosario Arévalo Martínez.
Les decomisaron dos armas de fuego tipo micro UZI, calibre 9 milímetros, 453 porciones pequeñas y una porción grande de marihuana.
En la audiencia de sentencia, quedó establecido que el propietario del vehículo fue negligente al no cumplir con la debida diligencia que exige la ley y respaldarse con un contrato de arrendamiento, ya que cuatro días antes del hecho lo prestó a German Stanley Martínez Aguilar.
El extorsionista de la pandilla 18, Víctor Alejandro Valle Zelaya, fue condenado a 15 años de prisión por el Tribunal Tercero de Sentencia de San Salvador.
En la vista pública quedó establecido que entre enero del 2021 a marzo del 2022, junto a un grupo de pandilleros llegó al negocio de una víctima con régimen de protección en Apopa, para exigirle $125 mensuales a cambio de dejarlo trabajar y no asesinarlo junto a su familia.
Valle Zelaya, como miembro activo de la pandilla 18, las fuerzas de seguridad lo detuvieron en octubre de 2025 en el marco del régimen de excepción.
El caso comenzó a ser investigado luego que el comerciante interpusiera la denuncia ante las autoridades. Mencionó que fue coaccionado por el imputado y los demás terroristas para pagar la cuota de dinero mensual
En el fallo judicial se mencionó que la principal prueba y que resultó clave para emitir la sentencia condenatoria, fue el testimonio de la persona afectada. La víctima lo identificó plenamente ante el tribunal, dijo que fue uno de los chantajistas que llegaba a retirar el dinero y que lo mantenía amenazado a muerte, la colaboración del denunciante sirvió para emitir el veredicto condenatorio por extorsión agravada.
Penas de 25 a 45 años de cárcel fueron impuestas a 60 terroristas de la Mara Salvatrucha que delinquían en tres distritos del departamento de Cuscatlán.
En la audiencia única abierta, el Tribunal Tercero contra el Crimen Organizado de San Salvador, los encontró responsables por el delito de agrupaciones ilícitas.
La Fiscalía General de la República, acreditó que son integrantes de la clica Walter Locos Salvatruchos y determinó los rangos de cada uno de los pandilleros.
A Luis Alonso Díaz Fernández, alias Lunático, el juez lo sentenció a 45 años de prisión, el ministerio público probó que tenía el rango de encargado de base del programa Cuscatlán, una estructura superior de donde dependía la célula territorial Walter.
Esta agrupación tenía un perímetro de cobertura que comenzaba desde la entrada a Cojutepeque, próximo a Instituto Nacional Walter Thilo Deininger y se extendía hacia los distritos de Monte San Juan y Santa Cruz Michapa.
Al momento de emitir el fallo, el tribunal también condenó a 24 imputados a 30 años de prisión. Se detalló que 16 tenían el rango de homeboy, cinco el de chequeo y tres el de observación.
Otros 35 pandilleros con el rango de colaboradores activos recibieron 25 años de cárcel y deberán permanecer en diversos centros penales donde han permanecido desde que fueron detenidos por agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) y miembros de la Fuerza Armada.
Los representantes del ministerio público presentaron en la audiencia prueba que vinculó a los procesados a la Mara Salvatrucha y la participación en una serie de actividades delincuenciales que estuvieron ejecutando en la zona norponiente de Cojutepeque.
Esta estructura extorsionó y asesinó durante varios años, pero con la entrada en vigencia del régimen de excepción, las fuerzas de seguridad arrestaron a cada uno de sus miembros a través de las incursiones realizadas entre el 2022 y 2025.
Cuando los detuvieron fueron acusados en varios expedientes, pero tras la reforma a la Ley contra el Crimen Organizado, la Fiscalía General de la República los agrupó en un solo expediente para asignarles una causa y enjuiciarlos como estructura, solicitando al tribunal que les aplicara las penas máximas por el delito de agrupaciones ilícitas, por su pertenencia a la Mara Salvatrucha
