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Tribunal suspende juicio contra Daniel Alemán acusado de extorsión agravada por falta de equipo tecnológico
El Tribunal 5° de Sentencia suspendió, el día de ayer, la audiencia de vista pública que instalaría en contra de Daniel Avilés Alemán, el joven que fue acusado por la Fiscalía General de la República (FGR) del delito de extorsión agravada en perjuicio de una víctima denominada “Barrabás”, debido a la falta de equipo tecnológico.
La audiencia será reprogramada para una nueva fecha, sin embargo, aún no se ha estipulado la nueva fecha.
El caso del imputado, capturado el 10 de enero de 2017, pasó a la etapa de sentencia, luego de que el 30 de octubre de 2017 la jueza suplente del Juzgado Especializado de Instrucción “B” de San Salvador así lo decidiera.
La FGR asegura que Alemán forma parte de una estructura criminal, exactamente de la pandilla 18 Sureños que opera en la colonia Cima de San Bartolo 2, en Ilopango.
El pasado 19 de enero de este año, El Salvador Times publicó una serie de fotografías en donde aparece Avilés Alemán cobrando una supuesta extorsión que fueron filtradas. Las imágenes capturadas por agentes de la Policía Nacional Civil (PNC), específicamente por el grupo de Fuerza de Tarea de Protección al Transporte, son de un operativo de entrega de dinero controlada hecho en un centro comercial.
En las fotografías se observa al joven recibiendo un dinero supuestamente producto de la extorsión en la que podría estar involucrado.
Debido a que no se trata de un delito que implica algún crimen organizado y de realización compleja, el Juzgado Especializado de Sentencia “A” se excusó de conocer el caso de Daniel Alemán, quien está siendo acusado de extorsión agravada.
En un primer momento, el caso fue enviado al Tribunal Cuarto de Sentencia de San Salvador, pero también se excusó de conocer el proceso, porque ellos conocieron el caso de las personas que se vinculan con Alemán.
El caso del joven se ha visto envuelto en varios procesos judiciales desde su captura. A parte de su acusación, también fueron procesados los agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) Reynaldo Ángel Madrid Pacheco y Marvin Alexander Alvaisa -los captores de Alemán- por ser acusados por la Fiscalía de fraude procesal.
En ese caso, el Tribunal Primero de Sentencia de San Salvador los absolvió de sus cargos por varias inconsistencias encontradas por la jueza a cargo en las declaraciones hechas por los testigos claves, entre ellos el mismo relato de Alemán.
Elementos de la Fuerza Armada ubicaron a un menor de 16 años durante un patrullaje preventivo realizado en la urbanización Tikal Norte, en Apopa.
De acuerdo con el informe de los militares, en el teléfono del adolescente fueron encontrados videos que presuntamente lo vinculan con la estructura criminal 18 Revolucionarios.
Tras el procedimiento, el ministro de la Defensa, René Francis Merino Monroy, destacó la labor de los efectivos y reiteró el llamado a los jóvenes para que se alejen de las pandillas.
“Cualquier intento de seguir el camino de las pandillas tendrá consecuencias. No permitiremos que se repitan las conductas que tanto daño causaron en el pasado”, expresó el funcionario.
El Tribunal contra el Crimen Organizado recibió la acusación presentada por la Fiscalía General de la República contra 563 pandilleros del Barrio 18, a quienes se les vincula con 14,488 delitos cometidos entre 2012 y 2022.
Los imputados son señalados por delitos como rebelión, pertenencia a estructura criminal, homicidio agravado, extorsión agravada, tráfico ilícito y actos de terrorismo. De acuerdo con la Fiscalía, 275 de los acusados pertenecen a la fracción sureña y 288 a la fracción revolucionaria.
Según el fiscal adjunto contra el Crimen Organizado, Max Muñoz, a los cabecillas se les atribuyen los delitos de pertenecer a una estructura criminal y rebelión, por presuntamente intentar imponer un Estado criminal, además de estar vinculados a otros 269 casos.
La Fiscalía detalló que entre los hechos que se les imputan figura la masacre de 11 trabajadores en San Juan Opico y otra masacre ocurrida en el centro penal de Quezaltepeque.
Asimismo, se les atribuyen ocho casos de terrorismo cometidos en 2015, entre ellos atentados contra la delegación policial de Quezaltepeque y contra el Centro Judicial Isidro Menéndez, hecho en el que murió un agente de seguridad.
Entre los casos señalados también se encuentran atentados con explosivos contra el Ministerio de Seguridad y Justicia y contra una sede de la Fiscalía General de la República en Santa Tecla.
De acuerdo con las investigaciones del Ministerio Público, entre los imputados figuran presuntos miembros históricos de esa estructura criminal, entre ellos César Daniel Renderos Díaz, alias “Muerto de las Palmas”, y Carlos Alberto Rivas Barahona, alias “Chino Tres Colas”, identificados como fundadores de las facciones revolucionaria y sureña, respectivamente.
La prueba pericial reveló el grado de violencia extrema al que la víctima fue sometida por su padre.
El Tribunal Tercero de Sentencia de San Salvador condenó a 50 años de prisión a Roberto Martínez Guzmán por el homicidio agravado de su hijo de cinco meses.
Los hechos ocurrieron en la vivienda de la familia de la víctima, ubicada en el cantón y calle Palo Grande, en el distrito de Rosario de Mora, San Salvador Sur.
Según la información acreditada en el juicio, la víctima nació de forma prematura y con condiciones críticas de salud. Tras permanecer un tiempo hospitalizado, recibió el alta médica el 26 de septiembre de 2024. El personal médico instruyó a los padres para llevar al recién nacido al Hospital Nacional Saldaña para sus controles de seguimiento y mantener cuidados especiales en el hogar, indicaciones que no fueron atendidas.
De acuerdo con las investigaciones, las agresiones ocurrieron luego de que la madre se ausentara de la vivienda durante un día y dejara a su hijo bajo el cuidado de Martínez Guzmán. Horas más tarde, el procesado se comunicó con ella para informarle que el menor tenía la cabeza inflamada. Al regresar a la casa, la mujer trasladó a su hijo de inmediato a un centro médico.
En la Unidad de Salud de Rosario de Mora, el personal médico detectó que la víctima presentaba, entre otros signos, abombamiento de la fontanela (mollera), una fractura en el brazo izquierdo y un shock hipovolémico. Debido a la gravedad de las lesiones, fue trasladado de urgencia al Hospital Nacional Saldaña, donde falleció el 20 de noviembre de 2024.
El peritaje médico-legal confirmó que la causa de muerte se debió a múltiples complicaciones derivadas de agresiones físicas, entre ellas hemorragias cerebrales, hematomas internos y externos, así como traumatismos craneoencefálicos contusos. Tras determinarse que la víctima estaba bajo la custodia del padre, las autoridades procedieron con la captura de Roberto Martínez Guzmán.
En su fallo, el juez a cargo del caso concluyó que el maltrato físico sufrido por la víctima inició meses antes de su muerte y fue cometido inequívocamente por Roberto Martínez Guzmán en calidad de autor directo. Asimismo, estableció que los hechos fueron ejecutados con alevosía, mediante el uso de violencia extrema y abuso de superioridad, aprovechando la vulnerabilidad y las condiciones de salud del menor.
