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Tribunal suspende juicio contra Daniel Alemán acusado de extorsión agravada por falta de equipo tecnológico
El Tribunal 5° de Sentencia suspendió, el día de ayer, la audiencia de vista pública que instalaría en contra de Daniel Avilés Alemán, el joven que fue acusado por la Fiscalía General de la República (FGR) del delito de extorsión agravada en perjuicio de una víctima denominada “Barrabás”, debido a la falta de equipo tecnológico.
La audiencia será reprogramada para una nueva fecha, sin embargo, aún no se ha estipulado la nueva fecha.
El caso del imputado, capturado el 10 de enero de 2017, pasó a la etapa de sentencia, luego de que el 30 de octubre de 2017 la jueza suplente del Juzgado Especializado de Instrucción “B” de San Salvador así lo decidiera.
La FGR asegura que Alemán forma parte de una estructura criminal, exactamente de la pandilla 18 Sureños que opera en la colonia Cima de San Bartolo 2, en Ilopango.
El pasado 19 de enero de este año, El Salvador Times publicó una serie de fotografías en donde aparece Avilés Alemán cobrando una supuesta extorsión que fueron filtradas. Las imágenes capturadas por agentes de la Policía Nacional Civil (PNC), específicamente por el grupo de Fuerza de Tarea de Protección al Transporte, son de un operativo de entrega de dinero controlada hecho en un centro comercial.
En las fotografías se observa al joven recibiendo un dinero supuestamente producto de la extorsión en la que podría estar involucrado.
Debido a que no se trata de un delito que implica algún crimen organizado y de realización compleja, el Juzgado Especializado de Sentencia “A” se excusó de conocer el caso de Daniel Alemán, quien está siendo acusado de extorsión agravada.
En un primer momento, el caso fue enviado al Tribunal Cuarto de Sentencia de San Salvador, pero también se excusó de conocer el proceso, porque ellos conocieron el caso de las personas que se vinculan con Alemán.
El caso del joven se ha visto envuelto en varios procesos judiciales desde su captura. A parte de su acusación, también fueron procesados los agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) Reynaldo Ángel Madrid Pacheco y Marvin Alexander Alvaisa -los captores de Alemán- por ser acusados por la Fiscalía de fraude procesal.
En ese caso, el Tribunal Primero de Sentencia de San Salvador los absolvió de sus cargos por varias inconsistencias encontradas por la jueza a cargo en las declaraciones hechas por los testigos claves, entre ellos el mismo relato de Alemán.
El Tribunal Segundo Contra el Crimen Organizado D de San Miguel condenó a 720 años de prisión a Juan José Castillo Arévalo, alias El Samurái, tras hallarlo culpable de 18 casos de homicidio agravado, entre consumados y tentados, además de los delitos de fraude procesal, amenazas agravadas y agrupaciones ilícitas.
Junto a él, también fueron condenados los exagentes José Onán Castillo Arévalo, a 410 años de cárcel; José Fermín Melgar Luna, a 290 años; y Félix Antonio Rodas Jurado, a 65 años de prisión.
De acuerdo con los hechos probados, los crímenes fueron cometidos entre 2015 y 2017 en distintos distritos de los departamentos de Usulután y San Miguel. Los ahora condenados aprovechaban su condición de agentes policiales y su capacidad operativa en la zona para ejecutar las acciones criminales, vinculándose además a estructuras de agrupaciones ilícitas durante 2017.
Durante la vista pública, la representación fiscal demostró que los imputados utilizaron recursos institucionales para cometer los homicidios y alterar escenas del delito, configurando el fraude procesal, lo que afectó gravemente la seguridad pública y la integridad de las instituciones.
En la misma resolución, el tribunal absolvió a Amílcar Antonio Mejía Rivera de los delitos de fraude procesal y agrupaciones ilícitas. Para el resto de los condenados, la sede judicial ratificó las órdenes de captura vigentes, a fin de que sean localizados y puestos a disposición de las autoridades para el cumplimiento de sus respectivas penas.
El Tribunal Tercero de Sentencia de San Salvador emitió una condena de 12 años de prisión en contra de Andrés de Jesús Rodríguez, por extorsión agravada, en perjuicio de un comerciante del distrito de Cuscatancingo en San Salvador.
Según el expediente judicial, la víctima es un propietario de un negocio de productos varios, quien fue visitado por Rodríguez para exigirle dinero en concepto de renta.
En primera instancia, el comerciante denunció que, desde mediados de 2021, una mujer llegó a su negocio y se identificó como integrante de la pandilla MS13 y le exigió $75 mensuales a cambio de respetarle la vida.
Por temor a represalias, la víctima estuvo pagando la extorsión de forma mensual hasta que en diciembre de 2023 le exigieron $75 adicionales en concepto de aguinaldo. Fue así que el 27 de diciembre decidió interponer la denuncia ante la policía.
Como consecuencia, Rodríguez llegó con amenazas en contra de la víctima, advirtiendo que si no entregaba el dinero enfrentaría las consecuencias. Sin embargo, ante la denuncia, el sujeto fue capturado y procesado por el delito de extorsión.
Una estructura criminal de la pandilla MS13 enfrenta juicio en el Tribunal Segundo de Sentencia de San Salvador por el delito de extorsión agravada en perjuicio de un empresario.
De acuerdo a la investigación fiscal, son tres pandilleros quienes comenzaron a cometer el delito desde el año 2014. Exigían sumas de dinero a cambio de no atentar contra la vida de la víctima.
En el año 2019, el empresario decidió interponer la denuncia y se inició el proceso de investigación con participación de la Fiscalía General de la República (FGR) y de la Policía Nacional Civil. De esta manera, mediante el mecanismo de entregas controladas de dinero, lograron identificar a los criminales que cobraban la extorsión.
«Los extorsionistas no recibían directamente el dinero, sino que obligaban a que la víctima lo dejara escondido en algún lugar. No era personal el recibimiento del dinero, sin embargo, con estrategias logramos las capturas. Ahora van a responder ante la justicia por estos hechos cometidos», explicó el fiscal que lleva el caso.
Los pandilleros involucrados en estos hechos fueron capturados a mediados de 2019. Para fundamentar la investigación, la Fiscalía cuenta con cinco testigos de cargo que rendirán sus declaraciones durante la vista pública
