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Trasladan en helicóptero a agente lesionado en ataque de pandillas en Juayúa
La Policía Nacional Civil (PNC) trasladó en helicóptero hacia San Salvador a un agente que fue lesionado por pandilleros en un ataque armado ocurrido en el departamento de Sonsonate.
El reporte oficial detalla que la Policía recibió un aviso que terroristas de la Mara Salvatrucha bajaban todos los días del cerro El Águila a preparar alimentos al caserío El Portazuelo, en Juayúa.
Un reporte policial indica que, este miércoles, a eso de las 6:30 de la mañana, un equipo de agentes salió a verificar la información y fueron atacados por los terroristas. En el hecho resultó lesionado de bala un agente, que debido a su condición de gravedad debió ser trasladado vía aérea a un hospital de San Salvador.
En la zona, varios equipos de fuerzas de seguridad desarrollan un operativo de búsqueda de los terroristas, sobre un terreno de más de 2,036 msnm, en el cerro El Águila, en la zona alta de Juayúa.
La corporación policial tenía meses de no registrar agentes policiales lesionados en ataques de los pandilleros como resultado de la estrategia de seguridad del presidente Nayib Bukele. En las administraciones anteriores la PNC tuvo años sangrientos, para el caso el 2015, uno de los años más violentos del país, las autoridades llegaron a registrar más de 65 policías asesinados en enfrentamientos contra pandillas o ataques directos de estas.
El Salvador vivió uno los períodos más críticos de violencia cuando gobernó el FMLN, solo en la gestión del expresidente prófugo Salvador Sánchez Cerén hubo más de 2,280 enfrentamientos entre pandillas y fuerzas de seguridad, los cuales dejaron un saldo fatal de muertes de agentes policiales. Cifras oficiales detallan que para el 2016 se registraron 48 asesinatos de policías, 46 en 2017 y 34 en 2018, muchos de estos murieron en ataques armados de las maras.
Mientras que, durante el gobierno del corrupto Mauricio Funes, a pesar de la famosa «tregua» entre pandillas, las cifras de agentes policiales asesinados ascendieron a 20 en 2011, 14 en 2012, 13 en 2013 y 39 en 2014, varios de estos en ataques de maras.
La mayoría de las muertes de policías registradas en los últimos años son atribuidas a las pandillas, que los atacaron en sus días libres en las comunidades donde vivían o, cuando iban o salían de trabajar y también en tiroteos con esos grupos. Las fuerzas de seguridad no contaban para entonces con herramientas ni equipo para realizar su trabajo, eran fácilmente vulnerables y un gran porcentaje pidió atención a los gobiernos para protección básica, pero esto fue en vano.
El Viceministerio de Transporte (VMT) multó con $750 al creador de contenido «Yeik» por varias infracciones a la Ley de Tránsito.
La institución sancionó al tiktoker luego de la circulación de un video en redes sociales donde el imputado ocasionó un siniestro vial donde colisionó contra otro motociclista.
Las multas fueron por conducir sin estar autorizado ($150); conducir haciendo uso del celular ($150); circular después de las 18 horas y antes de las 6 del día siguiente sin que el motociclista porte chaleco o implementos reflectivos ($150); circular sin placas ($150); conducir en zigzag ($100) y no portar tarjeta de circulación ($50).
Las autoridades también le decomisaron la motocicleta por circular sin placas ni tarjeta de circulación.
Tras conocer las sanciones, el titular del VMT, Nelson Reyes, reaccionó en su cuenta de la red X y escribió: «el respeto a la ley no es opcional. Quien ponga en riesgo la vida de los demás deberá responder por sus acciones. Seguiremos aplicando la normativa con firmeza para garantizar la seguridad vial de todos los salvadoreños».
A ocho años de prisión fue condenado José Alfredo Centeno Cantón, por el delito de tráfico ilegal de personas.
En el juicio, la Fiscalía General de la República estableció que fue detenido de forma infraganti transportando a 12 personas a quienes pretendía trasladar hasta Guatemala y con una promesa de llevarlos en «un viaje seguro» a Estados Unidos.
Centeno Cantón fue detenido el 15 de enero de 2024, en un retén que agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) habían instalado en el km 92 de la carretera Panamericana, caserío Paraje Galán, cantón San Vicente, de Candelaria de la Frontera, Santa Ana.
El plan del ahora condenado era dirigirse hacia un punto fronterizo no habilitado de la zona, para eludir los controles migratorios, ya que entre las personas que transportaba iban cinco menores de edad, los otros siete eran adultos.
En el proceso judicial se mencionó que todos viajaban en una camioneta, eso llamó la atención de los agentes policiales pues al ir sobrecargada y el nerviosismo que mostraron generó sospecha que podrían estar frente a un caso de tráfico de personas.
Ese control policial siempre ha sido estratégico ya que obligadamente se debe pasar por ese punto y por la ubicación los agentes con su experiencia pueden detectar cualquier irregularidad de los viajeros.
Llamó la atención que en una sola unidad de transporte fueran cinco menores sin ninguno de sus padres o familiares cercanos y que la custodia fuera a cargo de una persona que ni conocían.
Además, al ser entrevistado, hubo incongruencias en las respuestas de los adultos, así como de los niños, no portaban la respectiva documentación que asegura un registro legal en la frontera San Cristóbal, que era la más próxima al control vehicular donde fueron ubicados.
Con la información aportada por las víctimas, los agentes consultaron a sus superiores y luego a la Fiscalía General de la República para detener a Centeno Cantón y que le iniciaron el respectivo proceso penal.
En la fase de investigación el ministerio público obtuvo información de las víctimas, quienes confirmaron que iban hacia Estados Unidos y que los iban a pasar por un punto no habilitado hacia Guatemala.
El plan era que, del vecino país los iban a mover hacia la frontera con México donde serían entregadas a otras personas para continuar la ruta a Estados Unidos ya que ese fue el acuerdo pactado.
«El fiscal del caso dijo que las 12 víctimas eran cinco niños y siete adultos todos salvadoreños y que habían pagado una parte del dinero y la otra la harían efectiva al llegar a su destino», así lo publicó el ministerio público.
En la vista pública el tribunal tuvo acceso a testimonios de las víctimas, así como de los agentes policiales que hicieron el procedimiento de localización de las víctimas y captura del traficante de personas.
La abogada Ángela Maritza Díaz de Vásquez y Douglas Enrique Vega Guerrero, fueron condenados a penas de tres y nueve años de prisión por falsedad documental agravada y estafa.
La primera admitió la falsedad mediante un procedimiento abreviado ante el Tribunal Segundo de Sentencia de San Salvador, y la pena de tres años es sometida a una suspensión condicional bajo reglas de conducta consistente en no cambiar de domicilio, además queda inhabilitada para ejercer la profesión hasta que haya cumplido la condena; también deberá de pagar $500 a una de las víctimas.
Mientras que Vega Guerrero cumplirá en un centro penal los nueve años por tres casos de estafa, más el pago total de $14,600 en concepto de responsabilidad civil a las tres víctimas que engañó.
La Fiscalía General de la República probó en el juicio que las estafas fueron cometidas entre el 2022 y 2023, en diversos distritos del departamento de San Salvador.
El estafador utilizó redes sociales para ofrecer una variedad de productos, a los afectados les propuso venderles vehículos y les pidió dinero como adelanto.
Los denunciantes dijeron que luego de entregarle diversas cantidades de dinero, Vega Guerrero cortó todo tipo de comunicación y no lo pudieron contactar por ninguna vía.
A una de las víctimas le ofreció un vehículo por $4,800 y le manifestó que para adquirirlo debía darle $4,000 como anticipo, ese hecho ocurrió en mayo de 2023.
En las pesquisas que las autoridades realizaron obtuvieron información del afectado quien dijo que pagó y recibió el automotor, pero el auto presentó desperfectos mecánicos y estaba a nombre de otra persona, quien había denunciado que se lo habían robado.
En la vista pública quedó probado que Douglas Enrique Vega Guerrero, detenido en febrero de 2024, en los tres casos de estafa actuó con dolo, sabía perfectamente que estaba ante hechos de estafa.
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