Sucesos
«Paty quería ser enfermera» salió sola a comprar cuadernos y nunca más volvió a casa. La secuestraron y asesinaron
El pasado 17 de enero del presente año, le truncaron los sueños a una joven y a una familia más en El Salvador, acabaron con la vida de Patricia Yamileth Gómez Castillo, una aplicada estudiante de 17 años, que salió sola a comprar los cinco cuadernos que le pidieron en la escuela para iniciar su año escolar.
La joven fue encontrada asesinada en la citada fecha, en el cantón El Tule, del municipio de Cinquera, en el departamento de Cabañas. La privaron de libertad y la acabaron con su vida.
Era la más pequeña de cinco hermanos, iba a empezar 9.° grado y soñaba con graduarse para estudiar bachillerato en Salud en el Instituto Nacional General Francisco Menéndez (INFRAMEN), relataron sus familiares . «Paty quería ser enfermera», relató ayer uno de sus hermanos.
Ella, sin embargo, había salido del municipio de Cuscatancingo, en el departamento de San Salvador, hacía cuatro días; y relató una familiar que a las 11 de la mañana de ese lunes comenzó el terrible martirio.
Agregó con mucho pesar que Paty era dedicada a su familia y sus estudios. «No tenía ninguna relación con ningún pandillero. Nuestra familia lo que más evita son problemas o cercanías con esta gente», dijo uno de sus hermanos.
La familia de Paty aseguró que la joven no se metía en problemas y era una persona ejemplar; que asistía con su madre a una iglesia evangélica y que pertenecía al comité disciplinario de su grado.
Los familiares recuerdan que era la primera (y última) vez que salió sola. «Mamá no se preocupe, ya voy a venir», le dijo. Se fue sola y ya no regresó más», recordó su madre.
La familia de Paty aún no sabe qué pasó con ella y aseguran que tampoco las autoridades. Sin embargo, conocidos de la joven creen que lo que le sucedido está relacionado con pandillas y «simplemente en el país en el que vivimos», confesó uno de sus parientes cercanos.
La Policía Nacional Civil (PNC), sin embargo, cree que Paty fue asesinada porque ingresó a territorio de una pandilla contraria al territorio en el que vivía. «Podrían haber creído que estaba haciendo como investigadora de la pandilla. No se sabe si le encontraron imágenes en el celular», dijo un investigador del caso.
«Nadie sabe el sufrimiento que ella pasó a la hora de morir. Ni siquiera nosotros, porque la muerte que le dieron fue como a un animal», reiteró su familia.
El Tribunal Segundo Contra el Crimen Organizado D de San Miguel condenó a 720 años de prisión a Juan José Castillo Arévalo, alias El Samurái, tras hallarlo culpable de 18 casos de homicidio agravado, entre consumados y tentados, además de los delitos de fraude procesal, amenazas agravadas y agrupaciones ilícitas.
Junto a él, también fueron condenados los exagentes José Onán Castillo Arévalo, a 410 años de cárcel; José Fermín Melgar Luna, a 290 años; y Félix Antonio Rodas Jurado, a 65 años de prisión.
De acuerdo con los hechos probados, los crímenes fueron cometidos entre 2015 y 2017 en distintos distritos de los departamentos de Usulután y San Miguel. Los ahora condenados aprovechaban su condición de agentes policiales y su capacidad operativa en la zona para ejecutar las acciones criminales, vinculándose además a estructuras de agrupaciones ilícitas durante 2017.
Durante la vista pública, la representación fiscal demostró que los imputados utilizaron recursos institucionales para cometer los homicidios y alterar escenas del delito, configurando el fraude procesal, lo que afectó gravemente la seguridad pública y la integridad de las instituciones.
En la misma resolución, el tribunal absolvió a Amílcar Antonio Mejía Rivera de los delitos de fraude procesal y agrupaciones ilícitas. Para el resto de los condenados, la sede judicial ratificó las órdenes de captura vigentes, a fin de que sean localizados y puestos a disposición de las autoridades para el cumplimiento de sus respectivas penas.
El Tribunal Tercero de Sentencia de San Salvador emitió una condena de 12 años de prisión en contra de Andrés de Jesús Rodríguez, por extorsión agravada, en perjuicio de un comerciante del distrito de Cuscatancingo en San Salvador.
Según el expediente judicial, la víctima es un propietario de un negocio de productos varios, quien fue visitado por Rodríguez para exigirle dinero en concepto de renta.
En primera instancia, el comerciante denunció que, desde mediados de 2021, una mujer llegó a su negocio y se identificó como integrante de la pandilla MS13 y le exigió $75 mensuales a cambio de respetarle la vida.
Por temor a represalias, la víctima estuvo pagando la extorsión de forma mensual hasta que en diciembre de 2023 le exigieron $75 adicionales en concepto de aguinaldo. Fue así que el 27 de diciembre decidió interponer la denuncia ante la policía.
Como consecuencia, Rodríguez llegó con amenazas en contra de la víctima, advirtiendo que si no entregaba el dinero enfrentaría las consecuencias. Sin embargo, ante la denuncia, el sujeto fue capturado y procesado por el delito de extorsión.
Una estructura criminal de la pandilla MS13 enfrenta juicio en el Tribunal Segundo de Sentencia de San Salvador por el delito de extorsión agravada en perjuicio de un empresario.
De acuerdo a la investigación fiscal, son tres pandilleros quienes comenzaron a cometer el delito desde el año 2014. Exigían sumas de dinero a cambio de no atentar contra la vida de la víctima.
En el año 2019, el empresario decidió interponer la denuncia y se inició el proceso de investigación con participación de la Fiscalía General de la República (FGR) y de la Policía Nacional Civil. De esta manera, mediante el mecanismo de entregas controladas de dinero, lograron identificar a los criminales que cobraban la extorsión.
«Los extorsionistas no recibían directamente el dinero, sino que obligaban a que la víctima lo dejara escondido en algún lugar. No era personal el recibimiento del dinero, sin embargo, con estrategias logramos las capturas. Ahora van a responder ante la justicia por estos hechos cometidos», explicó el fiscal que lleva el caso.
Los pandilleros involucrados en estos hechos fueron capturados a mediados de 2019. Para fundamentar la investigación, la Fiscalía cuenta con cinco testigos de cargo que rendirán sus declaraciones durante la vista pública
