Sucesos
«Paty quería ser enfermera» salió sola a comprar cuadernos y nunca más volvió a casa. La secuestraron y asesinaron
El pasado 17 de enero del presente año, le truncaron los sueños a una joven y a una familia más en El Salvador, acabaron con la vida de Patricia Yamileth Gómez Castillo, una aplicada estudiante de 17 años, que salió sola a comprar los cinco cuadernos que le pidieron en la escuela para iniciar su año escolar.
La joven fue encontrada asesinada en la citada fecha, en el cantón El Tule, del municipio de Cinquera, en el departamento de Cabañas. La privaron de libertad y la acabaron con su vida.
Era la más pequeña de cinco hermanos, iba a empezar 9.° grado y soñaba con graduarse para estudiar bachillerato en Salud en el Instituto Nacional General Francisco Menéndez (INFRAMEN), relataron sus familiares . «Paty quería ser enfermera», relató ayer uno de sus hermanos.
Ella, sin embargo, había salido del municipio de Cuscatancingo, en el departamento de San Salvador, hacía cuatro días; y relató una familiar que a las 11 de la mañana de ese lunes comenzó el terrible martirio.
Agregó con mucho pesar que Paty era dedicada a su familia y sus estudios. «No tenía ninguna relación con ningún pandillero. Nuestra familia lo que más evita son problemas o cercanías con esta gente», dijo uno de sus hermanos.
La familia de Paty aseguró que la joven no se metía en problemas y era una persona ejemplar; que asistía con su madre a una iglesia evangélica y que pertenecía al comité disciplinario de su grado.
Los familiares recuerdan que era la primera (y última) vez que salió sola. «Mamá no se preocupe, ya voy a venir», le dijo. Se fue sola y ya no regresó más», recordó su madre.
La familia de Paty aún no sabe qué pasó con ella y aseguran que tampoco las autoridades. Sin embargo, conocidos de la joven creen que lo que le sucedido está relacionado con pandillas y «simplemente en el país en el que vivimos», confesó uno de sus parientes cercanos.
La Policía Nacional Civil (PNC), sin embargo, cree que Paty fue asesinada porque ingresó a territorio de una pandilla contraria al territorio en el que vivía. «Podrían haber creído que estaba haciendo como investigadora de la pandilla. No se sabe si le encontraron imágenes en el celular», dijo un investigador del caso.
«Nadie sabe el sufrimiento que ella pasó a la hora de morir. Ni siquiera nosotros, porque la muerte que le dieron fue como a un animal», reiteró su familia.
Un vehículo decomisado por Inteligencia Policial con droga y armas de fuego, pasó al Estado, según una resolución que emitió el Juzgado Especializado en Extinción de Dominio con sede en San Salvador.
El automotor, propiedad de Marcelo Rolando Rivas Bonilla, fue incautado en la Avenida Cuba, del barrio San Jacinto, San Salvador, a German Stanley Martínez Aguilar, Héctor Geovanny Mayora Rosales y Jocelyn Rosario Arévalo Martínez.
Les decomisaron dos armas de fuego tipo micro UZI, calibre 9 milímetros, 453 porciones pequeñas y una porción grande de marihuana.
En la audiencia de sentencia, quedó establecido que el propietario del vehículo fue negligente al no cumplir con la debida diligencia que exige la ley y respaldarse con un contrato de arrendamiento, ya que cuatro días antes del hecho lo prestó a German Stanley Martínez Aguilar.
El extorsionista de la pandilla 18, Víctor Alejandro Valle Zelaya, fue condenado a 15 años de prisión por el Tribunal Tercero de Sentencia de San Salvador.
En la vista pública quedó establecido que entre enero del 2021 a marzo del 2022, junto a un grupo de pandilleros llegó al negocio de una víctima con régimen de protección en Apopa, para exigirle $125 mensuales a cambio de dejarlo trabajar y no asesinarlo junto a su familia.
Valle Zelaya, como miembro activo de la pandilla 18, las fuerzas de seguridad lo detuvieron en octubre de 2025 en el marco del régimen de excepción.
El caso comenzó a ser investigado luego que el comerciante interpusiera la denuncia ante las autoridades. Mencionó que fue coaccionado por el imputado y los demás terroristas para pagar la cuota de dinero mensual
En el fallo judicial se mencionó que la principal prueba y que resultó clave para emitir la sentencia condenatoria, fue el testimonio de la persona afectada. La víctima lo identificó plenamente ante el tribunal, dijo que fue uno de los chantajistas que llegaba a retirar el dinero y que lo mantenía amenazado a muerte, la colaboración del denunciante sirvió para emitir el veredicto condenatorio por extorsión agravada.
Penas de 25 a 45 años de cárcel fueron impuestas a 60 terroristas de la Mara Salvatrucha que delinquían en tres distritos del departamento de Cuscatlán.
En la audiencia única abierta, el Tribunal Tercero contra el Crimen Organizado de San Salvador, los encontró responsables por el delito de agrupaciones ilícitas.
La Fiscalía General de la República, acreditó que son integrantes de la clica Walter Locos Salvatruchos y determinó los rangos de cada uno de los pandilleros.
A Luis Alonso Díaz Fernández, alias Lunático, el juez lo sentenció a 45 años de prisión, el ministerio público probó que tenía el rango de encargado de base del programa Cuscatlán, una estructura superior de donde dependía la célula territorial Walter.
Esta agrupación tenía un perímetro de cobertura que comenzaba desde la entrada a Cojutepeque, próximo a Instituto Nacional Walter Thilo Deininger y se extendía hacia los distritos de Monte San Juan y Santa Cruz Michapa.
Al momento de emitir el fallo, el tribunal también condenó a 24 imputados a 30 años de prisión. Se detalló que 16 tenían el rango de homeboy, cinco el de chequeo y tres el de observación.
Otros 35 pandilleros con el rango de colaboradores activos recibieron 25 años de cárcel y deberán permanecer en diversos centros penales donde han permanecido desde que fueron detenidos por agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) y miembros de la Fuerza Armada.
Los representantes del ministerio público presentaron en la audiencia prueba que vinculó a los procesados a la Mara Salvatrucha y la participación en una serie de actividades delincuenciales que estuvieron ejecutando en la zona norponiente de Cojutepeque.
Esta estructura extorsionó y asesinó durante varios años, pero con la entrada en vigencia del régimen de excepción, las fuerzas de seguridad arrestaron a cada uno de sus miembros a través de las incursiones realizadas entre el 2022 y 2025.
Cuando los detuvieron fueron acusados en varios expedientes, pero tras la reforma a la Ley contra el Crimen Organizado, la Fiscalía General de la República los agrupó en un solo expediente para asignarles una causa y enjuiciarlos como estructura, solicitando al tribunal que les aplicara las penas máximas por el delito de agrupaciones ilícitas, por su pertenencia a la Mara Salvatrucha
