Sucesos
«Paty quería ser enfermera» salió sola a comprar cuadernos y nunca más volvió a casa. La secuestraron y asesinaron
El pasado 17 de enero del presente año, le truncaron los sueños a una joven y a una familia más en El Salvador, acabaron con la vida de Patricia Yamileth Gómez Castillo, una aplicada estudiante de 17 años, que salió sola a comprar los cinco cuadernos que le pidieron en la escuela para iniciar su año escolar.
La joven fue encontrada asesinada en la citada fecha, en el cantón El Tule, del municipio de Cinquera, en el departamento de Cabañas. La privaron de libertad y la acabaron con su vida.
Era la más pequeña de cinco hermanos, iba a empezar 9.° grado y soñaba con graduarse para estudiar bachillerato en Salud en el Instituto Nacional General Francisco Menéndez (INFRAMEN), relataron sus familiares . «Paty quería ser enfermera», relató ayer uno de sus hermanos.
Ella, sin embargo, había salido del municipio de Cuscatancingo, en el departamento de San Salvador, hacía cuatro días; y relató una familiar que a las 11 de la mañana de ese lunes comenzó el terrible martirio.
Agregó con mucho pesar que Paty era dedicada a su familia y sus estudios. «No tenía ninguna relación con ningún pandillero. Nuestra familia lo que más evita son problemas o cercanías con esta gente», dijo uno de sus hermanos.
La familia de Paty aseguró que la joven no se metía en problemas y era una persona ejemplar; que asistía con su madre a una iglesia evangélica y que pertenecía al comité disciplinario de su grado.
Los familiares recuerdan que era la primera (y última) vez que salió sola. «Mamá no se preocupe, ya voy a venir», le dijo. Se fue sola y ya no regresó más», recordó su madre.
La familia de Paty aún no sabe qué pasó con ella y aseguran que tampoco las autoridades. Sin embargo, conocidos de la joven creen que lo que le sucedido está relacionado con pandillas y «simplemente en el país en el que vivimos», confesó uno de sus parientes cercanos.
La Policía Nacional Civil (PNC), sin embargo, cree que Paty fue asesinada porque ingresó a territorio de una pandilla contraria al territorio en el que vivía. «Podrían haber creído que estaba haciendo como investigadora de la pandilla. No se sabe si le encontraron imágenes en el celular», dijo un investigador del caso.
«Nadie sabe el sufrimiento que ella pasó a la hora de morir. Ni siquiera nosotros, porque la muerte que le dieron fue como a un animal», reiteró su familia.

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Multan con $750 a creador de videos por conducción temeraria
El Viceministerio de Transporte (VMT) multó con $750 al creador de contenido «Yeik» por varias infracciones a la Ley de Tránsito.
La institución sancionó al tiktoker luego de la circulación de un video en redes sociales donde el imputado ocasionó un siniestro vial donde colisionó contra otro motociclista.
Las multas fueron por conducir sin estar autorizado ($150); conducir haciendo uso del celular ($150); circular después de las 18 horas y antes de las 6 del día siguiente sin que el motociclista porte chaleco o implementos reflectivos ($150); circular sin placas ($150); conducir en zigzag ($100) y no portar tarjeta de circulación ($50).
Las autoridades también le decomisaron la motocicleta por circular sin placas ni tarjeta de circulación.
Tras conocer las sanciones, el titular del VMT, Nelson Reyes, reaccionó en su cuenta de la red X y escribió: «el respeto a la ley no es opcional. Quien ponga en riesgo la vida de los demás deberá responder por sus acciones. Seguiremos aplicando la normativa con firmeza para garantizar la seguridad vial de todos los salvadoreños».
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Traficante de personas es condenado a ocho años de prisión
A ocho años de prisión fue condenado José Alfredo Centeno Cantón, por el delito de tráfico ilegal de personas.
En el juicio, la Fiscalía General de la República estableció que fue detenido de forma infraganti transportando a 12 personas a quienes pretendía trasladar hasta Guatemala y con una promesa de llevarlos en «un viaje seguro» a Estados Unidos.
Centeno Cantón fue detenido el 15 de enero de 2024, en un retén que agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) habían instalado en el km 92 de la carretera Panamericana, caserío Paraje Galán, cantón San Vicente, de Candelaria de la Frontera, Santa Ana.
El plan del ahora condenado era dirigirse hacia un punto fronterizo no habilitado de la zona, para eludir los controles migratorios, ya que entre las personas que transportaba iban cinco menores de edad, los otros siete eran adultos.
En el proceso judicial se mencionó que todos viajaban en una camioneta, eso llamó la atención de los agentes policiales pues al ir sobrecargada y el nerviosismo que mostraron generó sospecha que podrían estar frente a un caso de tráfico de personas.
Ese control policial siempre ha sido estratégico ya que obligadamente se debe pasar por ese punto y por la ubicación los agentes con su experiencia pueden detectar cualquier irregularidad de los viajeros.
Llamó la atención que en una sola unidad de transporte fueran cinco menores sin ninguno de sus padres o familiares cercanos y que la custodia fuera a cargo de una persona que ni conocían.
Además, al ser entrevistado, hubo incongruencias en las respuestas de los adultos, así como de los niños, no portaban la respectiva documentación que asegura un registro legal en la frontera San Cristóbal, que era la más próxima al control vehicular donde fueron ubicados.
Con la información aportada por las víctimas, los agentes consultaron a sus superiores y luego a la Fiscalía General de la República para detener a Centeno Cantón y que le iniciaron el respectivo proceso penal.
En la fase de investigación el ministerio público obtuvo información de las víctimas, quienes confirmaron que iban hacia Estados Unidos y que los iban a pasar por un punto no habilitado hacia Guatemala.
El plan era que, del vecino país los iban a mover hacia la frontera con México donde serían entregadas a otras personas para continuar la ruta a Estados Unidos ya que ese fue el acuerdo pactado.
«El fiscal del caso dijo que las 12 víctimas eran cinco niños y siete adultos todos salvadoreños y que habían pagado una parte del dinero y la otra la harían efectiva al llegar a su destino», así lo publicó el ministerio público.
En la vista pública el tribunal tuvo acceso a testimonios de las víctimas, así como de los agentes policiales que hicieron el procedimiento de localización de las víctimas y captura del traficante de personas.
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Abogada y estafador son condenados a tres y nueve años de cárcel
La abogada Ángela Maritza Díaz de Vásquez y Douglas Enrique Vega Guerrero, fueron condenados a penas de tres y nueve años de prisión por falsedad documental agravada y estafa.
La primera admitió la falsedad mediante un procedimiento abreviado ante el Tribunal Segundo de Sentencia de San Salvador, y la pena de tres años es sometida a una suspensión condicional bajo reglas de conducta consistente en no cambiar de domicilio, además queda inhabilitada para ejercer la profesión hasta que haya cumplido la condena; también deberá de pagar $500 a una de las víctimas.
Mientras que Vega Guerrero cumplirá en un centro penal los nueve años por tres casos de estafa, más el pago total de $14,600 en concepto de responsabilidad civil a las tres víctimas que engañó.
La Fiscalía General de la República probó en el juicio que las estafas fueron cometidas entre el 2022 y 2023, en diversos distritos del departamento de San Salvador.
El estafador utilizó redes sociales para ofrecer una variedad de productos, a los afectados les propuso venderles vehículos y les pidió dinero como adelanto.
Los denunciantes dijeron que luego de entregarle diversas cantidades de dinero, Vega Guerrero cortó todo tipo de comunicación y no lo pudieron contactar por ninguna vía.
A una de las víctimas le ofreció un vehículo por $4,800 y le manifestó que para adquirirlo debía darle $4,000 como anticipo, ese hecho ocurrió en mayo de 2023.
En las pesquisas que las autoridades realizaron obtuvieron información del afectado quien dijo que pagó y recibió el automotor, pero el auto presentó desperfectos mecánicos y estaba a nombre de otra persona, quien había denunciado que se lo habían robado.
En la vista pública quedó probado que Douglas Enrique Vega Guerrero, detenido en febrero de 2024, en los tres casos de estafa actuó con dolo, sabía perfectamente que estaba ante hechos de estafa.
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