Sucesos
Niño muere congelado tras enojarse y escapar de casa
En los Estados Unidos de América (EUA) ocurrió un caso que ha dejado dividida a la opinión pública. Se trata de un niño de 13 años de edad que perdió la vida al congelarse tras escapar de casa porque sus padres le quitaron el teléfono celular.
Los hechos tuvieron lugar en Marshalltown, en el estado de Iowa, donde el menor permaneció cinco días desaparecido tras haber abandonado su hogar en medio de una tormenta de nieve.
Corey Brown, como se llamaba el joven, había tomado la fatídica decisión el pasado 22 de enero, molesto porque sus padres le habían quitado su teléfono móvil, informó el periódico local Times Republic.
Tras recibir la denuncia de la familia Brown, las autoridades del lugar habían iniciado una intensa búsqueda, aunque trabajaron con dificultades: en esos días, cayeron varios centímetros de nieve y la temperatura registrada fue menor a cero grados. Además, ofrecieron una recompensa de mil dólares a quienes aportaran información sobre el paradero del menor.
Según informaron oficialmente, cerca de las 10:45 de la mañana del domingo, la policía halló en una zona alejada, al oeste de la ciudad, el cuerpo congelado del pequeño Corey.
Sin embargo, no brindaron detalles del lugar específico del hallazgo, y aclararon que, si bien no hay indicios de un acto criminal, la investigación está aún en curso.
“Esto sigue siendo una investigación activa y todos los escenarios posibles serán investigados a fondo”, indicaron desde el Departamento de Policía de Marshalltown, a través de un comunicado.
Michelle y Craig Brown, padre y madre de Corey, habían brindado una conferencia de prensa durante la semana pasada, pidiendo desesperadamente que el niño regresara a su hogar. “Corey, sabes cuánto te amamos. Y no voy a parar hasta que te encontremos. Si estás afuera, por favor, ven a casa”, suplicaron.
Por su parte, el jefe de la policía de Marshalltown, Mike Tupper, dijo que la reacción del niño ante la decisión de sus padres de quitarle el celular es “típica de un niño de 13 años”, salvo que en este caso el pequeño Corey “reaccionó emocionalmente a eso”.
Por su parte, decenas de usuarios en redes sociales han responsabilizado a los padres por el hecho, mientras que otros piensan que no fue su culpa que su hijo reaccionara de esa manera.
Información tomada de El Blog.
Un vehículo decomisado por Inteligencia Policial con droga y armas de fuego, pasó al Estado, según una resolución que emitió el Juzgado Especializado en Extinción de Dominio con sede en San Salvador.
El automotor, propiedad de Marcelo Rolando Rivas Bonilla, fue incautado en la Avenida Cuba, del barrio San Jacinto, San Salvador, a German Stanley Martínez Aguilar, Héctor Geovanny Mayora Rosales y Jocelyn Rosario Arévalo Martínez.
Les decomisaron dos armas de fuego tipo micro UZI, calibre 9 milímetros, 453 porciones pequeñas y una porción grande de marihuana.
En la audiencia de sentencia, quedó establecido que el propietario del vehículo fue negligente al no cumplir con la debida diligencia que exige la ley y respaldarse con un contrato de arrendamiento, ya que cuatro días antes del hecho lo prestó a German Stanley Martínez Aguilar.
El extorsionista de la pandilla 18, Víctor Alejandro Valle Zelaya, fue condenado a 15 años de prisión por el Tribunal Tercero de Sentencia de San Salvador.
En la vista pública quedó establecido que entre enero del 2021 a marzo del 2022, junto a un grupo de pandilleros llegó al negocio de una víctima con régimen de protección en Apopa, para exigirle $125 mensuales a cambio de dejarlo trabajar y no asesinarlo junto a su familia.
Valle Zelaya, como miembro activo de la pandilla 18, las fuerzas de seguridad lo detuvieron en octubre de 2025 en el marco del régimen de excepción.
El caso comenzó a ser investigado luego que el comerciante interpusiera la denuncia ante las autoridades. Mencionó que fue coaccionado por el imputado y los demás terroristas para pagar la cuota de dinero mensual
En el fallo judicial se mencionó que la principal prueba y que resultó clave para emitir la sentencia condenatoria, fue el testimonio de la persona afectada. La víctima lo identificó plenamente ante el tribunal, dijo que fue uno de los chantajistas que llegaba a retirar el dinero y que lo mantenía amenazado a muerte, la colaboración del denunciante sirvió para emitir el veredicto condenatorio por extorsión agravada.
Penas de 25 a 45 años de cárcel fueron impuestas a 60 terroristas de la Mara Salvatrucha que delinquían en tres distritos del departamento de Cuscatlán.
En la audiencia única abierta, el Tribunal Tercero contra el Crimen Organizado de San Salvador, los encontró responsables por el delito de agrupaciones ilícitas.
La Fiscalía General de la República, acreditó que son integrantes de la clica Walter Locos Salvatruchos y determinó los rangos de cada uno de los pandilleros.
A Luis Alonso Díaz Fernández, alias Lunático, el juez lo sentenció a 45 años de prisión, el ministerio público probó que tenía el rango de encargado de base del programa Cuscatlán, una estructura superior de donde dependía la célula territorial Walter.
Esta agrupación tenía un perímetro de cobertura que comenzaba desde la entrada a Cojutepeque, próximo a Instituto Nacional Walter Thilo Deininger y se extendía hacia los distritos de Monte San Juan y Santa Cruz Michapa.
Al momento de emitir el fallo, el tribunal también condenó a 24 imputados a 30 años de prisión. Se detalló que 16 tenían el rango de homeboy, cinco el de chequeo y tres el de observación.
Otros 35 pandilleros con el rango de colaboradores activos recibieron 25 años de cárcel y deberán permanecer en diversos centros penales donde han permanecido desde que fueron detenidos por agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) y miembros de la Fuerza Armada.
Los representantes del ministerio público presentaron en la audiencia prueba que vinculó a los procesados a la Mara Salvatrucha y la participación en una serie de actividades delincuenciales que estuvieron ejecutando en la zona norponiente de Cojutepeque.
Esta estructura extorsionó y asesinó durante varios años, pero con la entrada en vigencia del régimen de excepción, las fuerzas de seguridad arrestaron a cada uno de sus miembros a través de las incursiones realizadas entre el 2022 y 2025.
Cuando los detuvieron fueron acusados en varios expedientes, pero tras la reforma a la Ley contra el Crimen Organizado, la Fiscalía General de la República los agrupó en un solo expediente para asignarles una causa y enjuiciarlos como estructura, solicitando al tribunal que les aplicara las penas máximas por el delito de agrupaciones ilícitas, por su pertenencia a la Mara Salvatrucha
