Sucesos
Muerte de bebé calcinada, por negligencia de madre que prefirió salir a departir que cuidar a sus hijos, causa indignación nacional
La madrugada del domingo, un trágico hecho conmocionó al país entero, una niña de 1 año y cuatro meses de edad perdió la vida en un incendio registrado dentro de su vivienda ubicada en colonia San José del Río de Colón, La Libertad.
En el mismo hecho, dos de sus hermanos, una niña de 7 y un niño de 4 años de edad, salieron lesionados luego que lograron salir con vida de la vivienda siniestrada.
De acuerdo con el reporte de las autoridades, la madre de los niños, Claudia Lisseth González Guardado, de 24 años, los había dejado solos por salir con unos amigos a ingerir bebidas embriagantes a un bar.
El fuego dentro de la vivienda inició por una candela que había sido dejada encendida por la madre, esto para que los niños no se quedaran solos en la oscuridad.
Cuando el fuego se propagó por toda la casa, los niños de 7 y 4 años lograron ser evacuados por vecinos que llegaron a rescatarlos, pero no sucedió lo mismo con la bebé de un año y cuatro meses, quien falleció calcinada dentro de su pequeña cuna.
El lamentable suceso ha causado indignación a nivel nacional; algunos usuarios de las redes sociales piden un duro castigo para la madre, mientras otros buscan tomar de ejemplo este caso para no dejar solo a los hijos.
“Métanla presa y no la saquen ni siquiera a asolearse, para eso andan teniendo hijos y está borracha”, expresó un usuario de Facebook identificado como Javier Eduardo Merlos.
Por su parte, Diana Procariony afirmó “que indignante ver este tipo de noticias, en verdad que nivel de irresponsabilidad, primero se es madre y de allí lo que una quiera, pero siempre protegiendo a nuestro hijos. Hasta los animales defienden a sus crías no puedo creer que esta mujer por ir a chupar haya condenado a sus hijos a vivir momentos de terror… pobres niños, la verdad no imagino la angustia que han de haber sentido”.
La Policía Nacional Civil (PNC) detalló que la mujer será acusada de homicidio culposo de su hija de un año y cuatro meses; y abandonado y desamparo por los niños de 7 y 4 años.
Un vehículo decomisado por Inteligencia Policial con droga y armas de fuego, pasó al Estado, según una resolución que emitió el Juzgado Especializado en Extinción de Dominio con sede en San Salvador.
El automotor, propiedad de Marcelo Rolando Rivas Bonilla, fue incautado en la Avenida Cuba, del barrio San Jacinto, San Salvador, a German Stanley Martínez Aguilar, Héctor Geovanny Mayora Rosales y Jocelyn Rosario Arévalo Martínez.
Les decomisaron dos armas de fuego tipo micro UZI, calibre 9 milímetros, 453 porciones pequeñas y una porción grande de marihuana.
En la audiencia de sentencia, quedó establecido que el propietario del vehículo fue negligente al no cumplir con la debida diligencia que exige la ley y respaldarse con un contrato de arrendamiento, ya que cuatro días antes del hecho lo prestó a German Stanley Martínez Aguilar.
El extorsionista de la pandilla 18, Víctor Alejandro Valle Zelaya, fue condenado a 15 años de prisión por el Tribunal Tercero de Sentencia de San Salvador.
En la vista pública quedó establecido que entre enero del 2021 a marzo del 2022, junto a un grupo de pandilleros llegó al negocio de una víctima con régimen de protección en Apopa, para exigirle $125 mensuales a cambio de dejarlo trabajar y no asesinarlo junto a su familia.
Valle Zelaya, como miembro activo de la pandilla 18, las fuerzas de seguridad lo detuvieron en octubre de 2025 en el marco del régimen de excepción.
El caso comenzó a ser investigado luego que el comerciante interpusiera la denuncia ante las autoridades. Mencionó que fue coaccionado por el imputado y los demás terroristas para pagar la cuota de dinero mensual
En el fallo judicial se mencionó que la principal prueba y que resultó clave para emitir la sentencia condenatoria, fue el testimonio de la persona afectada. La víctima lo identificó plenamente ante el tribunal, dijo que fue uno de los chantajistas que llegaba a retirar el dinero y que lo mantenía amenazado a muerte, la colaboración del denunciante sirvió para emitir el veredicto condenatorio por extorsión agravada.
Penas de 25 a 45 años de cárcel fueron impuestas a 60 terroristas de la Mara Salvatrucha que delinquían en tres distritos del departamento de Cuscatlán.
En la audiencia única abierta, el Tribunal Tercero contra el Crimen Organizado de San Salvador, los encontró responsables por el delito de agrupaciones ilícitas.
La Fiscalía General de la República, acreditó que son integrantes de la clica Walter Locos Salvatruchos y determinó los rangos de cada uno de los pandilleros.
A Luis Alonso Díaz Fernández, alias Lunático, el juez lo sentenció a 45 años de prisión, el ministerio público probó que tenía el rango de encargado de base del programa Cuscatlán, una estructura superior de donde dependía la célula territorial Walter.
Esta agrupación tenía un perímetro de cobertura que comenzaba desde la entrada a Cojutepeque, próximo a Instituto Nacional Walter Thilo Deininger y se extendía hacia los distritos de Monte San Juan y Santa Cruz Michapa.
Al momento de emitir el fallo, el tribunal también condenó a 24 imputados a 30 años de prisión. Se detalló que 16 tenían el rango de homeboy, cinco el de chequeo y tres el de observación.
Otros 35 pandilleros con el rango de colaboradores activos recibieron 25 años de cárcel y deberán permanecer en diversos centros penales donde han permanecido desde que fueron detenidos por agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) y miembros de la Fuerza Armada.
Los representantes del ministerio público presentaron en la audiencia prueba que vinculó a los procesados a la Mara Salvatrucha y la participación en una serie de actividades delincuenciales que estuvieron ejecutando en la zona norponiente de Cojutepeque.
Esta estructura extorsionó y asesinó durante varios años, pero con la entrada en vigencia del régimen de excepción, las fuerzas de seguridad arrestaron a cada uno de sus miembros a través de las incursiones realizadas entre el 2022 y 2025.
Cuando los detuvieron fueron acusados en varios expedientes, pero tras la reforma a la Ley contra el Crimen Organizado, la Fiscalía General de la República los agrupó en un solo expediente para asignarles una causa y enjuiciarlos como estructura, solicitando al tribunal que les aplicara las penas máximas por el delito de agrupaciones ilícitas, por su pertenencia a la Mara Salvatrucha
