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Sucesos

Muerte de bebé calcinada, por negligencia de madre que prefirió salir a departir que cuidar a sus hijos, causa indignación nacional

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La madrugada del domingo, un trágico hecho conmocionó al país entero, una niña de 1 año y cuatro meses de edad perdió la vida en un incendio registrado dentro de su vivienda ubicada en colonia San José del Río de Colón, La Libertad.

En el mismo hecho, dos de sus hermanos, una niña de 7 y un niño de 4 años de edad, salieron lesionados luego que lograron salir con vida de la vivienda siniestrada.

De acuerdo con el reporte de las autoridades, la madre de los niños, Claudia Lisseth González Guardado, de 24 años, los había dejado solos por salir con unos amigos a ingerir bebidas embriagantes a un bar.

El fuego dentro de la vivienda inició por una candela que había sido dejada encendida por la madre, esto para que los niños no se quedaran solos en la oscuridad.

Cuando el fuego se propagó por toda la casa, los niños de 7 y 4 años lograron ser evacuados por vecinos que llegaron a rescatarlos, pero no sucedió lo mismo con la bebé de un año y cuatro meses, quien falleció calcinada dentro de su pequeña cuna.

El lamentable suceso ha causado indignación a nivel nacional; algunos usuarios de las redes sociales piden un duro castigo para la madre, mientras otros buscan tomar de ejemplo este caso para no dejar solo a los hijos.

“Métanla presa y no la saquen ni siquiera a asolearse, para eso andan teniendo hijos y está borracha”, expresó un usuario de Facebook identificado como Javier Eduardo Merlos.

Por su parte, Diana Procariony afirmó “que indignante ver este tipo de noticias, en verdad que nivel de irresponsabilidad, primero se es madre y de allí lo que una quiera, pero siempre protegiendo a nuestro hijos. Hasta los animales defienden a sus crías no puedo creer que esta mujer por ir a chupar haya condenado a sus hijos a vivir momentos de terror…  pobres niños, la verdad no imagino la angustia que han de haber sentido”.

La Policía Nacional Civil (PNC) detalló que la mujer será acusada de homicidio culposo de su hija de un año y cuatro meses; y abandonado y desamparo por los niños de 7 y 4 años.

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Multan con $750 a creador de videos por conducción temeraria

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El Viceministerio de Transporte (VMT) multó con $750 al creador de contenido «Yeik» por varias infracciones a la Ley de Tránsito.

La institución sancionó al tiktoker luego de la circulación de un video en redes sociales donde el imputado ocasionó un siniestro vial donde colisionó contra otro motociclista.

Las multas fueron por conducir sin estar autorizado ($150); conducir haciendo uso del celular ($150); circular después de las 18 horas y antes de las 6 del día siguiente sin que el motociclista porte chaleco o implementos reflectivos ($150); circular sin placas ($150); conducir en zigzag ($100) y no portar tarjeta de circulación ($50).

Las autoridades también le decomisaron la motocicleta por circular sin placas ni tarjeta de circulación.

Tras conocer las sanciones, el titular del VMT, Nelson Reyes, reaccionó en su cuenta de la red X y escribió: «el respeto a la ley no es opcional. Quien ponga en riesgo la vida de los demás deberá responder por sus acciones. Seguiremos aplicando la normativa con firmeza para garantizar la seguridad vial de todos los salvadoreños».

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Traficante de personas es condenado a ocho años de prisión

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A ocho años de prisión fue condenado José Alfredo Centeno Cantón, por el delito de tráfico ilegal de personas.

En el juicio, la Fiscalía General de la República estableció que fue detenido de forma infraganti transportando a 12 personas a quienes pretendía trasladar hasta Guatemala y con una promesa de llevarlos en «un viaje seguro» a Estados Unidos.

Centeno Cantón fue detenido el 15 de enero de 2024, en un retén que agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) habían instalado en el km 92 de la carretera Panamericana, caserío Paraje Galán, cantón San Vicente, de Candelaria de la Frontera, Santa Ana.

El plan del ahora condenado era dirigirse hacia un punto fronterizo no habilitado de la zona, para eludir los controles migratorios, ya que entre las personas que transportaba iban cinco menores de edad, los otros siete eran adultos.

En el proceso judicial se mencionó que todos viajaban en una camioneta, eso llamó la atención de los agentes policiales pues al ir sobrecargada y el nerviosismo que mostraron generó sospecha que podrían estar frente a un caso de tráfico de personas.

Ese control policial siempre ha sido estratégico ya que obligadamente se debe pasar por ese punto y por la ubicación los agentes con su experiencia pueden detectar cualquier irregularidad de los viajeros.

Llamó la atención que en una sola unidad de transporte fueran cinco menores sin ninguno de sus padres o familiares cercanos y que la custodia fuera a cargo de una persona que ni conocían.

Además, al ser entrevistado, hubo incongruencias en las respuestas de los adultos, así como de los niños, no portaban la respectiva documentación que asegura un registro legal en la frontera San Cristóbal, que era la más próxima al control vehicular donde fueron ubicados.

Con la información aportada por las víctimas, los agentes consultaron a sus superiores y luego a la Fiscalía General de la República para detener a Centeno Cantón y que le iniciaron el respectivo proceso penal.

En la fase de investigación el ministerio público obtuvo información de las víctimas, quienes confirmaron que iban hacia Estados Unidos y que los iban a pasar por un punto no habilitado hacia Guatemala.

El plan era que, del vecino país los iban a mover hacia la frontera con México donde serían entregadas a otras personas para continuar la ruta a Estados Unidos ya que ese fue el acuerdo pactado.

«El fiscal del caso dijo que las 12 víctimas eran cinco niños y siete adultos todos salvadoreños y que habían pagado una parte del dinero y la otra la harían efectiva al llegar a su destino», así lo publicó el ministerio público.

En la vista pública el tribunal tuvo acceso a testimonios de las víctimas, así como de los agentes policiales que hicieron el procedimiento de localización de las víctimas y captura del traficante de personas.

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Abogada y estafador son condenados a tres y nueve años de cárcel

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La abogada Ángela Maritza Díaz de Vásquez y Douglas Enrique Vega Guerrero, fueron condenados a penas de tres y nueve años de prisión por falsedad documental agravada y estafa.

La primera admitió la falsedad mediante un procedimiento abreviado ante el Tribunal Segundo de Sentencia de San Salvador, y la pena de tres años es sometida a una suspensión condicional bajo reglas de conducta consistente en no cambiar de domicilio, además queda inhabilitada para ejercer la profesión hasta que haya cumplido la condena; también deberá de pagar $500 a una de las víctimas.

Mientras que Vega Guerrero cumplirá en un centro penal los nueve años por tres casos de estafa, más el pago total de $14,600 en concepto de responsabilidad civil a las tres víctimas que engañó.

La Fiscalía General de la República probó en el juicio que las estafas fueron cometidas entre el 2022 y 2023, en diversos distritos del departamento de San Salvador.

El estafador utilizó redes sociales para ofrecer una variedad de productos, a los afectados les propuso venderles vehículos y les pidió dinero como adelanto.

Los denunciantes dijeron que luego de entregarle diversas cantidades de dinero, Vega Guerrero cortó todo tipo de comunicación y no lo pudieron contactar por ninguna vía.

A una de las víctimas le ofreció un vehículo por $4,800 y le manifestó que para adquirirlo debía darle $4,000 como anticipo, ese hecho ocurrió en mayo de 2023.

En las pesquisas que las autoridades realizaron obtuvieron información del afectado quien dijo que pagó y recibió el automotor, pero el auto presentó desperfectos mecánicos y estaba a nombre de otra persona, quien había denunciado que se lo habían robado.

En la vista pública quedó probado que Douglas Enrique Vega Guerrero, detenido en febrero de 2024, en los tres casos de estafa actuó con dolo, sabía perfectamente que estaba ante hechos de estafa.

Etiquetas: condenaEstafafalsedad documentalSan salvador

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