La Comisión de Hacienda y Especial del Presupuesto de la Asamblea Legislativa emitió un dictamen favorable para modificar el contrato de préstamo No. 5851/OC-ES, suscrito entre el Gobierno de El Salvador y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), con el propósito de fortalecer el sistema aduanero y consolidar al país como un referente regional en infraestructura logística y facilitación del comercio.

El empréstito, por un monto de hasta $84 millones, fue aprobado por la Asamblea Legislativa el 9 de abril de 2024 y ratificado el 22 de mayo del mismo año. Inicialmente, los fondos estaban destinados al Programa de Facilitación Comercial y Modernización de la Operación Portuaria en El Salvador, enfocado principalmente en la reducción de tiempos de espera del transporte de carga en los puertos y en mejorar la eficiencia operativa portuaria.

Sin embargo, el Ejecutivo identificó la necesidad de ampliar el alcance del programa y redirigir las inversiones hacia una modernización más integral de las aduanas y los controles fronterizos del país. Como resultado, el pasado 29 de abril, el Ministerio de Hacienda y el BID firmaron una modificación al contrato de préstamo para adecuar el proyecto a las nuevas prioridades estratégicas del Gobierno.

Durante la sesión de la comisión legislativa, el director de Inversión y Crédito Público del Ministerio de Hacienda, Marlon Herrera, explicó que uno de los cambios principales será la actualización del nombre del proyecto, que pasará a denominarse Programa de Facilitación del Comercio y de las Inversiones en El Salvador.

Según Herrera, esta modificación permitirá incorporar nuevas acciones orientadas al fortalecimiento de la infraestructura física en las aduanas del país, así como la modernización de puestos fronterizos estratégicos, entre ellos la frontera El Poy, ubicada en Chalatenango, uno de los principales puntos de intercambio comercial terrestre con Honduras.

Asimismo, el funcionario detalló que el programa contempla fortalecer el Centro de Control Integrado ubicado en el recinto de San Bartolo, una instalación clave para la supervisión y control de mercancías en el comercio exterior salvadoreño.

La propuesta también incluye la adquisición e implementación de tecnología para mejorar los controles aduaneros y agilizar el manejo de mercancías. Herrera señaló que esto permitirá avanzar en la digitalización y simplificación de los trámites vinculados al comercio exterior, reduciendo tiempos y costos logísticos para empresas importadoras y exportadoras.

Entre las iniciativas previstas se encuentra el desarrollo del Portal de Comercio Exterior, una plataforma digital que centralizará diversos procesos relacionados con importaciones, exportaciones y trámites aduaneros. El proyecto incluye además la compra de equipo informático, el fortalecimiento de la infraestructura tecnológica y el equipamiento necesario para mejorar la operatividad de las instituciones involucradas.

De acuerdo con el representante del Ministerio de Hacienda, todas estas acciones buscan incrementar la competitividad del país y generar condiciones más favorables para atraer inversiones, fortalecer el comercio regional y mejorar la eficiencia de las cadenas logísticas.

Otro de los cambios relevantes dentro de la modificación al préstamo es la sustitución de la entidad ejecutora del programa. En la versión original, la ejecución estaba a cargo del Ministerio de Economía en coordinación con la Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma (CEPA), debido a que el enfoque principal se encontraba en las operaciones portuarias.

Con la reestructuración aprobada en comisión, la Dirección General de Aduanas (DGA) asumirá el rol de entidad ejecutora junto al Ministerio de Economía, mientras que CEPA dejará de participar directamente en la administración del programa.

Las autoridades justificaron esta decisión argumentando que la DGA es la institución que actualmente lidera las acciones relacionadas con controles fronterizos, facilitación comercial y modernización aduanera, por lo que su incorporación permitirá una ejecución más eficiente y alineada con las necesidades actuales del país.

Los diputados de la Comisión de Hacienda respaldaron la iniciativa al considerar que fortalecer la infraestructura aduanera y agilizar los procesos comerciales contribuirá a dinamizar la economía nacional y mejorar la posición de El Salvador en materia de comercio internacional.

Además, destacaron que la modernización tecnológica y la digitalización de trámites representan herramientas fundamentales para reducir la burocracia y aumentar la transparencia en los procesos de importación y exportación.

Con esta reforma al préstamo, el Gobierno apuesta por fortalecer la conectividad logística y mejorar las capacidades institucionales vinculadas al comercio exterior, en un contexto donde la competitividad regional depende cada vez más de la eficiencia en los sistemas aduaneros y de transporte de mercancías.

El Juzgado Tercero de Paz de Santa Ana ordenó instrucción formal con detención provisional contra Josselyn Esmeralda Ramos Ramos, de 19 años, acusada del delito de homicidio agravado en perjuicio de su hijo de 2 años y 6 meses de edad.

De acuerdo con el requerimiento presentado por la Fiscalía General de la República, los hechos ocurrieron el pasado 30 de abril de 2026 en una vivienda ubicada en la comunidad Amayito, en Santa Ana.

Según las investigaciones, la imputada permaneció sola durante aproximadamente tres horas con el menor dentro de una habitación, lugar donde presuntamente ocurrió el hecho.

Durante la audiencia inicial, las autoridades expusieron que la autopsia practicada por el Instituto de Medicina Legal determinó que la causa de muerte fue asfixia por obstrucción de nariz y boca.

Asimismo, en esta etapa del proceso judicial, la Fiscalía señaló que la acusada presuntamente ejercía violencia física y psicológica reiterada contra el niño.

Con la resolución emitida por el juzgado, la joven continuará en prisión mientras avanzan las investigaciones y el proceso penal correspondiente.

La apuesta estatal por proveer de soluciones habitacionales a los salvadoreños ha significado una inversión millonaria durante el Gobierno del presidente Nayib Bukele.

Según datos recientes compartidos por la ministra de Vivienda, Michelle Sol, desde junio de 2019 a la fecha, las escrituraciones de créditos del Fondo Social para la Vivienda (FSV) para compra de casa suman más $1,120.5 millones, un monto económico con el que se benefició a un total de 47,786 personas.

«El crédito es clave para garantizar que los salvadoreños tengan acceso a una vivienda propia. Estamos impulsando distintos programas para que las familias tengan acceso a una vivienda, el reto es grande, pero vamos avanzando», apuntó la titular a través de sus redes sociales.

En este sentido detalló que la línea de financiamiento que más colocaciones reporta es la de vivienda usada y otras líneas, con 24,851 créditos autorizados por un monto superior a los $501.4 millones; a su vez, para vivienda nueva el FSV autorizó 13,264 créditos que significaron $489.5 millones.

Además, los activos extraordinarios representaron una colocación de 9,671 que se traducen en más de $129.5 millones.

Respecto a esta última, la ministra subrayó que «todas las familias que hoy viven ahí pueden disfrutar de su casa propia gracias a las medidas de seguridad como el Plan Control Territorial, y el régimen de excepción».

Con respecto a la escrituración colocada a lo largo de 2026, la funcionaria indicó que asciende a 1,739 viviendas, lo que representa una inversión de más de $57.80 millones, de los cuáles $34.9 millones fueron para vivienda nueva; $21.3 millones para vivienda usada y otras líneas; y $1.5 millones para activos extraordinarios.

Solo abril de 2026, la institución escrituró 401 viviendas con una inversión que supera los $13.3 millones.

La eficiencia en la gestión de otorgamiento de créditos, permitió que el FSV fuera reconocido, recientemente, con la nota AAA por dos importantes calificadoras de riesgo internacionales. Así lo informó la ministra de Vivienda, Michelle Sol en declaraciones brindadas a «Diario El Salvador»

«Las calificadoras de riesgo más importantes Zumma Ratings y Moody ‘s Ratings han elevado su calificación de riesgo en sus emisiones vigentes al FSV. Esto no solo mejora una calificación, muestra el fortalecimiento de una institución que le abre las puertas a miles de salvadoreños para tener un hogar», refirió la titular.

Sol afirmó que esta mejora en la nota institucional significa un reconocimiento al desempeño en ampliación de la colocación de créditos de vivienda, al mismo tiempo que se garantiza una cartera sana.

«Estas mejoras obedecen a la consistente expansión de créditos de vivienda, la calidad de los activos, la morosidad de la cartera. Tenemos un índice de mora extremadamente manejable, una cartera sumamente sana, una estructura estable en fondeo y liquidez», apuntó.

A su vez, mencionó que «con estas nuevas calificaciones de emisiones para el FSV, se logra tener la más alta de las calificaciones en entidades estatales, y se coloca en un nivel alto para dar créditos a largo plazo».