Sin precisar el número de desvinculaciones, el ministerio de Salud anunció hace una semana que decidió «optimizar recursos» luego de identificar una duplicidad de funciones y «otras situaciones que no contribuyen de manera efectiva al cumplimiento de los objetivos institucionales».

La Federación Médica Ecuatoriana (FME) reportó hasta 1.200 despidos entre médicos, enfermeras y personal administrativo.

«No tenemos lo necesario para trabajar. No pasa por el despido, pasa porque los pacientes que compran las cosas para poderse operar, porque hay pacientes de emergencia en lista de espera» para acceder a una cirugía, dijo a la prensa Juan Barriga, jefe de Traumatología del hospital Pablo Arturo Suárez.

Varias decenas de médicos con mandiles y enfermeras con sus uniformes blancos, así como pacientes y familiares, protestaron en el acceso a ese centro con carteles con leyendas como «No hay insumos, no hay medicamentos, la salud colapsa».

«Hay puros políticos y no hay políticas de salud para poder mejorar la salud», manifestó Barriga.

Apuntó que más de mil pacientes esperaban por una cirugía en el Pablo Arturo Suárez, uno de los sanatorios públicos más importantes de la capital.

El presidente Daniel Noboa, en el poder desde 2023, anunció el lunes la designación del sexto ministro de Salud en su gobierno. Nombró a Jaime Bernabé luego de que la vicepresidenta María José Pinto estuviera encargada de esa cartera desde noviembre pasado.

En medio de constantes denuncias de la población sobre la falta de medicamentos y atención, el mandatario dijo que Bernabé asumirá de forma inmediata para «acelerar lo que funciona y corregir lo que no».

«Ya hemos topado piso, se cierran los quirófanos, no hay personal para trabajar, no hay material», dijo Barriga mientras los manifestantes clamaban su rechazo a los despidos.

«Estamos ya hartos de ver tanta muerte y tanto dolor de la pobre gente», señaló a la prensa el presidente de la FME, Santiago Carrasco, quien anunció que habrá protestas similares a nivel nacional.

Yannick Alléno, ganador de 18 estrellas Michelin, prometió trabajar por una mayor protección de los jóvenes, después de que en 2022 un conductor ebrio atropellara mortalmente a su hijo Antoine, de 24 años, en París.

Y, este miércoles, arremetió contra los productores de óxido nitroso, cuyo mal uso provocó, según la asociación 40 Millones de Automovilistas, más de 450 accidentes de tráfico graves en Francia en 2025, cuarenta veces más que hace seis años.

El también llamado «gas de la risa» es un producto con fines médicos o alimentarios, pero muchos pervierten su uso con fines recreativos, inhalándolo con ayuda de globos tras perforar los cartuchos que lo contienen.

«Esto tiene efectos importantes en la salud pública. Hay jóvenes que pierden movilidad, sufren quemaduras, accidentes. Creo que es hora de tomar medidas de fondo», dijo a AFP Yannick Alléno.

Este producto puede provocar daños en el sistema nervioso, una alteración de las facultades cognitivas, así como trastornos del equilibrio y de los reflejos, creando un riesgo mayor en caso de conducción.

Según cifras oficiales, los casos registrados de intoxicaciones con óxido nitroso se triplicaron entre 2022 y 2023, y los más graves se cuadruplicaron en el mismo período. El 10% corresponde a menores, pese a que una ley de 2021 prohíbe su venta a estos últimos.

El complejo hospitalario Hospices Civiles de Lyon, en el este de Francia, lanzó en noviembre de 2024 un servicio de información y de tratamiento de los efectos del «gas de la risa», que atiende a decenas de pacientes, sobre todo jóvenes.

Julien (pseudónimo) es uno de ellos. Este joven de 21 años estuvo «enganchado» durante cuatro años hasta finales de 2025 y ahora teme «secuelas de por vida»: «Un placer efímero por un remordimiento eterno».

«Todo se vuelve muy complicado, incluso conducir. Cuando me da ese hormigueo, me duele muchísimo», asegura por su parte Sarah (pseudónimo), a quien le tiemblan las piernas cuando se levanta.

Para esta joven de 23 años se trata de «la peor droga», porque «está por todas partes». «Me habría gustado decirles a los jóvenes que no hicieran eso. Pero el problema es que lo saben», suspira.

El mal uso de este gas por jóvenes preocupa al gobierno. A inicios de abril lanzó una campaña de sensibilización con mensajes como: «Detrás de unos segundos de euforia, puede haber una parálisis de por vida, o peor aún, la muerte».

El Senado debe debatir en mayo un proyecto de ley para castigar la inhalación del «gas de la risa» con hasta un año de prisión y 3.750 euros (4.400 dólares) de multa, pena que aumentaría a 3 años y 9.000 euros si se conduce bajo sus efectos.

El chef Alléno también pide al gobierno que publique un decreto que incluya este producto en el delito de homicidio vial, pero va más allá. Este miércoles, su Asociación Antoine Alléno, que fundó en homenaje a su hijo, anunció a AFP una acción judicial.

La asociación demandó a dos empresas –el fabricante chino Zhuzhou Xingye Chemical y la distribuidora polaca IVM Firma Handlowa– que con «formas engañosas de comunicación» incitarían a los jóvenes a un mal uso del «gas de la risa».

En el punto de mira estarían los coloridos cartuchos de óxido nitroso comercializados bajo la marca Cream Deluxe para «crear bebidas y cócteles», aunque el chef no los ha visto «nunca» en cocina.

IVM Firma Handlowa negó a AFP ser la «distribuidora de Cream Deluxe» y aseguró que ya no lo venden en Francia.

En este caso por supuestas prácticas comerciales desleales, la asociación solicita a un tribunal de París que prohíba a ambas empresas operar en Francia, así como el pago de las costas judiciales.

En lo que parece ser un nuevo episodio de maniobras legales para ganar más tiempo en los tribunales, el Juzgado Tercero de Instrucción de San Salvador se vio obligado a reprogramar diligencias clave en el proceso penal contra una estructura acusada de administración fraudulenta conformadas por los imputados Juan Ignacio Berger Jiménez, Marisabel Umaña Velásquez y Carol Odette Echeverria Cabrera.

Los señalados están implicados en el desfalcos contras las empresas Maintenance and Services S.A. de C.V. y Tierras Nacionales, LTDA DE C.V. Un proceso donde Jorge Alberto Gaitán Castro es uno de los principales procesados en calidad de autor directo del delito.

Este proceso está caso conectado a la disputa internacional entre Terra Towers y la estadounidense TPG Pepertree por el control de Continental Towers, y a un expediente criminal abierto en otro tribunal salvadoreño en el cual se la ha decretado orden de detención a tres ejecutivos estadounidenses de la empresa de ese país: Ryan David Lepene, E. Howard Mandel y John Joseph Ranieri

Este último movimiento de la defensa hizo que ganaran por lo menos tres semanas. La decisión surge tras un cambio repentino en el equipo de defensa de cuatro de los principales procesados, una táctica que, aunque legal, suele ser señalada como una herramienta típica para dilatar el avance de la justicia.

El pasado 14 de abril, la sede judicial recibió un escrito donde nuevos abogados solicitaron ser nombrados como defensores particulares en sustitución de cualquier abogado nombrado anteriormente. Esta movida dejó fuera del tablero a siete abogados que ya venían ejerciendo la representación técnica de los imputados.

Bajo el argumento de «desconocer el proceso penal» y haber recibido el poder apenas el 8 de abril en la Ciudad de Guatemala, la nueva defensa pidió suspender la audiencia especial programada originalmente para el 16 y 17 de abril.
Audiencias al congelador.

La jueza a cargo, tras valorar el derecho irrenunciable a la defensa técnica, cedió ante las peticiones, provocando un retraso en el calendario judicial:
• Audiencia de Revisión de Medidas: Estaba prevista para el 17 de abril de 2026. Ahora, los imputados ganaron tres semanas, pues la cita se movió al 7 de mayo.
• Juramentación de Peritos: Esta etapa crucial, donde se entregan los puntos de pericia para analizar el posible fraude, fue movida de inicios de mayo hasta los días 8 y 9 de junio de 2026.
Un caso de millones y empresas

El proceso, que se instruye bajo la referencia 166-2025-11/AC, gira en torno al delito de administración fraudulenta tipificado en el Art. 218 del Código Penal. Las víctimas son las sociedades Maintenance and Services S.A. de C.V. y Tierras Nacionales, LTDA DE C.V.
Entre los procesados figuran Jorge Alberto Gaitán Castro, señalado como autor directo, junto a otros cómplices necesarios que ahora cuentan con nuevos defensores y más tiempo para preparar su estrategia antes de enfrentar al juez.

Mientras la defensa técnica argumenta la necesidad de un «plazo prudencial» para revisar los folios del expediente, el sistema de justicia salvadoreño vuelve a enfrentar el reto de balancear las garantías procesales con la celeridad que exigen las víctimas de delitos financieros. Por ahora, los informes al Ministerio de Hacienda y la entrega de copias del expediente son los únicos pasos que avanzan con firmeza en esta causa.

No es la primera vez que se reprograma una audiencia en este caso en beneficios de los sospechosos.