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Soldados sobrevivían con menos de $2 al día en administración pasada
El ministro de la Defensa Nacional, Francis Merino, dijo que los soldados de tropa recibían, antes de entrar en vigencia el aumento, $50 mensuales para alimentación, lo que era igual a $1.66 al día.
Las condiciones con las que trabajaban los militares no eran óptimas, ya que si se divide el $1.66 entre los tres tiempos de comida al día, se obtiene que en cada tiempo les otorgaban 55 centavos para su alimentación.
En el país, el precio de un almuerzo en diversos comedores, por ejemplo, ronda entre $1.50 hasta los $2.50, por lo que los soldados podían comprar solamente un tiempo de comida. En redes sociales circularon casos en que soldados tenían que comer dos panes franceses por tiempo.
“Al soldado regular, desde el soldado hasta su sargento, el Estado les asignaba $50 para comida al mes, $1.66 por día, estamos hablando de un poco más de 53 centavos el tiempo de comida. El resto de elementos de la fuerza armada, hasta mi persona, debe pagar $50 para alimentarse, si es que quiere comer en las instalaciones. Lo más conveniente es eso, porque por la tarea de nosotros no nos permite andar buscando comedores”, dijo Merino en la entrevista de Frente a Frente.
Por esas condiciones escasas, dijo el ministro de Defensa, es que la decisión de Nayib Bukele de elevar hasta los $200 mensuales en alimentación, tanto para elementos de la Policía Nacional Civil (PNC) como para soldados, ha “levantado la moral”.
“El señor ministro de Justicia junto con el director de la PNC le decían al presidente que fuera bueno regularlos a todos los policías a $200, entonces ahí aprovechamos para pedirle que se hiciera lo mismo con elementos de tropa. El presidente lo vio de manera positiva y dijo que le extrañaba que hubiera esa diferencia, tomó la decisión y ahora ya se le entrega $200 a los elementos de tropa”, dijo Merino.
Con el aumento que recibieron en alimentación, los soldados ahora reciben diario en concepto de alimentación $6.66, lo que por tiempo de comida significa $2.22. Una cifra que permite una mejor alimentación.
“Eso les ha levantado la moral, les ha ayudado mucho porque el sueldo de un soldado es bien bajo, anda por los $285, entonces eso les ayuda porque a pesar de que en la Fuerza Armada se les da la mayoría de cosas, siempre se incurre en algunos gastos que van disminuyendo esa capacidad. Esto ha sido muy positivo y están muy motivados en la seguridad pública”, agregó el titular de la Defensa Nacional.
Texto El Salvador Times
Un vehículo decomisado por Inteligencia Policial con droga y armas de fuego, pasó al Estado, según una resolución que emitió el Juzgado Especializado en Extinción de Dominio con sede en San Salvador.
El automotor, propiedad de Marcelo Rolando Rivas Bonilla, fue incautado en la Avenida Cuba, del barrio San Jacinto, San Salvador, a German Stanley Martínez Aguilar, Héctor Geovanny Mayora Rosales y Jocelyn Rosario Arévalo Martínez.
Les decomisaron dos armas de fuego tipo micro UZI, calibre 9 milímetros, 453 porciones pequeñas y una porción grande de marihuana.
En la audiencia de sentencia, quedó establecido que el propietario del vehículo fue negligente al no cumplir con la debida diligencia que exige la ley y respaldarse con un contrato de arrendamiento, ya que cuatro días antes del hecho lo prestó a German Stanley Martínez Aguilar.
El extorsionista de la pandilla 18, Víctor Alejandro Valle Zelaya, fue condenado a 15 años de prisión por el Tribunal Tercero de Sentencia de San Salvador.
En la vista pública quedó establecido que entre enero del 2021 a marzo del 2022, junto a un grupo de pandilleros llegó al negocio de una víctima con régimen de protección en Apopa, para exigirle $125 mensuales a cambio de dejarlo trabajar y no asesinarlo junto a su familia.
Valle Zelaya, como miembro activo de la pandilla 18, las fuerzas de seguridad lo detuvieron en octubre de 2025 en el marco del régimen de excepción.
El caso comenzó a ser investigado luego que el comerciante interpusiera la denuncia ante las autoridades. Mencionó que fue coaccionado por el imputado y los demás terroristas para pagar la cuota de dinero mensual
En el fallo judicial se mencionó que la principal prueba y que resultó clave para emitir la sentencia condenatoria, fue el testimonio de la persona afectada. La víctima lo identificó plenamente ante el tribunal, dijo que fue uno de los chantajistas que llegaba a retirar el dinero y que lo mantenía amenazado a muerte, la colaboración del denunciante sirvió para emitir el veredicto condenatorio por extorsión agravada.
Penas de 25 a 45 años de cárcel fueron impuestas a 60 terroristas de la Mara Salvatrucha que delinquían en tres distritos del departamento de Cuscatlán.
En la audiencia única abierta, el Tribunal Tercero contra el Crimen Organizado de San Salvador, los encontró responsables por el delito de agrupaciones ilícitas.
La Fiscalía General de la República, acreditó que son integrantes de la clica Walter Locos Salvatruchos y determinó los rangos de cada uno de los pandilleros.
A Luis Alonso Díaz Fernández, alias Lunático, el juez lo sentenció a 45 años de prisión, el ministerio público probó que tenía el rango de encargado de base del programa Cuscatlán, una estructura superior de donde dependía la célula territorial Walter.
Esta agrupación tenía un perímetro de cobertura que comenzaba desde la entrada a Cojutepeque, próximo a Instituto Nacional Walter Thilo Deininger y se extendía hacia los distritos de Monte San Juan y Santa Cruz Michapa.
Al momento de emitir el fallo, el tribunal también condenó a 24 imputados a 30 años de prisión. Se detalló que 16 tenían el rango de homeboy, cinco el de chequeo y tres el de observación.
Otros 35 pandilleros con el rango de colaboradores activos recibieron 25 años de cárcel y deberán permanecer en diversos centros penales donde han permanecido desde que fueron detenidos por agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) y miembros de la Fuerza Armada.
Los representantes del ministerio público presentaron en la audiencia prueba que vinculó a los procesados a la Mara Salvatrucha y la participación en una serie de actividades delincuenciales que estuvieron ejecutando en la zona norponiente de Cojutepeque.
Esta estructura extorsionó y asesinó durante varios años, pero con la entrada en vigencia del régimen de excepción, las fuerzas de seguridad arrestaron a cada uno de sus miembros a través de las incursiones realizadas entre el 2022 y 2025.
Cuando los detuvieron fueron acusados en varios expedientes, pero tras la reforma a la Ley contra el Crimen Organizado, la Fiscalía General de la República los agrupó en un solo expediente para asignarles una causa y enjuiciarlos como estructura, solicitando al tribunal que les aplicara las penas máximas por el delito de agrupaciones ilícitas, por su pertenencia a la Mara Salvatrucha
