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SISTEMA DE JUSTICIA SALVADOREÑO PROTEGE A CANADIENSES QUE POR DÉCADAS HAN COMETIDO DIFERENTES ILÍCITOS EN EL PAÍS, MIENTRAS QUE EN OTROS PAÍSES SÍ LOS PERSIGUEN, MUESTRA DE ELLO ESTA ACUSACIÓN
Los ciudadanos canadienses Matteo Pasquale y Franco Pacetti, cuyos nombres aparecen relacionados con empresas vinculadas a miembros de la mafia Ítalo Canadiense, como en su momento informó El Diario de Hoy a través de una serie de reportajes dirigidos por el periodista Lafitte Fernández, suman una nueva acusación internacional, cuando se ha conocido que han sido demandados por fraude y Estafa en la República Bolivariana de Venezuela.
El caso se origina en una contratación por medio del cual, la Sociedad VATRA-CINTEC, de nacionalidad Canadiense, de la cual son propietarios Pasquale y Paccetti, suscriben un acuerdo para la construcción hasta la puesta en marcha de un Centro de Disposición Final de Desechos Urbanos denominado “El Tigre” Guacara, Estado de Carabobo, Venezuala, con la sociedad ejecutante BOSSOM FINANCIAL CORP, con domicilio en Islas Vírgenes Británicas. El monto total del contrato fue la suma Un millón Ochocientos mil Dólares Americanos ($ 1,800,000.00) Sin embargo, al momento de entregarse el Relleno Sanitario, a plena satisfacción y listo para comenzar a funcionar los canadienses aún adeudaban al constructor una suma que rondaba los $660,000.00, la que una vez presentada a cobro, por haberse finalizado y recibido la obra completa, le fue informado por Franco Pacetti, que ellos habían vendido la empresa (VATRA-CINTEC) al empresario Julio Makarem y que ya no tenían ninguna responsabilidad en el contrato.
A pesar que tanto Matteo Pasquale como Franco Pacetti, suscribieron todos los documentos contractuales y reconocieron los saldos adeudados. Además que durante la etapa de construcción nunca notificaron a BOSSOM FINANCIAL CORP, que se hubiera producido un cambio de propietario del proyecto, lo que encajaría claramente con un acto defraudatorio, que implicó un grave perjuicio económico para la compañía contratista, que lleva más de 16 años en esa batalla legal por recuperar el dinero por su trabajo realizado.
El fundamento sobre el que se sustenta la reclamación por Estafa que realiza la Sociedad BOSSOM FINANCIAL CORP, es que Matteo Pasquale y Franco Pacetti “simularon” la venta de la empresa VATRA-CINTEC, para sustraerse del pago del monto pendiente. Pues la ley mercantil en Venezuela obliga a que cuando se traspasa una compañía se emita un registro completo de los activos y pasivos, en este último caso se incluyen todas las deudas pendientes a proveedores y contratistas. Sin embargo en los documentos simulados de venta, los canadienses declaran que venden la empresa “exenta de obligaciones pendientes de pago”, por lo tanto al solicitarse una exhibición de documentos mercantiles sobre saldos adeudados por VATRA-CINTEC, el nuevo propietario alegó que no tenía que ver con la deuda y se negó a cancelar los saldos pendientes del Proyecto.
Julio Makarem, persona a quien supuestamente los canadienses vendieron VATRA-CINTEC, es un polémico empresario, que ha sido representante de la Cooperativa Petrolera PETROLUSA y fue propietario del desaparecido diario “Crítica” del Estado de Zulia, Venezuela; ex socio de Ricardo Valbuena quien estuvo vinculado a la quiebra del Banco de los Trabajadores de Venezuela (BTV). Makarem aparece registrado como Director de las empresas Dan Dairy Products Corp., International Agro Promoters Inc., Mineral Equipment and Development Inc y Vatra Environnement Inc., en Florida, Estados Unidos de América, compañías inscritas desde hace más de una década pero actualmente inactivas. La empresa venezolana KAYSAMAK propiedad de Makarem fue investigada por la Fiscalía de Lavado de Activos en Perú, por realizar un depósito por la suma de $87,541.00 a la cuenta de la madre y una amiga de Narine Heredia (Ex Primera Dama de Perú) De acuerdo a las investigaciones fiscales, el dinero fue depositado para la inscripción y actividades de la campaña que llevaron a Ollanta Humala a la Presidencia del Perú.
Vatra Environnement Inc, se encuentra vinculada a VATRA-CINTEC, empresa que era contratista del Ministerio de Medio Ambiente en Venezuela y por medio de la cual se cometió la supuesta Estafa. VATRA CINTEC, es una sociedad mercantil constituida de conformidad con las Leyes del Canadá, según consta en el certificado de Corporación de Canadá No. 309714-6 7 309
De acuerdo a un representante judicial que conoció de las reclamaciones legales que se han dado por parte de BOSSOM FINANCIAL CORP, quien habló con reserva de no mencionar su nombre por temor a las represalias, al menos desde el año 2007, se han efectuado distintos intentos por exigir judicialmente el pago de la deuda; sin embargo existen señalamientos de supuesta corrupción judicial para entorpercer las acciones legales de la empresa constructora, hasta fuertes señalamientos que incluyen el asesinato de uno de los abogados que representaban a la sociedad demandante, que provocó el alejamiento de otros litigantes, por los rumores existentes que los canadienses tienen vínculos con la mafia ítalo canadiense.
De hecho, un informe de la Real Policía Montada del Canadá, detallaba vínculos de MATTEO PASQUALE con empresas donde aparecían asociados varios de los criminales que formaban parte de la Mafia Ítalo-Canadiense, como Antonio Cinquino, Daniel Serero (Sentenciado a 11 años de cárcel por tráfico de drogas); Perry Perlini (Condenado a 8 años de cárcel por tráfico de drogas); Frank Cotroni (declarado culpable y sentenciado a 7 años de cárcel) y Mike Strizzi, todos ellos socios de Matteo Pasquale en la empresa CINTEC, precisamente por el largo historial delictivo de los asociados, MATTEO PASQUALE y FRANCO PACETTI, cambiaron el nombre de la Compañía por el de CINDESOL INC. Esta organización logró expandirse en latinoamérica, por ejemplo en El Salvador, en 1997 el entonces Alcalde de San Salvador, Dr. Héctor Silva Ávalos, realizó negocios con la mafia ítalo-canadiense que formaban parte de la empresa CINTEC, como evidenció El Diario de Hoy. También, dentro de las compañías relacionas con la investigación criminal se identificaba VATRA-CINTEC, con operaciones comerciales en Venezuela.
El abogado defensor de Enrique Rais, ha insistido que detrás de las persecuciones ilegales en su contra, existen intereses económicos oscuros, destacó que “Llama mucho la atención que el Lic. Belisario Artiga, como parte de la Fundación Transparencia creada juntamente con Fito Salume, no se hayan pronunciado sobre los actos de ilegalidad y tentáculos con el crimen organizado por parte de Matteo Pasquale y Franco Pacetti, sobre todo porque cuando Belisario fue Fiscal General de la República, recibió el informe de la Real Policía Montada del Canadá que destacaba todo el historial y relaciones mafiosas de los socios de CINTEC y de otras empresas con Pasquale y Pacetti. De hecho, Salume se ha referido constantemente en sus medios y en participaciones en programas de entrevista como “los inversionistas canadienses” y atacado a Enrique Rais, quien en realidad es víctima de actos extorsivos por parte de Pasquale y Pacetti.”
A la fecha tanto Matteo Pasquale como Franco Pacetti, se encuentran prófugos de la justicia, en virtud de tener órdenes de detención vigente con solicitud de difusión roja en INTERPOL, por los delitos de Extorsión y Apropiación o Retención Indebida, en perjuicio del empresario suizo salvadoreño Enrique Rais.
Con el fin de dinamizar la economía, respaldar el bolsillo de los salvadoreños e impulsar los negocios, los diputados de la Asamblea Legislativa aprobaron, con 59 votos, la creación e implementación de la Ley Quincena 25.
Dicha normativa, que consta de nueve artículos, fue propuesta por el presidente de la República, Nayib Bukele, y consiste en entregar un ingreso complementario equivalente al 50 % del salario mensual. Este beneficio se pagará entre el 15 y el 25 de enero de cada año a trabajadores del sector público y privado que ganan hasta $1,500.
De acuerdo a lo expuesto en la sesión plenaria 93, dicho monto no sustituirá el salario y no tendrá descuentos de Impuesto sobre la Renta, del Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS) ni AFP, tampoco podrá ser embargado.
El jefe de fracción de Nuevas Ideas, Christian Guevara, esta medida beneficiará al 94 % de los asalariados, a las familias, a los grandes y pequeños negocios.
“El mes de enero aprieta más duro y esto es porque en diciembre se aumentan los gastos, por lo que esta medida es para arreglar un problema estructural”, aseguró el también presidente de la Comisión de Hacienda. “Con este dinero se dinamizará la economía a toda escala y de manera local”, agregó.
El Gobierno será el primero en cumplir esta ley con todos los empleados públicos, a partir de este mes.
Mientras tanto, en el sector privado, la implementación de la medida será de forma gradual. Este año, el pago será voluntario, las empresas que lo entreguen tendrán un incentivo fiscal, que consistirá en deducir el 100 % del impuesto de la renta del monto brindado.
Por otro lado, de acuerdo al artículo 3, habrá una condición especial cuando se declare terminado un contrato de trabajo con responsabilidad para el patrono o empleador o cuando la persona beneficiada sea despedida sin causa legal, antes del 25 de enero, tendrá derecho a que se le pague la compensación económica adicional.
Esta no es la primera vez que los parlamentarios le brindan gobernabilidad al presidente Bukele, pues ha habido otras medidas que han ayudado a palear dificultades económicas. Entre ellas, la aprobación de la entrega anticipada del aguinaldo para los empleados (tanto del sector público como privado) y el pago de la pensión de Navidad y aguinaldo a las personas retiradas, así como el pago de cuotas alimenticias.
Los presidentes Rodrigo Chaves Robles de Costa Rica y Nayib Bukele de El Salvador encabezaron este miércoles la ceremonia de colocación de la primera piedra del Centro de Alta Contención del Crimen Organizado (CACCO), un megaproyecto penitenciario ubicado en San Rafael de Alajuela, dentro del complejo La Reforma.
El acto oficializa el inicio de las obras de una infraestructura de alta seguridad con capacidad para 5.100 reclusos, enmarcada en la alianza bilateral “Escudo de las Américas” para combatir el crimen organizado transnacional.
El CACCO, que demandará una inversión aproximada de ₡21.000 millones (alrededor de 35-40 millones de dólares), consta de cinco módulos con estrictos protocolos de contención y busca aislar a líderes de bandas criminales, sicarios, extraditables y reos de alta peligrosidad, al tiempo que alivia el hacinamiento en el sistema penitenciario costarricense. Las autoridades estiman que la construcción tomará unos 200 días, con finalización prevista para finales de 2026.
Durante la conferencia de prensa conjunta y el acto simbólico, ambos mandatarios enfatizaron que esta no es solo una ampliación de infraestructura, sino un cambio de paradigma en la lucha contra estructuras criminales que operan en la región. Bukele, en su intervención, reiteró los riesgos de dejar crecer la inseguridad: “Cuando la inseguridad avanza, se cae el trabajo, se complica la educación y se frena la economía. La gente deja de salir, los negocios cierran temprano, la inversión se va y el turismo desaparece”.
El presidente salvadoreño recordó la experiencia de su país antes del control de las pandillas, donde estas ejercían un “gobierno paralelo” mediante extorsiones, asesinatos y violaciones sistemáticas.
“Cuando la delincuencia se toma el país —cosa que aún no pasa en Costa Rica—, la criminalidad llega a ser un gobierno paralelo. El país tiene dos gobiernos: el oficial, elegido por el pueblo, y el gobierno paralelo, que es la dictadura de las pandillas, de los criminales y de los narcos”, declaró.Bukele destacó el impacto del Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT) en El Salvador, donde se eliminaron privilegios como el uso de celulares y computadoras para dirigir operaciones desde prisión: “Nuestras cárceles se habían convertido en universidades del crimen. Había criminales con privilegios, metían prostitutas y subían videos a YouTube de sus fiestas.
En 2014 y 2015, ellos grababan y subían sus videos a redes sociales”.Chaves, por su lado, agradeció la asesoría técnica de El Salvador, que incluyó diseños, estudios y protocolos de seguridad, permitiendo ahorros millonarios: “El señor presidente Nayib Bukele nos ha dado la crónica de una dictadura del crimen organizado. Solo los tontos no aprenden de una mente ajena. Además, el presidente Bukele está aquí porque este proyecto se ha beneficiado con millones de colones que hubiéramos tenido que invertir en diseños y en estudios para su construcción; pero El Salvador, una vez más, colaboró con Costa Rica como lo ha hecho en otras ocasiones”.
El proyecto ganó impulso tras la visita de Bukele a La Reforma en noviembre de 2024 y la gira de Chaves al CECOT en diciembre de 2025. Esta es la cuarta reunión de alto nivel entre ambos líderes, consolidando una relación estrecha centrada en la cooperación regional. La alianza “Escudo de las Américas”, firmada en diciembre de 2025 en Coatepeque (El Salvador), impulsa el intercambio de información y experiencias para enfrentar narcotráfico, tráfico de armas, trata de personas y lavado de dinero, con invitación abierta a otros países.
El evento, que incluyó movimientos de tierra ya en marcha, se da en plena campaña electoral costarricense (a 15 días de las elecciones nacionales), lo que ha generado debate sobre el timing político. Sin embargo, ambos gobiernos lo presentan como un mensaje inequívoco de unidad y determinación: la seguridad ciudadana es el pilar para la prosperidad económica, social y turística de la región centroamericana.
El Tribunal Primero de Sentencia de Santa Tecla impuso una condena de diez años de cárcel a Raúl de Jesús Guardado Ramos, tras encontrarlo culpable del delito de robo agravado. Los hechos por los que fue sentenciado ocurrieron en el distrito de Zaragoza, municipio de La Libertad Este.
Según la relación circunstanciada de los hechos, el incidente ocurrió el 19 de mayo de 2024, cuando la víctima esperaba transporte público.
En ese momento, fue interceptada por Guardado Ramos, quien la persuadió para que abordara su vehículo. Posteriormente, la condujo a un lugar aislado, donde cometió el robo. Además de la pena de prisión, el tribunal ordenó que el condenado cancele $60 en concepto de responsabilidad civil a favor de la víctima.
