Nacionales
SISTEMA DE JUSTICIA SALVADOREÑO PROTEGE A CANADIENSES QUE POR DÉCADAS HAN COMETIDO DIFERENTES ILÍCITOS EN EL PAÍS, MIENTRAS QUE EN OTROS PAÍSES SÍ LOS PERSIGUEN, MUESTRA DE ELLO ESTA ACUSACIÓN
Los ciudadanos canadienses Matteo Pasquale y Franco Pacetti, cuyos nombres aparecen relacionados con empresas vinculadas a miembros de la mafia Ítalo Canadiense, como en su momento informó El Diario de Hoy a través de una serie de reportajes dirigidos por el periodista Lafitte Fernández, suman una nueva acusación internacional, cuando se ha conocido que han sido demandados por fraude y Estafa en la República Bolivariana de Venezuela.
El caso se origina en una contratación por medio del cual, la Sociedad VATRA-CINTEC, de nacionalidad Canadiense, de la cual son propietarios Pasquale y Paccetti, suscriben un acuerdo para la construcción hasta la puesta en marcha de un Centro de Disposición Final de Desechos Urbanos denominado “El Tigre” Guacara, Estado de Carabobo, Venezuala, con la sociedad ejecutante BOSSOM FINANCIAL CORP, con domicilio en Islas Vírgenes Británicas. El monto total del contrato fue la suma Un millón Ochocientos mil Dólares Americanos ($ 1,800,000.00) Sin embargo, al momento de entregarse el Relleno Sanitario, a plena satisfacción y listo para comenzar a funcionar los canadienses aún adeudaban al constructor una suma que rondaba los $660,000.00, la que una vez presentada a cobro, por haberse finalizado y recibido la obra completa, le fue informado por Franco Pacetti, que ellos habían vendido la empresa (VATRA-CINTEC) al empresario Julio Makarem y que ya no tenían ninguna responsabilidad en el contrato.
A pesar que tanto Matteo Pasquale como Franco Pacetti, suscribieron todos los documentos contractuales y reconocieron los saldos adeudados. Además que durante la etapa de construcción nunca notificaron a BOSSOM FINANCIAL CORP, que se hubiera producido un cambio de propietario del proyecto, lo que encajaría claramente con un acto defraudatorio, que implicó un grave perjuicio económico para la compañía contratista, que lleva más de 16 años en esa batalla legal por recuperar el dinero por su trabajo realizado.
El fundamento sobre el que se sustenta la reclamación por Estafa que realiza la Sociedad BOSSOM FINANCIAL CORP, es que Matteo Pasquale y Franco Pacetti “simularon” la venta de la empresa VATRA-CINTEC, para sustraerse del pago del monto pendiente. Pues la ley mercantil en Venezuela obliga a que cuando se traspasa una compañía se emita un registro completo de los activos y pasivos, en este último caso se incluyen todas las deudas pendientes a proveedores y contratistas. Sin embargo en los documentos simulados de venta, los canadienses declaran que venden la empresa “exenta de obligaciones pendientes de pago”, por lo tanto al solicitarse una exhibición de documentos mercantiles sobre saldos adeudados por VATRA-CINTEC, el nuevo propietario alegó que no tenía que ver con la deuda y se negó a cancelar los saldos pendientes del Proyecto.
Julio Makarem, persona a quien supuestamente los canadienses vendieron VATRA-CINTEC, es un polémico empresario, que ha sido representante de la Cooperativa Petrolera PETROLUSA y fue propietario del desaparecido diario “Crítica” del Estado de Zulia, Venezuela; ex socio de Ricardo Valbuena quien estuvo vinculado a la quiebra del Banco de los Trabajadores de Venezuela (BTV). Makarem aparece registrado como Director de las empresas Dan Dairy Products Corp., International Agro Promoters Inc., Mineral Equipment and Development Inc y Vatra Environnement Inc., en Florida, Estados Unidos de América, compañías inscritas desde hace más de una década pero actualmente inactivas. La empresa venezolana KAYSAMAK propiedad de Makarem fue investigada por la Fiscalía de Lavado de Activos en Perú, por realizar un depósito por la suma de $87,541.00 a la cuenta de la madre y una amiga de Narine Heredia (Ex Primera Dama de Perú) De acuerdo a las investigaciones fiscales, el dinero fue depositado para la inscripción y actividades de la campaña que llevaron a Ollanta Humala a la Presidencia del Perú.
Vatra Environnement Inc, se encuentra vinculada a VATRA-CINTEC, empresa que era contratista del Ministerio de Medio Ambiente en Venezuela y por medio de la cual se cometió la supuesta Estafa. VATRA CINTEC, es una sociedad mercantil constituida de conformidad con las Leyes del Canadá, según consta en el certificado de Corporación de Canadá No. 309714-6 7 309
De acuerdo a un representante judicial que conoció de las reclamaciones legales que se han dado por parte de BOSSOM FINANCIAL CORP, quien habló con reserva de no mencionar su nombre por temor a las represalias, al menos desde el año 2007, se han efectuado distintos intentos por exigir judicialmente el pago de la deuda; sin embargo existen señalamientos de supuesta corrupción judicial para entorpercer las acciones legales de la empresa constructora, hasta fuertes señalamientos que incluyen el asesinato de uno de los abogados que representaban a la sociedad demandante, que provocó el alejamiento de otros litigantes, por los rumores existentes que los canadienses tienen vínculos con la mafia ítalo canadiense.
De hecho, un informe de la Real Policía Montada del Canadá, detallaba vínculos de MATTEO PASQUALE con empresas donde aparecían asociados varios de los criminales que formaban parte de la Mafia Ítalo-Canadiense, como Antonio Cinquino, Daniel Serero (Sentenciado a 11 años de cárcel por tráfico de drogas); Perry Perlini (Condenado a 8 años de cárcel por tráfico de drogas); Frank Cotroni (declarado culpable y sentenciado a 7 años de cárcel) y Mike Strizzi, todos ellos socios de Matteo Pasquale en la empresa CINTEC, precisamente por el largo historial delictivo de los asociados, MATTEO PASQUALE y FRANCO PACETTI, cambiaron el nombre de la Compañía por el de CINDESOL INC. Esta organización logró expandirse en latinoamérica, por ejemplo en El Salvador, en 1997 el entonces Alcalde de San Salvador, Dr. Héctor Silva Ávalos, realizó negocios con la mafia ítalo-canadiense que formaban parte de la empresa CINTEC, como evidenció El Diario de Hoy. También, dentro de las compañías relacionas con la investigación criminal se identificaba VATRA-CINTEC, con operaciones comerciales en Venezuela.
El abogado defensor de Enrique Rais, ha insistido que detrás de las persecuciones ilegales en su contra, existen intereses económicos oscuros, destacó que “Llama mucho la atención que el Lic. Belisario Artiga, como parte de la Fundación Transparencia creada juntamente con Fito Salume, no se hayan pronunciado sobre los actos de ilegalidad y tentáculos con el crimen organizado por parte de Matteo Pasquale y Franco Pacetti, sobre todo porque cuando Belisario fue Fiscal General de la República, recibió el informe de la Real Policía Montada del Canadá que destacaba todo el historial y relaciones mafiosas de los socios de CINTEC y de otras empresas con Pasquale y Pacetti. De hecho, Salume se ha referido constantemente en sus medios y en participaciones en programas de entrevista como “los inversionistas canadienses” y atacado a Enrique Rais, quien en realidad es víctima de actos extorsivos por parte de Pasquale y Pacetti.”
A la fecha tanto Matteo Pasquale como Franco Pacetti, se encuentran prófugos de la justicia, en virtud de tener órdenes de detención vigente con solicitud de difusión roja en INTERPOL, por los delitos de Extorsión y Apropiación o Retención Indebida, en perjuicio del empresario suizo salvadoreño Enrique Rais.
Nacionales
Sepultan a Junior Serrano, el futbolista de Quezaltepeque abandonado en una cuneta tras un accidente de moto
Nacionales
Soyapango: vendedores dejan las calles antes del 20 de septiembre; arranca la fase 1 del reordenamiento
La Alcaldía de San Salvador Este informó que comerciantes informales siguen retirando sus puestos de las calles de Soyapango. Lo presenta como desalojo voluntario, primer paso de la revitalización de calles, aceras y espacios públicos. La fase 1 empieza el 20 de septiembre y cubre Calle Roosevelt, 2.ª Calle Oriente, avenida Cuba y los sectores frente a Walmart, Plaza Mundo y la Central de Abastos. En anuncios previos la comuna también incluyó avenida Rosario Sur y el bulevar del Ejército.
El plazo no nació ayer. Los vendedores recibieron notificaciones a inicios de septiembre: fecha límite, el 20. Varios dijeron a La Prensa Gráfica que no se oponen al orden, pero pidieron quedarse hasta diciembre para aprovechar las ventas de fin de año y pagar deudas. El concejal Cayetano Cruz (FMLN) habló de unas 450 familias afectadas y de alternativas poco claras. La alcaldía ha mencionado reubicación en el ex IRA de San Martín y en locales de Soyapango; los comerciantes insisten en que, al notificarlos, no les entregaron un puesto concreto.
Esto ya se ensayó. En junio la comuna retiró 33 puestos de la 8.ª avenida Norte y habló de espacios vacíos en el mercado central; parte de los afectados denunció que el nuevo sitio había que acondicionarlo con su propio dinero. El mismo tipo de reordenamiento se aplicó en los alrededores del Mercado Central de San Salvador Centro. Recuperar aceras es la tesis oficial: peatones y carros sin obstáculo. El otro lado es el ingreso diario de quien lleva años —a veces décadas— vendiendo en la vía pública.
Desde las 10:00 p. m. de este sábado 19 hasta las 6:00 a. m. del domingo 20 hay circulación controlada en 4.ª Avenida Sur (Cuba), 2.ª Calle Oriente, Franklin Roosevelt Oriente y 6.ª Avenida Norte. Quien circule por Soyapango debe buscar ruta alterna. El debate no se acaba el domingo: calles despejadas contra sustento informal. El dato que falta, y que van a exigir los vendedores, es dónde van a trabajar el lunes.
Judicial
Condenan a 10 años por estafa agravada en San Miguel: cobró $3,000 por dos Toyotas de EE. UU. y desapareció
El Tribunal Primero de Sentencia de San Miguel condenó a diez años de prisión a José Ricardo Bado Rodríguez por estafa agravada contra dos hombres a los que prometió traer vehículos desde Estados Unidos. El fallo, informado por la Fiscalía y el centro judicial, se dictó en rebeldía: el procesado no compareció y hay orden de captura vigente para que cumpla la pena.
El modus operandi fue telefónico. Bado Rodríguez se presentó como importador, pidió $1,500 de anticipo a cada víctima —$3,000 en total— y se comprometió a exportar dos Toyota, años 2006 y 2012, con entrega aproximada en agosto de 2019. El dinero se lo entregaron el 2 y el 3 de mayo de ese año. Después cortó el contacto. Las víctimas denunciaron el 28 de agosto de 2019, cuando no hubo ni carros ni respuesta.
Entre la denuncia y la condena pasaron siete años. Eso no anula el delito: el tribunal valoró las pruebas en vista pública y calificó los hechos como estafa agravada, no como un simple incumplimiento comercial. En El Salvador este esquema —anticipo por un “carro de afuera” que nunca llega— se repite. La diferencia, en este caso, es que el expediente llegó a sentencia firme y a una pena de una década.
Mientras Bado Rodríguez no sea detenido, la condena queda en papel. La orden de captura sigue activa. Quien pague adelantos por importaciones debería exigir contrato, datos fiscales y rastro del trámite aduanal; sin eso, el riesgo no es solo perder $1,500: es entrar en un proceso que, como este, puede tardar años.
