Nacionales
SISTEMA DE JUSTICIA SALVADOREÑO PROTEGE A CANADIENSES QUE POR DÉCADAS HAN COMETIDO DIFERENTES ILÍCITOS EN EL PAÍS, MIENTRAS QUE EN OTROS PAÍSES SÍ LOS PERSIGUEN, MUESTRA DE ELLO ESTA ACUSACIÓN
Los ciudadanos canadienses Matteo Pasquale y Franco Pacetti, cuyos nombres aparecen relacionados con empresas vinculadas a miembros de la mafia Ítalo Canadiense, como en su momento informó El Diario de Hoy a través de una serie de reportajes dirigidos por el periodista Lafitte Fernández, suman una nueva acusación internacional, cuando se ha conocido que han sido demandados por fraude y Estafa en la República Bolivariana de Venezuela.
El caso se origina en una contratación por medio del cual, la Sociedad VATRA-CINTEC, de nacionalidad Canadiense, de la cual son propietarios Pasquale y Paccetti, suscriben un acuerdo para la construcción hasta la puesta en marcha de un Centro de Disposición Final de Desechos Urbanos denominado “El Tigre” Guacara, Estado de Carabobo, Venezuala, con la sociedad ejecutante BOSSOM FINANCIAL CORP, con domicilio en Islas Vírgenes Británicas. El monto total del contrato fue la suma Un millón Ochocientos mil Dólares Americanos ($ 1,800,000.00) Sin embargo, al momento de entregarse el Relleno Sanitario, a plena satisfacción y listo para comenzar a funcionar los canadienses aún adeudaban al constructor una suma que rondaba los $660,000.00, la que una vez presentada a cobro, por haberse finalizado y recibido la obra completa, le fue informado por Franco Pacetti, que ellos habían vendido la empresa (VATRA-CINTEC) al empresario Julio Makarem y que ya no tenían ninguna responsabilidad en el contrato.
A pesar que tanto Matteo Pasquale como Franco Pacetti, suscribieron todos los documentos contractuales y reconocieron los saldos adeudados. Además que durante la etapa de construcción nunca notificaron a BOSSOM FINANCIAL CORP, que se hubiera producido un cambio de propietario del proyecto, lo que encajaría claramente con un acto defraudatorio, que implicó un grave perjuicio económico para la compañía contratista, que lleva más de 16 años en esa batalla legal por recuperar el dinero por su trabajo realizado.
El fundamento sobre el que se sustenta la reclamación por Estafa que realiza la Sociedad BOSSOM FINANCIAL CORP, es que Matteo Pasquale y Franco Pacetti “simularon” la venta de la empresa VATRA-CINTEC, para sustraerse del pago del monto pendiente. Pues la ley mercantil en Venezuela obliga a que cuando se traspasa una compañía se emita un registro completo de los activos y pasivos, en este último caso se incluyen todas las deudas pendientes a proveedores y contratistas. Sin embargo en los documentos simulados de venta, los canadienses declaran que venden la empresa “exenta de obligaciones pendientes de pago”, por lo tanto al solicitarse una exhibición de documentos mercantiles sobre saldos adeudados por VATRA-CINTEC, el nuevo propietario alegó que no tenía que ver con la deuda y se negó a cancelar los saldos pendientes del Proyecto.
Julio Makarem, persona a quien supuestamente los canadienses vendieron VATRA-CINTEC, es un polémico empresario, que ha sido representante de la Cooperativa Petrolera PETROLUSA y fue propietario del desaparecido diario “Crítica” del Estado de Zulia, Venezuela; ex socio de Ricardo Valbuena quien estuvo vinculado a la quiebra del Banco de los Trabajadores de Venezuela (BTV). Makarem aparece registrado como Director de las empresas Dan Dairy Products Corp., International Agro Promoters Inc., Mineral Equipment and Development Inc y Vatra Environnement Inc., en Florida, Estados Unidos de América, compañías inscritas desde hace más de una década pero actualmente inactivas. La empresa venezolana KAYSAMAK propiedad de Makarem fue investigada por la Fiscalía de Lavado de Activos en Perú, por realizar un depósito por la suma de $87,541.00 a la cuenta de la madre y una amiga de Narine Heredia (Ex Primera Dama de Perú) De acuerdo a las investigaciones fiscales, el dinero fue depositado para la inscripción y actividades de la campaña que llevaron a Ollanta Humala a la Presidencia del Perú.
Vatra Environnement Inc, se encuentra vinculada a VATRA-CINTEC, empresa que era contratista del Ministerio de Medio Ambiente en Venezuela y por medio de la cual se cometió la supuesta Estafa. VATRA CINTEC, es una sociedad mercantil constituida de conformidad con las Leyes del Canadá, según consta en el certificado de Corporación de Canadá No. 309714-6 7 309
De acuerdo a un representante judicial que conoció de las reclamaciones legales que se han dado por parte de BOSSOM FINANCIAL CORP, quien habló con reserva de no mencionar su nombre por temor a las represalias, al menos desde el año 2007, se han efectuado distintos intentos por exigir judicialmente el pago de la deuda; sin embargo existen señalamientos de supuesta corrupción judicial para entorpercer las acciones legales de la empresa constructora, hasta fuertes señalamientos que incluyen el asesinato de uno de los abogados que representaban a la sociedad demandante, que provocó el alejamiento de otros litigantes, por los rumores existentes que los canadienses tienen vínculos con la mafia ítalo canadiense.
De hecho, un informe de la Real Policía Montada del Canadá, detallaba vínculos de MATTEO PASQUALE con empresas donde aparecían asociados varios de los criminales que formaban parte de la Mafia Ítalo-Canadiense, como Antonio Cinquino, Daniel Serero (Sentenciado a 11 años de cárcel por tráfico de drogas); Perry Perlini (Condenado a 8 años de cárcel por tráfico de drogas); Frank Cotroni (declarado culpable y sentenciado a 7 años de cárcel) y Mike Strizzi, todos ellos socios de Matteo Pasquale en la empresa CINTEC, precisamente por el largo historial delictivo de los asociados, MATTEO PASQUALE y FRANCO PACETTI, cambiaron el nombre de la Compañía por el de CINDESOL INC. Esta organización logró expandirse en latinoamérica, por ejemplo en El Salvador, en 1997 el entonces Alcalde de San Salvador, Dr. Héctor Silva Ávalos, realizó negocios con la mafia ítalo-canadiense que formaban parte de la empresa CINTEC, como evidenció El Diario de Hoy. También, dentro de las compañías relacionas con la investigación criminal se identificaba VATRA-CINTEC, con operaciones comerciales en Venezuela.
El abogado defensor de Enrique Rais, ha insistido que detrás de las persecuciones ilegales en su contra, existen intereses económicos oscuros, destacó que “Llama mucho la atención que el Lic. Belisario Artiga, como parte de la Fundación Transparencia creada juntamente con Fito Salume, no se hayan pronunciado sobre los actos de ilegalidad y tentáculos con el crimen organizado por parte de Matteo Pasquale y Franco Pacetti, sobre todo porque cuando Belisario fue Fiscal General de la República, recibió el informe de la Real Policía Montada del Canadá que destacaba todo el historial y relaciones mafiosas de los socios de CINTEC y de otras empresas con Pasquale y Pacetti. De hecho, Salume se ha referido constantemente en sus medios y en participaciones en programas de entrevista como “los inversionistas canadienses” y atacado a Enrique Rais, quien en realidad es víctima de actos extorsivos por parte de Pasquale y Pacetti.”
A la fecha tanto Matteo Pasquale como Franco Pacetti, se encuentran prófugos de la justicia, en virtud de tener órdenes de detención vigente con solicitud de difusión roja en INTERPOL, por los delitos de Extorsión y Apropiación o Retención Indebida, en perjuicio del empresario suizo salvadoreño Enrique Rais.
Judicial
¡ESCÁNDALO DE CORRUPCIÓN! Revelan dádivas por $1.5 millones, viajes en jets privados y vehículos de lujo en el caso Corruptela
El caso Corruptela vuelve a poner bajo la lupa uno de los mayores escándalos de corrupción dentro de la Fiscalía General de la República (FGR). El Juzgado Cuarto de Instrucción de San Salvador reanudó la audiencia preliminar contra una presunta estructura integrada por 30 personas, entre exfuncionarios, exempleados de la institución y empresarios, señalados de participar en una serie de irregularidades que habrían permitido el desvío de fondos públicos, la manipulación de investigaciones y la entrega de beneficios económicos a cambio de favores.
Uno de los datos más relevantes expuestos en el proceso es la entrega de dádivas valoradas en aproximadamente $1.5 millones, que, según las investigaciones, incluían dinero en efectivo, vehículos de lujo y viajes en aviones privados. Estos beneficios habrían sido utilizados para obtener decisiones favorables dentro del Ministerio Público, entre ellas el archivo irregular de expedientes, la apertura de investigaciones falsas, la manipulación de acusaciones y la ejecución de detenciones ilegales.
Las investigaciones también establecieron un presunto desvío de $735,866.14 procedentes de cuentas especiales y del patrimonio de la Fiscalía. De acuerdo con la acusación, estos recursos habrían sido utilizados para financiar consultorías ficticias, contrataciones ilegales, remodelaciones de viviendas particulares, mantenimiento de vehículos privados, pago de servicios de telefonía personal y viáticos que no correspondían a las funciones institucionales.
La investigación comprende 22 hechos de presunta corrupción relacionados con 30 personas, entre quienes figura el exfiscal general de la República, Luis Antonio Martínez González, señalado como uno de los principales involucrados en el caso. También aparece el exfiscal general adjunto Edgar Isaías Márquez, quien no se presentó a la audiencia preliminar y fue declarado rebelde por la jueza encargada del proceso.
Entre los demás procesados se encuentran Julio Adalberto Arriaza González, José Francisco Paredes Valladares, Mauricio Antonio Yanes Morales y José Dolores Zelaya Mendoza, quienes ocuparon diferentes cargos dentro de la Fiscalía. La investigación también incluye al fallecido expresidente de la República, Carlos Mauricio Funes, así como a empresarios y particulares presuntamente vinculados con las operaciones investigadas.
En el expediente también figuran los empresarios José Aquiles Enrique Rais, Hugo Ernesto Blanco Rais, Aldo Vinicio Parducci, Moisés Torres Polanco y Jorge Moisés Nájera Aguilar. Según la investigación, la presunta red habría utilizado recursos, cargos y facultades de la Fiscalía para favorecer intereses particulares, mediante decisiones que comprometían el funcionamiento de la institución encargada de investigar los delitos en El Salvador.
La audiencia preliminar se desarrolla a puerta cerrada debido a una reserva parcial decretada para proteger la identidad de testigos criteriados. No obstante, durante el desarrollo de las diligencias se han conocido algunas decisiones judiciales relacionadas con los imputados y las solicitudes presentadas por las partes.
Entre estas decisiones destaca que cinco imputados considerados de menor participación recibieron autorización para someterse a un procedimiento abreviado, mediante el cual admitirían los hechos delictivos que se les atribuyen a cambio de penas reducidas, conforme a las condiciones establecidas por la legislación. Sin embargo, a Blanca Rosa Rais, hermana del empresario Enrique Rais, le fue denegada la posibilidad de acogerse a ese procedimiento.
Otro punto importante de la audiencia es la petición de la Fiscalía para modificar la calificación de la participación del exfiscal Luis Martínez y de Julio Arriaza. El Ministerio Público busca que ambos dejen de ser considerados instigadores y sean procesados como autores directos de los delitos que se les atribuyen. Martínez enfrenta acusaciones por siete delitos, mientras que Arriaza está vinculado a tres ilícitos.
Los delitos investigados dentro del caso Corruptela incluyen cohecho propio, cohecho activo, peculado, negociaciones ilícitas, falsedad ideológica, falsedad documental agravada, omisión de la investigación y lavado de dinero y de activos. La diversidad de acusaciones refleja la dimensión de un proceso que abarca tanto el presunto uso indebido de recursos institucionales como posibles actuaciones ilegales dentro de investigaciones penales.
El caso continúa en una etapa judicial decisiva, en la que deberá determinarse si existen suficientes elementos para enviar a juicio a los acusados. Las cifras millonarias, los beneficios de lujo y las presuntas irregularidades cometidas desde el interior de la Fiscalía constituyen el eje de una investigación que busca establecer las responsabilidades individuales de los involucrados, respetando el debido proceso y la presunción de inocencia mientras no exista una sentencia firme.
Como parte de la Semana de la Reducción de Riesgos de Desastres, la Dirección General de Protección Civil desarrolla este miércoles 14 de octubre el Simulacro Nacional de Preparación y Respuesta ante Terremoto 2026, con la participación de instituciones públicas y privadas de todo el país.
El ejercicio contempla el escenario de un terremoto de ocho grados con impacto a escala nacional, que ha provocado daños en edificios y viviendas, interrupciones de servicios básicos, conatos de incendios y personas lesionadas.
La actividad tiene como objetivo evaluar la efectividad de los planes de emergencia y evacuación, el desempeño de las brigadas institucionales y comunitarias, así como la coordinación y comunicación entre las instituciones que integran el Sistema Nacional de Protección Civil.
Además, busca fomentar la cultura de prevención, garantizar la inclusión de personas con discapacidad y en condición de vulnerabilidad, identificar oportunidades de mejora en la respuesta ante emergencias y recopilar datos técnicos y estadísticos que permitan fortalecer la preparación y la mejora continua en los ámbitos local, municipal y nacional.
Las autoridades también destacaron que el simulacro busca conmemorar a las víctimas del terremoto de 1986, que dejó al menos 1,500 personas fallecidas.
«No será solo un día para conmemorar a las víctimas del terremoto de 1986, sino también para realizar actividades de prevención», explicó Luis Amaya, director general de Protección Civil, durante una entrevista el lunes.
El funcionario señaló, además, que este martes comienza la Semana de la Reducción de Riesgos de Desastres, bajo el lema «La resiliencia empieza en casa y en las comunidades».
Como parte de las actividades, también se desarrolla una feria en el parque Simón Bolívar, ubicado en el Centro Histórico de San Salvador. En el lugar se instalarán exposiciones y se brindará información sobre el trabajo que realizan las diferentes instituciones en materia de prevención.
Por su parte, la Secretaría de Prensa indicó en su cuenta de X que «el gobierno del presidente Nayib Bukele impulsa la preparación del Sistema Nacional de Protección Civil ante posibles emergencias ocasionadas por sismos y desastres naturales, con el objetivo de resguardar la vida de los salvadoreños a escala nacional».
Un nuevo accidente de tránsito se reportó este día en la carretera que conduce de Sonsonate hacia San Salvador, donde un vehículo volcó en el sector de Copapayo.
Por razones que aún se desconocen, el conductor perdió el control del vehículo, lo que provocó que terminara volcado.
Según reportes ciudadanos, el percance dejó a una mujer lesionada y ocasionó fuertes daños materiales.
Personal policial acudió a la escena para inspeccionar lo ocurrido, mientras las causas del accidente continúan bajo investigación.
