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SISTEMA DE JUSTICIA SALVADOREÑO PROTEGE A CANADIENSES QUE POR DÉCADAS HAN COMETIDO DIFERENTES ILÍCITOS EN EL PAÍS, MIENTRAS QUE EN OTROS PAÍSES SÍ LOS PERSIGUEN, MUESTRA DE ELLO ESTA ACUSACIÓN
Los ciudadanos canadienses Matteo Pasquale y Franco Pacetti, cuyos nombres aparecen relacionados con empresas vinculadas a miembros de la mafia Ítalo Canadiense, como en su momento informó El Diario de Hoy a través de una serie de reportajes dirigidos por el periodista Lafitte Fernández, suman una nueva acusación internacional, cuando se ha conocido que han sido demandados por fraude y Estafa en la República Bolivariana de Venezuela.
El caso se origina en una contratación por medio del cual, la Sociedad VATRA-CINTEC, de nacionalidad Canadiense, de la cual son propietarios Pasquale y Paccetti, suscriben un acuerdo para la construcción hasta la puesta en marcha de un Centro de Disposición Final de Desechos Urbanos denominado “El Tigre” Guacara, Estado de Carabobo, Venezuala, con la sociedad ejecutante BOSSOM FINANCIAL CORP, con domicilio en Islas Vírgenes Británicas. El monto total del contrato fue la suma Un millón Ochocientos mil Dólares Americanos ($ 1,800,000.00) Sin embargo, al momento de entregarse el Relleno Sanitario, a plena satisfacción y listo para comenzar a funcionar los canadienses aún adeudaban al constructor una suma que rondaba los $660,000.00, la que una vez presentada a cobro, por haberse finalizado y recibido la obra completa, le fue informado por Franco Pacetti, que ellos habían vendido la empresa (VATRA-CINTEC) al empresario Julio Makarem y que ya no tenían ninguna responsabilidad en el contrato.
A pesar que tanto Matteo Pasquale como Franco Pacetti, suscribieron todos los documentos contractuales y reconocieron los saldos adeudados. Además que durante la etapa de construcción nunca notificaron a BOSSOM FINANCIAL CORP, que se hubiera producido un cambio de propietario del proyecto, lo que encajaría claramente con un acto defraudatorio, que implicó un grave perjuicio económico para la compañía contratista, que lleva más de 16 años en esa batalla legal por recuperar el dinero por su trabajo realizado.
El fundamento sobre el que se sustenta la reclamación por Estafa que realiza la Sociedad BOSSOM FINANCIAL CORP, es que Matteo Pasquale y Franco Pacetti “simularon” la venta de la empresa VATRA-CINTEC, para sustraerse del pago del monto pendiente. Pues la ley mercantil en Venezuela obliga a que cuando se traspasa una compañía se emita un registro completo de los activos y pasivos, en este último caso se incluyen todas las deudas pendientes a proveedores y contratistas. Sin embargo en los documentos simulados de venta, los canadienses declaran que venden la empresa “exenta de obligaciones pendientes de pago”, por lo tanto al solicitarse una exhibición de documentos mercantiles sobre saldos adeudados por VATRA-CINTEC, el nuevo propietario alegó que no tenía que ver con la deuda y se negó a cancelar los saldos pendientes del Proyecto.
Julio Makarem, persona a quien supuestamente los canadienses vendieron VATRA-CINTEC, es un polémico empresario, que ha sido representante de la Cooperativa Petrolera PETROLUSA y fue propietario del desaparecido diario “Crítica” del Estado de Zulia, Venezuela; ex socio de Ricardo Valbuena quien estuvo vinculado a la quiebra del Banco de los Trabajadores de Venezuela (BTV). Makarem aparece registrado como Director de las empresas Dan Dairy Products Corp., International Agro Promoters Inc., Mineral Equipment and Development Inc y Vatra Environnement Inc., en Florida, Estados Unidos de América, compañías inscritas desde hace más de una década pero actualmente inactivas. La empresa venezolana KAYSAMAK propiedad de Makarem fue investigada por la Fiscalía de Lavado de Activos en Perú, por realizar un depósito por la suma de $87,541.00 a la cuenta de la madre y una amiga de Narine Heredia (Ex Primera Dama de Perú) De acuerdo a las investigaciones fiscales, el dinero fue depositado para la inscripción y actividades de la campaña que llevaron a Ollanta Humala a la Presidencia del Perú.
Vatra Environnement Inc, se encuentra vinculada a VATRA-CINTEC, empresa que era contratista del Ministerio de Medio Ambiente en Venezuela y por medio de la cual se cometió la supuesta Estafa. VATRA CINTEC, es una sociedad mercantil constituida de conformidad con las Leyes del Canadá, según consta en el certificado de Corporación de Canadá No. 309714-6 7 309
De acuerdo a un representante judicial que conoció de las reclamaciones legales que se han dado por parte de BOSSOM FINANCIAL CORP, quien habló con reserva de no mencionar su nombre por temor a las represalias, al menos desde el año 2007, se han efectuado distintos intentos por exigir judicialmente el pago de la deuda; sin embargo existen señalamientos de supuesta corrupción judicial para entorpercer las acciones legales de la empresa constructora, hasta fuertes señalamientos que incluyen el asesinato de uno de los abogados que representaban a la sociedad demandante, que provocó el alejamiento de otros litigantes, por los rumores existentes que los canadienses tienen vínculos con la mafia ítalo canadiense.
De hecho, un informe de la Real Policía Montada del Canadá, detallaba vínculos de MATTEO PASQUALE con empresas donde aparecían asociados varios de los criminales que formaban parte de la Mafia Ítalo-Canadiense, como Antonio Cinquino, Daniel Serero (Sentenciado a 11 años de cárcel por tráfico de drogas); Perry Perlini (Condenado a 8 años de cárcel por tráfico de drogas); Frank Cotroni (declarado culpable y sentenciado a 7 años de cárcel) y Mike Strizzi, todos ellos socios de Matteo Pasquale en la empresa CINTEC, precisamente por el largo historial delictivo de los asociados, MATTEO PASQUALE y FRANCO PACETTI, cambiaron el nombre de la Compañía por el de CINDESOL INC. Esta organización logró expandirse en latinoamérica, por ejemplo en El Salvador, en 1997 el entonces Alcalde de San Salvador, Dr. Héctor Silva Ávalos, realizó negocios con la mafia ítalo-canadiense que formaban parte de la empresa CINTEC, como evidenció El Diario de Hoy. También, dentro de las compañías relacionas con la investigación criminal se identificaba VATRA-CINTEC, con operaciones comerciales en Venezuela.
El abogado defensor de Enrique Rais, ha insistido que detrás de las persecuciones ilegales en su contra, existen intereses económicos oscuros, destacó que “Llama mucho la atención que el Lic. Belisario Artiga, como parte de la Fundación Transparencia creada juntamente con Fito Salume, no se hayan pronunciado sobre los actos de ilegalidad y tentáculos con el crimen organizado por parte de Matteo Pasquale y Franco Pacetti, sobre todo porque cuando Belisario fue Fiscal General de la República, recibió el informe de la Real Policía Montada del Canadá que destacaba todo el historial y relaciones mafiosas de los socios de CINTEC y de otras empresas con Pasquale y Pacetti. De hecho, Salume se ha referido constantemente en sus medios y en participaciones en programas de entrevista como “los inversionistas canadienses” y atacado a Enrique Rais, quien en realidad es víctima de actos extorsivos por parte de Pasquale y Pacetti.”
A la fecha tanto Matteo Pasquale como Franco Pacetti, se encuentran prófugos de la justicia, en virtud de tener órdenes de detención vigente con solicitud de difusión roja en INTERPOL, por los delitos de Extorsión y Apropiación o Retención Indebida, en perjuicio del empresario suizo salvadoreño Enrique Rais.
La prolonganción de esta herramienta legal fue avalada con los votos de 57 diputados de los partidos Nuevas Ideas, PCN y PDC, que consideraron válidos los argumentos planteados por el Órgano Ejecutivo al solicitar la extensión por 30 días, entre esos que «existen intentos de reorganización de grupos criminales».
En el decreto se expone que las autoridades recientemente capturaron a sujetos que tenían la aspiración de formar y operar pandillas cerca de los centros escolares, o sus entornos, a través de acciones como la «intimidación, reclutamiento y promoción de actividades ilícitas».
Agrega que el contexto regional demanda de atención especial, debido a que se «ha elevado y acelerado la actuación criminal en distintos países de la región, particularmente en la República de Guatemala».
Se subraya que «estos acontecimientos evidencian un incremento progresivo de la actividad de las pandillas en la región, y ponen en riesgo la paz, el orden y la seguridad en El Salvador».
Durante la discusión de la iniciativa, en la sesión plenaria 95, el presidente de la Asamblea Legislativa, Ernesto Castro, destacó el respaldo de los diputados que han acompañado el proyecto de seguridad del presidente Bukele, desde el 27 de marzo de 2022, cuando se aprobó por primera vez el régimen de excepción con «votos que están cambiando la vida de los salvadoreños».
Castro añadió que el clima de seguridad permite que ahora los niños puedan jugar frente a sus casas, las comunidades recuperar sus canchas, entre otras actividades que se han retomado y han mejorado la convivencia.
Caleb Navarro, diputado de Nuevas Ideas, puntualizó que en 2025 se registraron 82 homicidios a escala nacional, y todos fueron resueltos, alcanzando una tasa de efectividad del 100 %.
Agregó que antes nadie se preocupaba los homicidios y quedaban en la impunidad «ahora hablamos con números y los números no mienten», detalló.
Con 54 votos el congreso autorizó ayer al Ministerio de Hacienda para que suscriba un contrato de préstamo, por $16.7 millones, con el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF).
El decreto aprobado permitirá al país recibir el denominado «segundo financiamiento adicional del Programa Crecer y Aprender Juntos, desarrollo de la primera infancia de El Salvador».
Dicho programa plantea el propósito de continuar mejorando las prácticas de enseñanza, educación y cuidado en la primera infancia a escala nacional, así como los ambientes físicos de aprendizaje de centros seleccionados de educación y primera infancia.
En el decreto aprobado se establece que el contrato que suscriba Hacienda, o quien designe, deberá someterse al aval posterior de la Asamblea Legislativa.
La iniciativa del Ejecutivo, a través de Hacienda, fue ingresada ayer a la plenaria a través de modificación de agenda, en la que se solicitó su aprobación con dispensa de trámite.
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Ocho sujetos fueron condenados hasta con 95 años de cárcel por diversos delitos en San Salvador
Penas de prisión de hasta 95 años de cárcel logró la Fiscalía para ocho personas -cuatro de ellas en calidad de reos ausentes-, a quienes se les procesó por los delitos de agrupaciones ilícitas, extorsión agravada, lavado de dinero y activos, asimismo, estafa y hurto de identidad, en perjuicio de varias víctimas.
De acuerdo a la información fiscal, esta investigación inició en 2023 a raíz de avisos por parte familiares de personas detenidas, donde manifestaron haber sido víctimas de estafas y otros delitos.
Según las investigaciones, los imputados crearon una página en una red social y se hicieron pasar como abogados. Bajo este mecanismo de engaño ofrecían sus servicios legales para poder sacar de la cárcel a personas detenidas, a cambio de que los familiares de los presos les pagaran grandes cantidades de dinero.
Con esta modalidad los sujetos estafaron al menos a cuatro personas, quienes finalmente decidieron denunciarlos ante las autoridades.
En este caso, Ana Elizabeth Rodríguez Umaña (presente) fue condenada a la pena de 33 años de prisión por los delitos de agrupaciones ilícitas, estafa, extorsión agravada y lavado de dinero y activos.
Por esos mismos delitos se condenó a 35 años a Jennifer Gabriela Sandoval y a 26 años de prisión a Karla Cristina Aguirre Quintanilla y Blanca Mirian Menjívar Pineda (todas presentes).
En ausencia fue condenado Marco Sebastián Pintor Rodríguez, alias “tatuado”, quien fue perfilado como cabecilla de la estructura y miembro de la pandilla Barrio 18. A él se le procesó por los delitos de agrupaciones ilícitas, estafa, extorsión agravada y lavado de dinero y activos, además de hurto de identidad.
Jennifer Guadalupe Menjívar Pineda (también ausente) recibió una condena de 50 años de prisión; Gabriela Alexandra Pintor Rodríguez (ausente) deberá cumplir una pena de cárcel de 25 años y Frania Elizabeth Pintor fue condenada a 5 años de prisión solo por lavado de dinero y activos.
Asimismo, se les condenó al pago de $30,500 dólares y de no pagar esta cantidad, se aumentará un tercio de la pena impuesta a cada imputado, según lo estipula la respectiva ley.
Las condenas de prisión fueron impuestas por el Tribunal Segundo contra el Crimen Organizado de San Salvador al valorar toda la prueba documental, pericial y testimonial que presentó la FGR en juicio.
