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Se frustra en la Asamblea Legislativa la propuesta de privatizar el ISSS, dándole más fuerza al sector privado en el consejo directivo, luego de la oposición hecha por el Presidente Nayib Bukele
El intento de la Asamblea Legislativa de modificar la Ley del Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS), para dar más participación al sector privado en el consejo directivo de la autónoma, fue archivado ayer por los diputados, luego de la oposición que lideró el Presidente Nayib Bukele para defender el interés de los derechohabientes y evitar el inicio de un proceso de privatización de los servicios de salud que ahí se brindan.
La moción de enviar a archivo esta reforma se aprobó con 62 votos, incluyendo los de ARENA y el FMLN. Según el dictamen, se pretendía “dar más autonomía al ISSS” para que los servicios fueran más eficientes, aunque los legisladores, luego de defender esta propuesta, hoy cambian su postura y se contradicen porque la califican de “inconveniente”, por lo que se descartó.
Es importante resaltar que esto refuerza la oposición a las privatizaciones que siempre ha planteado el Presidente Bukele, que se ha comprometido con modernizar los servicios de salud sin hacer este tipo de concesiones o de negociar con el patrimonio de los salvadoreños, que todos los meses, con sus cotizaciones, fondean al ISSS para recibir tratamientos médicos y hospitalarios, algo que con la pandemia de COVID-19 se ha reforzado.
El jefe de fracción de ARENA, Carlos Reyes, fue uno de los promotores de esta moción, incluso llegando a decir que “la parte privada es mejor administradora que el Gobierno”, por lo que señaló que una institución administrada por los privados “podría llevar las riendas de una mejor manera».
“Lo que quieren es que la ANEP tome las riendas del ISSS, eso no va a pasar, nos oponemos a esa propuesta privatizadora”, afirmó hace un mes el Presidente Bukele, haciendo un llamado a la sociedad a no permitir que esto sucediera, porque significaría “manosear” el fondo que maneja el Seguro Social, que es descontado todos los meses a los trabajadores.
A la fecha, el consejo directivo del ISSS está conformado por 12 representantes: el ministro de Trabajo, cuatro miembros del Gobierno, dos representantes de trabajadores, un miembro del Colegio Médico, un representante de la Sociedad Dental, el director del ISSS y dos representantes del sector patronal elegidos por el Presidente Bukele.
Sobre el tema de las privatizaciones, como el caso de las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP), el gobernante ha reconocido que la reforma al sistema previsional hecha en 2016 fue “un parche”, por lo que se deben de promover cambios de raíz, aunque estos deben de ser iniciados por un diálogo legislativo y luego recibir aportes del Órgano Ejecutivo.
Elementos de la Fuerza Armada ubicaron a un menor de 16 años durante un patrullaje preventivo realizado en la urbanización Tikal Norte, en Apopa.
De acuerdo con el informe de los militares, en el teléfono del adolescente fueron encontrados videos que presuntamente lo vinculan con la estructura criminal 18 Revolucionarios.
Tras el procedimiento, el ministro de la Defensa, René Francis Merino Monroy, destacó la labor de los efectivos y reiteró el llamado a los jóvenes para que se alejen de las pandillas.
“Cualquier intento de seguir el camino de las pandillas tendrá consecuencias. No permitiremos que se repitan las conductas que tanto daño causaron en el pasado”, expresó el funcionario.
El Tribunal contra el Crimen Organizado recibió la acusación presentada por la Fiscalía General de la República contra 563 pandilleros del Barrio 18, a quienes se les vincula con 14,488 delitos cometidos entre 2012 y 2022.
Los imputados son señalados por delitos como rebelión, pertenencia a estructura criminal, homicidio agravado, extorsión agravada, tráfico ilícito y actos de terrorismo. De acuerdo con la Fiscalía, 275 de los acusados pertenecen a la fracción sureña y 288 a la fracción revolucionaria.
Según el fiscal adjunto contra el Crimen Organizado, Max Muñoz, a los cabecillas se les atribuyen los delitos de pertenecer a una estructura criminal y rebelión, por presuntamente intentar imponer un Estado criminal, además de estar vinculados a otros 269 casos.
La Fiscalía detalló que entre los hechos que se les imputan figura la masacre de 11 trabajadores en San Juan Opico y otra masacre ocurrida en el centro penal de Quezaltepeque.
Asimismo, se les atribuyen ocho casos de terrorismo cometidos en 2015, entre ellos atentados contra la delegación policial de Quezaltepeque y contra el Centro Judicial Isidro Menéndez, hecho en el que murió un agente de seguridad.
Entre los casos señalados también se encuentran atentados con explosivos contra el Ministerio de Seguridad y Justicia y contra una sede de la Fiscalía General de la República en Santa Tecla.
De acuerdo con las investigaciones del Ministerio Público, entre los imputados figuran presuntos miembros históricos de esa estructura criminal, entre ellos César Daniel Renderos Díaz, alias “Muerto de las Palmas”, y Carlos Alberto Rivas Barahona, alias “Chino Tres Colas”, identificados como fundadores de las facciones revolucionaria y sureña, respectivamente.
La prueba pericial reveló el grado de violencia extrema al que la víctima fue sometida por su padre.
El Tribunal Tercero de Sentencia de San Salvador condenó a 50 años de prisión a Roberto Martínez Guzmán por el homicidio agravado de su hijo de cinco meses.
Los hechos ocurrieron en la vivienda de la familia de la víctima, ubicada en el cantón y calle Palo Grande, en el distrito de Rosario de Mora, San Salvador Sur.
Según la información acreditada en el juicio, la víctima nació de forma prematura y con condiciones críticas de salud. Tras permanecer un tiempo hospitalizado, recibió el alta médica el 26 de septiembre de 2024. El personal médico instruyó a los padres para llevar al recién nacido al Hospital Nacional Saldaña para sus controles de seguimiento y mantener cuidados especiales en el hogar, indicaciones que no fueron atendidas.
De acuerdo con las investigaciones, las agresiones ocurrieron luego de que la madre se ausentara de la vivienda durante un día y dejara a su hijo bajo el cuidado de Martínez Guzmán. Horas más tarde, el procesado se comunicó con ella para informarle que el menor tenía la cabeza inflamada. Al regresar a la casa, la mujer trasladó a su hijo de inmediato a un centro médico.
En la Unidad de Salud de Rosario de Mora, el personal médico detectó que la víctima presentaba, entre otros signos, abombamiento de la fontanela (mollera), una fractura en el brazo izquierdo y un shock hipovolémico. Debido a la gravedad de las lesiones, fue trasladado de urgencia al Hospital Nacional Saldaña, donde falleció el 20 de noviembre de 2024.
El peritaje médico-legal confirmó que la causa de muerte se debió a múltiples complicaciones derivadas de agresiones físicas, entre ellas hemorragias cerebrales, hematomas internos y externos, así como traumatismos craneoencefálicos contusos. Tras determinarse que la víctima estaba bajo la custodia del padre, las autoridades procedieron con la captura de Roberto Martínez Guzmán.
En su fallo, el juez a cargo del caso concluyó que el maltrato físico sufrido por la víctima inició meses antes de su muerte y fue cometido inequívocamente por Roberto Martínez Guzmán en calidad de autor directo. Asimismo, estableció que los hechos fueron ejecutados con alevosía, mediante el uso de violencia extrema y abuso de superioridad, aprovechando la vulnerabilidad y las condiciones de salud del menor.
