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Sala de lo Constitucional afirma que los diputados no respetaron el debate democrático para distorsionar préstamos
La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia reiteró que la sesión plenaria del 24 de diciembre de 2020 estuvo llena de irregularidades que llevaron a votar por decretos irrespetuosos del marco jurídico vigente.
En la resolución a la Controversia 2-2020, el referido tribunal de justicia resolvió: “declárase inconstitucional, de modo general y obligatorio, el Decreto Legislativo n. 800, de 24 de diciembre de 2020, por la vulneración al principio de vulneración parlamentaria derivado del artículo 135 de la Constitución”.
Esta maniobra de los diputados salientes pretendía modificar el destino de un préstamo de $50 millones aprobado por el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE). Si bien el destino que habían aprobado el Banco y el Ejecutivo iba para dar respuesta a la pandemia, los diputados de oposición lo cambiaron sin consultar a nadie y trataron de llevar esas transferencias a los alcaldes. Todo, sin rendir cuentas.
La misma resolución consigna que el diputado por ARENA, Rodrigo Ávila –reelecto para La Libertado con la bandera tricolor– propuso la modificación de agenda a la 1 de la mañana. En cuestión de 10 minutos, los diputados habían votado a favor de distorsionar el destino del préstamo.
Los magistrados dejaron a un lado el análisis de los otros motivos de inconstitucionalidad que había detallado el Ejecutivo. De acuerdo con el análisis, era suficiente con haber dejado claro el vicio de forma.
“El D. L. n° 800/2020 no fue resultado del debate democrático que debe existir en un órgano de naturaleza representativa y pluralista como la Asamblea Legislativa. Por lo expuesto, el referido decreto será declarado inconstitucional”, subraya la sentencia.
Es posible que los diputados de la nueva legislatura tengan que volver a someter a este préstamo del BCIE a un proceso de formación de ley nuevo. Esto lo tendrá que aclarar el Ejecutivo.
A pesar de los múltiples errores de los diputados que van de salida y su manipulación de los préstamos aprobados para el país, los organismos multilaterales más bien han aumentado su confianza en el Ejecutivo. De hecho, el BCIE acaba de aprobar por unanimidad de sus directores la mayor operación de préstamo en su historia: $600 millones y están destinados a El Salvador.
Un niño de un año de edad falleció este día en la hacienda Atalaya, en el distrito de Acajutla, Sonsonate, luego de caer de manera accidental en una canaleta de agua, según reportes preliminares.
De acuerdo con la información inicial, el menor habría sufrido el percance dentro del sector, por causas que aún se encuentran bajo investigación. Autoridades competentes se desplazaron a la zona para realizar las diligencias correspondientes y determinar con exactitud cómo ocurrieron los hechos.
Familiares, amigos y vecinos del menor expresaron su pesar por lo sucedido, un hecho que ha generado consternación entre los habitantes de la comunidad. Las autoridades reiteraron que será el proceso investigativo el que establezca las circunstancias del incidente.
Kevin Israel Corea Carabantes, de 27 años, acusado de hurto agravado, en perjuicio patrimonial de una víctima, seguirá en prisión provisional, así resolvió el Juzgado Séptimo de Paz de San Salvador.
El hecho ocurrió el 12 de enero de 2026, en una discoteca ubicada en el bulevar Del Hipódromo, colonia San Benito, en San Salvador. La investigación fiscal detalla que Corea hurtó de una habitación una mochila y un maletín de mano que contenían diversos objetos, entre ellos, perfumes, además de una cartera de mano con documentos personales de la víctima.
«La acusación sostiene que el imputado fue visto por una empleada cuando salía por la ventana del baño que colinda con el jardín. Asimismo, los empleados del establecimiento encontraron una caja fuerte dañada, cielos falsos, vidrios y cámaras de seguridad averiados, daños que ascienden a una responsabilidad civil de aproximadamente $4,000», informaron fuentes judiciales.
El imputado fue reconocido por la gerencia de la discoteca a través de la cámara de seguridad, señalando que trabajó en el lugar durante cuatro días. Además, en los documentos presentados para aspirar al puesto se encontraba su identificación.
En la audiencia inicial, la juzgadora consideró que existen indicios suficientes para establecer la existencia del delito y la probable participación del procesado. El caso fue remitido al Juzgado de Instrucción de San Salvador.
Juan Francisco Grande Hernández, de 41 años, fue condenado a 12 años de prisión por el delito de tráfico ilícito, así resolvió el Tribunal Cuarto de Sentencia de San Salvador.
Grande Hernández fue capturado el 29 de noviembre de 2024, en la calle antigua a Huizúcar, en la colonia Lomas de Versalles de San Salvador, cuando agentes policiales realizaban un patrullaje en busca de personas que delinquían con la venta de droga.
El imputado intentó huir, pero fue en vano. Los policías le encontraron en un bolso una porción grande y otras medianas de material vegetal, además de $3,044.75 en efectivo y una báscula digital color rojo. También en el asiento del vehículo en el que se trasladaba tenía más porciones de droga.
La prueba de campo determinó que el material vegetal era marihuana, en total se sumaron 1.52 kilogramos, valuados en $3,446.70. Asimismo, un análisis de espectrometría determinó que la báscula y el dinero presentaban rastros de metanfetamina, marihuana y cocaína.
Recientemente, por posesión y tenencia con fines de tráfico, en perjuicio de la salud pública, también fue condenado a seis años de prisión Emerson Joel Moz Cruz, de 24 años. La pena fue impuesta por el Tribunal Tercero de Sentencia de San Salvador.
A Moz Cruz, agentes policiales le incautaron 178.4 gramos de marihuana y 1.8 gramos de cocaína en diciembre de 2024. Fue interceptado cuando se conducía en una motocicleta sobre la Autopista Norte, frente al Registro de Armas, ubicado en el distrito de San Salvador.
