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Sala de lo Constitucional afirma que los diputados no respetaron el debate democrático para distorsionar préstamos
La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia reiteró que la sesión plenaria del 24 de diciembre de 2020 estuvo llena de irregularidades que llevaron a votar por decretos irrespetuosos del marco jurídico vigente.
En la resolución a la Controversia 2-2020, el referido tribunal de justicia resolvió: “declárase inconstitucional, de modo general y obligatorio, el Decreto Legislativo n. 800, de 24 de diciembre de 2020, por la vulneración al principio de vulneración parlamentaria derivado del artículo 135 de la Constitución”.
Esta maniobra de los diputados salientes pretendía modificar el destino de un préstamo de $50 millones aprobado por el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE). Si bien el destino que habían aprobado el Banco y el Ejecutivo iba para dar respuesta a la pandemia, los diputados de oposición lo cambiaron sin consultar a nadie y trataron de llevar esas transferencias a los alcaldes. Todo, sin rendir cuentas.
La misma resolución consigna que el diputado por ARENA, Rodrigo Ávila –reelecto para La Libertado con la bandera tricolor– propuso la modificación de agenda a la 1 de la mañana. En cuestión de 10 minutos, los diputados habían votado a favor de distorsionar el destino del préstamo.
Los magistrados dejaron a un lado el análisis de los otros motivos de inconstitucionalidad que había detallado el Ejecutivo. De acuerdo con el análisis, era suficiente con haber dejado claro el vicio de forma.
“El D. L. n° 800/2020 no fue resultado del debate democrático que debe existir en un órgano de naturaleza representativa y pluralista como la Asamblea Legislativa. Por lo expuesto, el referido decreto será declarado inconstitucional”, subraya la sentencia.
Es posible que los diputados de la nueva legislatura tengan que volver a someter a este préstamo del BCIE a un proceso de formación de ley nuevo. Esto lo tendrá que aclarar el Ejecutivo.
A pesar de los múltiples errores de los diputados que van de salida y su manipulación de los préstamos aprobados para el país, los organismos multilaterales más bien han aumentado su confianza en el Ejecutivo. De hecho, el BCIE acaba de aprobar por unanimidad de sus directores la mayor operación de préstamo en su historia: $600 millones y están destinados a El Salvador.
El ecosistema tecnológico salvadoreño continúa expandiéndose con el lanzamiento oficial de AuthenticDoc, una plataforma de firmas digitales desarrollada sobre el protocolo descentralizado Nostr y diseñada para cumplir plenamente con la normativa nacional de firma electrónica. Su propuesta apunta a establecer un nuevo estándar de seguridad y autenticidad criptográfica en documentos y contratos, en un contexto global marcado por los desafíos de verificación que plantean la inteligencia artificial y la centralización de datos.
Fabián Vleer, cofundador de AuthenticDoc, explicó que su llegada a El Salvador hace tres años fue determinante para impulsar esta iniciativa. «He estado en el espacio tecnológico por mucho tiempo. Soy bitcoiner, entiendo la tecnología descentralizada y entiendo dónde está el mundo hoy», afirmó.
Su trayectoria incluye desarrollo de software en Australia y un profundo entendimiento de los riesgos de privacidad y manipulación presentes en plataformas centralizadas.
Roberto Funes, pandillero de la MS-13, recibió una condena de 14 años de cárcel por el delito de organizaciones terroristas.
Este sujeto operaba en distintos sectores del distrito El Rosario, municipio La Paz Centro.
La fiscalía ha logrado individualizar la participación de Funes en varios crímenes y actos terroristas, por los cuales también será condenado y se le sumarán años a esta condena recibida.
A siete años de prisión fueron condenados tres hermanos traficantes de personas, quienes por $40,000, prometieron llevar a Estados Unidos, a dos víctimas con régimen de protección.
Al finalizar la vista pública, el Tribunal Primero de Sentencia de Santa Tecla, departamento de La Libertad, emitió un fallo de responsabilidad penal para Marvin Orlando, José Daniel y Luis Antonio, los tres de apellido Dueñas Fuentes.
El juez los condenó en calidad de prófugos, ya que en la fase de instrucción los declararon rebeldes, por el delito de tráfico ilegal de personas, tras una investigación que inició por denuncia de las personas afectadas.
Además de los años de cárcel, el tribunal ordenó que deben pagar $21,600 a cada una de las víctimas en concepto de responsabilidad civil.
Las dos personas denunciantes, declararon que contactaron a los hermanos Dueñas Fuentes, uno de ellos residentes en Estados Unidos, con el fin de acordar el viaje de manera irregular hacia ese país.
En las pesquisas se detalla que las dos víctimas comenzaron el viaje el 17 de octubre de 2022 y que tras llegar a Estados Unidos, fueron deportadas hacia México en dos ocasiones.
A raíz de lo ocurrido, los imputados exigieron más dinero y las amenazaron con entregarlas a los cárteles mexicanos si no pagaban, ante esa amenaza las personas tomaron la decisión de regresarse a El Salvador por sus propios medios.
