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Sala de lo Constitucional afirma que los diputados no respetaron el debate democrático para distorsionar préstamos
La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia reiteró que la sesión plenaria del 24 de diciembre de 2020 estuvo llena de irregularidades que llevaron a votar por decretos irrespetuosos del marco jurídico vigente.
En la resolución a la Controversia 2-2020, el referido tribunal de justicia resolvió: “declárase inconstitucional, de modo general y obligatorio, el Decreto Legislativo n. 800, de 24 de diciembre de 2020, por la vulneración al principio de vulneración parlamentaria derivado del artículo 135 de la Constitución”.
Esta maniobra de los diputados salientes pretendía modificar el destino de un préstamo de $50 millones aprobado por el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE). Si bien el destino que habían aprobado el Banco y el Ejecutivo iba para dar respuesta a la pandemia, los diputados de oposición lo cambiaron sin consultar a nadie y trataron de llevar esas transferencias a los alcaldes. Todo, sin rendir cuentas.
La misma resolución consigna que el diputado por ARENA, Rodrigo Ávila –reelecto para La Libertado con la bandera tricolor– propuso la modificación de agenda a la 1 de la mañana. En cuestión de 10 minutos, los diputados habían votado a favor de distorsionar el destino del préstamo.
Los magistrados dejaron a un lado el análisis de los otros motivos de inconstitucionalidad que había detallado el Ejecutivo. De acuerdo con el análisis, era suficiente con haber dejado claro el vicio de forma.
“El D. L. n° 800/2020 no fue resultado del debate democrático que debe existir en un órgano de naturaleza representativa y pluralista como la Asamblea Legislativa. Por lo expuesto, el referido decreto será declarado inconstitucional”, subraya la sentencia.
Es posible que los diputados de la nueva legislatura tengan que volver a someter a este préstamo del BCIE a un proceso de formación de ley nuevo. Esto lo tendrá que aclarar el Ejecutivo.
A pesar de los múltiples errores de los diputados que van de salida y su manipulación de los préstamos aprobados para el país, los organismos multilaterales más bien han aumentado su confianza en el Ejecutivo. De hecho, el BCIE acaba de aprobar por unanimidad de sus directores la mayor operación de préstamo en su historia: $600 millones y están destinados a El Salvador.
Irving Mauricio García Landaverde, pandillero del Barrio 18, ha sido condenado a 15 años de prisión por extorsionar a un comerciante de Apopa. Este sujeto amenazó con asesinar a la víctima o a sus empleados si no entregaba la cantidad de dinero que le exigían los pandilleros semanalmente.
A pesar del temor, la víctima interpuso la denuncia y las autoridades lograron identificar a este sujeto. Los hechos ocurrieron en el 2012 en Apopa, San Salvador Oeste.
García Landaverde también es procesado por otros delitos cuyas condenas se sumarán a la obtenida por este caso.
El Ministerio de Obras Públicas (MOP) informó que mantiene activos los trabajos de extracción de basura en las zonas de Potonico y Cerrón Grande, como parte de las acciones orientadas a mejorar el bienestar de las comunidades y proteger el entorno natural.
Según la institución, estas labores se ejecutan en coordinación con el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN) y la Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica del Río Lempa (CEL), con el objetivo de reducir la contaminación y fortalecer las condiciones ambientales en áreas ribereñas que resultan afectadas por desechos arrastrados por corrientes o depositados de forma inadecuada.
Las autoridades señalaron que las jornadas de limpieza continuarán durante la semana, enfocadas en retirar residuos sólidos y promover prácticas responsables para evitar la acumulación de basura en los cuerpos de agua. Además, destacaron la importancia del trabajo conjunto entre instituciones para garantizar un manejo más efectivo de estos espacios y prevenir afectaciones a la salud pública y al ecosistema.
En el marco del Black Friday, la Defensoría del Consumidor llamó a la población a mantenerse alerta y verificar que todas las promociones cuenten con información completa para evitar abusos o estafas durante esta temporada de alto consumo.
La institución recordó que las ofertas deben especificar duración de la promoción, restricciones, condiciones y horarios de aplicación, tal como lo exige la Ley de Protección al Consumidor.
El presidente de la Defensoría, Ricardo Salazar, reiteró que los salvadoreños pueden denunciar cualquier incumplimiento a través de los canales oficiales, aun si no han concretado la compra.
Las vías de atención son:
📞 Teléfono 910
📱 WhatsApp 7844-1482
Además, la institución explicó que es válido tomar una fotografía de la oferta dudosa y enviarla para iniciar el procedimiento correspondiente según la normativa vigente.
Las autoridades mantienen un despliegue especial por el Black Friday para garantizar que los establecimientos cumplan con la ley y proteger a los consumidores de prácticas engañosas.
