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Sala de lo Constitucional afirma que los diputados no respetaron el debate democrático para distorsionar préstamos
La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia reiteró que la sesión plenaria del 24 de diciembre de 2020 estuvo llena de irregularidades que llevaron a votar por decretos irrespetuosos del marco jurídico vigente.
En la resolución a la Controversia 2-2020, el referido tribunal de justicia resolvió: “declárase inconstitucional, de modo general y obligatorio, el Decreto Legislativo n. 800, de 24 de diciembre de 2020, por la vulneración al principio de vulneración parlamentaria derivado del artículo 135 de la Constitución”.
Esta maniobra de los diputados salientes pretendía modificar el destino de un préstamo de $50 millones aprobado por el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE). Si bien el destino que habían aprobado el Banco y el Ejecutivo iba para dar respuesta a la pandemia, los diputados de oposición lo cambiaron sin consultar a nadie y trataron de llevar esas transferencias a los alcaldes. Todo, sin rendir cuentas.
La misma resolución consigna que el diputado por ARENA, Rodrigo Ávila –reelecto para La Libertado con la bandera tricolor– propuso la modificación de agenda a la 1 de la mañana. En cuestión de 10 minutos, los diputados habían votado a favor de distorsionar el destino del préstamo.
Los magistrados dejaron a un lado el análisis de los otros motivos de inconstitucionalidad que había detallado el Ejecutivo. De acuerdo con el análisis, era suficiente con haber dejado claro el vicio de forma.
“El D. L. n° 800/2020 no fue resultado del debate democrático que debe existir en un órgano de naturaleza representativa y pluralista como la Asamblea Legislativa. Por lo expuesto, el referido decreto será declarado inconstitucional”, subraya la sentencia.
Es posible que los diputados de la nueva legislatura tengan que volver a someter a este préstamo del BCIE a un proceso de formación de ley nuevo. Esto lo tendrá que aclarar el Ejecutivo.
A pesar de los múltiples errores de los diputados que van de salida y su manipulación de los préstamos aprobados para el país, los organismos multilaterales más bien han aumentado su confianza en el Ejecutivo. De hecho, el BCIE acaba de aprobar por unanimidad de sus directores la mayor operación de préstamo en su historia: $600 millones y están destinados a El Salvador.
La Embajada de la República Popular China en El Salvador dio detalles sobre el proyecto del nuevo Centro Internacional de Ferias y Convenciones (CIFCO), una de las principales obras impulsadas bajo la cooperación bilateral entre ambos países.
A través de publicaciones en la red social X, la representación diplomática aseguró que el área donde será construido el recinto ya fue definida y aclaró que no habrá más remoción de árboles en la zona intervenida.
“La cooperación entre China y El Salvador sigue convirtiéndose en desarrollo, inversión y obras para el bienestar de los salvadoreños”, publicó la embajada. Posteriormente, añadió que “el área para la construcción del nuevo CIFCO ya ha sido definida y es importante aclarar que no se moverá ningún árbol más en la zona”.
La sede diplomática también explicó que el complejo utilizará solo una parte del terreno total y que la mayoría del espacio será preservado como área ecológica.
“Según la parte salvadoreña, el proyecto ocupará únicamente el 30 % del terreno; el 70 % restante será destinado a una amplia área verde, ecológica y de convivencia para las familias salvadoreñas, marcando un hito en el desarrollo sostenible de El Salvador”, detalló.
Las declaraciones surgen en medio de la polémica y las críticas generadas por trabajos de tala y remoción de árboles en la finca El Espino, donde será desarrollada la construcción.
Desde 2025, organizaciones ambientalistas y movimientos ciudadanos han expresado preocupación por el impacto ecológico de la obra.
En julio del año pasado, la Asamblea Legislativa autorizó el traslado de 55,711 metros cuadrados de la finca El Espino a CIFCO para la construcción del nuevo recinto.
En agosto del mismo año, elsalvador.com publicó que dicha extensión equivale aproximadamente a 7.6 canchas del estadio Cuscatlán y representa cerca del 0.98 % del área total del Ecoparque El Espino.
En ese momento, integrantes del movimiento ciudadano “Todos Somos El Espino” manifestaron, en una entrevista de la Radio YSUCA, que no se oponían al desarrollo de infraestructura, pero sí pedían alternativas que evitaran impactos ambientales en una de las principales zonas de recarga hídrica y biodiversidad del Área Metropolitana de San Salvador (AMSS).
MOPT niega que proyecto esté dentro de área protegida
Horas antes de los mensajes publicados por la embajada china, el Ministerio de Obras Públicas y Transporte (MOPT) negó oficialmente que el proyecto vaya a construirse dentro del área protegida de El Espino o del Parque Bicentenario.
La institución aseguró que el terreno destinado para el nuevo CIFCO está ubicado frente a Cancillería, en una zona urbanizada donde ya funcionan entidades como el Sistema de Integración Centroamericana (SICA), ILEA, FEPADE y la Universidad Dr. José Matías Delgado.
Además, el MOPT anunció una jornada de reforestación con la siembra de 20,000 árboles en El Espino, como parte de las medidas ambientales impulsadas tras los cuestionamientos ciudadanos.
El nuevo CIFCO forma parte de los proyectos financiados con cooperación no reembolsable de China, junto a otras obras emblemáticas como el nuevo Estadio Nacional que se construye en terrenos donde anteriormente funcionó la Escuela Militar.
El Ministerio de Obras Públicas (MOP) recibió oficialmente este miércoles la certificación bajo la norma internacional ISO 37001:2016 del Sistema de Gestión Antisoborno, otorgada por la Asociación Española de Normalización y Certificación (AENOR).
El reconocimiento fue entregado al titular de la institución, Romeo Rodríguez, por el director general de AENOR para Centroamérica, Arnulfo Pino.
«Esto marca el inicio de una mejora continua que tenemos que realizar en el ministerio. Siempre asegurando principios como la tolerancia cero al soborno y a la corrupción, la transparencia en la gestión pública, la rendición de cuentas, la ética institucional y la protección a los denunciantes», dijo el ministro del MOP.
Durante el acto, el ministro destacó que esta certificación representa un avance en el cumplimiento de la Ley de Compras Públicas, específicamente el artículo 16, que establece la obligación de las instituciones estatales de implementar sistemas antisoborno.
Rodríguez señaló que el MOP cuenta con diferentes mecanismos para recibir denuncias relacionadas con posibles actos de corrupción o soborno, y entre ellos mencionó el WhatsApp: 7620-5505 y la línea telefónica: 2528-3345. Además, el correo denuncias.soborno@mop.gob.sv.
«El Salvador está siendo pionero al establecer por ley que las instituciones de Gobierno implementen, mantengan y certifiquen un Sistema de Gestión Antisoborno. Ningún país lo había hecho y El Salvador ha dado un paso al frente», agregó Arnulfo Pino.
Ciento quince nuevos voluntarios en la Cruz Roja Salvadoreña se suman a la noble misión de prevenir y aliviar el sufrimiento humano.
Tras completar satisfactoriamente los cursos de primeros auxilios, acceso más seguro, doctrina básica, estatutos y reglamentos de Cruz Roja Salvadoreña, 115 estudiante de la Licenciatura en Anestesiología de la Universidad de El Salvador (UES) oficializaron su incorporación como nuevos voluntarios.
En un acto protocolario, los participantes recibieron su respectivo diploma en compañía de autoridades de ambas instituciones quienes destacaron el compromiso, la solidaridad y el espíritu de servicio de esa nueva generación de voluntarios.
Con entusiasmo y vocación estos jóvenes se preparan para aportar su conocimiento al servicio humanitario y ayudar a las personas en emergencias.
