La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia reiteró que la sesión plenaria del 24 de diciembre de 2020 estuvo llena de irregularidades que llevaron a votar por decretos irrespetuosos del marco jurídico vigente.

En la resolución a la Controversia 2-2020, el referido tribunal de justicia resolvió: “declárase inconstitucional, de modo general y obligatorio, el Decreto Legislativo n. 800, de 24 de diciembre de 2020, por la vulneración al principio de vulneración parlamentaria derivado del artículo 135 de la Constitución”.

Esta maniobra de los diputados salientes pretendía modificar el destino de un préstamo de $50 millones aprobado por el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE). Si bien el destino que habían aprobado el Banco y el Ejecutivo iba para dar respuesta a la pandemia, los diputados de oposición lo cambiaron sin consultar a nadie y trataron de llevar esas transferencias a los alcaldes. Todo, sin rendir cuentas.

La misma resolución consigna que el diputado por ARENA, Rodrigo Ávila –reelecto para La Libertado con la bandera tricolor– propuso la modificación de agenda a la 1 de la mañana. En cuestión de 10 minutos, los diputados habían votado a favor de distorsionar el destino del préstamo.

Los magistrados dejaron a un lado el análisis de los otros motivos de inconstitucionalidad que había detallado el Ejecutivo. De acuerdo con el análisis, era suficiente con haber dejado claro el vicio de forma.

“El D. L. n° 800/2020 no fue resultado del debate democrático que debe existir en un órgano de naturaleza representativa y pluralista como la Asamblea Legislativa. Por lo expuesto, el referido decreto será declarado inconstitucional”, subraya la sentencia.

Es posible que los diputados de la nueva legislatura tengan que volver a someter a este préstamo del BCIE a un proceso de formación de ley nuevo. Esto lo tendrá que aclarar el Ejecutivo.

A pesar de los múltiples errores de los diputados que van de salida y su manipulación de los préstamos aprobados para el país, los organismos multilaterales más bien han aumentado su confianza en el Ejecutivo. De hecho, el BCIE acaba de aprobar por unanimidad de sus directores la mayor operación de préstamo en su historia: $600 millones y están destinados a El Salvador.