Nacionales
Rolando Castro: “Falta de herramientas legales e incremento de casos de covid-19 no permiten reapertura económica”
El ministro de Trabajo Rolando Castro enfatizó que el aumento de casos positivos de Covid-19 y la falta de una herramienta legal que le permita al Gobierno del Presidente Nayib Bukele contener la propagación del virus, está retrasando la fase II del plan de reapertura económica en El Salvador.
El funcionario señaló que la situación es “bastante complicada” en términos sanitarios, en este momento, debido a que la cadena de transmisión se ha triplicado desde que inició el pasado 16 junio la fase 1 de la reanudación de las actividades comerciales.
El Presidente Nayib Bukele ha insistido en reiteradas ocasiones en la necesidad de una cuarentena estricta de 15 días que permita estabilizar la curva de la pandemia; sin embargo, los diputados han dejado de lado las discusiones de una nueva normativa que permita bajar el número de caso positivos de coronavirus.
“La Asamblea Legislativa nos mantiene inactivos en el marco jurídico y la concientización de nuestro pueblo nos cuesta bastante. La cantidad de contagiados es sumamente fuerte”, lamentó el titular de Trabajo en la entrevista de Noticiero Hechos de canal 12.
Sobre la emergencia que generó la pandemia de Covid-19 en El Salvador, Castro aseguró que hasta la fecha no existe un parámetro estadístico real de desempleo y desmintió publicaciones de algunos medios de comunicación que brindan cifras irreales.
“Sí sabemos que el achicamiento de las fuentes de empleo ha sido real, no podemos decir lo contrario a partir de la pandemia que ha lacerado a todo el mundo entero”, expresó el funcionario. Además, criticó esas publicaciones que “no gozan de ningún nivel de responsabilidad institucional”.
El titular de Trabajo también destacó el diálogo que ha realizado con empresas que habían suspendido contratos a trabajadores durante la emergencia por Covid-19 y el reinstalo de miles de trabajadores, así como la generación nuevas fuentes de empleo.
“Reinstalamos a más de 40 mil personas a quienes les habían suspendido su contrato y adicional a ello, las empresas se comprometieron en ubicar mayores fuentes de empleo, con un promedio de entre 15 y 20 mil, de ahora a diciembre”, afirmó.
De igual forma recalcó, que el Ministerio de Trabajo continúa desarrollando inspecciones exhaustivas para verificar el cumplimiento de las medidas de bioseguridad en las empresas y que los derechos de los trabajadores no sean vulnerados.
Rolando Castro añadió que diariamente la institución que dirige está realizando cerca de 50 inspecciones a empresas en turnos mañana, día y noche, para verificar si se está cumpliendo con las medidas de seguridad a fin de evitar que los empleados se contagien de coronavirus.
Con respecto al respaldo que el Estado está brindado a las micro y pequeñas empresas por medio del Banco de Desarrollo de El Salvador (BANDESAL), el ministro indicó que esa cartera de Estado cuenta con un diagnóstico de la realidad de las MIPYMES para que se les pueda brindar apoyo crediticio, que en medio de la emergencia han querido ayudar a sus trabajadores y no han podido.
“Para la micro y pequeña empresa siempre va a estar el brazo del Estado ayudándola con un apalancamiento muy fuerte, con un empuje para levantar la economía a través de BANDESAL”, reiteró.
Finalmente descartó que tiene una incidencia en la campaña del 2021, ya que su trabajo se enfoca en la cartera del Estado que dirige.
Judicial
¡ESCÁNDALO DE CORRUPCIÓN! Revelan dádivas por $1.5 millones, viajes en jets privados y vehículos de lujo en el caso Corruptela
El caso Corruptela vuelve a poner bajo la lupa uno de los mayores escándalos de corrupción dentro de la Fiscalía General de la República (FGR). El Juzgado Cuarto de Instrucción de San Salvador reanudó la audiencia preliminar contra una presunta estructura integrada por 30 personas, entre exfuncionarios, exempleados de la institución y empresarios, señalados de participar en una serie de irregularidades que habrían permitido el desvío de fondos públicos, la manipulación de investigaciones y la entrega de beneficios económicos a cambio de favores.
Uno de los datos más relevantes expuestos en el proceso es la entrega de dádivas valoradas en aproximadamente $1.5 millones, que, según las investigaciones, incluían dinero en efectivo, vehículos de lujo y viajes en aviones privados. Estos beneficios habrían sido utilizados para obtener decisiones favorables dentro del Ministerio Público, entre ellas el archivo irregular de expedientes, la apertura de investigaciones falsas, la manipulación de acusaciones y la ejecución de detenciones ilegales.
Las investigaciones también establecieron un presunto desvío de $735,866.14 procedentes de cuentas especiales y del patrimonio de la Fiscalía. De acuerdo con la acusación, estos recursos habrían sido utilizados para financiar consultorías ficticias, contrataciones ilegales, remodelaciones de viviendas particulares, mantenimiento de vehículos privados, pago de servicios de telefonía personal y viáticos que no correspondían a las funciones institucionales.
La investigación comprende 22 hechos de presunta corrupción relacionados con 30 personas, entre quienes figura el exfiscal general de la República, Luis Antonio Martínez González, señalado como uno de los principales involucrados en el caso. También aparece el exfiscal general adjunto Edgar Isaías Márquez, quien no se presentó a la audiencia preliminar y fue declarado rebelde por la jueza encargada del proceso.
Entre los demás procesados se encuentran Julio Adalberto Arriaza González, José Francisco Paredes Valladares, Mauricio Antonio Yanes Morales y José Dolores Zelaya Mendoza, quienes ocuparon diferentes cargos dentro de la Fiscalía. La investigación también incluye al fallecido expresidente de la República, Carlos Mauricio Funes, así como a empresarios y particulares presuntamente vinculados con las operaciones investigadas.
En el expediente también figuran los empresarios José Aquiles Enrique Rais, Hugo Ernesto Blanco Rais, Aldo Vinicio Parducci, Moisés Torres Polanco y Jorge Moisés Nájera Aguilar. Según la investigación, la presunta red habría utilizado recursos, cargos y facultades de la Fiscalía para favorecer intereses particulares, mediante decisiones que comprometían el funcionamiento de la institución encargada de investigar los delitos en El Salvador.
La audiencia preliminar se desarrolla a puerta cerrada debido a una reserva parcial decretada para proteger la identidad de testigos criteriados. No obstante, durante el desarrollo de las diligencias se han conocido algunas decisiones judiciales relacionadas con los imputados y las solicitudes presentadas por las partes.
Entre estas decisiones destaca que cinco imputados considerados de menor participación recibieron autorización para someterse a un procedimiento abreviado, mediante el cual admitirían los hechos delictivos que se les atribuyen a cambio de penas reducidas, conforme a las condiciones establecidas por la legislación. Sin embargo, a Blanca Rosa Rais, hermana del empresario Enrique Rais, le fue denegada la posibilidad de acogerse a ese procedimiento.
Otro punto importante de la audiencia es la petición de la Fiscalía para modificar la calificación de la participación del exfiscal Luis Martínez y de Julio Arriaza. El Ministerio Público busca que ambos dejen de ser considerados instigadores y sean procesados como autores directos de los delitos que se les atribuyen. Martínez enfrenta acusaciones por siete delitos, mientras que Arriaza está vinculado a tres ilícitos.
Los delitos investigados dentro del caso Corruptela incluyen cohecho propio, cohecho activo, peculado, negociaciones ilícitas, falsedad ideológica, falsedad documental agravada, omisión de la investigación y lavado de dinero y de activos. La diversidad de acusaciones refleja la dimensión de un proceso que abarca tanto el presunto uso indebido de recursos institucionales como posibles actuaciones ilegales dentro de investigaciones penales.
El caso continúa en una etapa judicial decisiva, en la que deberá determinarse si existen suficientes elementos para enviar a juicio a los acusados. Las cifras millonarias, los beneficios de lujo y las presuntas irregularidades cometidas desde el interior de la Fiscalía constituyen el eje de una investigación que busca establecer las responsabilidades individuales de los involucrados, respetando el debido proceso y la presunción de inocencia mientras no exista una sentencia firme.
Como parte de la Semana de la Reducción de Riesgos de Desastres, la Dirección General de Protección Civil desarrolla este miércoles 14 de octubre el Simulacro Nacional de Preparación y Respuesta ante Terremoto 2026, con la participación de instituciones públicas y privadas de todo el país.
El ejercicio contempla el escenario de un terremoto de ocho grados con impacto a escala nacional, que ha provocado daños en edificios y viviendas, interrupciones de servicios básicos, conatos de incendios y personas lesionadas.
La actividad tiene como objetivo evaluar la efectividad de los planes de emergencia y evacuación, el desempeño de las brigadas institucionales y comunitarias, así como la coordinación y comunicación entre las instituciones que integran el Sistema Nacional de Protección Civil.
Además, busca fomentar la cultura de prevención, garantizar la inclusión de personas con discapacidad y en condición de vulnerabilidad, identificar oportunidades de mejora en la respuesta ante emergencias y recopilar datos técnicos y estadísticos que permitan fortalecer la preparación y la mejora continua en los ámbitos local, municipal y nacional.
Las autoridades también destacaron que el simulacro busca conmemorar a las víctimas del terremoto de 1986, que dejó al menos 1,500 personas fallecidas.
«No será solo un día para conmemorar a las víctimas del terremoto de 1986, sino también para realizar actividades de prevención», explicó Luis Amaya, director general de Protección Civil, durante una entrevista el lunes.
El funcionario señaló, además, que este martes comienza la Semana de la Reducción de Riesgos de Desastres, bajo el lema «La resiliencia empieza en casa y en las comunidades».
Como parte de las actividades, también se desarrolla una feria en el parque Simón Bolívar, ubicado en el Centro Histórico de San Salvador. En el lugar se instalarán exposiciones y se brindará información sobre el trabajo que realizan las diferentes instituciones en materia de prevención.
Por su parte, la Secretaría de Prensa indicó en su cuenta de X que «el gobierno del presidente Nayib Bukele impulsa la preparación del Sistema Nacional de Protección Civil ante posibles emergencias ocasionadas por sismos y desastres naturales, con el objetivo de resguardar la vida de los salvadoreños a escala nacional».
Un nuevo accidente de tránsito se reportó este día en la carretera que conduce de Sonsonate hacia San Salvador, donde un vehículo volcó en el sector de Copapayo.
Por razones que aún se desconocen, el conductor perdió el control del vehículo, lo que provocó que terminara volcado.
Según reportes ciudadanos, el percance dejó a una mujer lesionada y ocasionó fuertes daños materiales.
Personal policial acudió a la escena para inspeccionar lo ocurrido, mientras las causas del accidente continúan bajo investigación.
