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Resultados históricos refutan las críticas contra plan de seguridad
Los históricos resultados registrados en la seguridad pública en El Salvador con el Gobierno del presidente Nayib Bukele refutan claramente las críticas que organizaciones y medios de comunicación internacionales, como el periódico The Guardian, hacen sin fundamento en contra del régimen de excepción y el Plan Control Territorial (PCT).
En su editorial del domingo anterior, el medio británico afirma que la «caída de la delincuencia es insostenible» en El Salvador, porque el Gobierno Central solo aplica la política de mano dura, que fue utilizada por gobiernos anteriores para combatir a las pandillas.
Pero lo cierto es que el trabajo en seguridad no solo está centrado en la represión del delito, sino también en la prevención, que se materializa en la fase II del PCT, que es Oportunidades, que ha dado paso a la construcción de Centros Urbanos de Bienestar y Oportunidades (Cubos) en las comunidades que tenían alta incidencia delincuencial.
En esos Cubos los jóvenes encuentran un espacio para la recreación y el sano esparcimiento, gracias a la práctica del deporte, espacios de lectura y talleres de música o pintura, desarrollados por la dirección de Reconstrucción del Tejido Social de la Presidencia de la República.
El medio de comunicación británico también planteó en su editorial que el Gobierno salvadoreño no logrará la «derrota de las pandillas», sin embargo, desde el 27 de marzo de 2022 -cuando inició la vigencia del régimen de excepción- las autoridades de seguridad pública ya reportan la captura de más de 71,000 pandilleros, y ayer se cumplieron 399 días sin homicidios.
Aparte de estos dos registros, también se ha informado del decomiso de armas de fuego, municiones, drogas, viviendas y vehículos que estaban en poder de las pandillas y habían sido adquiridos con financiamiento ilícito.
Según el analista político y sociólogo Mauricio Rodríguez, la diferencia entre las acciones de seguridad de los gobiernos anteriores con las actuales es que ahora no hay un trasfondo electoral.
«Los gobiernos de ARENA y FMLN utilizaron la seguridad como un tema puramente electorero, para manejar las masas, la mentalidad de las personas, para generar una sensación de que estaban trabajando por la seguridad del país», señaló.
A tono con los ataques de diversos sectores, The Guardian recomienda en su editorial que los gobiernos de la región no repliquen las políticas de seguridad de Bukele, porque aparte de ser insostenibles son atentatorias contra los derechos humanos.
No obstante, Rodríguez cree que «sí se pueden retomar elementos» de la política de seguridad salvadoreña, porque «el bukelismo es una tendencia internacional, en la que ya muchos países están tratando de tropicalizar las ideas relacionadas con las seguridad pública en El Salvador».
Tres mujeres se desmayaron al interior del cementerio Santa Isabel, en el distrito de Santa Ana, según informaron voceros de Cruz Azul Salvadoreña.
De acuerdo con la institución de socorro, una de las afectadas es una menor de 17 años, mientras que las otras dos mujeres tienen 18 y 65 años de edad.
Socorristas de Cruz Azul Salvadoreña brindaron primeros auxilios a las tres mujeres en el lugar y posteriormente las trasladaron al hospital más cercano para recibir atención médica.
Los voceros añadieron que dos de las víctimas fueron llevadas al centro asistencial aún en estado inconsciente.
Nacionales
Atención: ANDA prevé interrupciones temporales en el servicio de agua potable en Usulután Este
La Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA) informó que el servicio de agua potable se verá afectado temporalmente en varios sectores del distrito de Concepción Batres, municipio de Usulután Este, debido a labores de mantenimiento programadas por la distribuidora eléctrica.
La interrupción está prevista para mañana, domingo 21 de junio, en el horario comprendido entre las 6:00 de la mañana y las 3:00 de la tarde. Durante ese período, el sistema de distribución de agua potable podría presentar afectaciones mientras se ejecutan los trabajos en la red eléctrica.
Las zonas que podrían experimentar inconvenientes en el suministro son los barrios El Calvario, Candelaria, El Centro, La Parroquia y San Antonio. Asimismo, la medida afectará al caserío Santa Lucía, la colonia El Progreso y la lotificación El Paraisal II.
ANDA explicó que la afectación está vinculada directamente a la suspensión temporal del servicio eléctrico, indispensable para el funcionamiento de los sistemas de bombeo y distribución de agua potable.
La institución indicó que, una vez sea restablecido el suministro de energía eléctrica, los sistemas retomarán su operación habitual.
El ministro de Trabajo, Rolando Castro, afirmó que la empresa donde ocurrió el accidente laboral que dejó un trabajador fallecido ya había sido inspeccionada previamente por la institución debido a incumplimientos en materia de seguridad ocupacional.
Según el funcionario, durante visitas anteriores se detectó que la compañía no contaba con un comité de seguridad y que las observaciones realizadas por los técnicos del Ministerio de Trabajo no fueron atendidas. “Además de las recomendaciones que brindamos con nuestros técnicos, ninguna cumplieron”, señaló.
Castro lamentó la muerte del trabajador y advirtió que la empresa deberá responder por las irregularidades encontradas. “Hoy lamentamos la pérdida de vidas humanas. Van a tener que indemnizar a sus familias y también tendrán que responder todos los hallazgos encontrados”, sostuvo.
El accidente ocurrió en una obra de construcción ubicada en la colonia Villas de San Rafael, sector del puente El Trébol, en Santa Ana, donde un derrumbe de tierra dejó soterrados a dos trabajadores.
Equipos de socorro lograron rescatar con vida a uno de ellos, quien fue trasladado a un centro asistencial. Sin embargo, la segunda víctima fue encontrada sin signos vitales durante las labores de búsqueda.
Las autoridades iniciaron una investigación para determinar responsabilidades y esclarecer las causas del colapso. La obra está vinculada a la empresa AYM Ingenieros, la cual formará parte de las investigaciones para establecer si existieron incumplimientos en las medidas de seguridad ocupacional que pudieron influir en el accidente.
Las autoridades buscan determinar las responsabilidades correspondientes tras la muerte del trabajador.
