Nacionales
Rentabilidad negativa de pensiones desata incertidumbre ciudadana
Las voces ciudadanas irrumpieron este lunes las redes sociales para denunciar saldos negativos en sus estados de cuenta de las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) hasta de tres cifras.
«Acabo de recibir una desagradable noticia. En mi estado de cuenta de AFP tengo “rentabilidad negativa”, se han perdido más de $750 en este año así por así, ¿qué está pasando? A este paso, este año, se perderán más de $1,000 y por ley no puedo sacar mi ahorro que viene desde 1999. Estamos mal», denunció el usuario de Twitter, Denys Alarcón.
Como Alarcón decenas de ciudadanos informaron que sus estados de cuenta reflejaron pérdidas y exigían una explicación por parte de estas instituciones.
Pero, por su parte, en un comunicado de prensa la Asociación Salvadoreña de Administradoras de Fondos (Asafondos) informó que la tasa de rentabilidad nominal promedio de los últimos 36 meses registrada a mayo de 2022, según datos de la Superintendencia del Sistema Financiero (SSF), fue de 3.89 %.
Sin embargo, en mayo de 2021, dicha rentabilidad era de 5.61 %, mientras que para abril de este año la tasa indicaba un 4.15 %, cifras superiores a las reportadas hasta el quinto mes de 2022.
Al respecto, las AFP argumentaron que esta variación se debe a que los mercados bursátiles de todo el mundo, en donde invierten los ahorros de los trabajadores, se encuentran inestables debido a situaciones como la escalada inflacionaria que afecta al mundo.
«La inflación es un fenómeno que está experimentando prácticamente todas las economías del mundo e incide en el desempeño real de todos los portafolios de inversión, con alcances acotados en el tiempo, por lo que en la rentabilidad de largo plazo de los ahorros de los trabajadores es, en todo caso, limitado y no implica que los ahorro hayan dejado de incrementarse», advierte la gremial.
Asimismo, agregan que las inversiones de los fondos de pensiones incluyen los instrumentos emitidos por el Gobierno salvadoreño, se realizan bajo condiciones de mercado y sus precios están sujetos a fluctuaciones y la rentabilidad que generan dichas inversiones.
Ante esto, el diputado de Nuevas Ideas, José Urbina, cuestionó la situación y aseguró que las administradoras de pensiones hacen un mal manejo de los fondos de los trabajadores.
«Las AFP son el mecanismo que utilizó ARENA para llegar rápido al bolsillo del pueblo. Deben pagar, llegó el tiempo de la justicia», escribió en Twitter.
También el legislador cian, Eduardo Amaya, criticó la situación y remarcó que los salvadoreños merecen pensiones justas, más allá del proteccionismo a intereses particulares que favoreció a estas empresas en el pasado.
«Las AFP fueron un robo con complicidad de la vieja clase política. Por décadas se protegió los intereses de quienes hacían negocio con el dinero de los salvadoreños. El tema es complejo, pero los salvadoreños merecen pensiones justas», opinó Amaya.
El Tribunal Tercero de Sentencia de San Salvador emitió una condena de 12 años de prisión en contra de Andrés de Jesús Rodríguez, por extorsión agravada, en perjuicio de un comerciante del distrito de Cuscatancingo en San Salvador.
Según el expediente judicial, la víctima es un propietario de un negocio de productos varios, quien fue visitado por Rodríguez para exigirle dinero en concepto de renta.
En primera instancia, el comerciante denunció que, desde mediados de 2021, una mujer llegó a su negocio y se identificó como integrante de la pandilla MS13 y le exigió $75 mensuales a cambio de respetarle la vida.
Por temor a represalias, la víctima estuvo pagando la extorsión de forma mensual hasta que en diciembre de 2023 le exigieron $75 adicionales en concepto de aguinaldo. Fue así que el 27 de diciembre decidió interponer la denuncia ante la policía.
Como consecuencia, Rodríguez llegó con amenazas en contra de la víctima, advirtiendo que si no entregaba el dinero enfrentaría las consecuencias. Sin embargo, ante la denuncia, el sujeto fue capturado y procesado por el delito de extorsión.
Una estructura criminal de la pandilla MS13 enfrenta juicio en el Tribunal Segundo de Sentencia de San Salvador por el delito de extorsión agravada en perjuicio de un empresario.
De acuerdo a la investigación fiscal, son tres pandilleros quienes comenzaron a cometer el delito desde el año 2014. Exigían sumas de dinero a cambio de no atentar contra la vida de la víctima.
En el año 2019, el empresario decidió interponer la denuncia y se inició el proceso de investigación con participación de la Fiscalía General de la República (FGR) y de la Policía Nacional Civil. De esta manera, mediante el mecanismo de entregas controladas de dinero, lograron identificar a los criminales que cobraban la extorsión.
«Los extorsionistas no recibían directamente el dinero, sino que obligaban a que la víctima lo dejara escondido en algún lugar. No era personal el recibimiento del dinero, sin embargo, con estrategias logramos las capturas. Ahora van a responder ante la justicia por estos hechos cometidos», explicó el fiscal que lleva el caso.
Los pandilleros involucrados en estos hechos fueron capturados a mediados de 2019. Para fundamentar la investigación, la Fiscalía cuenta con cinco testigos de cargo que rendirán sus declaraciones durante la vista pública
El Juzgado Especializado Primero de Instrucción para una Vida Libre de Violencia y Discriminación para las Mujeres de San Salvador envió a juicio al imputado William Alexander Reyes Guerra, de 25 años, quien es acusado de feminicidio agravado en grado de tentativa.
De acuerdo a la investigación fiscal, en octubre de 2025, residentes de la urbanización Ciudad Futura del Distrito de Cuscatancingo alertaron a la Policía Nacional Civil de una escena de violencia. Cuando llegaron al lugar encontraron a la víctima inconsciente y con sangrado en la cabeza, producto de un golpe con un ladrillo que le propinó Reyes Guerra.
Las autoridades encontraron al imputado afuera de la vivienda, mientras la mujer aún no recuperaba el conocimiento. Al ser señalado como el culpable, la Policía capturó a Reyes Guerra, durante el periodo de flagrancia.
Según la investigación fiscal, el detenido tiene antecedentes de violencia psicológica, emocional y física. Además, considerando que la víctima es una persona adulta mayor, el Juzgado ordenó la apertura a juicio y ratificó la medida cautelar de detención provisional contra el agresor debido a la gravedad del delito atribuido.
