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Rentabilidad negativa de pensiones desata incertidumbre ciudadana
Las voces ciudadanas irrumpieron este lunes las redes sociales para denunciar saldos negativos en sus estados de cuenta de las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) hasta de tres cifras.
«Acabo de recibir una desagradable noticia. En mi estado de cuenta de AFP tengo “rentabilidad negativa”, se han perdido más de $750 en este año así por así, ¿qué está pasando? A este paso, este año, se perderán más de $1,000 y por ley no puedo sacar mi ahorro que viene desde 1999. Estamos mal», denunció el usuario de Twitter, Denys Alarcón.
Como Alarcón decenas de ciudadanos informaron que sus estados de cuenta reflejaron pérdidas y exigían una explicación por parte de estas instituciones.
Pero, por su parte, en un comunicado de prensa la Asociación Salvadoreña de Administradoras de Fondos (Asafondos) informó que la tasa de rentabilidad nominal promedio de los últimos 36 meses registrada a mayo de 2022, según datos de la Superintendencia del Sistema Financiero (SSF), fue de 3.89 %.
Sin embargo, en mayo de 2021, dicha rentabilidad era de 5.61 %, mientras que para abril de este año la tasa indicaba un 4.15 %, cifras superiores a las reportadas hasta el quinto mes de 2022.
Al respecto, las AFP argumentaron que esta variación se debe a que los mercados bursátiles de todo el mundo, en donde invierten los ahorros de los trabajadores, se encuentran inestables debido a situaciones como la escalada inflacionaria que afecta al mundo.
«La inflación es un fenómeno que está experimentando prácticamente todas las economías del mundo e incide en el desempeño real de todos los portafolios de inversión, con alcances acotados en el tiempo, por lo que en la rentabilidad de largo plazo de los ahorros de los trabajadores es, en todo caso, limitado y no implica que los ahorro hayan dejado de incrementarse», advierte la gremial.
Asimismo, agregan que las inversiones de los fondos de pensiones incluyen los instrumentos emitidos por el Gobierno salvadoreño, se realizan bajo condiciones de mercado y sus precios están sujetos a fluctuaciones y la rentabilidad que generan dichas inversiones.
Ante esto, el diputado de Nuevas Ideas, José Urbina, cuestionó la situación y aseguró que las administradoras de pensiones hacen un mal manejo de los fondos de los trabajadores.
«Las AFP son el mecanismo que utilizó ARENA para llegar rápido al bolsillo del pueblo. Deben pagar, llegó el tiempo de la justicia», escribió en Twitter.
También el legislador cian, Eduardo Amaya, criticó la situación y remarcó que los salvadoreños merecen pensiones justas, más allá del proteccionismo a intereses particulares que favoreció a estas empresas en el pasado.
«Las AFP fueron un robo con complicidad de la vieja clase política. Por décadas se protegió los intereses de quienes hacían negocio con el dinero de los salvadoreños. El tema es complejo, pero los salvadoreños merecen pensiones justas», opinó Amaya.
El Salvador impulsa el Sistema de Alerta Temprana para Incendios Forestales (SAT-IF), una herramienta estratégica que permitirá reducir riesgos y mejorar la gestión ante estos eventos.
Miembros de la Dirección General de Protección Civil y su Equipo Táctico de Emergencias, Cuerpo de Bomberos, Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN), Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), Ministerio de Salud (MINSAL), Fiscalía General de la República (FGR) y el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) como parte de la Comisión Nacional de Incendios Forestales (CNIF) conocieron la propuesta.
De acuerdo con Protección Civil, los incendios forestales constituyen una de las amenazas ambientales y sociales más complejas en El Salvador, generando impactos sobre los ecosistemas, la salud pública, la seguridad alimentaria, la infraestructura productiva y los medios de vida de comunidades rurales y de interfaz urbano-forestal.
Este año, lo incendios forestales se han duplicado. «En forestales: en 2025 fueron 80 y en 2026, suman 166 incendios, con un incremento de 108 %», afirmó recientemente el director de Bomberos, Baltazar Solano.
«La recurrencia de estos eventos, intensificada por el cambio climático, la degradación de recursos naturales y el uso inadecuado del fuego, ha evidenciado la necesidad de pasar de enfoques reactivos a estrategias de prevención y anticipación», comunicó la institución.
El SAT-IF se concibe como un sistema integral que transforma información climática, ambiental, territorial y social en alertas oportunas y acciones concretas, permitiendo intervenir antes de que los incendios alcancen niveles de alta severidad.
La propuesta incorpora buenas prácticas internacionales, adaptadas a la realidad de El Salvador, derivadas de la experiencia técnica de Corea, fortaleciendo la arquitectura, componentes funcionales y mecanismos de gobernanza del sistema.
El sistema se estructura en cuatro componentes interdependientes: monitoreo y vigilancia, análisis y evaluación del riesgo, comunicación y difusión de alertas, y preparación y respuesta. Además, promueve una gobernanza multinivel y multisectorial, articulando los niveles estratégico, técnico, operativo y comunitario, y fortaleciendo la coordinación interinstitucional. Un elemento central del SAT-IF es la participación comunitaria.
En el gobierno de Nayib Bukele, las cifras en materia de seguridad han mostrado una mejora sostenida año con año, como resultado de las distintas estrategias implementadas para combatir la criminalidad. Esta tendencia se ha mantenido firme cada mes que ha transcurrido este 2026.
Con los últimos resultados obtenidos el mes anterior, se concluye que abril de 2026 superó los resultados en seguridad del año pasado en mismo periodo. Dicho mes cerró con tres homicidios, registrando un promedio de 0.10 homicidios por día; mientras que, en el 2025, hubo 5 reflejando un promedio de 0.16. Además de cerrar con bajo promedio, en abril se registraron 27 días sin homicidios.
Dichos indicadores, que continúan reflejando una reducción en los hechos delictivos, especialmente en homicidios, consolidan un escenario de mayor seguridad en el país.
Respecto a los homicidios reportados en abril de este año, las autoridades han logrado resolver la mayoría de estos con la captura de los sospechosos.
El 30 de abril pasado, la Policía Nacional Civil reportó el homicidio de una mujer de 65 años. El crimen se registró en Candelaria de la Frontera, Santa Ana Oeste.
De acuerdo con las autoridades, la víctima presentaba lesiones con arma blanca y actualmente equipos de inteligencia e investigaciones buscan al responsable.
Mientras que, el 19 de abril, la Policía registró el feminicidio de una mujer de 28 años, en Santa Ana.
En coordinación con las autoridades de Guatemala, la Policía logró ubicar y capturar al responsable identificado como Diego Antonio Santos Villanueva.
Asimismo, el 4 de abril, la Policía reportó un homicidio en Zacatecoluca, La Paz Este, donde un hombre de 34 años fue asesinado con arma blanca.
El responsable de este hecho fue José Armando Mancía García de 38 años. Según las autoridades, Mancía comenzó a agredir a su esposa y la víctima, quien es cuñado del detenido, intentó defender a su hermana, pero Mancía lo atacó.
Las autoridades del Gabinete de Seguridad Ampliado aseguran que continuarán implementado las medidas que sean necesarias para que, en El Salvador, cualquiera que cometa un homicidio, sea puesto tras las rejas.
La Procuraduría General de la República (PGR) acreditó a 28 nuevos mediadores internos, que tienen por función ayudar a resolver conflictos de forma pacífica y rápida, sin escalar a instancias judiciales.
«La mediación constituye un pilar fundamental para la construcción de una sociedad más justa, pacífica y armónica, transformando los conflictos en oportunidades de diálogo y entendimiento», expresó el procurador general de la república, René Escobar.
Con los nuevos profesionales acreditados, la PGR cuenta con 388 mediadores, que atienden en la sede central y en las 18 procuradurías auxiliares.
En el primer trimestre de 2026, la Unidad de Mediación y Conciliación de la Procuraduría, ingresó 4,023 expedientes de personas que buscaron ayuda para resolver problemas de tipo patrimonial, problemas vecinales, de familia, cuotas alimenticias, custodias de hijos, entre otros.
Los 28 nuevos mediadores serán desplegados en las procuradurías de San Miguel, Usulután, Morazán, La Unión, Ahuachapán, Cuscatlán y Soyapango, informó la institución.
«La mediación ofrece a la ciudadanía una forma pacífica, rápida y humana de resolver los conflictos, sin necesidad de llegar a procesos judiciales largos y costosos. La mediación permite la justicia a las personas, promoviendo el diálogo, la comprensión mutua y la construcción de acuerdos sostenibles», afirmó Jeanneth Marconi, procuradora especializada de mediación.
