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Propietarios de bares preocupados por la escasez de cerveza en el Gran San Salvador
Como algo visto de manera insólita y bajo la preocupación por verse amenazados de tener que cerrar sus negocios, varios propietarios de bares y restaurantes en los que comercializan cervezas han denunciado escasez en la distribución de este producto.
Industrias La Constancia (ILC) es la empresa que distribuye las marcas Pilsener, Golden, Regia Extra, Golden Extra, Budweiser, Bud Light, Corona, Stella Artois, Modelo y Santa Cruz 1906 en el territorio salvadoreño. Misma que se encarga de entregar a sus proveedores el producto solicitado.
De acuerdo a un empresario afectado, en su negocio ubicado en la colonia San Luis, en San Salvador, ya solo cuenta con ocho cajas de cerveza, luego de que recibiera el último pedido el pasado 30 de abril.
“Hasta la fecha no cuento ni con Regias ni Supremas ni Stellas (Artois). Estoy en la espera de que me entreguen producto, pero no vienen y si vendo lo único que me queda me veré obligado a buscar hasta de lata”, comentó el empresario quien desde hace siete días espera de nuevo a los repartidores de ILC.
La marca en la que coinciden los comerciantes es en la Regia. En un restaurante situado en Antiguo Cuscatlán tampoco cuentan con ese producto -uno de los más solicitados- desde hace casi una semana.
Otro encargado de un negocio instalado en el municipio de La Libertad, indicó que el 4 de mayo fue el último día en el que recibieron pedido por parte de la ILC. Explicó que ha observado camiones repartidores circulando en las calles, pero le extraña que no le entreguen producto en su negocio.
Ambos propietarios indicaron que les comunicaron que “había un cambio en el sistema de facturación” en ILC, pero no hay otra razón que les haga respirar tranquilamente y que les dé garantía de que podrán continuar con sus ventas.
“Desde el 25 de abril nos vinieron a informar que harían un cambio en el sistema de facturación, pero de ahí no dijeron nada más y hasta la fecha seguimos esperando saber qué ocurre”, explicó una de las fuentes.
Otro punto de escasez de cervezas detectado por El Salvador Time es el bulevar Constitución. Al consultar unos negocios de la zona, los encargados de estos concordaron que tampoco han podido obtener sus pedidos de esa bebida alcohólica.
En Merliot, Santa Tecla, ocurre lo mismo. Hace 11 días, un joven emprendedor decidió abrir un negocio de alimentos y bebidas, pero este 7 de mayo tuvo que cerrar temprano el local en donde aloja su comercio. El motivo: falta de adquisición de cervezas.
De acuerdo a un tercer propietario de bar las Regias son las que no logró encontrar desde el 3 de mayo, por lo que ofrecía Pilsener y Suprema, pero hoy ya no cuenta ni con esas marcas. Tampoco con gaseosas.
La dueña de un negocio ubicado en una de las esquinas de la colonia San Luis tuvo que cerrar el local, todo por falta de las bebidas distribuidas por ILC.
Para obtener más detalles y poder tener respuestas de los diversos cuestionamientos, se contacto con Saúl Torres, el jefe de Ventas On Premise de Industrias La Constancia.
A Torres se le fue planteada la problemática detectada en diversas áreas del Gran San Salvador, pero este dijo desconocer la misma. Además, dijo no tener información de referencia sobre el tema.
En junio de 2018, después de casi un año y medio de trámites y análisis, ILC anunció que decidió vender sus marcas de cerveza Regia Extra y Suprema a la compañía Cervecería Salvadoreña, misma que desde agosto de 2017 está constituida con capital guatemalteco y salvadoreño.
Con la venta de ambas marcas, la belgo-brasileña Anheuser-Busch InBev (AB InBev) cumplió con una de las condiciones que fue interpuesta por la Superintedencia de Competencia (SC) para aprobar en El Salvador su fusión con la británica SABMiller (compañía británico-sudafricana que surgió por la fusión de South African Breweries, Miller Brewing en 2002 y Bavaria S.A. en 2005), misma que era propietaria de ILC.
Por: El Salvador Times.
El Viceministerio de Transporte (VMT) multó con $750 al creador de contenido «Yeik» por varias infracciones a la Ley de Tránsito.
La institución sancionó al tiktoker luego de la circulación de un video en redes sociales donde el imputado ocasionó un siniestro vial donde colisionó contra otro motociclista.
Las multas fueron por conducir sin estar autorizado ($150); conducir haciendo uso del celular ($150); circular después de las 18 horas y antes de las 6 del día siguiente sin que el motociclista porte chaleco o implementos reflectivos ($150); circular sin placas ($150); conducir en zigzag ($100) y no portar tarjeta de circulación ($50).
Las autoridades también le decomisaron la motocicleta por circular sin placas ni tarjeta de circulación.
Tras conocer las sanciones, el titular del VMT, Nelson Reyes, reaccionó en su cuenta de la red X y escribió: «el respeto a la ley no es opcional. Quien ponga en riesgo la vida de los demás deberá responder por sus acciones. Seguiremos aplicando la normativa con firmeza para garantizar la seguridad vial de todos los salvadoreños».
A ocho años de prisión fue condenado José Alfredo Centeno Cantón, por el delito de tráfico ilegal de personas.
En el juicio, la Fiscalía General de la República estableció que fue detenido de forma infraganti transportando a 12 personas a quienes pretendía trasladar hasta Guatemala y con una promesa de llevarlos en «un viaje seguro» a Estados Unidos.
Centeno Cantón fue detenido el 15 de enero de 2024, en un retén que agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) habían instalado en el km 92 de la carretera Panamericana, caserío Paraje Galán, cantón San Vicente, de Candelaria de la Frontera, Santa Ana.
El plan del ahora condenado era dirigirse hacia un punto fronterizo no habilitado de la zona, para eludir los controles migratorios, ya que entre las personas que transportaba iban cinco menores de edad, los otros siete eran adultos.
En el proceso judicial se mencionó que todos viajaban en una camioneta, eso llamó la atención de los agentes policiales pues al ir sobrecargada y el nerviosismo que mostraron generó sospecha que podrían estar frente a un caso de tráfico de personas.
Ese control policial siempre ha sido estratégico ya que obligadamente se debe pasar por ese punto y por la ubicación los agentes con su experiencia pueden detectar cualquier irregularidad de los viajeros.
Llamó la atención que en una sola unidad de transporte fueran cinco menores sin ninguno de sus padres o familiares cercanos y que la custodia fuera a cargo de una persona que ni conocían.
Además, al ser entrevistado, hubo incongruencias en las respuestas de los adultos, así como de los niños, no portaban la respectiva documentación que asegura un registro legal en la frontera San Cristóbal, que era la más próxima al control vehicular donde fueron ubicados.
Con la información aportada por las víctimas, los agentes consultaron a sus superiores y luego a la Fiscalía General de la República para detener a Centeno Cantón y que le iniciaron el respectivo proceso penal.
En la fase de investigación el ministerio público obtuvo información de las víctimas, quienes confirmaron que iban hacia Estados Unidos y que los iban a pasar por un punto no habilitado hacia Guatemala.
El plan era que, del vecino país los iban a mover hacia la frontera con México donde serían entregadas a otras personas para continuar la ruta a Estados Unidos ya que ese fue el acuerdo pactado.
«El fiscal del caso dijo que las 12 víctimas eran cinco niños y siete adultos todos salvadoreños y que habían pagado una parte del dinero y la otra la harían efectiva al llegar a su destino», así lo publicó el ministerio público.
En la vista pública el tribunal tuvo acceso a testimonios de las víctimas, así como de los agentes policiales que hicieron el procedimiento de localización de las víctimas y captura del traficante de personas.
La abogada Ángela Maritza Díaz de Vásquez y Douglas Enrique Vega Guerrero, fueron condenados a penas de tres y nueve años de prisión por falsedad documental agravada y estafa.
La primera admitió la falsedad mediante un procedimiento abreviado ante el Tribunal Segundo de Sentencia de San Salvador, y la pena de tres años es sometida a una suspensión condicional bajo reglas de conducta consistente en no cambiar de domicilio, además queda inhabilitada para ejercer la profesión hasta que haya cumplido la condena; también deberá de pagar $500 a una de las víctimas.
Mientras que Vega Guerrero cumplirá en un centro penal los nueve años por tres casos de estafa, más el pago total de $14,600 en concepto de responsabilidad civil a las tres víctimas que engañó.
La Fiscalía General de la República probó en el juicio que las estafas fueron cometidas entre el 2022 y 2023, en diversos distritos del departamento de San Salvador.
El estafador utilizó redes sociales para ofrecer una variedad de productos, a los afectados les propuso venderles vehículos y les pidió dinero como adelanto.
Los denunciantes dijeron que luego de entregarle diversas cantidades de dinero, Vega Guerrero cortó todo tipo de comunicación y no lo pudieron contactar por ninguna vía.
A una de las víctimas le ofreció un vehículo por $4,800 y le manifestó que para adquirirlo debía darle $4,000 como anticipo, ese hecho ocurrió en mayo de 2023.
En las pesquisas que las autoridades realizaron obtuvieron información del afectado quien dijo que pagó y recibió el automotor, pero el auto presentó desperfectos mecánicos y estaba a nombre de otra persona, quien había denunciado que se lo habían robado.
En la vista pública quedó probado que Douglas Enrique Vega Guerrero, detenido en febrero de 2024, en los tres casos de estafa actuó con dolo, sabía perfectamente que estaba ante hechos de estafa.
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