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Presidenta de la CCR suspendió auditorias que revelarían corrupción en alcaldía de Santa Tecla que firmó un contrato por 24 años con Teclaseo
La presidenta de la Corte de Cuentas, Carmen Rivas Landaverde, ordenó a sus colaboradores suspender toda auditoria en contra de la alcaldía de Santa Tecla que encabeza Roberto d’Aubuisson, quien firmó un contrato por 24 años con la empresa Teclaseo S.E.M. de C.V.
La funcionaria de la principal controlora de fondos públicos, anteriormente declaró “reserva total” del caso y con eso favoreció al alcalde quien ha hecho un contrato ilegal con el señor Salume en el botadero del cantón Melara, en La Libertad.
Con la reserva, la funcionaria no reveló la cantidad que paga la comuna a dicha empresa, tampoco hizo público cómo se realizó el contrato.
El 1 de noviembre de 2017, los regidores Nery Ramón Granados, Rebeca Velasco Zometa, Alfredo Interiano, Mitzy Aria y Lourdes Reyes, razonaron su voto porque no se les proporcionó el convenio a suscribir entre la alcaldía tecleña y la empresa privada con la que se iba a constituir Teclaseo S.E.M. de C.V. Esto quedó plasmado en el Acta correspondiente al acuerdo No. 2642 de sesión ordinaria de dicha fecha.
Ante las sospechas que generó ese contrato, un ciudadano identificado como, Juan Carlos Rosales López, solicitó el 7 de agosto de 2018 a la Corte de Cuentas que se realizara un examen especial sobre la forma de contratación con Teclaseo que realizó d’Aubuisson.
La institución contralora le respondió el 27 de agosto que la auditoria se ralizaría en el siguiente mes de septiembre como se detalle en el siguiente pdf.
Según fuentes internas de la Corte de Cuentas, dicha auditoría inició, pero recibieron la orden de suspenderla de forma inmediata, sin detallar las razones.
Desde entonces, la funcionaria bloqueó todas las solicitudes del ciudadano de información sobre el avance, el seguimiento y el resultado del examen especial.
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Identifican a los 3 socorristas de Cruz Roja fallecidos tras brutal choque en la carretera Litoral
La familia de Cruz Roja Salvadoreña se encuentra de luto tras el fallecimiento de tres de sus miembros en un fatal percance de tránsito.
Los miembros de Cruz Roja perdieron la vida después que volcara el microbús en el que viajaban.
El terrible accidente sucedió en el kilómetro 74 de la carretera Litoral, Santa Cruz Porrillo, departamento de San Vicente.
Los fallecidos fueron identificados como Sandra Nohemy Benítez, presidenta de la seccional de Cruz Roja La Unión; Josué Álvarez Rodríguez, socorrista; y Wilfredo Bonilla, coordinador de socorrismo.
Los fallecidos regresaban de participar en la prueba “El Paso del Hombre” cuando el conductor del microbús perdió el control del vehículo y volcó dejando el fatal saldo.
Esta tarde, la Fiscalía General de la República dio a conocer que el exalcalde y exdiputado Roberto d’Aubuisson fue condenado por enriquecimiento ilícito y deberá restituir $450,729.39 al Estado.
Según el fallo, no logró justificar su incremento patrimonial durante sus gestiones como diputado (2012-2015) y alcalde de Santa Tecla (2015-2021), registrando 82 irregularidades en sus declaraciones.
Además, la resolución también declara culpable a su grupo familiar, quienes deberán devolver: su esposa Jackeline de d’Aubuisson $511,247.72, su hija Johanna d’Aubuisson $12,939.87 y su hijo Roberto d’Aubuisson $15,480.00.
Por último, el exfuncionario queda inhabilitado para ejercer cargos públicos por 10 años, según la Cámara Ambiental de Santa Tecla
El Juzgado Décimo de Paz de San Salvador decretó instrucción formal con detención provisional contra Óscar David Deleon Portillo, de 26 años, acusado del delito de acoso a través del uso de las tecnologías de la información y la comunicación, contemplado en la Ley Especial Contra Delitos Informáticos y Conexos, en perjuicio de una víctima.
Los hechos presentados en la audiencia inicial, el pasado 11 de marzo de 2026 un miembro de la Policía Nacional Civil destacado en la delegación Sur de San Salvador se encontraba en las duchas comunes de los dormitorios cuando notó la presencia de un teléfono celular que estaba grabando por encima de la división entre los baños.
Al percatarse de la situación, el agente reaccionó de inmediato y logró identificar a la persona que realizaba la grabación, reconociendo al ahora procesado, quien se desempeñaba como personal de mantenimiento en la delegación policial.
Según el informe presentado en sede judicial, la víctima solicitó el teléfono celular al sospechoso y al revisarlo constató la presencia de los videos en la galería del dispositivo.
La acusación también sostiene que en el teléfono habría otros videos presuntamente relacionados con policías, los cuales formarían parte de los elementos bajo análisis dentro del proceso.
Durante la audiencia inicial, la jueza consideró que existen indicios suficientes sobre la posible existencia del delito y la probable participación del imputado, por lo que ordenó que el caso continúe a la etapa de instrucción con la medida de detención provisional mientras avanzan las investigaciones.
