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Policía captura a conductores manejando en estado de ebriedad en diferentes puntos del país
Agentes de la División de Tránsito detuvieron en las últimas horas a dos personas por conducir bajo los efectos del alcohol, razón por la cual ocasionaron accidentes de tránsito en diferentes carreteras.
Una llamada al Sistema de Emergencias 911 alertó a las autoridades que un camión circulaba por la Autopista a Comalapa con las llantas explotadas y sin luces, agentes de Tránsito se dirigieron al lugar y ubicaron el camión a la altura del kilómetro 13.
Al indagar con el conductor detectaron que éste se encontraba en estado de ebriedad, por lo que procedieron a detenerlo. El conductor no tenía la coordinación necesaria para seguir las indicaciones de los agentes y poder realizar la prueba de alcotest debido a las condiciones en las que se encontraba.
Las autoridades presumen que el conductor, identificado como José Elías Hernández, de 46 años, explotó las llamas tras impactar con separadores de la vía.
Otro conductor ebrio fue detenido en el kilómetro 3 y medio del Bulevar Los Ángeles, cerca del monumento “Hermano Lejano Bienvenido a Casa”, siempre en San Salvador.
Según detallaron las autoridades, el conductor de un vehículo tipo sedán debido a su estado impactó contra un árbol y tras perder el control quedó en sentido contrario.
Agentes de Tránsito aseguraron que Miguel Alejandro Gomez Figueroa, de 27 años de edad, evidentemente se encontraba bajo los efectos del alcohol, pero no se quiso realizar la prueba de alcotest y se volvió agresivo cuando fue detenido.
Un accidente de tránsito múltiple se registró esta tarde en el distrito de Nueva Guadalupe, San Miguel Oeste, involucrando a un autobús de la ruta 333, un microbús de la ruta 16 y un camión.
Según informes de los socorristas de Comandos de Salvamento, tres personas resultaron lesionadas en el incidente. Las primeras investigaciones sugieren que la excesiva velocidad y la falta de distancia entre los vehículos podrían haber sido factores determinantes en el choque.
Hasta el momento, se desconoce el estado de salud y la identidad de las víctimas. Las autoridades continúan trabajando en el lugar para esclarecer los hechos.
Johao Carlos Marín Fuentes fue condenado a 26 años y 8 meses de prisión por haber abusado sexualmente y constantemente de una menor de edad de febrero a agosto del año 2024, en una colonia del distrito de Mejicanos, San Salvador Centro, departamento de San Salvador.
Con las abundantes pruebas presentadas en juicio por la Fiscalía, se evidenció que el imputado convivía con varios familiares de la víctima, por lo que aprovechaba cuando se quedaba solo con la menor afectada para agredirle sexualmente en reiteradas ocasiones y de diferentes maneras.
Marín Fuentes amedrentaba a la víctima para que no dijera nada a nadie de lo que estaba sucediendo, a la vez que le ofrecía usar una tableta electrónica, a cambio de su silencio.
El Tribunal Sexto de Sentencia de San Salvador validó todas las pruebas presentadas por los fiscales del caso e impuso la pena de prisión en mención y el imputado está obligado a $2,000 dólares en concepto de responsabilidad civil.
A Fuentes se le procesó por el delito de agresión sexual en menor o incapaz, en su modalidad de delito continuado.
La Fiscalía General de la República (FGR), con apoyo de la Policía Nacional Civil (PNC), desarticuló una estructura de cuatro venezolanos y un ecuatoriano que estafaron a diez víctimas con la falsa promesa de venta de vehículos.
Los detenidos son los venezolanos: Daniel Alejandro Guzmán, Bryan José Eduardo Salazar, Bryan Alexander Camacho Melean y el ecuatoriano Gabriel Andrés Ponce Ruiz.
Según las investigaciones, desde octubre del año 2024 a la fecha, los extranjeros crearon la corporación Venicars para la supuesta compra y venta de automóviles, y a las víctimas les hicieron creer que les podían otorgar créditos, financiamientos o compras programadas por los automotores que elegían.
Las víctimas hicieron pagos o depósitos desde los $5,000 a $10,000 dólares para adquirir los vehículos; sin embargo, luego les aseguraron que esos pagos eran en concepto de derecho para participar en asambleas en donde rifarían las compraventas de los vehículos. Ninguna de las víctimas recibió documento ni los autos, ni la devolución del dinero.
Los extranjeros serán procesados por cometer los delitos de estafa agravada y agrupaciones ilícitas.
Las capturas y registros, realizados en San Salvador, se efectuaron con el apoyo de la Policía Nacional Civil (PNC) y la Dirección de Migración y Extranjería.
