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PNC se moderniza con armamento de última generación para combatir a las maras
Desde el 20 de junio de 2019 el actual Gobierno puso en marcha su estrategia de seguridad insignia, denominada Plan Control Territorial (PCT), el cual abarca siete fases, de las que hasta la fecha se han ejecutado cuatro.
La tercera fase del PCT se denomina Modernización, a través de ella, en los últimos tres años, la Policía Nacional Civil (PNC) ha sido dotada de equipo, tecnología y armamento para seguir combatiendo a las estructuras criminales.
Recientemente las autoridades de seguridad dieron un reporte del equipo de última generación que ha sido brindado a los agentes para combatir a las pandillas y brindar seguridad a la población.
Entre el equipo se encuentran: 8,000 chalecos antibalas nivel III-A; 3,000 cargadores de hasta 60 tiros; 3,000 fusiles de asalto; 4,000 pistolas; más de un millón de municiones calibre 9 milímetros y un millón de municiones calibre 5.56 milímetros.
La fase III del Plan también incluye mejores condiciones salariales para los agentes. «Hay un incentivo económico que lo hemos tenido en esta administración», comentó recientemente el director de la Academia Nacional de Seguridad Pública (ANSP), César Baldemar Flores Murillo.
Dicho incentivo económico, fue ordenado por el Presidente, Nayib Bukele para incrementar a $400 el bono trimestral que se les brinda a los Policías, además se les añadió la entrega de un bono de alimentación para el personal involucrado en tareas de seguridad nacional.
En el reporte, brindado por Seguridad también se incluyen equipos tecnológicos como cámaras de videovigilancia, drones, patrullas, uniformes, botas y modernización de sedes policiales.
Nuestros equipos de la @PNCSV cuentan con armamento de última generación. 😎
— Secretaría de Comunicaciones 🇸🇻 (@ComunicacionSV) September 29, 2022
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La fase III del PCT también incluye mejoras en el equipo para las tropas militares que apoyan a la Policía en el combate a las pandillas, así lo confirmó el ministro de Defensa, René Francis Merino Monroy.
«Desde que pusimos en ejecución el Plan Control Territorial llevamos entregados 5,020 chalecos balísticos y 2,050 cascos balísticos, el valor total de lo entregado a las tropas que apoyan el Plan es de $3.5 millones», indicó Merino Monroy.
El funcionario aseguró que también buscan equipar a las tropas para protegerlos de los ataques que están recibiendo en las zonas rurales donde han huido los pandilleros durante el régimen de excepción.
«Estaremos entregando chalecos con placas de kevlar que tienen capacidad para blindaje 4A, es decir para armamento con calibre 7.56, de tal manera que los efectivos puedan protegerse ante los ataques tipo guerrilla que están recibiendo en los montes y montañas», afirmó el titular de la institución castrense.
Merino Monroy además confirmó que la dotación de equipo para los militares no consiste solo en chalecos y cascos, también se les proporcionará indumentaria y equipo tecnológico.
«Entregaremos cámaras que van a llevar los efectivos en los cascos. Los cascos que hemos entregado están diseñados para que en su parte frontal se coloquen los visores nocturnos o los binoculares, en sus extremos se puedan colocar las cámaras para que el soldado vaya anticipadamente conociendo que es lo que está al frente, atrás va alguien que va leyendo todo lo que la cámara le va proporcionando a él, son cámaras especiales con tecnología IR [Infra Rojo] para que puedan operar en la noche», indicó el funcionario.
El Viceministerio de Transporte (VMT) multó con $750 al creador de contenido «Yeik» por varias infracciones a la Ley de Tránsito.
La institución sancionó al tiktoker luego de la circulación de un video en redes sociales donde el imputado ocasionó un siniestro vial donde colisionó contra otro motociclista.
Las multas fueron por conducir sin estar autorizado ($150); conducir haciendo uso del celular ($150); circular después de las 18 horas y antes de las 6 del día siguiente sin que el motociclista porte chaleco o implementos reflectivos ($150); circular sin placas ($150); conducir en zigzag ($100) y no portar tarjeta de circulación ($50).
Las autoridades también le decomisaron la motocicleta por circular sin placas ni tarjeta de circulación.
Tras conocer las sanciones, el titular del VMT, Nelson Reyes, reaccionó en su cuenta de la red X y escribió: «el respeto a la ley no es opcional. Quien ponga en riesgo la vida de los demás deberá responder por sus acciones. Seguiremos aplicando la normativa con firmeza para garantizar la seguridad vial de todos los salvadoreños».
A ocho años de prisión fue condenado José Alfredo Centeno Cantón, por el delito de tráfico ilegal de personas.
En el juicio, la Fiscalía General de la República estableció que fue detenido de forma infraganti transportando a 12 personas a quienes pretendía trasladar hasta Guatemala y con una promesa de llevarlos en «un viaje seguro» a Estados Unidos.
Centeno Cantón fue detenido el 15 de enero de 2024, en un retén que agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) habían instalado en el km 92 de la carretera Panamericana, caserío Paraje Galán, cantón San Vicente, de Candelaria de la Frontera, Santa Ana.
El plan del ahora condenado era dirigirse hacia un punto fronterizo no habilitado de la zona, para eludir los controles migratorios, ya que entre las personas que transportaba iban cinco menores de edad, los otros siete eran adultos.
En el proceso judicial se mencionó que todos viajaban en una camioneta, eso llamó la atención de los agentes policiales pues al ir sobrecargada y el nerviosismo que mostraron generó sospecha que podrían estar frente a un caso de tráfico de personas.
Ese control policial siempre ha sido estratégico ya que obligadamente se debe pasar por ese punto y por la ubicación los agentes con su experiencia pueden detectar cualquier irregularidad de los viajeros.
Llamó la atención que en una sola unidad de transporte fueran cinco menores sin ninguno de sus padres o familiares cercanos y que la custodia fuera a cargo de una persona que ni conocían.
Además, al ser entrevistado, hubo incongruencias en las respuestas de los adultos, así como de los niños, no portaban la respectiva documentación que asegura un registro legal en la frontera San Cristóbal, que era la más próxima al control vehicular donde fueron ubicados.
Con la información aportada por las víctimas, los agentes consultaron a sus superiores y luego a la Fiscalía General de la República para detener a Centeno Cantón y que le iniciaron el respectivo proceso penal.
En la fase de investigación el ministerio público obtuvo información de las víctimas, quienes confirmaron que iban hacia Estados Unidos y que los iban a pasar por un punto no habilitado hacia Guatemala.
El plan era que, del vecino país los iban a mover hacia la frontera con México donde serían entregadas a otras personas para continuar la ruta a Estados Unidos ya que ese fue el acuerdo pactado.
«El fiscal del caso dijo que las 12 víctimas eran cinco niños y siete adultos todos salvadoreños y que habían pagado una parte del dinero y la otra la harían efectiva al llegar a su destino», así lo publicó el ministerio público.
En la vista pública el tribunal tuvo acceso a testimonios de las víctimas, así como de los agentes policiales que hicieron el procedimiento de localización de las víctimas y captura del traficante de personas.
La abogada Ángela Maritza Díaz de Vásquez y Douglas Enrique Vega Guerrero, fueron condenados a penas de tres y nueve años de prisión por falsedad documental agravada y estafa.
La primera admitió la falsedad mediante un procedimiento abreviado ante el Tribunal Segundo de Sentencia de San Salvador, y la pena de tres años es sometida a una suspensión condicional bajo reglas de conducta consistente en no cambiar de domicilio, además queda inhabilitada para ejercer la profesión hasta que haya cumplido la condena; también deberá de pagar $500 a una de las víctimas.
Mientras que Vega Guerrero cumplirá en un centro penal los nueve años por tres casos de estafa, más el pago total de $14,600 en concepto de responsabilidad civil a las tres víctimas que engañó.
La Fiscalía General de la República probó en el juicio que las estafas fueron cometidas entre el 2022 y 2023, en diversos distritos del departamento de San Salvador.
El estafador utilizó redes sociales para ofrecer una variedad de productos, a los afectados les propuso venderles vehículos y les pidió dinero como adelanto.
Los denunciantes dijeron que luego de entregarle diversas cantidades de dinero, Vega Guerrero cortó todo tipo de comunicación y no lo pudieron contactar por ninguna vía.
A una de las víctimas le ofreció un vehículo por $4,800 y le manifestó que para adquirirlo debía darle $4,000 como anticipo, ese hecho ocurrió en mayo de 2023.
En las pesquisas que las autoridades realizaron obtuvieron información del afectado quien dijo que pagó y recibió el automotor, pero el auto presentó desperfectos mecánicos y estaba a nombre de otra persona, quien había denunciado que se lo habían robado.
En la vista pública quedó probado que Douglas Enrique Vega Guerrero, detenido en febrero de 2024, en los tres casos de estafa actuó con dolo, sabía perfectamente que estaba ante hechos de estafa.
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