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PNC presentó a Cora y Flirt dos oficiales caninos especializados en detección de restos humanos
La Policía Nacional Civil (PNC), a través de su vocero oficial Comisionado Vladimir Cáceres presentó en conferencia de prensa a Flirt y Cora dos oficiales caninos los cuales están altamente entrenados en la detección de restos humanos como tejidos y fluidos en descomposición, sangre y huesos, asimismo, han sido capacitados 2 agentes de la División Antinarcóticos (DAN) con los cuales se forman binomios o equipos de trabajo para detección de restos humanos.
La Academia Canina (K9), de la PNC nace en el año de 1994 y en el 2004 se fortalece con equipamiento, nueva camada de perros, además, se capacita al personal para que estos puedan adiestrar de mejor manera a los caninos a los cuales se les especializa en tres áreas: detección de droga, dinero y a partir del 2017 se agregó la detección de restos humanos con lo cual la K9 da un salto de calidad.
Cabe destacar que, según informó el oficial Cáceres, estos perros fueron entrenados durante tres meses en el año 2016 para poder dotarlos de todas las técnicas en cuanto a la detección y en 2017 comenzar a trabajar en tierra y agua. (Lagos, ríos, laderas, zona rural, montaña entre otros).
“De 127 búsquedas que se han realizado desde el 2017 hasta marzo de 2019, 12 de estas han sido efectivas” informó el vocero oficial al referirse a la importancia que estos canes en cuanto a la búsqueda de restos humanos y resolver investigaciones.
Uno de los casos emblemáticos donde se contó con el apoyo de los canes y los instructores policiales especializados, fue el año 2015, donde dos jóvenes habían desaparecido en San Luis Talpa, siendo encontrados en el 2018 en la zona rural de San Luis talpa, La Paz, gracias a la pericia de los caninos que detectan los olores en un área de 500 metros.
La academia canina cuenta con 34 perros en total entrenados en la detección de marihuana, cocaína, drogas sintéticas como éxtasis y metanfetaminas además de poder detectar dinero que es transportado de manera ilícita en maletas o lugares escondidos.
Los instructores fueron capacitados por parte de la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos, multiplicando este trabajo en otras áreas, como en la División de Armas y Explosivos (DAE), con la localización de artefactos explosivos.
“Es un logro saber que contamos con perros que tienen este tipo de habilidades ya que esto viene a mejorar el trabajo investigativo de la institución”.
Los canes cuentan con un memorial donde yacen 26 oficiales caninos que trabajaron junto a su instructor policial a dar duros golpes al narcotráfico y otros delitos. Dejando un trabajo especializado a la institución policial.
Finalmente, el comisionado Cáceres colocó una placa policial a Cora quien exitosamente detectó en un lugar abierto una muestra de fluido similar al de un ser humano.
El Tribunal contra el Crimen Organizado recibió la acusación presentada por la Fiscalía General de la República contra 563 pandilleros del Barrio 18, a quienes se les vincula con 14,488 delitos cometidos entre 2012 y 2022.
Los imputados son señalados por delitos como rebelión, pertenencia a estructura criminal, homicidio agravado, extorsión agravada, tráfico ilícito y actos de terrorismo. De acuerdo con la Fiscalía, 275 de los acusados pertenecen a la fracción sureña y 288 a la fracción revolucionaria.
Según el fiscal adjunto contra el Crimen Organizado, Max Muñoz, a los cabecillas se les atribuyen los delitos de pertenecer a una estructura criminal y rebelión, por presuntamente intentar imponer un Estado criminal, además de estar vinculados a otros 269 casos.
La Fiscalía detalló que entre los hechos que se les imputan figura la masacre de 11 trabajadores en San Juan Opico y otra masacre ocurrida en el centro penal de Quezaltepeque.
Asimismo, se les atribuyen ocho casos de terrorismo cometidos en 2015, entre ellos atentados contra la delegación policial de Quezaltepeque y contra el Centro Judicial Isidro Menéndez, hecho en el que murió un agente de seguridad.
Entre los casos señalados también se encuentran atentados con explosivos contra el Ministerio de Seguridad y Justicia y contra una sede de la Fiscalía General de la República en Santa Tecla.
De acuerdo con las investigaciones del Ministerio Público, entre los imputados figuran presuntos miembros históricos de esa estructura criminal, entre ellos César Daniel Renderos Díaz, alias “Muerto de las Palmas”, y Carlos Alberto Rivas Barahona, alias “Chino Tres Colas”, identificados como fundadores de las facciones revolucionaria y sureña, respectivamente.
La prueba pericial reveló el grado de violencia extrema al que la víctima fue sometida por su padre.
El Tribunal Tercero de Sentencia de San Salvador condenó a 50 años de prisión a Roberto Martínez Guzmán por el homicidio agravado de su hijo de cinco meses.
Los hechos ocurrieron en la vivienda de la familia de la víctima, ubicada en el cantón y calle Palo Grande, en el distrito de Rosario de Mora, San Salvador Sur.
Según la información acreditada en el juicio, la víctima nació de forma prematura y con condiciones críticas de salud. Tras permanecer un tiempo hospitalizado, recibió el alta médica el 26 de septiembre de 2024. El personal médico instruyó a los padres para llevar al recién nacido al Hospital Nacional Saldaña para sus controles de seguimiento y mantener cuidados especiales en el hogar, indicaciones que no fueron atendidas.
De acuerdo con las investigaciones, las agresiones ocurrieron luego de que la madre se ausentara de la vivienda durante un día y dejara a su hijo bajo el cuidado de Martínez Guzmán. Horas más tarde, el procesado se comunicó con ella para informarle que el menor tenía la cabeza inflamada. Al regresar a la casa, la mujer trasladó a su hijo de inmediato a un centro médico.
En la Unidad de Salud de Rosario de Mora, el personal médico detectó que la víctima presentaba, entre otros signos, abombamiento de la fontanela (mollera), una fractura en el brazo izquierdo y un shock hipovolémico. Debido a la gravedad de las lesiones, fue trasladado de urgencia al Hospital Nacional Saldaña, donde falleció el 20 de noviembre de 2024.
El peritaje médico-legal confirmó que la causa de muerte se debió a múltiples complicaciones derivadas de agresiones físicas, entre ellas hemorragias cerebrales, hematomas internos y externos, así como traumatismos craneoencefálicos contusos. Tras determinarse que la víctima estaba bajo la custodia del padre, las autoridades procedieron con la captura de Roberto Martínez Guzmán.
En su fallo, el juez a cargo del caso concluyó que el maltrato físico sufrido por la víctima inició meses antes de su muerte y fue cometido inequívocamente por Roberto Martínez Guzmán en calidad de autor directo. Asimismo, estableció que los hechos fueron ejecutados con alevosía, mediante el uso de violencia extrema y abuso de superioridad, aprovechando la vulnerabilidad y las condiciones de salud del menor.
El Tribunal Quinto Contra el Crimen Organizado de San Salvador, juez tres, condenó a 52 años de prisión a Diego Alejandro Romero de Paz, alias Little Happy, por los delitos de privación de libertad, limitación ilegal a la libertad de circulación y organizaciones terroristas en perjuicio de la seguridad del Estado.
De acuerdo con la resolución judicial, alias Little Happy tenía el rango de segundo palabrero dentro de la hengla Tiny Locos Sureños de la pandilla 18 Sureños, que operaba en la urbanización Jardines de Sel Sutt.
La juzgadora estableció que alias Little Happy participó en la privación de libertad de una menor de edad, a quien obligaban a sostener una relación sentimental con un pandillero que se encontraba detenido. Asimismo, amenazó de muerte a dos personas para que no denunciaran la desaparición de la víctima, por lo que ambas huyeron de sus hogares.
Junto a él, también fueron condenados José Dimas Romero Torres, alias Dimas, y José Alberto Martínez García, alias Chepe, a diez años de prisión por el delito de organizaciones terroristas, mientras que Hugo Adonay Miranda Romero, alias Black, fue condenado a ocho años de prisión por el mismo delito.
Los hechos ocurrieron entre 2015 y 2017.
