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PNC arresta en lo que va de 2020 a 128 pandilleros acusados de atacar a agentes y a militares cuando patrullaban en diferentes puntos del país
Ciento veintiocho miembros de pandillas han sido detenidos en lo que va del año luego de haber perpetrado ataques armados contra agentes de la Policía Nacional Civil (PNC). Las capturas se llevaron a cabo como parte del Plan Control Territorial impulsado por el Gobierno del Presidente Nayib Bukele.
De acuerdo con las estadísticas de la Policía, entre el 1 de enero y el 14 de noviembre se contabilizan 165 agresiones ilegítimas, en las cuales fallecieron 76 miembros activos de pandillas durante esos hechos de violencia, además de dos agentes de la Policía, y un soldado de la Fuerza Armada de El Salvador (FAES).
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La mayoría de esos ataques armados sucedieron en la zona rural del país, cuando los agentes policiales acompañados de militares realizaban patrullajes preventivos y fueron emboscados y atacados a balazos por los pandilleros. El personal policial así como el militar se defendieron a la agresión, generándose enfrentamientos armados. En esos tiroteos también resultaron heridos de bala 60 miembros de grupos terroristas.
Tras esos ataques, la Policía incautó 154 armas de fuego, de las cuales 109 eran pistolas y revólveres; 28 fusiles y subametralladoras, y 17 de otro tipo. Según las investigaciones policiales, todo ese armamento fue utilizado para agredir a los agentes de la corporación y militares de la FAES.
A pesar de la efectividad en la ejecución del Plan Control Territorial y los esfuerzos para reducir la criminalidad, los diputados de la Asamblea Legislativa continúan renuentes a entregar los fondos para la implementación de las diferentes fases que lo conforman.
Ante ello, el Presidente Bukele confirmó que habrá un aumento de $100.6 millones en el Presupuesto 2021 para seguridad pública, lo que reafirma la apuesta gubernamental por dar tranquilidad a los salvadoreños.
Para el próximo año se contará con $655 millones para seguridad pública, un aumento que es muy sustancial e importante porque ya se contempla el bono trimestral de $400 para todo el personal policial y de $150 para el personal administrativo.
Un vehículo decomisado por Inteligencia Policial con droga y armas de fuego, pasó al Estado, según una resolución que emitió el Juzgado Especializado en Extinción de Dominio con sede en San Salvador.
El automotor, propiedad de Marcelo Rolando Rivas Bonilla, fue incautado en la Avenida Cuba, del barrio San Jacinto, San Salvador, a German Stanley Martínez Aguilar, Héctor Geovanny Mayora Rosales y Jocelyn Rosario Arévalo Martínez.
Les decomisaron dos armas de fuego tipo micro UZI, calibre 9 milímetros, 453 porciones pequeñas y una porción grande de marihuana.
En la audiencia de sentencia, quedó establecido que el propietario del vehículo fue negligente al no cumplir con la debida diligencia que exige la ley y respaldarse con un contrato de arrendamiento, ya que cuatro días antes del hecho lo prestó a German Stanley Martínez Aguilar.
El extorsionista de la pandilla 18, Víctor Alejandro Valle Zelaya, fue condenado a 15 años de prisión por el Tribunal Tercero de Sentencia de San Salvador.
En la vista pública quedó establecido que entre enero del 2021 a marzo del 2022, junto a un grupo de pandilleros llegó al negocio de una víctima con régimen de protección en Apopa, para exigirle $125 mensuales a cambio de dejarlo trabajar y no asesinarlo junto a su familia.
Valle Zelaya, como miembro activo de la pandilla 18, las fuerzas de seguridad lo detuvieron en octubre de 2025 en el marco del régimen de excepción.
El caso comenzó a ser investigado luego que el comerciante interpusiera la denuncia ante las autoridades. Mencionó que fue coaccionado por el imputado y los demás terroristas para pagar la cuota de dinero mensual
En el fallo judicial se mencionó que la principal prueba y que resultó clave para emitir la sentencia condenatoria, fue el testimonio de la persona afectada. La víctima lo identificó plenamente ante el tribunal, dijo que fue uno de los chantajistas que llegaba a retirar el dinero y que lo mantenía amenazado a muerte, la colaboración del denunciante sirvió para emitir el veredicto condenatorio por extorsión agravada.
Penas de 25 a 45 años de cárcel fueron impuestas a 60 terroristas de la Mara Salvatrucha que delinquían en tres distritos del departamento de Cuscatlán.
En la audiencia única abierta, el Tribunal Tercero contra el Crimen Organizado de San Salvador, los encontró responsables por el delito de agrupaciones ilícitas.
La Fiscalía General de la República, acreditó que son integrantes de la clica Walter Locos Salvatruchos y determinó los rangos de cada uno de los pandilleros.
A Luis Alonso Díaz Fernández, alias Lunático, el juez lo sentenció a 45 años de prisión, el ministerio público probó que tenía el rango de encargado de base del programa Cuscatlán, una estructura superior de donde dependía la célula territorial Walter.
Esta agrupación tenía un perímetro de cobertura que comenzaba desde la entrada a Cojutepeque, próximo a Instituto Nacional Walter Thilo Deininger y se extendía hacia los distritos de Monte San Juan y Santa Cruz Michapa.
Al momento de emitir el fallo, el tribunal también condenó a 24 imputados a 30 años de prisión. Se detalló que 16 tenían el rango de homeboy, cinco el de chequeo y tres el de observación.
Otros 35 pandilleros con el rango de colaboradores activos recibieron 25 años de cárcel y deberán permanecer en diversos centros penales donde han permanecido desde que fueron detenidos por agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) y miembros de la Fuerza Armada.
Los representantes del ministerio público presentaron en la audiencia prueba que vinculó a los procesados a la Mara Salvatrucha y la participación en una serie de actividades delincuenciales que estuvieron ejecutando en la zona norponiente de Cojutepeque.
Esta estructura extorsionó y asesinó durante varios años, pero con la entrada en vigencia del régimen de excepción, las fuerzas de seguridad arrestaron a cada uno de sus miembros a través de las incursiones realizadas entre el 2022 y 2025.
Cuando los detuvieron fueron acusados en varios expedientes, pero tras la reforma a la Ley contra el Crimen Organizado, la Fiscalía General de la República los agrupó en un solo expediente para asignarles una causa y enjuiciarlos como estructura, solicitando al tribunal que les aplicara las penas máximas por el delito de agrupaciones ilícitas, por su pertenencia a la Mara Salvatrucha
