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PNC arresta en lo que va de 2020 a 128 pandilleros acusados de atacar a agentes y a militares cuando patrullaban en diferentes puntos del país
Ciento veintiocho miembros de pandillas han sido detenidos en lo que va del año luego de haber perpetrado ataques armados contra agentes de la Policía Nacional Civil (PNC). Las capturas se llevaron a cabo como parte del Plan Control Territorial impulsado por el Gobierno del Presidente Nayib Bukele.
De acuerdo con las estadísticas de la Policía, entre el 1 de enero y el 14 de noviembre se contabilizan 165 agresiones ilegítimas, en las cuales fallecieron 76 miembros activos de pandillas durante esos hechos de violencia, además de dos agentes de la Policía, y un soldado de la Fuerza Armada de El Salvador (FAES).
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La mayoría de esos ataques armados sucedieron en la zona rural del país, cuando los agentes policiales acompañados de militares realizaban patrullajes preventivos y fueron emboscados y atacados a balazos por los pandilleros. El personal policial así como el militar se defendieron a la agresión, generándose enfrentamientos armados. En esos tiroteos también resultaron heridos de bala 60 miembros de grupos terroristas.
Tras esos ataques, la Policía incautó 154 armas de fuego, de las cuales 109 eran pistolas y revólveres; 28 fusiles y subametralladoras, y 17 de otro tipo. Según las investigaciones policiales, todo ese armamento fue utilizado para agredir a los agentes de la corporación y militares de la FAES.
A pesar de la efectividad en la ejecución del Plan Control Territorial y los esfuerzos para reducir la criminalidad, los diputados de la Asamblea Legislativa continúan renuentes a entregar los fondos para la implementación de las diferentes fases que lo conforman.
Ante ello, el Presidente Bukele confirmó que habrá un aumento de $100.6 millones en el Presupuesto 2021 para seguridad pública, lo que reafirma la apuesta gubernamental por dar tranquilidad a los salvadoreños.
Para el próximo año se contará con $655 millones para seguridad pública, un aumento que es muy sustancial e importante porque ya se contempla el bono trimestral de $400 para todo el personal policial y de $150 para el personal administrativo.
El Tribunal Segundo Contra el Crimen Organizado D de San Miguel condenó a 720 años de prisión a Juan José Castillo Arévalo, alias El Samurái, tras hallarlo culpable de 18 casos de homicidio agravado, entre consumados y tentados, además de los delitos de fraude procesal, amenazas agravadas y agrupaciones ilícitas.
Junto a él, también fueron condenados los exagentes José Onán Castillo Arévalo, a 410 años de cárcel; José Fermín Melgar Luna, a 290 años; y Félix Antonio Rodas Jurado, a 65 años de prisión.
De acuerdo con los hechos probados, los crímenes fueron cometidos entre 2015 y 2017 en distintos distritos de los departamentos de Usulután y San Miguel. Los ahora condenados aprovechaban su condición de agentes policiales y su capacidad operativa en la zona para ejecutar las acciones criminales, vinculándose además a estructuras de agrupaciones ilícitas durante 2017.
Durante la vista pública, la representación fiscal demostró que los imputados utilizaron recursos institucionales para cometer los homicidios y alterar escenas del delito, configurando el fraude procesal, lo que afectó gravemente la seguridad pública y la integridad de las instituciones.
En la misma resolución, el tribunal absolvió a Amílcar Antonio Mejía Rivera de los delitos de fraude procesal y agrupaciones ilícitas. Para el resto de los condenados, la sede judicial ratificó las órdenes de captura vigentes, a fin de que sean localizados y puestos a disposición de las autoridades para el cumplimiento de sus respectivas penas.
El Tribunal Tercero de Sentencia de San Salvador emitió una condena de 12 años de prisión en contra de Andrés de Jesús Rodríguez, por extorsión agravada, en perjuicio de un comerciante del distrito de Cuscatancingo en San Salvador.
Según el expediente judicial, la víctima es un propietario de un negocio de productos varios, quien fue visitado por Rodríguez para exigirle dinero en concepto de renta.
En primera instancia, el comerciante denunció que, desde mediados de 2021, una mujer llegó a su negocio y se identificó como integrante de la pandilla MS13 y le exigió $75 mensuales a cambio de respetarle la vida.
Por temor a represalias, la víctima estuvo pagando la extorsión de forma mensual hasta que en diciembre de 2023 le exigieron $75 adicionales en concepto de aguinaldo. Fue así que el 27 de diciembre decidió interponer la denuncia ante la policía.
Como consecuencia, Rodríguez llegó con amenazas en contra de la víctima, advirtiendo que si no entregaba el dinero enfrentaría las consecuencias. Sin embargo, ante la denuncia, el sujeto fue capturado y procesado por el delito de extorsión.
Una estructura criminal de la pandilla MS13 enfrenta juicio en el Tribunal Segundo de Sentencia de San Salvador por el delito de extorsión agravada en perjuicio de un empresario.
De acuerdo a la investigación fiscal, son tres pandilleros quienes comenzaron a cometer el delito desde el año 2014. Exigían sumas de dinero a cambio de no atentar contra la vida de la víctima.
En el año 2019, el empresario decidió interponer la denuncia y se inició el proceso de investigación con participación de la Fiscalía General de la República (FGR) y de la Policía Nacional Civil. De esta manera, mediante el mecanismo de entregas controladas de dinero, lograron identificar a los criminales que cobraban la extorsión.
«Los extorsionistas no recibían directamente el dinero, sino que obligaban a que la víctima lo dejara escondido en algún lugar. No era personal el recibimiento del dinero, sin embargo, con estrategias logramos las capturas. Ahora van a responder ante la justicia por estos hechos cometidos», explicó el fiscal que lleva el caso.
Los pandilleros involucrados en estos hechos fueron capturados a mediados de 2019. Para fundamentar la investigación, la Fiscalía cuenta con cinco testigos de cargo que rendirán sus declaraciones durante la vista pública
