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PNC arresta en lo que va de 2020 a 128 pandilleros acusados de atacar a agentes y a militares cuando patrullaban en diferentes puntos del país
Ciento veintiocho miembros de pandillas han sido detenidos en lo que va del año luego de haber perpetrado ataques armados contra agentes de la Policía Nacional Civil (PNC). Las capturas se llevaron a cabo como parte del Plan Control Territorial impulsado por el Gobierno del Presidente Nayib Bukele.
De acuerdo con las estadísticas de la Policía, entre el 1 de enero y el 14 de noviembre se contabilizan 165 agresiones ilegítimas, en las cuales fallecieron 76 miembros activos de pandillas durante esos hechos de violencia, además de dos agentes de la Policía, y un soldado de la Fuerza Armada de El Salvador (FAES).
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La mayoría de esos ataques armados sucedieron en la zona rural del país, cuando los agentes policiales acompañados de militares realizaban patrullajes preventivos y fueron emboscados y atacados a balazos por los pandilleros. El personal policial así como el militar se defendieron a la agresión, generándose enfrentamientos armados. En esos tiroteos también resultaron heridos de bala 60 miembros de grupos terroristas.
Tras esos ataques, la Policía incautó 154 armas de fuego, de las cuales 109 eran pistolas y revólveres; 28 fusiles y subametralladoras, y 17 de otro tipo. Según las investigaciones policiales, todo ese armamento fue utilizado para agredir a los agentes de la corporación y militares de la FAES.
A pesar de la efectividad en la ejecución del Plan Control Territorial y los esfuerzos para reducir la criminalidad, los diputados de la Asamblea Legislativa continúan renuentes a entregar los fondos para la implementación de las diferentes fases que lo conforman.
Ante ello, el Presidente Bukele confirmó que habrá un aumento de $100.6 millones en el Presupuesto 2021 para seguridad pública, lo que reafirma la apuesta gubernamental por dar tranquilidad a los salvadoreños.
Para el próximo año se contará con $655 millones para seguridad pública, un aumento que es muy sustancial e importante porque ya se contempla el bono trimestral de $400 para todo el personal policial y de $150 para el personal administrativo.
La alcaldía de La Libertad Norte se encuentra desarrollando diversos proyectos sociales en beneficio de la población, aseguró el jefe municipal Jorge Escamilla.
Explicó que algunos de esos proyectos son destinados a las personas de la tercera edad, así como a jóvenes y niños a través de actividades en educación musical y baile. Además, sigue el otorgamiento de becas.
«Uno de los programas sociales es el programa municipal de becas, en el que tengo a cerca de 120 chicos becados, entre jóvenes de bachillerato y universidades privadas. También podemos destacar está la creación de la banda municipal, en donde tenemos un semillero de talentos, y la escuela de ballet que tiene un poco más de 100 niñas formándose. Y las atenciones médicas a domicilio a personas de la tercera edad», detalló Escamilla.
En cuanto al otorgamiento de becas, señaló que muchos jóvenes de bachillerato que son beneficiarios viven en zonas alejadas, por lo que se les brinda apoyo que cubre los pasajes, documentos y alimentación.
Respecto a la escuela de música, explicó que los niños y jóvenes que la integran posteriormente pasan a ser miembros de la banda municipal, en la que «no solamente les enseñamos a hacer sonar un instrumento, sino que les enseñamos solfeo, leer notas musicales».
Con el programa del médico a domicilio se brinda atención a aquellos residentes de La Libertad Norte que ya no pueden salir de casa.
«Tenemos comités de adulto mayor en cada comunidad; ellos identifican casos de vulneración de derechos, que necesitan víveres o que necesitan atención médica», indicó.
La prolonganción de esta herramienta legal fue avalada con los votos de 57 diputados de los partidos Nuevas Ideas, PCN y PDC, que consideraron válidos los argumentos planteados por el Órgano Ejecutivo al solicitar la extensión por 30 días, entre esos que «existen intentos de reorganización de grupos criminales».
En el decreto se expone que las autoridades recientemente capturaron a sujetos que tenían la aspiración de formar y operar pandillas cerca de los centros escolares, o sus entornos, a través de acciones como la «intimidación, reclutamiento y promoción de actividades ilícitas».
Agrega que el contexto regional demanda de atención especial, debido a que se «ha elevado y acelerado la actuación criminal en distintos países de la región, particularmente en la República de Guatemala».
Se subraya que «estos acontecimientos evidencian un incremento progresivo de la actividad de las pandillas en la región, y ponen en riesgo la paz, el orden y la seguridad en El Salvador».
Durante la discusión de la iniciativa, en la sesión plenaria 95, el presidente de la Asamblea Legislativa, Ernesto Castro, destacó el respaldo de los diputados que han acompañado el proyecto de seguridad del presidente Bukele, desde el 27 de marzo de 2022, cuando se aprobó por primera vez el régimen de excepción con «votos que están cambiando la vida de los salvadoreños».
Castro añadió que el clima de seguridad permite que ahora los niños puedan jugar frente a sus casas, las comunidades recuperar sus canchas, entre otras actividades que se han retomado y han mejorado la convivencia.
Caleb Navarro, diputado de Nuevas Ideas, puntualizó que en 2025 se registraron 82 homicidios a escala nacional, y todos fueron resueltos, alcanzando una tasa de efectividad del 100 %.
Agregó que antes nadie se preocupaba los homicidios y quedaban en la impunidad «ahora hablamos con números y los números no mienten», detalló.
Con 54 votos el congreso autorizó ayer al Ministerio de Hacienda para que suscriba un contrato de préstamo, por $16.7 millones, con el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF).
El decreto aprobado permitirá al país recibir el denominado «segundo financiamiento adicional del Programa Crecer y Aprender Juntos, desarrollo de la primera infancia de El Salvador».
Dicho programa plantea el propósito de continuar mejorando las prácticas de enseñanza, educación y cuidado en la primera infancia a escala nacional, así como los ambientes físicos de aprendizaje de centros seleccionados de educación y primera infancia.
En el decreto aprobado se establece que el contrato que suscriba Hacienda, o quien designe, deberá someterse al aval posterior de la Asamblea Legislativa.
La iniciativa del Ejecutivo, a través de Hacienda, fue ingresada ayer a la plenaria a través de modificación de agenda, en la que se solicitó su aprobación con dispensa de trámite.
