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PNC arresta en lo que va de 2020 a 128 pandilleros acusados de atacar a agentes y a militares cuando patrullaban en diferentes puntos del país
Ciento veintiocho miembros de pandillas han sido detenidos en lo que va del año luego de haber perpetrado ataques armados contra agentes de la Policía Nacional Civil (PNC). Las capturas se llevaron a cabo como parte del Plan Control Territorial impulsado por el Gobierno del Presidente Nayib Bukele.
De acuerdo con las estadísticas de la Policía, entre el 1 de enero y el 14 de noviembre se contabilizan 165 agresiones ilegítimas, en las cuales fallecieron 76 miembros activos de pandillas durante esos hechos de violencia, además de dos agentes de la Policía, y un soldado de la Fuerza Armada de El Salvador (FAES).
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La mayoría de esos ataques armados sucedieron en la zona rural del país, cuando los agentes policiales acompañados de militares realizaban patrullajes preventivos y fueron emboscados y atacados a balazos por los pandilleros. El personal policial así como el militar se defendieron a la agresión, generándose enfrentamientos armados. En esos tiroteos también resultaron heridos de bala 60 miembros de grupos terroristas.
Tras esos ataques, la Policía incautó 154 armas de fuego, de las cuales 109 eran pistolas y revólveres; 28 fusiles y subametralladoras, y 17 de otro tipo. Según las investigaciones policiales, todo ese armamento fue utilizado para agredir a los agentes de la corporación y militares de la FAES.
A pesar de la efectividad en la ejecución del Plan Control Territorial y los esfuerzos para reducir la criminalidad, los diputados de la Asamblea Legislativa continúan renuentes a entregar los fondos para la implementación de las diferentes fases que lo conforman.
Ante ello, el Presidente Bukele confirmó que habrá un aumento de $100.6 millones en el Presupuesto 2021 para seguridad pública, lo que reafirma la apuesta gubernamental por dar tranquilidad a los salvadoreños.
Para el próximo año se contará con $655 millones para seguridad pública, un aumento que es muy sustancial e importante porque ya se contempla el bono trimestral de $400 para todo el personal policial y de $150 para el personal administrativo.
El ministro de Seguridad de El Salvador, Gustavo Villatoro, informó sobre la captura de un integrante de la organización criminal Barrio 18, quien intentó ingresar al país en un vuelo federal sin presentar alertas migratorias previas.
El detenido fue identificado como Edwin Alejandro Castro Hernández, alias «Street boy», quien, según las autoridades, quedó al descubierto durante los controles especializados realizados en el aeropuerto.
De acuerdo con la información oficial, Castro Hernández es señalado de pertenecer a la estructura «Tayni Wayniss Sureños», vinculada al control criminal de sectores del distrito de Ilopango.
Villatoro aseguró que el capturado enfrentará el proceso penal correspondiente por su presunta participación en actividades relacionadas con organizaciones terroristas.
En un pronunciamiento oficial, el ministro sostuvo que mantendrá las acciones de seguridad para evitar que estructuras criminales vuelvan a operar en el país. «Actuamos con inteligencia, decisión y con el compromiso de no volver jamás al pasado», señaló.
También afirmó que continuará reforzando los controles migratorios y de seguridad para impedir el ingreso de miembros de pandillas o estructuras criminales al territorio nacional.
El Tribunal Sancionador de la Defensoría del Consumidor ordenó a la Asociación Cooperativa de Ahorro y Crédito de Profesionales en Administración de Empresas y Carreras Afines (Coaspae de R.L.) que devuelva a un grupo de 25 socios la cantidad de $462 mil 914.53, al considerar que la institución financiera ha cometido una falta grave al no permitirles retirar sus ahorros y sus depósitos a plazos fijos ya vencidos.
La resolución del Tribunal es de diciembre de 2025, pero varios de los afectados han sido notificados a lo largo del primer trimestre de 2026. Además, la devolución no se ha hecho aún efectiva porque COASPAE contrarrestó con una demanda ante un Juzgado de lo Cotencioso Administrativo, lo cual pone en pausa el proceso hasta que exista una sentencia definitiva.
Los 25 socios antes citados presentaron sus reclamos ante la Defensoría del Consumidor a finales de 2024, después que COASPAE se negara a devolverles el dinero que tenían en la institución. Durante el proceso de conciliación, según la resolución, la cooperativa no se presentó a dos citatorios, pero sí lo hizo en la fase sancionatoria, donde argumentó que la entidad tenía falta de liquidez y que por esa razón no podía reintegrar el dinero a los ahorrantes.
El Tribunal sostutvo que el argumento de COASPAE era insuficiente y determinó que la cooperativa había cometido una infracción grave, según el artículo 43 literal e de la Ley de Protección al Consumidor, que consiste en “No entregar los bienes o prestar los servicios en los términos contratados”.
La resolución dicta que debe devolver $462 mil 914.53 a los 25 socios afectados, más una multa de poco más de $200 mil que también debe ser repartida entre los socios.
A 10 años de prisión fue condenado Lucio Antonio Castellanos, por el delito de tenencia, portación o conducción ilegal o irresponsable de armas de fuego.
La pena se la impuso el Juzgado Sexto de Paz de San Salvador en un juicio sumario [proceso judicial corto] que definió la situación jurídica del imputado de forma ágil.
Fue capturado el 7 de noviembre de 2025, en la Avenida Isidro Menéndez y 10a. Calle Poniente, en San Salvador, tras una denuncia que recibió la Policía Nacional Civil (PNC), en la que se alertaba que un hombre se desplazaba a pie portando un arma de fuego en la cintura.
Los agentes verificaron que no portaba licencia, y además estaba ebrio, con 255 grados de alcohol.
Condenan a diez años de cárcel a hombre por tenencia ilegal de arma de fuego
