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Plan Control Territorial puso fin a los asesinatos de buseros y microbuseros
La continuidad de los planes de seguridad implementados por el presidente Nayib Bukele, permitió que durante el 2024 no se registraran asesinatos de buseros ni microbuseros de las diferentes rutas del transporte colectivo de pasajeros; la estrategia también liberó a este sector del pago de extorsión y «aguinaldo» navideño que exigían los mareros.
Por décadas, los transportistas fueron golpeados por la violencia homicida provocada por las pandillas que financiaban su accionar criminal con la extorsión, mal llamada «renta», que los empresarios entregaban para que no les asesinaran conductores, cobradores y despachos de rutas.
Cada año, se estima que los transportistas pagaban más de $19 millones en extorsión. Para esta época, estos criminales exigían un pago adicional en concepto de «aguinaldo» navideño.
Hace unos días, un representantes de la Mesa Nacional del Transporte, informaron que durante este año su personal no ha sufrido atentados armados ni bajas, tampoco desembolso por extorsión ni asaltos en las unidades gracias a la presencia de las fuerzas del orden.
Una de las peticiones más recurrentes que los empresarios hacen al gobierno central es la de mantener vigentes las medidas de seguridad, como el régimen de excepción, porque les ha devuelto la tranquilidad.
El Plan Transporte Seguro ha garantizado la tranquilidad de miles de usuarios que a diario viajan en las diferentes unidades. La población se siente confiada con la presencia de policías y soldados, es recurrente ver el uso de dispositivos móviles sin temor a ser asaltado.
ARENA Y EL FMLN NO EVITARON ASESINATOS
Por más de 30 años, los mareros asesinaron con total impunidad a motoristas, cobradores y empresarios del transporte colectivo ante la mirada pasiva de los gobiernos corruptos de los partidos ARENA y FMLN que implementaron estrategias blandas y fracasadas para combatir a los criminales.
En 2022, durante la asamblea general, la Mesa Nacional del Transporte informó que 2,452 personas vinculadas al transporte colectivo entre buseros y microbuses de las diferentes rutas, así como cobradores, despachadores y empresarios habían sido asesinados en ataque de pandillas entre el 2004 y mediados de 2019. La gremial aglutina el 85 % de las rutas que circulan en el país.
Según datos del Viceministerio de Transporte (VMT), se tiene registro de 1,266 rutas que proporcionan servicio de transporte a los salvadoreños; en el territorio circulan más de 10,150 unidades, de las cuales 6,787 son autobuses y 3,363 microbuses.
Actualmente, la gremial mantiene constantes acercamientos con representantes del gobierno para discutir temas de interés mutuo. El ingreso de algunas rutas a colonias donde antes no lo hacían por la presencia de las maras es resultado de la estrategia gubernamental.
El Juzgado Primero de Paz de San Salvador decretó instrucción formal con detención provisional contra Silvia Cecilia Orellana, de 41 años, quien es acusada por dos personas de lanzar piedras a los parabrisas de sus vehículos mientras circulaban por distintos puntos de San Salvador. La imputada es procesada por el delito de daños en perjuicio patrimonial.
De acuerdo con la investigación fiscal, Orellana fue detenida el pasado 21 de junio de 2026 en San Salvador, luego de ser denunciada por presentar un comportamiento agresivo.
Según el expediente judicial, el primer hecho ocurrió cerca del puente de la colonia El Bosque, donde la mujer lanzó una piedra que impactó el vehículo de una de las víctimas, provocando rayones en el capó y daños en el parabrisas delantero, el cual quedó astillado.
El segundo caso se registró cuando otra víctima transitaba por la avenida Cuscatancingo, en la intersección con la calle Buenos Aires. En ese lugar, Orellana también lanzó piedras contra el automóvil, ocasionando que el parabrisas delantero quedara totalmente destruido.
Durante la audiencia inicial, el tribunal determinó que los indicios presentados acreditan la existencia del delito y la probable participación de la imputada, por lo que el proceso continuará en la fase de instrucción con la acusada en detención provisional.
El Tribunal Quinto de Sentencia de San Salvador condenó a 16 años de prisión a Kevin Alexander Ochoa Cornejo, miembro de la MS13, por el delito de extorsión agravada en perjuicio de un comerciante de San Salvador.
De acuerdo con las investigaciones, Ochoa Cornejo, junto a otros pandilleros, extorsionaba a empresarios y comerciantes de la calle Concepción, en el centro de San Salvador.
Según el expediente fiscal, a una de las víctimas le exigieron el pago mensual de $100 en concepto de extorsión, bajo la amenaza de atentar contra su vida, la de sus empleados o la de su familia si no cumplía con la exigencia.
El comerciante manifestó que no disponía del dinero al momento en que se lo solicitaron. Ante ello, los pandilleros accedieron a otorgarle más días de plazo, pero incrementaron la cantidad exigida a $200.
Las investigaciones determinaron que el 20 de junio de 2022 Ochoa Cornejo acudió al lugar acordado para cobrar los $200 producto de la extorsión.
La víctima decidió interponer la denuncia, lo que permitió la captura del imputado y su posterior sometimiento a un proceso judicial que concluyó con una condena de 16 años de prisión.
El equipo de Búsqueda y Rescate Urbano (USAR) de El Salvador participó este viernes en el rescate de una persona en el edificio Bahía Mar, ubicado en el estado de La Guaira, Venezuela, una de las zonas más afectadas por los dos terremotos registrados el pasado miércoles.
Desde tempranas horas, los rescatistas salvadoreños se desplazaron hacia la urbanización Caribe y el edificio Bahía Mar para apoyar las labores de búsqueda y rescate en una de las áreas más impactadas por los sismos de magnitud 7.2 y 7.5, ocurridos el pasado 24 de junio en Venezuela.
La misión humanitaria cuenta además con el apoyo de la unidad canina, entre cuyos integrantes se encuentra el perro Rambo, con amplia experiencia en la localización y rescate de víctimas en escenarios de terremotos.
El líder de la misión humanitaria El Salvador-Venezuela, Roberto Giovanni Cortez, destacó la preparación del personal desplegado. «Todo el personal tiene la capacidad y la experiencia para la búsqueda y rescate urbano, en contextos de estructuras colapsadas como el que estamos viviendo en el panorama aquí en Venezuela», expresó.
En un acto de solidaridad, el presidente Nayib Bukele informó sobre el envío de 300 rescatistas y 150 toneladas de equipos, medicamentos y alimentos para apoyar al pueblo venezolano. La ayuda humanitaria ha sido trasladada a ese país mediante seis aviones.
Hasta las últimas horas, las autoridades de Venezuela reportan un saldo de 586 víctimas mortales a causa de los terremotos, más de 2,900 personas heridas y miles de desaparecidos.
