Nacionales
Plan Control Territorial logra descender la tasa de homicidios de 36 a 21 por cada 100,000 habitantes
La tendencia que reflejan las estadísticas de la Policía Nacional Civil (PNC) al final de 2020 es de una tasa de 21 homicidios por cada 100,000 habitantes, esto como resultado de la ejecución del Plan Control Territorial impulsado por el Gobierno del Presidente Nayib Bukele.
La tranquilidad alcanzada con los patrullajes de la Policía y la Fuerza Armada de El Salvador en los barrios, comunidades y colonias de todo el país se refleja también en las cifras oficiales.
La tasa de 20 homicidios por cada 100,000 habitantes representa una evidente reducción de la criminalidad en El Salvador. Al inicio del año la tasa era de 36 por cada 100,000 habitantes.
Ese índice se constituirá en el más bajo registrado en las últimas dos décadas, según los datos policiales.
Las estadísticas de la Policía señalan que entre 2008 y 2019 la tasa de homicidios por cada 100,000 habitantes osciló entre los 41 y 103. En 2015, el país registró una tasa de 103 homicidios por cada 100,000 habitantes, definida como la más alta en las últimas décadas. En 2016 hubo 81; en 2017, 60; y en 2018, 50. Esos índices de homicidios ubicaron a El Salvador como uno de los países más peligrosos del mundo.
Con el Plan Control Territorial los salvadoreños han sido testigos de la disminución de los homicidios, así como de otros delitos considerados de alto impacto como asesinatos de mujeres, extorsiones, hurto y robo de vehículos, además en el reporte de personas desaparecidas.
El control de los territorios por parte de la PNC ha permitido la baja de un 46 % en la cifra de los homicidios entre el 1 de enero y el 27 de diciembre de 2020.
Los pilares determinantes en la ejecución de la estrategia de seguridad del Gobierno del Presidente Bukele para la reducción de la criminalidad han sido la Policía, la Fuerza Armada y la Dirección General de Centros Penales.
Economia
Comisión de Hacienda emite dictamen favorable a nueva amnistía fiscal vigente hasta el 11 de diciembre de 2026
La Comisión de Hacienda de la Asamblea Legislativa emitió dictamen favorable a la Ley Especial y Transitoria que Otorga Facilidades para el Cumplimiento Voluntario de Obligaciones Tributarias, Aduaneras, de Tránsito y Otras Multas. La iniciativa, impulsada por el Ministerio de Hacienda, busca facilitar a los contribuyentes el pago de impuestos y multas adeudadas, con vigencia hasta el 11 de diciembre de 2026.
El director general de Impuestos Internos, Marvin Sorto, explicó que la medida pretende dar oportunidades a quienes cumplen con sus pagos, pero que por alguna razón no han podido solventar sus compromisos con el fisco. “El Estado tiene claro que la economía no se incrementa por multas o intereses, sino que el impacto mayor corresponde a los impuestos propios”, afirmó. La amnistía permitirá regularizar deudas ante Impuestos Internos, Aduanas y el Tribunal de Apelaciones sin pagar intereses, recargos ni multas por mora, aunque los impuestos originales sí deberán cancelarse.
El beneficio también alcanzará a personas con procesos en la Fiscalía General de la República, cobros judiciales y recargos sobre multas de tránsito o de otras instituciones públicas (excepto municipalidades). Los contribuyentes podrán optar por un plan de pagos con una primera cuota del 10 % de la deuda y ocho cuotas mensuales sucesivas. En caso de incumplimiento, se perderán los beneficios y se reactivarán los recargos originales.
La última amnistía, aprobada el 15 de octubre de 2025, benefició a 56,195 contribuyentes. De la recaudación obtenida, el 71 % correspondió a pequeños contribuyentes, el 15 % a medianos y el 14 % a grandes. La iniciativa aún debe ser aprobada por el pleno legislativo para convertirse en ley.
Judicial
Procesarán en libertad a conductor y propietario de volqueta por tragedia en el redondel Integración que dejó dos muertos
El Juzgado de Paz de Apopa ordenó que Rudis Joel R. H., de 31 años, y Marvin Alexis H. R., de 27, continúen el proceso penal con medidas sustitutivas a la detención por el accidente de tránsito ocurrido el 30 de septiembre en las inmediaciones del redondel Integración, en el distrito de Apopa. El siniestro dejó dos personas fallecidas y diez lesionadas.
Según la investigación fiscal, el conductor circulaba a 86.4 kilómetros por hora en una volqueta que excedía en 11.3 toneladas el límite de carga y presentaba deficiencias en el sistema de frenos. En esas condiciones, la unidad impactó contra varios vehículos que esperaban ingresar al redondel, provocando una cadena de colisiones. El juez sobreseyó definitivamente al conductor por el delito de conducción peligrosa, pero mantuvo el proceso por homicidio culposo y lesiones culposas.

Marvin Alexis H. R., propietario de la empresa dueña de la volqueta, es procesado por comisión por omisión en los mismos delitos. Se le atribuye no haber mantenido la unidad en condiciones adecuadas y haber registrado el vehículo de forma irregular, sin las autorizaciones correspondientes. Ambos imputados deberán pagar cauciones económicas: 5,000 dólares el conductor y 60,000 dólares el propietario.
Además de las fianzas, se les impuso restricción migratoria, la obligación de presentarse cada 15 días ante el juzgado y la prohibición de comunicarse con las víctimas y sus familiares. El caso continúa en etapa de instrucción.


Judicial
Condenan hasta 45 años de prisión a 74 pandilleros del Barrio 18 que operaban en La Libertad
La Fiscalía General de la República (FGR) logró condenas de entre 25 y 45 años de prisión contra 74 integrantes de la pandilla Barrio 18. Los sentenciados operaban en los distritos de Lourdes y Santa Tecla, en el departamento de La Libertad, y fueron capturados durante el régimen de excepción.
Las penas fueron impuestas por el Tribunal Primero contra el Crimen Organizado de San Salvador, tras presentar pruebas que demostraron su pertenencia a la estructura criminal y su participación en diferentes hechos delictivos. Durante el juicio se establecieron las vinculaciones de los acusados con la organización.
Los ahora condenados todavía deberán enfrentar otros procesos judiciales por delitos adicionales, por los cuales podrían recibir nuevas condenas. Esta resolución se suma a una serie de fallos recientes contra estructuras del Barrio 18 en distintas zonas del país.






