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Mujer que trabajaba en una oficina jurídica fue procesada por culpa de su patrón quien adquirió por $1 la firma y sello de un notario
Una mujer que trabajaba en una oficina jurídica en las cercanías de Sertracen fue procesada por culpa de su patrón quien adquirió por $1 la firma y sello de un notario a quien le fue plagiado sus autorizaciones con las que se contabilizaron más de 400 documentos considerados falsos.
Una investigación de las autoridades estableció que la mujer se valió de la autorización obtenida por un abogado a quien sin su consentimiento le plagió los objetos jurídicos para recibir ganancias desde el año 2014.
Miriam H., laboraba en una tramitadora ubicada en el centro comercial Metro Gangas donde su función principal era atender a los clientes que querían adquirir un vehículo y necesitaban de una compraventa, razón que la llevó a conocer a Alonso (nombre modificado por seguridad) y su hermano quienes fueron los últimos clientes que atendió tras quedar en evidencia ante las autoridades.
El 30 de octubre del 2013, la mujer y sus clientes acordaron los términos sobre el traspaso solicitado, por lo que se procedió a emitir la compraventa con firma y sello de un notario, previamente plasmada en una hoja en blanco.
Hasta ese momento todo marcha con normalidad, el trámite fue rápido y sencillo y los hombres sentían emocionados de su nueva adquisición, sin embargo, sus ánimos cambiaron cuando empleados de Sertracen les explicaron que el documento era falso y que debía ser remitido a las autoridades.
La sorpresa les cayó como un balde de agua fría para los hombres que decidieron interponer una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR) por el delito de uso y portación de documentos falsos en contra de Miriam.
En sede fiscal, Alonso y su hermano fueron notificados que su caso iba a ser sumado al expediente de la mujer a quien le contabilizaron más de 400 víctimas las cuales residían en diferentes zonas del país.
Firma y sello eran vendidas a $1
Según el expediente judicial, la firma y sello pertenecen a Manuel (nombre modificado por seguridad) un notario que en 2014 se enteró que desconocidos le tomaron su firma y sello para plasmarlo en hojas en blanco que eran vendidas por $1 a las diferentes casas tramitadoras de vehículos.
El abogado decidió interponer el aviso a las diferentes instituciones judiciales por los reclamos que comenzó a recibir de supuestos clientes, con los que jamás había tratado, por las irregularidades señaladas en Sertracen.
Fue hasta diciembre del 2017 que el ministerio público golpeó a la estructura que se lucraba de la firma del abogado en un mega operativo realizado en varios puntos de la capital donde fueron detenidas unas 20 personas.
Al conocer su situación jurídica, Miriam decidió presentarse voluntariamente a los tribunales para enfrentar el proceso judicial en su contra debido a la denuncia de los hermanos. El caso llegó hasta la etapa de sentencia.
Pese a la acusación, en ningún momento se constató que la imputada había sido la responsable de la falsificación de dicho documento. La imputada fue catalogada por su abogada como una “persona aislada del hecho”.
Mientras tanto, la Fiscalía explicó que el propietario del vehículo no ha logrado ponerlo en circulación debido a este problema judicial, aunque, decidió no seguir presentándose a los tribunales ya que “no quería saber más nada del caso».
Luego de varias horas de juicio, la jueza del Juzgado Quinto de Sentencia decidió absorber de toda responsabilidad penal y civil a la mujer señalando que no había manera alguna de comprobar la intención de perjudicar a las víctimas que la señalaron en un primer momento. Cuando Miriam escuchó el fallo no logró contener las lágrimas ya que había pasado varios meses en el proceso.
NOTA DE EL SALVADOR TIMES
Judicial
¡ESCÁNDALO DE CORRUPCIÓN! Revelan dádivas por $1.5 millones, viajes en jets privados y vehículos de lujo en el caso Corruptela
El caso Corruptela vuelve a poner bajo la lupa uno de los mayores escándalos de corrupción dentro de la Fiscalía General de la República (FGR). El Juzgado Cuarto de Instrucción de San Salvador reanudó la audiencia preliminar contra una presunta estructura integrada por 30 personas, entre exfuncionarios, exempleados de la institución y empresarios, señalados de participar en una serie de irregularidades que habrían permitido el desvío de fondos públicos, la manipulación de investigaciones y la entrega de beneficios económicos a cambio de favores.
Uno de los datos más relevantes expuestos en el proceso es la entrega de dádivas valoradas en aproximadamente $1.5 millones, que, según las investigaciones, incluían dinero en efectivo, vehículos de lujo y viajes en aviones privados. Estos beneficios habrían sido utilizados para obtener decisiones favorables dentro del Ministerio Público, entre ellas el archivo irregular de expedientes, la apertura de investigaciones falsas, la manipulación de acusaciones y la ejecución de detenciones ilegales.
Las investigaciones también establecieron un presunto desvío de $735,866.14 procedentes de cuentas especiales y del patrimonio de la Fiscalía. De acuerdo con la acusación, estos recursos habrían sido utilizados para financiar consultorías ficticias, contrataciones ilegales, remodelaciones de viviendas particulares, mantenimiento de vehículos privados, pago de servicios de telefonía personal y viáticos que no correspondían a las funciones institucionales.
La investigación comprende 22 hechos de presunta corrupción relacionados con 30 personas, entre quienes figura el exfiscal general de la República, Luis Antonio Martínez González, señalado como uno de los principales involucrados en el caso. También aparece el exfiscal general adjunto Edgar Isaías Márquez, quien no se presentó a la audiencia preliminar y fue declarado rebelde por la jueza encargada del proceso.
Entre los demás procesados se encuentran Julio Adalberto Arriaza González, José Francisco Paredes Valladares, Mauricio Antonio Yanes Morales y José Dolores Zelaya Mendoza, quienes ocuparon diferentes cargos dentro de la Fiscalía. La investigación también incluye al fallecido expresidente de la República, Carlos Mauricio Funes, así como a empresarios y particulares presuntamente vinculados con las operaciones investigadas.
En el expediente también figuran los empresarios José Aquiles Enrique Rais, Hugo Ernesto Blanco Rais, Aldo Vinicio Parducci, Moisés Torres Polanco y Jorge Moisés Nájera Aguilar. Según la investigación, la presunta red habría utilizado recursos, cargos y facultades de la Fiscalía para favorecer intereses particulares, mediante decisiones que comprometían el funcionamiento de la institución encargada de investigar los delitos en El Salvador.
La audiencia preliminar se desarrolla a puerta cerrada debido a una reserva parcial decretada para proteger la identidad de testigos criteriados. No obstante, durante el desarrollo de las diligencias se han conocido algunas decisiones judiciales relacionadas con los imputados y las solicitudes presentadas por las partes.
Entre estas decisiones destaca que cinco imputados considerados de menor participación recibieron autorización para someterse a un procedimiento abreviado, mediante el cual admitirían los hechos delictivos que se les atribuyen a cambio de penas reducidas, conforme a las condiciones establecidas por la legislación. Sin embargo, a Blanca Rosa Rais, hermana del empresario Enrique Rais, le fue denegada la posibilidad de acogerse a ese procedimiento.
Otro punto importante de la audiencia es la petición de la Fiscalía para modificar la calificación de la participación del exfiscal Luis Martínez y de Julio Arriaza. El Ministerio Público busca que ambos dejen de ser considerados instigadores y sean procesados como autores directos de los delitos que se les atribuyen. Martínez enfrenta acusaciones por siete delitos, mientras que Arriaza está vinculado a tres ilícitos.
Los delitos investigados dentro del caso Corruptela incluyen cohecho propio, cohecho activo, peculado, negociaciones ilícitas, falsedad ideológica, falsedad documental agravada, omisión de la investigación y lavado de dinero y de activos. La diversidad de acusaciones refleja la dimensión de un proceso que abarca tanto el presunto uso indebido de recursos institucionales como posibles actuaciones ilegales dentro de investigaciones penales.
El caso continúa en una etapa judicial decisiva, en la que deberá determinarse si existen suficientes elementos para enviar a juicio a los acusados. Las cifras millonarias, los beneficios de lujo y las presuntas irregularidades cometidas desde el interior de la Fiscalía constituyen el eje de una investigación que busca establecer las responsabilidades individuales de los involucrados, respetando el debido proceso y la presunción de inocencia mientras no exista una sentencia firme.
Como parte de la Semana de la Reducción de Riesgos de Desastres, la Dirección General de Protección Civil desarrolla este miércoles 14 de octubre el Simulacro Nacional de Preparación y Respuesta ante Terremoto 2026, con la participación de instituciones públicas y privadas de todo el país.
El ejercicio contempla el escenario de un terremoto de ocho grados con impacto a escala nacional, que ha provocado daños en edificios y viviendas, interrupciones de servicios básicos, conatos de incendios y personas lesionadas.
La actividad tiene como objetivo evaluar la efectividad de los planes de emergencia y evacuación, el desempeño de las brigadas institucionales y comunitarias, así como la coordinación y comunicación entre las instituciones que integran el Sistema Nacional de Protección Civil.
Además, busca fomentar la cultura de prevención, garantizar la inclusión de personas con discapacidad y en condición de vulnerabilidad, identificar oportunidades de mejora en la respuesta ante emergencias y recopilar datos técnicos y estadísticos que permitan fortalecer la preparación y la mejora continua en los ámbitos local, municipal y nacional.
Las autoridades también destacaron que el simulacro busca conmemorar a las víctimas del terremoto de 1986, que dejó al menos 1,500 personas fallecidas.
«No será solo un día para conmemorar a las víctimas del terremoto de 1986, sino también para realizar actividades de prevención», explicó Luis Amaya, director general de Protección Civil, durante una entrevista el lunes.
El funcionario señaló, además, que este martes comienza la Semana de la Reducción de Riesgos de Desastres, bajo el lema «La resiliencia empieza en casa y en las comunidades».
Como parte de las actividades, también se desarrolla una feria en el parque Simón Bolívar, ubicado en el Centro Histórico de San Salvador. En el lugar se instalarán exposiciones y se brindará información sobre el trabajo que realizan las diferentes instituciones en materia de prevención.
Por su parte, la Secretaría de Prensa indicó en su cuenta de X que «el gobierno del presidente Nayib Bukele impulsa la preparación del Sistema Nacional de Protección Civil ante posibles emergencias ocasionadas por sismos y desastres naturales, con el objetivo de resguardar la vida de los salvadoreños a escala nacional».
Un nuevo accidente de tránsito se reportó este día en la carretera que conduce de Sonsonate hacia San Salvador, donde un vehículo volcó en el sector de Copapayo.
Por razones que aún se desconocen, el conductor perdió el control del vehículo, lo que provocó que terminara volcado.
Según reportes ciudadanos, el percance dejó a una mujer lesionada y ocasionó fuertes daños materiales.
Personal policial acudió a la escena para inspeccionar lo ocurrido, mientras las causas del accidente continúan bajo investigación.
